J. M. LÁZARO – El País – 04/05/2010
El Ministerio Fiscal presentó ayer su informe sobre la recusación del juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela por tener “interés indirecto” en la causa abierta al juez Baltasar Garzón. El fiscal entiende que no cabe la recusación de un juez instructor por esa causa específica. Elude pronunciarse sobre la “imparcialidad” demostrada por Varela en este proceso y reconduce la cuestión a explicar que, en realidad, algunos de los actos de investigación practicados por todo instructor “necesariamente habrán de ser desfavorables al imputado”, por lo que nunca cabe apreciar un “interés directo o indirecto” en el pleito.
El juez Baltasar Garzón, encausado por Varela por haber intentado investigar los crímenes del franquismo, recusó a este por haber asesorado a las acusaciones de Manos Limpias y Falange Española de las JONS sobre la forma en que debían presentar sus escritos de acusación. En concreto, indicó a Falange que debía retirar de su escrito las menciones “ideológicas” a Garzón y pidió a Manos Limpias que retirase las dos terceras partes del suyo.
“Toma de partido”
Según el fiscal, un auto de prisión, una intervención telefónica o una orden de entrada y registro, en tanto pueden repercutir negativamente en la situación procesal del investigado, supondrían automáticamente la pérdida de la necesaria “imparcialidad” del instructor. Por tanto, la labor del instructor implica de alguna manera “una toma de partido”, pero “procesalmente admisible” según el fiscal.
El representante del ministerio público explica que la “abstención” y la “recusación” de un juez son algunas de las vías para garantizar el derecho a un “juez imparcial”, pero en modo alguno son las únicas. El fiscal se refiere a que, dentro del derecho constitucional a un proceso con todas las garantías, se puede hacer valer el derecho al juez imparcial a través del cauce de la “nulidad de actuaciones”. Y esa es la vía para mostrar la oposición a las decisiones del instructor y no la de la recusación, que considera “absolutamente inviable”.
Precisamente, la nulidad de los escritos de Manos Limpias y de Falange fue el cauce utilizado en primer lugar por el abogado defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda. De hecho, el fiscal tiene que pronunciarse sobre la “nulidad” de los escritos de las acusaciones.