Caamaño reclama “una reflexión” sobre la acusación popular

El País23/04/2010

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, afirmó ayer que “una de las cosas más difíciles que hay que explicar fuera” de España es la figura de la acusación popular que permite querellas como la de Falange Española de las JONS contra el juez Baltasar Garzón. Es decir, explicar “cómo alguien puede tener la iniciativa de ejercer una acción penal sin ser víctima del delito ni el fiscal”. Caamaño abogó por “reflexionar sobre ello”. Personalmente, dijo que le plantea “problemas políticos y jurídicos” el hecho de que la acusación popular “tenga tanto margen de actuación”.

El ministro hizo estas declaraciones en la cadena SER, preguntado sobre si considera que Falange está legitimado para sentar a Garzón en el banquillo precisamente por investigar los crímenes del franquismo. Caamaño reconoció que en la opinión pública “existe cierta perplejidad” por el caso, pero también defendió la actuación de los tribunales españoles ante los ataques recibidos y las acusaciones de politización. Para el ministro, asuntos como este “oscurecen otras tareas de la justicia”.

En el mismo sentido, defendió a los magistrados del Tribunal Constitucional ante las afirmaciones del presidente de la Generalitat, José Montilla, que los acusó de ser “jueces de parte”. Caamaño afirmó que el hecho de que los magistrados estén escogidos en su mayoría por el PSOE o el PP no los hace “ni de uno ni de otro”, en el sentido de que obedezcan consignas. Caamaño fue letrado del Tribunal Constitucional.

En cuanto a la renovación de cuatro de estos magistrados, pendiente desde diciembre de 2007, se alineó con el presidente del Gobierno y reconoció que la responsabilidad es de los partidos, pero descargó la “culpa” sobre el PP.

El fiscal insiste en que Garzón no sea sometido a juicio

Pide aplicar la ‘doctrina Botín’ y subraya las contradicciones de Varela

JULIO M. LÁZARO El País23/04/2010

El fiscal del Tribunal Supremo ha reiterado al juez instructor Luciano Varela su petición de sobreseimiento del proceso abierto al juez Baltasar Garzón por investigar el franquismo, al considerar que los hechos no son constitutivos del delito de prevaricación. El fiscal se opone también a la apertura del juicio oral que han solicitado las acusaciones de Falange Española de las JONS y Manos Limpias, por entender, en aplicación de la conocida como doctrina Botín, que carecen de legitimación procesal para instarla.

La doctrina Botín, llamada así en referencia al presidente del banco Santander, fue establecida por el Tribunal Supremo en febrero de 2008 y exoneró a Emilio Botín de ser juzgado por el caso de las cesiones de crédito. Aquella doctrina estableció que si el Ministerio Fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusación particular ejercida por el perjudicado u ofendido por el delito (acusador particular), no cabe abrir el juicio oral exclusivamente a instancias de la acusación popular.

Poco después, en abril de 2009, el Supremo modificó esta doctrina para poder sentar en el banquillo al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, acusado de desobediencia al Tribunal Supremo. El alto tribunal indicó que para aquellos delitos que carecen de perjudicados concretos y nadie puede ejercer la acusación particular, una acusación popular puede instar el juicio oral aunque el Ministerio Fiscal no acuse. Así, con la acusación popular de Manos Limpias, Atutxa fue juzgado en el Supremo y resultó condenado.

El fiscal explica que la doctrina Atutxa es una tesis en contra del reo que puede vulnerar derechos fundamentales y que ha sido objeto de un recurso de amparo apoyado por el fiscal, y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

El representante de la ley considera después “muy conveniente” traer a colación la “acertada” postura del juez Varela a través de su “razonado” voto particular en la sentencia Atutxa y en el que, en síntesis, se pronunciaba en contra del cambio de criterio de la doctrina Botín a la doctrina Atutxa. A pesar de tanto jabón, Varela tampoco está de acuerdo con la doctrina Botín, aunque formuló un voto particular concurrente a la sentencia que exoneró de juicio al banquero. En cualquier caso, el fiscal concluye interesando el sobreseimiento y oponiéndose en todo caso a la apertura del juicio oral.

Por otra parte, Manos Limpias remitió ayer su escrito de acusación al Tribunal Supremo, corregido según las indicaciones facilitadas por el juez Varela para acomodarlo a las prescripciones legales. Manos Limpias exige la inhabilitación de Garzón por 20 años. El escrito de Falange Española de las JONS presentaba más problemas, lo que podría ser aprovechado por el juez instructor Varela para quitarse de en medio a Falange y evitar las connotaciones que conlleva mantener a ese “movimiento” en el banco de la acusación.

La historia de los otros Robert Capa

Un documental y un libro recuperan la memoria del fotoperiodismo español durante la Guerra Civil

ELSA FERNÁNDEZ-SANTOS El País22/04/2010

Un grupo de fotógrafos trabaja encaramado a una escalera en el Palacio Nacional, durante las crisis ministeriales del gobierno de Portela Valladares. Madrid, 9 de diciembre de 1935.- José Díaz Casariego (c) Agencia Efe

La fotografía de la Guerra Civil española parece patrimonio exclusivo de Robert Capa y Gerda Taro. Pero no, en la contienda también hubo fotógrafos españoles cuyo brutal testimonio quedó enterrado por la represión franquista. Durante años, miles de imágenes de la guerra y de antes de la guerra han permanecido ocultas en sótanos, tabiques o viejos armarios. Héroes sin armas recupera ahora a través de un documental y un libro la obra de cuatro pioneros del fotoperiodismo español: Alfonso, Pepe Campúa, Luis Marín y José María Díaz Casariego. Los cuatro, que ya eran conocidos por su trabajo durante la República, retrataron la guerra y sus protagonistas desde todos los ángulos posibles.

Eran fotógrafos, compañeros de Mundo Gráfico, y buenos amigos. “Pero cuando empezó la guerra los milicianos mataron al padre de José Campúa, y él se pasó al bando nacional. La amistad se rompió”, relata Marta Arribas, que ha dirigido junto a Ana Pérez de la Fuente el filme, producido por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) y editado, junto al libro, por La Fábrica . “Luis Marín fotografió la construcción de la Gran Vía para luego fotografiar su destrucción en la guerra”, añade Arribas, que señala como hoy podemos ver fotos de la misma batalla vista desde los dos frentes.

La Guerra acabó con las carreras en el fotoperiodismo de estos cuatro hombres cuya obra fue ocultada por ellos mismo por temor a represalias. Marín dejó de ejercer, Díaz Casariego acabó como un gris funcionario en la Hemeroteca municipal de Madrid, en el servicio de microfilmado, Alfonso se convirtió en un famoso retratista, aunque el régimen le condenó durante años a hacer fotos de carné, y Campúa (el único vencedor) expuso sus fotos una sola vez para luego ocultarlas el resto de su vida. Convertido en productor de cine, se apartó de aquel mundo del que habían sido pioneros. No volvió a ver ni hablar con sus amigos, todos heridos en una mirada que hoy provoca escalofríos.

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Tráiler del documental ‘Héroes sin armas’

Las víctimas acudirán también a la Justicia en Berlín

Los abogados preparan un pleito para investigar la ayuda nazi en las masacres de Franco

Ciudadanos se manifiestan ante la Audiencia Nacional, el pasado día 8.

PERE RUSIÑOL – Público – 22/04/2010

La querella presentada en Buenos Aires por familiares de las víctimas de Franco no será la única iniciativa jurídica que promoverán fuera de España. Los abogados de las asociaciones de memoria histórica preparan una demanda ante los tribunales de Alemania reclamando una reparación por la responsabilidad de las empresas y autoridades alemanas que colaboraron con los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Franco, particularmente en el bombardeo de Gernika.

Ante la dificultad de avanzar en España 35 años después de la muerte del dictador a Baltasar Garzón se le impidió investigar y ahora está a un paso del banquillo, mientras que el 60% de los juzgados que asumió los casos ya los ha archivado sin ni siquiera indagar , los abogados de las víctimas se han planteado explorar todas las posibilidades en el exterior, ya sea exprimiendo el principio de jurisdicción universal o buscando la relación directa con España.

El pasado 14 de abril, los familiares de dos víctimas del franquismo presentaron una querella en la Cámara Federal de Buenos Aires. El proceso está aún pendiente de la aceptación a trámite pero ha generado tantas esperanzas entre los familiares de las víctimas que ya se están preparando nuevos casos para aportar a los tribunales argentinos.

En Europa se están explorando también varias posibilidades, sobre todo en Alemania. En este caso, la vía elegida es un pleito civil por la responsabilidad de las empresas alemanas que, bajo el impulso del régimen nazi, colaboraron con Franco para masacrar a civiles.

Tras la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la doctrina Nuremberg, Alemania y sus empresas han indemnizado a miles de víctimas de la barbarie nazi, que tuvo en la guerra civil española un auténtico prólogo y campo de entrenamiento.

El bombardeo de Gernika es el caso más emblemático: la masacre fue perpetrada por la fuerza áerea nazi, equipada con los equipos más punteros elaborados por las empresas alemanas en colaboración con el régimen.

En un mes

Los abogados españoles plantearán el pleito civil como la mejor vía de forzar también una investigación de los crímenes del franquismo y la ayuda que recibió de Hitler. La semana que viene tienen previsto viajar a Hamburgo y Berlín para trabajar el pleito con expertos del Center for Constitutional and Human Rights, una organización que ya participó en la demanda contra Mercedes-Benz por supuesta colaboración con la dictadura argentina en la desaparición de obreros. Su previsión es presentar la demanda en un mes.

Antes de verano, las víctimas también tienen previsto acudir al Parlamento europeo para defender la candidatura de Garzón al Premio Sájarov, y al puesto de Defensor del Pueblo europeo.

“¡Es el momento de las víctimas del franquismo. Saquen sus fotos a la calle!”

Actores, escritores y familiares de desaparecidos llaman a participar en la manifestación del sábado contra la impunidad.- La protesta se repetirá frente a las embajadas españolas en Buenos Aires, Bruselas, París y Londres

NATALIA JUNQUERA El País22/04/2010

Representantes de familiares de víctimas del franquismo presentan en la sede del CGPJ 100.000 firmas en apoyo al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.- ULY MARTÍN

Actores, actrices, escritores, redes sociales y víctimas del franquismo han hecho esta mañana un llamamiento para que todos los familiares de las víctimas del franquismo acudan el sábado con una fotografía de sus desaparecidos y ejecutados a la manifestación convocada para este sábado, a las 18.30 en la madrileña plaza de Cibeles contra la impunidad de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. “Nos parece muy grave que las mismas personas que rompieron la legalidad para imponer el terror hoy utilicen las leyes para burlar a los descendientes de los que ellos mismos ejecutaron”, ha explicado el poeta Luis García Montero. “No pretendemos presionar a ninguna institución judicial pero nos creemos con derecho a protestar ante un acto que ensucia la democracia española”. “Algunos políticos muestran sin velos su apoyo a Falange. Espero que el sábado muchos den su apoyo a las víctimas del franquismo”, ha añadido.

Artistas por Garzón

Cartel de la manifestación convocada por artistas españoles para el sábado 24 de abril en apoyo al magistrado.-

Hilda Fartante, una de las familiares de víctimas que encabezará la manifestación del sábado ha explicado con rabia cómo los asesinos de sus padres, ambos maestros, presumían de ello. “Yo tenía cinco años cuando les mataron, y los asesinos bajaban a las tabernas y se jactaban de haber matado a dos o tres rojos asesinos… 74 años después, la misma jugada. El juez que quiso juzgar estos crímenes sentado en el banquillo por Falange española”.

Taty Almeida. de las Madres de la Plaza de Mayo argentinas, ha asegurado que su colectivo ha querido estar presente en la manifestación de este sábado porque “el dolor une a muchas madres” y ha animado a la gente a participar. “¡Fuerza! ¡No bajen los brazos! A nosotras nos llamaban las locas, las locas de la plaza de mayo, y estas locas van a cumplir ya 33 años”.

Gervasio Puerta, presidente de la Asociación de Ex Presos Antifranquistas ha leído un comunicado en el que exigía, en nombre de todos los presos, el archivo de la causa contra el juez Baltasar Garzón: “En los procesos del franquismo, los abogados que nos asignaban no nos defendían. Y hoy he leído en la prensa que el juez Varela no defiende la justicia sino que ayuda a las personas que nos han denunciado…”

Carlos Agüero, coordinador de la oficina de atención a las víctimas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha anunciado que el encierro simbólico que ha tenido lugar estos días en defensa del juez Garzón y en contra de la impunidad de los crímenes del franquismo, terminará mañana con un concierto de Luis Pastor y que esta tarde, a las 18.00 el abogado Carlos Slepoy explicará la querella interpuesta en Argentina por genocidio contra el régimen franquista. También ha agradecido al rector de la Complutense, Carlos Berzosa, que les haya cedido la facultad de Relaciones Laborales de la Universidad como cuartel general de la memoria todos estos días y ha hecho un llamamiento a la participación en la manifestación. “Convirtámosla en un homenaje a todos los que murieron por nuestra democracia. Es el momento de las víctimas. Saquen esas fotos tapadas durante tanto tiempo. Hemos acompañado a la calle a otras víctimas mientas las del franquismo han sido invisibles. No les dejen solos ahora”.

La actriz Aitana Sánchez Gijón, hija de un exiliado del franquismo, también ha llamado a la participación para protestar “por lo más grave que le ha ocurrido a la democracia española desde el 23-F”.

Sara Velasco, representante de las redes sociales, ha explicado que la convocatoria de manifestación se ha extendido a 20 ciudades españolas y también frente a las embajadas españolasen Buenos Aires, París, Bruselas y Londres. Luis García Montero ha aclarado que la manifestación convocada por Falange para ese mismo día, “ese acto más de provocación”, no afectará a su protesta, con recorridos diferentes. Además, habrá un “dispositivo policial para evitar cualquier mezcla o enfrentamiento” ha tranquilizado a los familiares.

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100.000 contra la suspensión de Garzón

Ayer se plantaron ante la Audiencia Nacional para registrar 150.000 firmas de apoyo al juez de la Audiencia, Baltasar Garzón. Hoy, los familiares de ejecutados en el cementerio de Ocaña (Afeco) en Toledo, han acudido a la sede del Consejo General del Poder Judicial con al menos 100.000 de ellas, impresas y procesadas con nombre y apellido. Los firmantes se han presentado allí el mismo día en que el órgano tenía previsto decidir la suspensión cautelardel magistrado, encausado por supuesta prevaricación en la investigación de los crímenes del franquismo.

La resolución del CGPJ deberá esperar a que el Tribunal Supremo anuncie la apertura del juicio oral contra Garzón. Las asociaciones de víctimas del régimen seguirán presionando hasta ese momento para evitar la suspensión con iniciativas como la de hoy. Los defensores del juez han presentado, junto a las firmas, un documento en el que exigen al órgano de control que “ante esta insólita situación, el Poder Judicial no proceda a la suspensión”.

La reivindicación es, prácticamente, inasequible. El CGPJ tiene previsto convocar un pleno extraordinario para acordar la suspensión en cuanto el juez instructor del caso, Luciano Varela, de paso al juicio oral.

La Fiscalía apela a la coherencia jurídica de Varela para evitar que Garzón se siente en el banquillo

Recuerda que el instructor de la causa contra el magistrado apostó en el pasado por limitar la capacidad de la acción popular.- Afirma que Falange y Manos Limpias carecen de “legitimidad procesal”

El País22/04/2010

La Fiscalía ha presentado hoy un escrito ante el Tribunal Supremo para solicitar el sobreseimiento del procedimiento contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su presunta prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) en la investigación de los crímenes de la dictadura franquista. El Ministerio Fiscal fundamenta su petición en la conocida como doctrina Botín, recalcando además que fue el propio instructor del caso contra Garzón en la Sala Segunda, Luciano Varela, quien defendió esta tesis con un voto particular contra la sentencia del mismo tribunal que validó luego justo la contraria, conocida como doctrina Atutxa.

La doctrina Botín, adoptada por el Tribunal Supremo el 18 de febrero de 2008, estableció que si el Ministerio Fiscal no acusa y tampoco lo hace la acusación particular ejercida por el perjudicado por el delito, no es posible abrir juicio oral exclusivamente a instancias de la acusación popular. Así, se exoneró de un juicio por presuntas maniobras financieras irregulares al presidente del Banco Santander, Emilio Botín,

La doctrina Atutxa, conocida apenas unos meses después, reinterpreta esta tesis para aquellos casos de delitos que carecen de perjudicados concretos y nadie ejerce pues la acusación particular; en ese caso, la acusación popular puede instar la apertura del juicio oral aunque el Ministerio Fiscal no mueva pieza. Esta decisión abrió la puerta a juzgar por desobediencia del ex presidente de la Cámara vasca Juan María Atutxa merced a la acción popular del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias.

La Fiscalía se atiene a los postulados de la primera sentencia (su denominación técnica es 1045/2007) para pedir el sobreseimiento del procedimiento, toda vez que los hechos contenidos en las sucesivas querellas no son en su opinión constitutivos de delito. Se opone así mismo a la apertura de juicio oral al estimar que las partes personadas (las acusaciones populares) “carecen de legitimación procesal para instarlo”.

Las acusaciones populares en este caso son Falange Española de las JONS, Manos Limpias y la organización conservadora Libertad e Identidad. Precisamente ayer, Varela orientó (un hecho inédito) a las dos primeras para que retocaran sus escritos de acusación para ajustarlos a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En cualquier caso, la Fiscalía no entra a juzgar quién compone la acusación particular ni la solidez de sus razonamientos, sino que ataca directamente la legitimidad que como tal tiene para forzar la apertura de juicio oral, incluso en contra del parecer del propio Ministerio Fiscal.

Respecto a este último punto, el escrito recalca que “el fundamento jurídico de la acción popular no puede buscarse ni encontrarse en un principio de desconfianza hacia el Ministerio Fiscal a la hora de ejercer trascendentes funciones que la Constitución le encomienda en exclusiva”.

Explica que “el sentido y significación de la expresión ‘acusación particular’ debe asimilarse al de ‘perjudicados por el delito’; por el contrario, el Poder Legislativo “ha querido excluir” a la acción popular “de la capacidad para provocar, por sí misma y en solitario, la apertura de juicio oral”.

Además de apoyarse en la doctrina Botín, hace referencia a su contraria (el conocido como caso Atutxa, y técnicamente STS 54/2008), que considera que puede vulnerar derechos fundamentales de la Constitución como el principio de Igualdad recogido en el artículo 14. Recuerda precisamente que esa sentencia está recurrida ante el Tribunal Constitucional precisamente por este motivo.

En cualquier caso, la Fiscalía hace hincapié en el voto particular emitido por Varela precisamente en contra de la redacción aprobada mayoritariamente por la Sala Segunda. Y cita lo que entonces dijo el magistrado: “Esa exclusión de la acción particular es una decisión consciente del legislador, no meramente arbitraria, y tiene una justificación plausible desde el punto de vista constitucional”.

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Escrito de la Fiscalía sobre Garzón

Human Rights Watch pide a la UE que interceda por Garzón

La organización internacional cree que las acusaciones contra el juez “socavan” la credibilidad de Europa

Público – 22/04/2010 11:52

El juicio al juez Baltasar Garzón por su intento de juzgar los crímenes del franquismo sigue acrecentando su dimensión internacional. La prestigiosa organización internacional Human Rights Watch ha pedido hoy al presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y a los Estados miembros de la UE, que expresen “su oposición a las posibles sanciones contra el juez español por investigar los abusos cometidos durante la dictadura franquista”.

“Garzón ha hecho esfuerzos para lograr justicia para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos en el extranjero, y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país”, expresó Lotte Leicht, directora de la oficina ante la UE de Human Rights Watch.

“La decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de la UE en la lucha contra la impunidad por delitos graves”, agregó.

A juicio de HRW, la decisión de Garzón de investigar el franquismo y no aplicar la Ley de Amnistía española tiene sustento tanto en el derecho internacional convencional como consuetudinario, que obliga a los Estados a investigar los delitos internacionales más graves, incluidos los crímenes de lesa humanidad.

Las sanciones contra Garzón representan un duro golpe para los familiares de las víctimas de delitos graves cometidos en España, afirmó Human Rights Watch, al igual que también podrían debilitar la credibilidad y la efectividad de la UE en su conjunto a la hora de promover justicia por violaciones a los Derechos Humanos que se están cometiendo en la actualidad, ya sea en Darfur, en la República Democrática del Congo o en Sri Lanka.

Según el derecho internacional, resaltó esta organización, los Gobiernos tienen la obligación de garantizar a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos un acceso equitativo y efectivo a la justicia, así como recursos efectivos -incluido el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada- con posterioidad al abuso.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por España en 1977 -con anterioridad a la adopción de la Ley de Amnistía- dispone específicamente que los gobiernos tienen la obligación “de garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades… hayan sido violados (pueda) interponer un recurso efectivo”, dijo HRW.

Apuntó que en 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de supervisar el cumplimiento del PIDCP, instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales nacionales no aplicasen plazos de prescripción en los casos de delitos de lesa humanidad.

Asimismo, en 2009, el Comité contra la Tortura recomendó que España debería “asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía” y alentó a España a “continuar intensificando sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos, siempre que sea posible”.

El Gobierno apuesta por recortar el papel de la acusación popular tras la causa de Falange contra Garzón

El ministro de Justicia apuesta por desarrollar la Ley de la Memoria Histórica en lugar de reformar la de Amnistía

El País22/04/2010

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha respondido esta mañana con afán pedagógico a dos de las cuestiones que centran el debate político y las charlas de bar en media España: el Tribunal Constitucional y su nudo gordiano, la reforma del Estatuto catalán; y el acoso en el Tribunal Supremo al magistrado Baltasar Garzón, que ha reavivado enconadas diferencias históricas. […]

El acoso judicial a Garzón. Caamaño ha defendido la actuación de los tribunales españoles, ante los ataques recibidos por el Supremo a raíz de las tres causas que instruye contra el magistrado de la Audiencia Nacional. Preguntado sobre la legitimidad de Falange para sentar en el banquillo al juez por su investigación de los crímenes del franquismo, el ministro ha querido colocar el foco del debate en la figura de la acusación popular: “Me plantea problemas políticos y jurídicos que tenga tanto margen de actuación. Es lo más difícil de explicar fuera, como alguien puede tener la iniciativa de ejercer una acción penal sin ser víctima del delito ni fiscal. Deberíamos reflexionar sobre ello”.

Sobre el debate parlamentario forzado por IU-ICV sobre la Ley de Amnistía, Caamaño ha abogado por interpretar esta norma “en su contexto histórico”, pues “cumplió su cometido” en la transición. Ahora, cree el ministro, hay que centrarse en el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica en lugar de en reformar la de Amnistía.

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El arte de la adaptación política

La trayectoria de Juan Antonio Samaranch fue un constante ejercicio de transformación a lo largo del siglo

ENRIC COMPANY El País22/04/2010

Samaranch, primer embajador español en la URSS, y el vicepresidente del Parlamento, Ivan Poliatov, en 1977.- UPI

Nacido en Barcelona el 17 de julio de 1920 en el seno de una familia de la burguesía textil, la larga vida de Juan Antonio Samaranch consistió en una insuperable exhibición del arte de la adaptación al entorno sociopolítico. Un arte que le llevó a ser uno de los españoles que ha dirigido durante más tiempo, 21 años, una de las más relevantes organizaciones de ámbito mundial.

Burgués por nacimiento, el joven Samaranch se afilió a Falange Española cuando la retórica antiburguesa era una de las características de la versión española del fascismo, al principio de la década de 1950, y en 1954 ocupó su primer cargo político como concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Corrían tiempos duros y Samaranch fue entonces uno más de Falange, en la que hizo amistades que durante años le acompañarían en su carrera como dirigente político-deportivo durante el franquismo. Una de ellas era la de Pablo Porta, largos años presidente de la federación de fútbol. Hasta su boda con Bibis Salisachs, con la que tuvo dos hijos, eran famosas las fiestas que hasta altas horas de la madrugada celebraba con sus amigos. Por ello el grupo era conocido como La Brigada del Amanecer.

Samaranch estuvo en el franquismo desde 1938, cuando, movilizado por la República, decidió pasar a Francia y desde allí a la zona de España controlada por los sublevados. Tras la guerra, se graduó en la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona y comenzó una trayectoria en la que alternaba la atención a los negocios familiares, la práctica deportiva y una intensa dedicación a la política. En 1954 fue nombrado concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Y ya no paró.

La carrera política le llevó a presidir en 1973 la Diputación Provincial de Barcelona y a intentar, a la muerte de Franco, la creación de un partido político, Concòrdia Catalana, que recogiera el voto de la derecha que, como él, había vivido cómodamente instalada en “la situación”, como entonces se decía. El intento de partido, repleto de ex franquistas, no llegó siquiera a concurrir a las primeras elecciones democráticas. El agudo sentido de adaptación que le caracterizaba le había llevado ya a desempolvar en la sede de la Diputación el busto de su ilustre antecesor nacionalista Enric Prat de la Riba, a permitir el uso del catalán en los plenos de la corporación y, llegado el momento, a cambiar en el vetusto edificio de la plaza de Sant Jaume el rótulo que decía Diputación Provincial por el de Palau de la Generalitat. A él le tocó ceder el puesto, la presidencia, a un sucesor inesperado hasta hacía muy poco tiempo, Josep Tarradellas, cuando el presidente de la Generalitat en el exilio retornó a Barcelona a finales de 1977. Todo fue muy fluido, tanto que a Samaranch se le concedió un destino político-diplomático del que extraería rendimiento: el estreno de la embajada de España en la URSS tras el restablecimiento de las relaciones.

En la capital rusa, Samaranch pudo continuar y ampliar las relaciones con los dirigentes del olimpismo iniciadas desde que, en su juventud, fuera el representante español en la federación internacional de uno de los deportes que practicó, el hockey sobre patines (RCD Español).

Su carrera como dirigente deportivo comenzó en la década de 1940 como jefe provincial de Deportes de Falange, continuó como delegado regional de Deportes y luego como miembro y presidente del Comité Olímpico Español y de 1966 a 1970, como Delegado Nacional de Deportes, el máximo cargo político-deportivo en un régimen de origen corporativista como era el franquismo. Integrado como procurador en las Cortes durante 10 años, entre 1967 y 1977, en lo que entonces se llamaba sector azul, es decir, falangista, Samaranch fue en los primeros años de la década de 1960 amigo de Alfonso de Borbón, cuando éste aspiraba a que Franco le colocara en el trono de España. Pero, cuando en 1969 esta opción perdió la batalla, resultó que gracias al deporte, en este caso la vela, Samaranch había trabado una excelente relación con el que sí iba a ser Rey de España, Juan Carlos de Borbón. Así fue cómo aterrizó en 1977 en Moscú como mensajero de la democracia que alentaba la titubeante monarquía acabada de reinstalar en España.

Todos estos antecedentes le permitieron postularse con éxito desde la capital soviética para presidir el olimpismo internacional. Lo logró y ocupó la presidencia del COI desde 1980 hasta 2001. Durante esta larga etapa, el organismo que por décadas había dormitado en Lausana como refugio de aristócratas poco amantes del trabajo se convirtió en una corporación que administra con enorme éxito una de los mayores acontecimientos, los Juegos Olímpicos, a los que ha convertido en un negocio de una magnitud acorde con la globalización económica y cultural en curso. Además, organizó y presidió la transición del viejo COI corroído por las acusaciones de corrupción a otro dominado por los ejecutivos.

La designación de Barcelona como sede de los Juegos de 1992 permitió a Samaranch, además de proporcionar al deporte español la oportunidad de dar un salto enorme, congraciarse con una ciudad y una sociedad en la que tenía algunas deudas. Funcionó la química con el artífice local, un alcalde socialista, Pasqual Maragall. Funcionó de nuevo la conexión con los sectores dirigentes de la economía catalana. De sus antiguas actividades financieras en la década de 1960 en el Banco de Madrid y Catalán de Desarrollo junto a Jaime Castells Lastortras, un personaje situado en el entorno económico del Palacio del Pardo, y luego a partir de 1973 como presidente de la Caja de Ahorros de la Diputación Provincial, Samaranch pasó en 1987 a ocupar la presidencia de la Caja de Pensiones (La Caixa), que ya entonces era la tercera entidad financiera de España. En 1999 fue designado presidente honorario.

Nombrado marqués de Samaranch por el Rey en 1991, el político que hizo del deporte un talismán capaz de adaptarle a todas las situaciones contemplaba en los últimos años la evolución del olimpismo con un optimismo que le llevó, como presidente de honor del COI, a dar una batalla más, hace menos de un año, y apoyar con todas sus ya menguadas fuerzas la candidatura de Madrid para los Juegos de 2016. Esta vez no fue posible, pero lanzó ahí una vez más el mensaje que bien podría ser su lema: casi todo es posible si se saben mover los hilos adecuados en el momento oportuno.

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ESPECIAL: Juan Antonio Samaranch. El hombre que revolucionó el olimpismo

Las fiestas de Moscú

El niño que quería dirigir el deporte

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Juan Antonio Samaranch valora la figura de Franco con motivo de su muerte

12-11-2008 RTVE

Juan Antonio Samaranch, que presidía la Diputación de Barcelona cuando se produjo el fallecimiento de Franco, valora en una grabación de la época la figura del general que llevó las riendas de España desde 1939 hasta 1975. Samaranch sería presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) desde 1980 hasta 2001.

El ‘caso Garzón’ desata en el Congreso una bronca colosal entre PP y PSOE

Los populares acusan al Gobierno de desestabilizar instituciones “como en el 11-M”

FERNANDO GAREA El País22/04/2010

Zapatero y Rajoy, ayer en el Congreso durante su intervención en la sesión de control al Gobierno.- ULY MARTÍN

“Ustedes son afligidos de conveniencia”, le dijo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a un diputado del PP antes de recibir con un saludo casi torero los aplausos de los bancos socialistas. El ministro definía así la situación por la cual el PP se hace el ofendido y sale en defensa del Tribunal Supremo, después de haber arremetido contra jueces que investigan sus casos de corrupción y contra la policía, bajo la acusación de fabricar pruebas falsas. Seis ministros recibieron ayer preguntas sobre los actos de apoyo al juez Garzón cargadas de acusaciones de supuestos ataques al Supremo. Y desde el banco azul voló el argumento de que el PP lo hace para tapar sus casos de corrupción y para acabar con el juez que destapó la trama Gürtel, a costa de jalear que se juzgue a quien quiere investigar los crímenes del franquismo. Entre las ganas de hacer ruido del PP y la consigna de los ministros para responder sin miramientos, el resultado fue una de las sesiones más ásperas e irrespetuosas de los últimos años.

“Animan a la confrontación y desestabilizan instituciones para esconder su fracaso político y mantenerse en el poder a costa de lo que sea, como hicieron para llegar”, llegó a decir el diputado del PP, Juan José Matarí, equiparando las críticas al Tribunal Supremo por su proceso a Garzón con el 11-M. El intercambio de bofetadas políticas salpica al Tribunal Constitucional y al Supremo. Ayer se escuchó a diputados del PP asegurar que desde el Gobierno hay una “sucia campaña” de coacciones al Supremo. Y se oyó a ministros acusar al principal partido de la oposición de alinearse con Falange. De lado a lado del hemiciclo volaron las acusaciones de falta de respeto a la democracia y las instituciones cayeron sobre las cabezas de sus señorías. A la crisis económica la tapó la crisis institucional. El efecto placebo del Pacto de Zurbano ha hecho que el PP deje de centrarse en la economía como principal arma política. Sólo Rajoy siguió con el tema en su pregunta al presidente, pero con menos virulencia, y Sáenz de Santamaría dejó de lado a Salgado para volver a dirigir sus dardos sobre Fernández de la Vega por poner en marcha esa “acción, si no colectiva, sí coordinada”. El Gobierno respaldó reiteradamente al secretario de Estado de Política territorial, Gaspar Zarrías, que asistió a un acto de apoyo a Garzón en el que oradores descalificaron al Supremo.

De todos los ministros que respondieron el más duro fue José Blanco, que mantuvo que por ahora va ganando la Falange en el proceso contra Garzón y que el PP se pone de parte del partido ultraderechista. “No entiendo que ustedes levanten una cortina de humo cuando han emprendido una cruzada contra Garzón por haber destapado un escándalo que afecta a su partido”, dijo.

“Ustedes atacan a las instituciones democráticas básicas pero el caso Gürtel no es de la policía, ni de los jueces ni de los fiscales, sino del PP. Los que se saltan a la torera el Estado de derecho son los que meten la mano en la caja y cogen el dinero público que es de todos”, dijo Manuel Chaves.

Y los diputados del PP no se cortaron en acusar al Gobierno de complicidad en las calumnias: “Zapatero es incapaz de asumir el pacto constitucional de 1978”; y “el Gobierno es bravucón, irresponsable, radical y sectario y está obsesionado por resucitar el fantasma de las dos Españas“.

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LAS PERLAS DEL DEBATE:

PSOE

De la Vega: “No sólo respetamos las instituciones […] sino que […] las defendemos de sus ataques y de sus insidias. Los ciudadanos saben que ustedes, sólo ustedes, no han dejado ni un solo día de arremeter contra los jueces, contra los fiscales, contra la policía y contra todas las instituciones”.

Chaves: “Cuando hablan del respeto a la división de poderes en España, recuerde que una presidenta de una comunidad autónoma [Esperanza Aguirre] ha llamado a una rebelión contra una ley votada aquí [el Congreso].

Caamaño: “¿Cree que afirmar en público, un líder político de su partido, que la policía crea y fabrica pruebas o las manipula es defender y afianzar la dignidad del Estado?”.

Rubalcaba: “Cuando la policía persigue a presuntos delincuentes, viva la policía; y cuando persigue a sus presuntos delincuentes, a los delincuentes de su partido, la policía es una camarilla”.

PP

Sáenz de Santamaría: “La única institución que defienden contra viento y marea se llama Partido Socialista Obrero Español y no dudan en cuestionar y desprestigiar […] las instituciones del resto de los españoles”.

Ignacio Gil Lázaro: “Hay una sucia campaña contra la democracia y el Supremo, que pone en evidencia que el Gobierno es bravucón, irresponsable y sectario”.

Matarí: “Zapatero está ocupado en reabrir viejas heridas. [… ]Animan a la confrontación y desestabilizan instituciones para esconder su fracaso político y mantenerse en el poder a costa de lo que sea, como hicieron para llegar”.