Category: Memoria

PERE RUSIÑOL – Público – 12/04/2010 08:14

De izquierda a derecha: Hernán Hormazábal, Hugo Relva, Ricard Vinyes, Sergio G Ramírez, C. Jiménez Villarejo y Carla del Ponte.

Son 15 juristas o expertos de primera división mundial que suman décadas estudiando los derechos humanos y la legislación internacional. Han lidiado con los fueros que gracias a variantes diversas de leyes de amnistía protegían a dictadores como Slobodan Milosevic, Augusto Pinochet y Jorge Rafael Videla, entre otros. Y fueron citados por Baltasar Garzón como testigos para tratar de demostrar al Tribunal Supremo que no prevaricó al tratar de investigar los crímenes del franquismo.

Pero Luciano Varela, el juez instructor de la causa contra Garzón, los ventiló a todos de un plumazo en el auto del 7 de abril: no es necesario escucharles.

A algunos les rechaza educadamente porque dice que ya han dejado por escrito sus posiciones, pero a otros se los saca de encima sin ocultar el malestar que le genera la sugerencia. Por ejemplo, el ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo, reclamado en su condición de miembro del Grupo de Expertos designado en el sumario de Garzón: “No se expone qué tipo de experiencia ha puesto a contribución en la causa en su día tramitada, tampoco resulta útil para hacer visible la intencionalidad del imputado”, sostiene Varela en su auto, que Garzón recurrió el sábado.

O Ricard Vinyes, historiador de la Universitat de Barcelona (UB), el mayor experto en el robo de niños a las madres del bando republicano tras la guerra: “No es pertinente la declaración de don Ricardo Vinyes, al que se pretende convocar para ilustrar a este instructor a fin de que pueda valorar lo horrendo de los crímenes relativos a secuestro de niños, por cuanto que, aún en la hipótesis de que el Instructor careciera de capacidad propia para tal valoración, esa constatación nada añadiría, ni restaría, a las razones de la imputación“, escribe Varela.

Ley de Amnistía

La mayoría de los expertos fueron citados para tratar de demostrar que, al igual que ha sucedido en otros países, la ley internacional impide amnistiar los crímenes más graves en derecho internacional, por mucho que así lo decidieron normas nacionales. El haber ignorado supuestamente la Ley de Amnistía -aprobada en 1977, antes que la Constitución- es uno de los argumentos centrales que esgrime Varela para seguir adelante con las querellas presentadas por Manos Limpias y Falange.

Vinyes fue llamado en su momento por Garzón para ratificarse en el contenido de su libro Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas (Temas de Hoy), donde documenta cómo al menos 12.000 niños fueron arrancados de sus madres tras la guerra para extirpar el virus rojo de las nuevas generaciones. Y esta cifra incluye sólo
los casos hasta 1943.

“Las desapariciones infantiles no fueron un azar, sino un sistema muy bien planificado. No es como pasó después en Argentina, donde se hacía a escondidas. Aquí el régimen se enorgullecía. Si tenemos tantos datos es porque lo cuenta el Estado”, explica Vinyes.

La raza y la democracia

“El sistema nació de unos experimentos de Antonio Vallejo-Nájera [jefe de los servicios psiquiátricos militares de Franco] con presas en Málaga, en los que supuestamente demostraba cómo la raza española, que según sus teorías existía con una base más cultural que genética, se había ido deteriorando a medida que avanzaba la democracia”, prosigue el historiador. Y añade: “De aquí salen la propuesta para evitar la transmisión cultural de madres a hijos: la segregación. Es decir, quitarles los hijos”.

En 1949, este “sistema organizado” de robo de niños sigue operativo y se ha ampliado al extranjero, como demuestra un documento del Servicio Exterior de Falange para buscar hijos de republicanos fuera. “Es gravísimo que aún exista impunidad sobre estos crímenes”, concluye Vinyes.

Uno de los mayores expertos en leyes de amnistía y en qué delitos prescriben según la ley internacional es Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional, que ha seguido muy de cerca todos los debates equiparables en América Latina: Argentina, Chile, Brasil, Perú. Es otro de los testigos solicitados por Garzón.

“En todos los países, este tipo de leyes de amnistía tienen validez durante algunos años, pero siempre acaban cayendo. La única excepción es España”, explica Relva en conversación telefónica desde Buenos Aires. “Lo más incomprensible es que además en España se castiga por poner en tela de juicio la legalidad de la norma, algo que en todos los países con leyes de este tipo se ha hecho sin problema”, agrega.

“Los derechos de las víctimas a ser oídas y a ir a un tribunal para recuperar restos están amparados por todos los tratados de derecho internacional suscritos por España, que además impiden amnistiar crímenes de lesa humanidad, de guerra y de genocidio”, apunta Relva. Y concluye: “¡Qué ironía que esto suceda en España, que llevó a procesos a extranjeros que cometieron crímenes, y que luego no se pueda investigar los crímenes cometidos en el país!”

Entre los testigos propuestos también hay varios juristas que, ya sea como jueces o como fiscales, han actuado contra grandes acuerdos políticos que, al firmarse, prometían impunidad y borrón y cuenta nueva: la suiza Carla del Ponte, ex fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los jueces que firmó en 2005 la nulidad de la Ley de Punto Final y Obediencia Debida; el chileno Juan Guzmán, que abrió causa contra Augusto Pinochet y ordenó la exhumación de cadáveres de víctimas de la dictadura pese al manto de silencio político, y el mexicano Sergio García Ramírez, ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fuente de jurisprudencia para buena parte de los casos en América Latina equiparables a la causa que instruyó Garzón en España.

A todos estos expertos internacionales los rechaza Varela en un párrafo de su auto de la semana pasada. Lo hace con enfado evidente: “Solamente desde una apriorística desconsideración, no ya del Tribunal enjuiciador, sino de la capacidad técnica de la defensa letrada de las partes, se puede entender necesario, ni siquiera útil, acudir a la opinión de otros juristas para formar el criterio que aquel enjuiciamiento reclama”.

Otros países

Previamente, Varela rechaza cualquier comparación con causas abiertas en otros países: “La relación de causas penales abiertas por Juzgados Centrales de Instrucción contra otros individuos a los que se imputan otros delitos cometidos en otros países tampoco resulta trascendente, en esta fase del procedimiento, para determinar cuál debe ser la subsunción de los hechos imputados al querellado en el ordenamiento jurídico español”.

Sin embargo, la histórica sentencia argentina de junio de 2005 tiene muchos paralelismos con los argumentos de Garzón sobre los que pesa la acusación de prevaricación.

Zaffaroni la fundamentó así: “Que desde ese momento [cuando se aprueban las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida] hasta el presente, el derecho argentino ha sufrido modificaciones fundamentales que imponen la revisión de lo resuelto en esa ocasión. Así, la progresiva evolución del derecho internacional de los derechos humanos ya no autoriza al Estado a tomar decisiones sobre la base de ponderaciones de esas características, cuya consecuencia sea la renuncia a la persecución penal de delitos de lesa humanidad, en pos de una convivencia social pacífica apoyada en el olvido”.

Previamente, en 2001, la Corte Interamericana de Derechos humanos había fijado los límites de las leyes de amnistía o perdón con la rúbrica de García Ramírez: “Esas disposiciones de olvido y perdón no pueden poner a cubierto las más severas violaciones a los derechos humanos, que significan un grave menosprecio de la dignidad del ser humano y repugnan a la conciencia de la humanidad”.

Aquel mismo año, 2001, Europa avanzaba en la misma línea con la detención de Slobodan Milosevic, gracias en parte al ímpetu de Del Ponte. La ex fiscal es hoy embajadora de Suiza en Buenos Aires y no está autorizada a hablar públicamente de su etapa en La Haya. Pero tras la detención de Milosevic, que había firmado bajo el auspicio de la comunidad internacional los acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia, declaró: “Nadie está por encima de la ley o fuera del alcance de la justicia internacional. Hoy, la comunidad internacional demuestra con su determinación que las víctimas no serán olvidadas y que su historia será contada”.

Abrir fosas

En una entrevista reciente con Radio Holanda Internacional, Juan Guzmán Tapia, el juez chileno que se atrevió con Pinochet, se expresó en términos parecidos a los que a Garzón le ha costado la acusación de prevaricar: “Está muy claro que ni la amnistía del año 1977 ni la prescripción se pueden hacer valer por esas muertes sistemáticas”. Y remachó: “Es una norma de derecho internacional, y la única manera de investigar esto es abriendo las fosas”.

Otro de los testigos rechazados por Varela es Hernán Hormazábal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Girona, uno de los mayores especialistas en España en derecho penal internacional. A su juicio, “no hay ni la más mínima base técnica ni jurídica para procesar a Garzón”.

“Las supuestas resoluciones injustas de Garzón son un trámite procesal formal, de los que se dictan miles cada día”, opina Hormazábal.

El catedrático concluye que no puede existir prevaricación cuando el origen del conflicto es el choque entre “dos posiciones doctrinales diferentes, ambas con fuerte arraigo doctrinal”. “La manifestación de una opinión doctrinal formalizada en una resolución judicial no puede ser nunca prevaricación”, concluye.

Su argumento coincide con el de Carlos Jiménez Villarejo, testigo también rechazado por Varela. El ex fiscal subraya que la Ley de Amnistía “es preconstitucional y se acordó en condiciones de desigualdad, en un proceso conducido por franquistas, como muy bien contó en sus memorias Rodolfo Martín Villa [ex ministro de Gobernación de Adolfo Suárez y hoy presidente de Sogecable]”.

“Por más que haya posiciones jurídicas discordantes, no puede impedirse que la causa se abra y menos aún imputar al juez por ello”, recalca Jiménez Villarejo, muy preocupado porque a Garzón “ni siquiera se le permite practicar pruebas”, lo que en su opinión vulnera “el principio básico del derecho a un juicio justo”.

El ex fiscal no sale de su asombro: “A los acusadores, en cambio, se les acepta todo. Salvando las distancias, el proceso se asemeja cada vez más y de forma muy peligrosa a los juicios que se realizaban durante el franquismo”.