Un manifiesto de 800 asociaciones cívicas y profesionales argentinos respalda a Garzón

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ El País07/05/2010

Cerca de 800 asociaciones cívicas, profesionales y de defensa de los derechos humanos, así como conocidos políticos, docentes y artistas argentinos han firmado un manifiesto de apoyo y solidaridad con el juez Baltasar Garzón, imputado en España por un posible delito de prevaricación. “Nosotros, argentinos y argentinas de diversa militancia política, social, cultural y de distintos orígenes ideológicos, expresamos nuestra incondicional solidaridad con el juez Garzón, consternados ante la incomprensible situación jurídico-política que enfrenta por intentar juzgar los viejos crímenes impunes de su patria”, afirma el documento.

El texto, que fue presentado ayer en un acto celebrado en el Colegio Público de Abogados de Buenos Aires, contó con la presencia de un alto cargo institucional, el secretario de Derechos Humanos del Gobierno argentino, Eduardo Luis Duhalde, quien se refirió a la deuda de todos los argentinos con el juez español por haber impulsado los juicios contra violadores de los derechos humanos en toda América Latina.

Entre los firmantes del documento se encuentra la ministra de Defensa argentina, Nilda Garré; la asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo, el reconocido economista Aldo Ferrer y personalidades del mundo de la docencia, las artes y el espectáculo, como la cantante Susana Rinaldi y el entrenador de fútbol César Luis Menotti. Igualmente respaldan el documento escritores como Álvaro Abós y Felipe Pigna y numerosas parlamentarias, de diferentes procedencias políticas, como Margarita Stolbizer y María Elena Barbagelata. También estamparon su rúbrica Luis de Elia, de la Central de Movimientos Populares, uno de los dirigentes piqueteros más conocidos, y HugoYasky, secretario general de Central de Trabajadores de Argentina (CTA), la segunda central sindical del país.

“El inmenso agradecimiento que sentimos hacia la figura del juez Baltasar Garzón bastaría para explicar este pronunciamiento”, señala el manifiesto. “En años oscuros, en los que la Justicia parecía definitivamente inalcanzable entre nosotros, su accionar renovó nuestra lucha, alentó nuestra esperanza y anunció el camino que está llevando hoy a las cárceles, sin excepciones, a los desaparecedores, torturadores, asesinos y apropiadores de niños”.

Los firmantes insisten en que el nombre de Garzón “simboliza un mensaje para el futuro”, “la idea de que ya no existen rincones de impunidad”. “Tenemos la convicción”, terminan, “de que con este pequeño e insuficiente gesto estamos expresando el sentimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo”.

El llamado caso Garzón ha dado origen en Argentina no sólo a movimientos de solidaridad, sino también a iniciativas judiciales para retomar en este país investigaciones sobre crímenes del franquismo que están en el origen de la imputación contra el juez español. A la querella inicial ante un tribunal de Buenos Aires por dos españoles que quieren que se investigue el asesinato de sus familiares, se han unido otras 15 denuncias similares presentadas en bloque por gallegos que viven en Argentina, y otra firmada por el partido Nova Esqueda Socialista.

Los abogados argentinos contra el franquismo piden más presión social

“Nuestro objetivo es que esta querella termine juzgándose en España”, afirman

NATALIA JUNQUERA El País07/05/2010

“Nuestro objetivo al presentar esta querella en Argentina es que el franquismo termine juzgándose en España del mismo modo que Garzón abrió el camino a que se juzgara la dictadura argentina en Argentina. Esperamos que en todo el mundo, los españoles que sufrieron estos crímenes presenten querellas similares en distintos países de forma que se vayan recogiendo pruebas para ese proceso”, aseguró ayer Carlos Slepoy, abogado de la querella por genocidio interpuesta en Buenos Aires por familiares de víctimas del franquismo y una docena de asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Reunidos en la Casa del Barrio de Carabanchel (Madrid) Slepoy, el abogado de la vía abierta en Argentina, y Fernando Magán, el de la vía cerrada en España, hablaron ayer de sus metas el primero, y de sus frustraciones el segundo. Magán atribuyó la paralización del proceso abierto por Garzón a la vicepresidenta De la Vega, “a través de la Fiscalía General del Estado” y al propio Zapatero, que a su juicio, “poco antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anulara las exhumaciones ordenadas por Garzón, lanzó un mensaje a los jueces al asegurar que “al franquismo ya lo había juzgado la historia”. Slepoy recordó que ya hay 60 condenados y más de 600 procesados por las dictaduras argentina y chilena. “En Argentina ya han sido juzgados todos los torturadores, todos los que apretaron el gatillo, y ahora se empieza a juzgar a los responsables económicos. En España aún hay responsables vivos de los crímenes del franquismo porque fueron crímenes que continuaron hasta las primeras elecciones democráticas en 1977”.

Silvia Carretero, viuda de José Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados del franquismo, explicó: “He acudido a la justicia argentina porque los guardias civiles que me torturaron estando embarazada de dos meses de mi hija y los miembros del pelotón de voluntarios que fusilaron a mi marido siguen vivos. Durante 35 años he estado callada, nunca presenté una querella aquí porque pensé que no obtendría justicia, pero cuando pedí la indemnización de la Ley de Memoria Histórica por el fusilamiento de mi marido y me la negaron diciéndome que era un terrorista y cuando después vi lo que le ocurrió a Baltasar Garzón, pensé: hasta aquí. Quiero que un juez interrogue a los que me torturaron y a los que fusilaron a mi marido y si decide que son culpables, los encierre”.

La querella en Argentina acaba de sufrir su primer revés. El fiscal se opone a que los hechos sean juzgados allí porque “aunque piensa que son imprescriptibles y que no se puede aplicar la Ley de Amnistía, están siendo juzgados en España”, aseguró Slepoy. El abogado, pese a todo, cree que la causa puede prosperar. “Este no es un proceso de españoles en Argentina, es un juicio de todo el mundo porque si esta querella sale adelante, Argentina estará lanzando un mensaje a la humanidad: que los crímenes de genocidio tienen castigo”.

Tanto Magán como Slepoy coincidieron en que en cualquier caso el proceso es imparable por la demanda de la sociedad civil. “En Argentina fueron las abuelas las que buscaban a sus nietos y en España son los nietos los que buscan a sus abuelos”, recordó el argentino.

Perdonar no es olvidar

NATALIA RUPÉREZ El País06/05/2010

Los sacaron de sus casas. Fueron vilmente asesinados sin ningún tipo de explicación ni juicio previo alguno y los sepultaron bajo tierra para que se los tragara el olvido. Eran gente normal, como cualquiera de nosotros, trabajadores, campesinos, padres de familia. Su único delito fue simpatizar con un régimen legal y democráticamente establecido por las urnas. No se dignaron tan siquiera ni a decirnos dónde estaban. Tuvimos que buscar para poder encontrarlos y desenterrarlos de cunetas y tapias de cementerios. A muchos hoy seguimos sin poderlos localizar. Pero un controvertido juez intenta ayudarnos a encontrar a los que todavía quedan desaparecidos. Él ha querido llegar adonde la Ley de Memoria Histórica no se atreve: a 70 años de silencio, de mentiras, de olvido de parte de la historia de nuestro país y de la nuestra. Pero este juez se ha tropezado con los herederos de aquellos asesinatos y ahora es a él al que quieren eliminar. Y nos piden que callemos por el bien de lo que se llamó “una buena y ejemplar transición”. Pero ¡perdonar no es olvidar!, ¡ni tampoco callar!

Los soldados de Tardi aguardan en el refugio

Badalona y el Salón del Cómic dedican una exposición al historietista francés y los horrores de la guerra

FERMÍN ROBLES El País05/05/2010

Badalona y el Salón del Cómic dedican una exposición al historietista francés y los horrores de la guerra

El miedo para Jacques Tardi tiene cara de soldado raso, con el casco calado, la mirada perdida y el rostro cadavérico. En la obra del veterano historietista francés (Valence, 1946), las atrocidades de la I Guerra Mundial son un tema casi omnipresente. Porque más que las gestas militares, Tardi quiere retratar la absurdidad del conflicto y las historias a pie de trinchera en un cómic claramente antimilitarista y bien documentado gracias a la colaboración con el historiador Jean Pierre Verney, que hace ya más de 30 años que dura.

Sus personajes, los protagonistas de cómics como Puta guerra! -cuya versión integral presentará el autor en el Salón del Cómic que arranca mañana, donde será la principal atracción- o La guerra de las trincheras, han encontrado donde resguardarse estos días: la muestra que la sala de exposiciones El Refugi -situada en un antiguo refugio antiaéreo de la Guerra Civil- le dedica en Badalona hasta el 30 de mayo, en colaboración con el propio salón. Para la ciudad, que acogerá el futuro Museo del Cómic de Cataluña, es una gran ocasión para ir abriendo boca y reivindicar ya el noveno arte.

Tardi ha sido el encargado de presentar sus propias láminas. “Yo planteó preguntas porque no he encontrado respuestas sobre la guerra. ¿Por qué no había más combatientes que desertaban? Algunos historiadores presentan al soldado como alguien que lucha convencido por unos ideales. Se han inventado el concepto de sacrificio colectivo, que para mí es poesía pura”, señala irónico el autor, hijo de un militar. “Lo que yo quiero es mostrar al pobre tío que está en el frente, que pasa frío bajo la tempestad y quiere volver a casa. Nada de superhéroes, yo tengo más capacidad para identificarme con el que sufre. Por eso he querido mostrar la miseria del día a día en las trincheras”, explica Tardi ante sus viñetas, que en ocasiones no ahorran en realismo y muestran las ratas y el agua putrefacta en la que se hincaban las botas de los soldados. Esos a los que las balas sí alcanzaban. “Es un tema del que no intento huir, hace unos 40 años que me dedico”.

Las historietas de Tardi son una manera de volver a la Primera Gran Guerra. El dibujante cuenta en su trabajo con la ayuda del historiador Jean-Pierre Verney, que cuenta que a menudo viaja con Tardi sobre el terreno de las batallas. “Compartimos indignaciones comunes. La guerra del 14 fue la negación de los derechos humanos”, dice Verney. “Para dibujar sus viñetas, Jacques necesita fotografías, objetos, documentos… Eso es lo que procuro aportarle y así conseguimos reconstruir como era la estación de Berlín, por ejemplo, que quedó arrasada por los bombardeos”. Aunque más allá de la rigurosidad histórica del álbum, lo más estremecedor de libros como Puta guerra! es la mirada imborrable del soldado, algo común seguramente a muchos conflictos.

La guerra de las trincheras- TARDI

Cinco países piden a España en la ONU que investigue el franquismo

El Gobierno se examina por primera vez de derechos humanos en Naciones Unidas

NATALIA JUNQUERA El País06/05/2010

Bajo la cúpula del artista Miquel Barceló en Ginebra y durante tres horas, España se sometió ayer a su primer Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos de la ONU. A la espera de la calificación final, que llegará en septiembre con un informe de recomendaciones elaborado por Chile, India y Sudáfrica, y según las intervenciones realizadas ayer por 55 países, sacó buena nota. Fue felicitada por las leyes de igualdad y contra la violencia de género, pero según la mayoría de Estados, necesita mejorar en el trato a los inmigrantes. El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José de Francisco, salió “muy satisfecho” del examen.

De Francisco expuso primero los avances en la defensa de los derechos humanos, entre los que citó las leyes de dependencia y matrimonio homosexual, entre otras. Después, se sometió a las preguntas de los países, y al final, prometió que España estudiará la ratificación de la Convención de la ONU para los trabajadores migrantes -hasta ahora se había opuesto porque el documento no diferencia entre regulares e irregulares-, como le solicitaron más de una docena de países. España también se ha comprometido a publicar una estadística oficial sobre actos racistas.

Cinco países -Argentina, México, Colombia, Cuba y Perú- instaron a España a investigar los crímenes del franquismo y garantizar que los familiares de las víctimas recuperen sus restos. México recomendó que, “de conformidad con sus obligaciones internacionales investigue, sancione y repare los delitos de desaparición forzada, sin importar el tiempo que haya pasado”. El representante cubano aseguró que a España le queda una “asignatura pendiente: la necesidad de poner fin a la impunidad de que gozan los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista, que son imprescriptibles”. Argentina pidió que fortalezca los mecanismos contra la impunidad y Colombia, que avance en la ley de memoria para garantizar el “derecho a la verdad” de las víctimas de Franco.

Las ONG de todo el mundo que elaboraron un informe de recomendaciones para esta ocasión incidieron en “la amenaza a la independencia judicial” que supone el proceso al juez Garzón y “la falta de voluntad política” para asumir la localización de las víctimas del franquismo.

El Gobierno mantiene que la desaparición forzada está tipificada como delito, pero no es imprescriptible en este caso, y que “la ley de amnistía no puede considerarse una ley de punto final porque no fue impulsada por los herederos del franquismo, sino por la oposición al régimen”, señaló un portavoz.

El tono de las recomendaciones subió al llegar el turno del representante de Irán, que empleó la palabra “apartheid” para referirse a la situación de las niñas musulmanas que no pueden acudir a clase con el pañuelo.

El próximo lunes se presentará en el Senado el llamado Mecanismo Español de Prevención de la Tortura. Entre 2002 y 2009, más de 250 policías y funcionarios de prisiones fueron condenados por este tipo de delitos, según el informe que España envió a la ONU el pasado febrero.

Garzón, la justicia y la memoria

Ignacio Ramonet – Le Monde diplomatique en español, no. 175 – Mayo 2010

La prensa mundial, las asociaciones de defensa de los derechos humanos y los más eminentes juristas internacionales no salen de su estupor. ¿Por qué la justicia española, que tanto hizo estos últimos años para reprimir los crímenes de lesa humanidad en distintas partes del globo, quiere sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, el juez que mejor simboliza el paradigma contemporáneo en la aplicación de la justicia universal?
Los medios internacionales recuerdan los méritos del “superjuez”: su trascendental papel en el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998; su denuncia de las atrocidades cometidas por los militares en Argentina, Guatemala y otras dictaduras latinoamericanas; su empeño en desmantelar a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y en enviar a los tribunales a Felipe González; su oposición a la invasión de Irak en 2003; y hasta su reciente viaje a Honduras para advertir a los golpistas de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
Como juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón ha encausado a unos mil activistas de la organización ETA (la derecha sugirió que se le concediera por eso el Premio Nobel de la Paz….). Lo que ha dado lugar a críticas, en particular su decisión de ordenar, en 1998, el cierre del diario Egin . O sus órdenes de detención, bajo régimen de incomunicación, de personas acusadas de terrorismo. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, reclaman la abolición de esa modalidad de detención. También se ha criticado la inmoderada afición del “juez estrella” por los primeros planos mediáticos.

En cualquier caso, Garzón ha demostrado ser un juez alborotador, independiente e incorruptible. Por eso ha acumulado tantos adversarios y se ve perseguido hoy por los corruptos de la trama “Gürtel” (1) y los herederos del franquismo. En el Tribunal Supremo hay, en efecto, tres denuncias contra él. Una sobre los honorarios que habría percibido por unas conferencias en Nueva York patrocinadas por el Banco Santander. Otra sobre unas escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la investigación sobre la red “Gürtel”. Y la principal: por investigar los crímenes del franquismo.
Dos organizaciones ultraconservadoras le acusan de “prevaricación” (2) por haber iniciado, en octubre de 2008, una investigación sobre las desapariciones de más de cien mil republicanos (cuyos restos yacen en las cunetas y fosas, sin derecho a un entierro digno) y sobre el destino de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles (3) para ser entregados a familias del bando vencedor durante la dictadura franquista (1939-1975).
Si le declararan culpable, Garzón se enfrentaría a una suspensión de entre diez y veinte años. Sería una vergüenza. Porque, en el fondo, este asunto gira en torno a una cuestión central: ¿qué hacer, desde el punto de vista simbólico, con la Guerra Civil? La decisión administrativa tomada en 1977, con la Ley de Amnistía (que, en lo inmediato, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierda), fue la de no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria.
Obviamente, a 71 años del final del conflicto, y al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables ante los tribunales. Éste no es sólo un asunto jurídico. Si tanto apasiona a millones de españoles es porque sienten que, más allá del caso Garzón, lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo en “museos consagrados a la Guerra Civil”, por ejemplo; en los manuales escolares de historia; en días de solemne homenaje colectivo, etc. Como se hace en toda Europa en solidaridad con las víctimas del nazismo.
Los partidarios de la “cultura del ocultamiento” acusan a Garzón de querer abrir la caja de Pandora y enfrentar de nuevo a los españoles. Insisten en que en el otro bando también se cometieron crímenes. No acaban de entender la especificidad del franquismo. Se comportan como un periodista que, deseando organizar un “debate equilibrado” sobre la Segunda Guerra Mundial, decidiese: “Un minuto para Hitler y un minuto para los judíos”.
El franquismo no fue sólo la guerra (en la que el general Queipo de Llano afirmaba: “Hay que sembrar el terror eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros.”) fue sobre todo, de 1939 a 1975, un régimen autoritario de los más implacables del siglo XX que usó el terror de forma planificada y sistemática para exterminar a sus oponentes ideológicos y atemorizar a toda la población. Afirmar esto no es una consideración política, sino una constatación histórica.
La Ley de Amnistía condujo a imponer, sobre la “banalidad del mal” franquista, una suerte de amnesia oficial, una “escotomización”, o sea un mecanismo de “ceguera inconsciente” (en este caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Hasta que un día regresan a borbotones, en un estallido de irracionalidad.
Es lo que ha querido evitar el juez Garzón. Revelar la naturaleza malévola del franquismo, para que la historia no pueda repetirse. Nunca más.

Notas:
(1) Que afecta a personalidades del Partido Popular, en especial al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.
(2) La prevaricación consiste en que una autoridad dicte una resolución, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
(3) Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas , Planeta, Barcelona, 2002. Ver el documental Els nens perduts del franquisme (Los niños perdidos del franquismo), de Montserrat Armengou y Ricard Belis.

¿La amnistía contra la Constitución?

JAVIER PRADERA El País – 05/05/2010

Cualesquiera que sean sus auténticas motivaciones (reivindicar sinceramente a las víctimas del franquismo o replantear hipócritamente las reglas de juego político), las iniciativas para invalidar la Ley de Amnistía de 1977 han pasado a formar parte de las corrientes revisionistas de la Transición. La teoría según la cual la amnistía habría sido la formalización jurídica de un pacto político de silencio sobre los crímenes del franquismo suscrito por la oposición, atemorizada y empequeñecida ante los herederos de la dictadura, no es sólo una vileza moral para los derrotados en la Guerra Civil y los opositores que poblaron las cárceles de la dictadura; también pone al descubierto la ignorancia de los forjadores de la fábula. Esa peregrina tesis sólo podría ser tomada seriamente en algún debate entre las dos ramas más frikis del revisionismo histórico sobre la Guerra Civil: la escuela de historiografía policial acaudillada hoy -nunca mejor dicho- por Pío Moa y la cuadra de publicistas que niegan el carácter democrático del sistema político actual y lo consideran franquismo disfrazado.

Al mismo registro de simplezas derogatorias pertenece la elevación a categoría jurídica de ley preconstitucional la obvia constatación cronológica de que la amnistía de 1977 abrió la actividad de las Cortes que se cerraron con la aprobación de la Constitución de 1978. La fraudulenta equiparación entre la Ley de Amnistía, promulgada por el primer Parlamento democrático elegido tras cuatro décadas de dictadura, y las auto-amnistías autocráticas (Franco amnistió en 1939 los delitos políticos por afinidad con el Movimiento Nacional entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936) injuria a los diputados que la votaron y falsea la historia de su elaboración. La amnistía fue una iniciativa de los partidos recién salidos de la clandestinidad boicoteada por los nostálgicos del franquismo. Sin la amnistía de 1977 no existiría la Constitución de 1978: forma parte de su génesis y empapa su articulado. La reconciliación entre vencedores y vencidos fue el cimiento de una Constitución que descansó por vez primera en la historia de España sobre el consenso social.

Otras circunstancias, fuera de la estupidez o la mala fe, ayudan a entender -aunque no a justificar- esa inesperada puesta en la picota de la Ley de Amnistía de 1977. Durante las dos décadas siguientes a la Transición española, en el marco de Naciones Unidas se aceleró el proceso de codificación de los instrumentos del Derecho Penal Internacional que castigan y consideran imprescriptibles las más graves violaciones de los derechos humanos. Los tribunales especiales sobre los crímenes en Ruanda y la antigua Yugoslavia anunciaron la Corte Penal Internacional. Los responsables de algunas feroces dictaduras latinoamericanas pagaron parcialmente sus culpas. De manera ilógica, los contornos aún brumosos de ese nuevo Derecho Penal Internacional convencional o consuetudinario en proceso de formación están siendo utilizados inadecuadamente para impugnar la validez de la Ley de Amnistía; la excelente monografía de la profesora Alicia Gil Gil sobre La justicia de transición en España. De la amnistía a la memoria histórica (Atelier, 2009) demuestra, sin embargo, la inaplicabilidad de esos recientes desarrollos a los hechos de la Guerra Civil española.

Los horrores de la primera mitad del siglo XX sensibilizaron a la opinión pública mundial a favor de la defensa de los derechos humanos. Entre el final de la II Guerra Mundial y el Estatuto de Roma fueron aprobados numerosos convenios preventivos y sancionadores de crímenes susceptibles de persecución universal. Los Estados firmantes de esos tratados vinculantes para el futuro están obligados, sin embargo, a respetar los principios de legalidad penal, prescripción de los delitos e irretroactividad de las normas desfavorables respecto a los hechos producidos con anterioridad al momento de la adhesión. En octubre de 1977, España no había tipificado penalmente ni declarado imprescriptibles en su derecho interno los delitos de lesa humanidad ahora incorporados al artículo 607 bis del Código Penal. Mal hubiese podido la Ley de Amnistía exceptuarlos de su ámbito pese a quienes desean derogarla precisamente por no haberlo hecho.

Un procesado por la ‘Malaya’ restaura el Valle de los Caídos

Muferfi SL, de Ismael Pérez Peña, contribuyó a remozar la bóveda falangista. La abadía prepara un informe para explicar a Patrimonio los detalles de la obra

DIEGO BARCALA – Público – 05/05/2010

Las imágenes recuperadas gracias a los trabajos de la empresa  Muferfi SL, del procesado en la operación Malaya' Ismael Pérez Peña. -  DIEGO BARCALA

Las imágenes recuperadas gracias a los trabajos de la empresa Muferfi SL, del procesado en la operación Malaya’ Ismael Pérez Peña. – DIEGO BARCALA

Una de las cuatro empresas que restauró las imágenes falangistas de la bóveda del Valle de los Caídos, Muferfi SL, es propiedad de Ismael Pérez Peña, uno de los protagonista de la red de corrupción destapada en Marbella en la operación Malaya. El empresario madrileño está procesado por haber regalado a la ex alcaldesa andaluza Marisol Yagüe varios coches a cambio de lucrarse con los contratos municipales adjudicados a sus empresas por el líder de la trama, Juan Antonio Roca.

La abadía benedictina reconoce que pudo emprender la remodelación gracias “a un donante privado” y prepara un informe explicativo para dar cuenta a Patrimonio Nacional de los detalles de la restauración. “Estamos elaborando un folleto y próximamente contaremos a Patrimonio todo lo relacionado con aquello”, admite a este diario el abad benedictino, Anselmo Álvarez.

El empresario Pérez Peña no quiso explicar a este periódico en qué consiste su participación en la renovación de la cúpula, aunque un portavoz de Muferfi SL (especializada en mudanzas y almacenaje) admitió que las empresas que forman esa sociedad “hicieron la obra”. Las otras tres sociedades que trabajaron para remozar el techo del altar, bajo el que reposan los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, son Vamasa (grúas), Adriá (grúas y mampostería) y Eulen (limpieza).

Pérez Peña fue detenido en marzo de 2006 en el polígono industrial de Getafe donde tiene su sede Muferfi SL. La policía intervino varias conversaciones telefónicas de este empresario con Roca en las que se compromete a prestarle 1,8 millones de euros en dinero negro, según los datos del sumario. La red corrupta fue destapada en gran parte gracias a que Pérez Peña perdió la paciencia con el Ayuntamiento de Marbella por el impago de 1,4 millones de euros por la adjudicación de la grúa municipal. El empresario llegó a amenazar en 2005 al ex concejal de Transporte Victoriano Rodríguez con “tirar de la manta”.

La remodelación que llevó a cabo entre noviembre y diciembre pasados la empresa de Pérez Peña en Cuelgamuros tuvo como objeto recuperar los elementos dañados por una bomba de los GRAPO que explotó en 1999. La limpieza ha dejado a la vista de los visitantes las banderas falangistas y carlistas sobre un tanque de los generales sublevados en 1936.

Ley de la Memoria

Una comisión de expertos del Ministerio de Cultura visitó el pasado 26 de marzo el templo para comprobar si el mosaico debe ser retirado por incumplir el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica. Esta norma impide la exhibición en lugares públicos de “símbolos y monumentos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, protagonistas de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El siguiente artículo de la ley, el 16, cita al Valle de los Caídos, y en su segundo punto, aclara: “En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”. También señala que será un lugar que “se regirá estrictamente” como un lugar de culto. El abad niega que se haga apología del franquismo en su basílica.

Una ‘belle époque’ de sangre y fuego

Andrés Trapiello reescribe y alarga ‘Las armas y las letras’, el libro que revolucionó la visión sobre el papel de los escritores de ambos bandos durante la Guerra Civil

JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS El País04/05/2010

La normalidad democrática llegó antes a la política que a la literatura. Cuando Andrés Trapiello publicó por primera vez en 1994 Las armas y las letras, su ensayo sobre la literatura y los literatos durante la Guerra Civil, el libro descubrió para el gran público un puñado de ideas y autores que hoy son moneda corriente pero que entonces levantaron polvareda. Los discípulos de algunos escritores trataron de enturbiar el trabajo de Trapiello para enjuagar el papel poco claro de sus maestros durante la contienda. “Fue el caso de los cercanos a Antonio Tovar, que luego evolucionó hacia posiciones democráticas, pero que fue el traductor en el encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya”, recuerda Trapiello. En medio de la polémica surgió la autoridad de Ayala para decir la palabra final: “Trapiello rinde con su libro un gran servicio a nuestra historia intelectual al trazar el panorama objetivo, veraz y, a la vez, comprensivo y compasivo, de la república de las letras durante un periodo tan doloroso y tan turbio como el de la Guerra Civil española”.

Las armas y las letras, que se convirtió en un clásico del género y conoció una versión intermedia en 2002, reaparece ahora publicado por Destino en una edición con 450 fotografías, varias inéditas, y un buen puñado de páginas más. “El primero lo redacté en tres meses”, apunta el autor. “Este, en 17 años”. Aunque los matices del libro sean nuevos, sus tesis siguen siendo las mismas. Por un lado, la comprobación de que hubo una tercera España que se vio arrastrada a elegir uno de los dos bandos. Por otro, algo que Trapiello resume con una vieja frase suya: “Los que ganaron la guerra perdieron los manuales de literatura”.

Si la reivindicación, como miembro de la tercera España, de Manuel Chaves Nogales, un autor hasta entonces desconocido para el gran público, fue el gran hito de la primera edición, el de esta segunda es Carlos Morla Lynch, embajador de Chile en Madrid durante la guerra y autor de España sufre, un diario recuperado hace dos años por la editorial Renacimiento con prólogo del propio Trapiello. Morla, al que Lorca dedicó Poeta en Nueva York, amigo de todo el mundo en la paz, dio refugio a gente de los dos bandos cuando la calle se volvió insegura. Su visión de que dos totalitarismos extremos -fascistas y comunistas- iban anulando a los moderados que estaban en su órbita la compartía también otra de las figuras reivindicadas por Trapiello, Clara Campoamor, que publicó en un libro sus impresiones en 1937, a pie de guerra, “sin tiempo para modificar el tiro”.

“La Guerra Civil”, dice Trapiello, “consigue que dos minorías armadas arrastren a una inmensa mayoría. Tanto en el caso de los escritores como con la población civil. Y los arrastran a punta de pistola, o conmigo o contra mí. La elección es muy poco libre”. Con todo, “aunque no todos los franquistas eran fascistas y no todos los republicanos eran demócratas”, no hay equidistancia posible, dice el ensayista, poeta (Premio de la Crítica en 1993) y novelista (Premio Nadal en 2003): “Sabemos que se cometieron crímenes parecidos en ambos bandos, pero las ideas por las que se combatió en cada uno no pudieron ser más diferentes. En el de la República por los principios de la Ilustración, base de las democracias modernas. En el de los sublevados, contra esos mismos principios”.

Junto a fragmentos de un diario inédito de 2.000 páginas redactado por Rafael Cansinos Assens, que pronto estará disponible en Internet, y una carta también inédita de Edgard Neville en la que habla del asesinato de Lorca -fue un tiro en la nuca y no un fusilamiento, dice- hay varios documentos de primer orden en Las armas y las letras: desde una carta de Torrente Ballester en la que habla de la guerra como de “un deporte de hombres” a una fotografía de Alberti en cuya dedicatoria, de 1965, habla de la Guerra Civil como de “la belle époque”. Se incluye, además, un texto desconocido de Rafael Sánchez Mazas, en el que habla por primera vez del episodio popularizado por Javier Cercas en Soldados de Salamina: “Un día te sacaron de la prisión, te sacaron al bosque con otros muchos compañeros y te fusilaron. Te levantaste ileso de entre los muertos y echaste a andar por el bosque, durante días”.

El padre de Rafael Sánchez Ferlosio fue uno de los que ganó la guerra y perdió los manuales de literatura. “A partir del bombardeo de Guernica”, apunta Trapiello, “la República ganó la guerra de la propaganda y se asumió que todos los escritores grandes estaban con ella. No fue así. En un bando estaba Juan Ramon Jiménez, pero en el otro, Azorín. En uno Miguel Hernández, María Zambrano y Carner; en el otro estaban Baroja, Ortega y Josep Pla. La trampa es contraponer a Lorca con Dionisio Ridruejo”. Además, muchos intelectuales de bandos contrarios eran amigos antes de la guerra -“el trato de Lorca con José Antonio Primo de Rivera relatado por Gabriel Celaya sigue siendo polémico para algunos”-, y muchos autores que serán muy importantes, entonces eran unos desconocidos para el público general: la mayoría de la generación del 27 sin ir más lejos.

“Hay que leer sin prejuicios”, afirma Trapiello, para el que su libro propone saltarse las barreras de la propaganda y mirar en “las fisuras” por las que se cuelan la vida y la literatura. “La reconciliación pasaba por leer sin apasionamientos ni anteojeras ideológicas los libros de los otros”.

El Valle de los Caídos es una ruina

Un informe de Patrimonio Nacional advierte de que los desprendimientos de las gigantescas esculturas suponen “un serio riesgo de daño para las personas”

DIEGO BARCALA – Público – 02/05/2010

El Valle de los Caídos ha echado el cierre por causa de fuerza mayor: el riesgo para los visitantes causado por los desprendimientos que sufren los conjuntos escultóricos gigantes que Juan de Ávalos diseñó al gusto de Francisco Franco. Un informe de Patrimonio Nacional del pasado 11 de noviembre de 2009, al que ha tenido acceso Público, destaca el “ritmo de deterioro muy peligroso y considerable” experimentado por el monumento durante el último año.

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Apología restaurada de Falange Española

VergaraPúblico – 03/05/2010