Month: May 2010

Garzón encuentra una salida airosa que le permitirá ir de asesor a la Corte Penal Internacional sin la mácula de haber sido apartado de sus funciones

Garzón se va. Hace un mes comentaba a sus íntimos: “Ahora, y así, no me puedo ir”, en referencia a que le llegaban mensajes de que todos sus problemas -tres procesos por prevaricación en el Tribunal Supremo- se solucionarían si se iba de la Audiencia Nacional. Pero fiel a su carácter consideraba que tirar la toalla no era propio de él, que muchos interpretarían que huía y él no da un paso atrás ni para tomar impulso.

Un mes después, y con la espada de Damocles de la inminente suspensión de sus funciones como juez sobre su cabeza, ha encontrado una salida airosa, que teóricamente le permite eludir muchos problemas y que se enfríen sus pleitos en el Supremo.

Garzón ha conseguido una invitación del fiscal de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, para que durante siete meses ejerza de asesor en tres investigaciones que ya tiene en marcha dicho organismo, una de ellas en Uganda, otra en Colombia y la última en la República Democrática del Congo.

Ni que decir tiene que uno no va a un puesto internacional sin el apoyo del Gobierno de su país, por lo que parece evidente que el magistrado cuenta con el beneplácito del Ejecutivo, aunque él niega que haya hablado con nadie a ese respecto. En todo caso, la postura del Gobierno se sabrá pronto, puesto que la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, que se reúne hoy, solicitará al Ministerio de Asuntos Exteriores el preceptivo informe sobre si la misión internacional a la que ha sido invitado Garzón es de interés para España. Si no lo fuera, la Permanente rechazaría la comisión para servicios especiales, pero si el informe fuera favorable a Garzón, la Permanente debería concederla debido a que no habría motivos objetivos para rechazarla puesto que su juzgado está al día.

Esa decisión de la Permanente del Consejo dejaría sin efecto la eventual suspensión de funciones que podría tramitarse en el pleno del próximo día 19 si finalmente el instructor del caso de los crímenes del franquismo, Luciano Varela, abriera juicio oral contra Garzón.

Varela podría intentar anticiparse a la decisión de la Permanente y forzar la suspensión del magistrado en un pleno extraordinario, antes de que se resolviera la solicitud de servicios especiales de Garzón.

Sin embargo, en medios del Consejo del Poder Judicial consideran que el presidente, Carlos Dívar, no es proclive a forzar las cosas. Puesto que la petición de servicios especiales ha llegado antes que la apertura de juicio oral, es partidario de que su tramitación se resuelva antes que algo que todavía no ha llegado. Si el informe de Exteriores es favorable, es muy difícil denegar la petición de Garzón. Y si el juez dejara su juzgado quedaría sin contenido la posible suspensión de sus funciones jurisdiccionales, puesto que ya no se encontraría ejerciendo como juez. Es decir, un problema menos.

No obstante, el proceso seguiría adelante y el juicio podría celebrarse en julio o en septiembre.

El fiscal le ofrece un puesto de “asesor externo” para investigar crímenes masivos y de terrorismo – Su marcha le permitiría conservar su plaza en la Audiencia

Los que pretendían, a golpe de querella, que Baltasar Garzón abandonara la Audiencia Nacional, lo han logrado, aunque sólo temporalmente. El juez dio ayer un golpe de efecto y aceptó un puesto de asesor externo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que dirige su amigo argentino Luis Moreno-Ocampo. Si el Consejo General del Poder Judicial acepta en los próximos días su paso a la situación de servicios especiales para incorporarse a ese tribunal trasnacional con sede de La Haya por los próximos siete meses, el magistrado habrá conseguido eludir su inmediata suspensión, aunque las tres causas que tiene abiertas en el Tribunal Supremo sigan su curso. En caso de que esos procesos terminen en nada, el juez podrá volver a ocupar su despacho como si nada hubiera ocurrido.

La última palabra la tiene ahora la Comisión Permanente del Consejo, que abordará el tema en su reunión de hoy. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que en la inmensa mayoría de los casos la petición del interesado se concede tras estudiar el cargo que pretende ocupar. Para ello, esa comisión deberá pedir un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores que avale la petición del juez. Con él, el acuerdo podría adoptarse esta semana, y así Garzón dejaría en los próximos siete meses el Juzgado en el que ha trabajado los últimos 22 años.

Aunque en principio no parece posible que su petición sea rechazada, entre los vocales que deben decidir se encuentran algunos de sus principales adversarios, como la vocal progresista Margarita Robles, que forma parte de la permanente junto a Carlos Dívar (presidente), Almudena Lastra (progresista), Antonio Dorado (conservador) y Manuel Almenar (conservador).

En caso de que finalmente el Consejo acepte la petición de Garzón, el juez evitaría el escarnio de ser suspendido. Se espera que, en los próximos días, el instructor de la causa contra Garzón por haber investigado las atrocidades del régimen de Franco, Luciano Varela, abra juicio oral contra el juez de la Audiencia. Con esa resolución, el Poder Judicial no habría tenido más remedio que acordar su suspensión provisional hasta que hubiera sentencia. El artículo 384 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga al Consejo a apartar cautelarmente a los jueces y magistrados “cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”. Esa expresión literal fue incluida por Varela en uno de sus últimos autos.

Con la más que posible salida de Garzón, esa suspensión cautelar -destinada a no permitir ejercer sus funciones a un juez acusado de un delito en tanto que es procesado- deja de tener sentido ya que habría dejado motu proprio la jurisdicción. Pero, además, su marcha le permite conservar su destino en el Juzgado Central de Instrucción 5 mientras siguen su curso las tres causas contra él abiertas en el Tribunal Supremo: por investigar los crímenes de Franco, por ordenar la grabación de conversaciones de los abogados del caso Gürtel con sus clientes en prisión y por sus gestiones en el patrocinio por el banco Santander de unos cursos de la Universidad de Nueva York.

El fiscal jefe de la CPI, que le envió su oferta el pasado viernes, considera que Garzón será “un gran fichaje”. Moreno-Ocampo quiere que, con su experiencia, el juez de la Audiencia Nacional colabore con él aportando sus técnicas de investigación en el desarrollo de protocolos para la instrucción de crímenes masivos y en casos de crimen organizado y de terrorismo. El nuevo despacho del magistrado de la Audiencia Nacional estará en La Haya, aunque la oferta de Moreno-Ocampo incluye la posibilidad de desplazarse a los países de las investigaciones de la Corte para la recopilación de pruebas, según fuentes de su entorno.

Su traslado como asesor a la Corte Penal Internacional dejaría sin objeto su suspensión

En vísperas de su suspensión como juez y de su salida obligada de la Audiencia Nacional, consecuencia de lo que parece la inminente apertura de juicio oral por su intento de abrir una causa penal por los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón ha hecho un movimiento que, al menos durante un tiempo, le pone a resguardo de tales amenazas: solicitar la situación de servicios especiales durante siete meses como asesor externo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda).

La solicitud tiene que ser autorizada por el Consejo del Poder Judicial, pero no hay razón para que no lo haga. Lo que pide Garzón encaja con uno de los supuestos previstos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): realizar una misión por un periodo determinado, superior a seis meses, en organismos internacionales, previa declaración de interés por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La suspensión cautelar se refiere no a la condición de juez, sino a la función jurisdiccional ejercida; al dejar la que ejercía en la Audiencia Nacional, la suspensión queda sin objeto inmediato: aplazada durante el tiempo que esté en situación de servicios especiales. Durante ese tiempo tendrá derecho a percibir la remuneración que le corresponda por su antigüedad en la carrera y a que se le reserve su actual plaza de juez. Será al solicitar su reingreso, al término del periodo de servicios especiales, cuando se le planteen los problemas que ahora elude; pero quizás para entonces haya sido absuelto.

La solicitud de Garzón se produce a invitación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El fiscal de dicho organismo, Luis Moreno Ocampo, ha señalado que el “mundo necesita jueces como Garzón”, lo que supone un reconocimiento internacional que contrasta con su cuestionamiento en su propio país por sectores que le persiguen con querellas de endeble fundamento, una de ellas, la motivada por su actuación contra los crímenes del franquismo, más que temeraria.

Sería paradójico, y un golpe a la imagen de la justicia española, que Garzón, en su condición de asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, cuya tarea es perseguir los crímenes contra la humanidad en el mundo, se sentara en el banquillo por haber intentado hacer lo mismo en su país. El Supremo tendría serias dificultades para explicarlo.

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• Garzón acepta un cargo en la Corte Penal para evitar la suspensión