El Gobierno apuesta por recortar el papel de la acusación popular tras la causa de Falange contra Garzón

El ministro de Justicia apuesta por desarrollar la Ley de la Memoria Histórica en lugar de reformar la de Amnistía

El País22/04/2010

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha respondido esta mañana con afán pedagógico a dos de las cuestiones que centran el debate político y las charlas de bar en media España: el Tribunal Constitucional y su nudo gordiano, la reforma del Estatuto catalán; y el acoso en el Tribunal Supremo al magistrado Baltasar Garzón, que ha reavivado enconadas diferencias históricas. […]

El acoso judicial a Garzón. Caamaño ha defendido la actuación de los tribunales españoles, ante los ataques recibidos por el Supremo a raíz de las tres causas que instruye contra el magistrado de la Audiencia Nacional. Preguntado sobre la legitimidad de Falange para sentar en el banquillo al juez por su investigación de los crímenes del franquismo, el ministro ha querido colocar el foco del debate en la figura de la acusación popular: “Me plantea problemas políticos y jurídicos que tenga tanto margen de actuación. Es lo más difícil de explicar fuera, como alguien puede tener la iniciativa de ejercer una acción penal sin ser víctima del delito ni fiscal. Deberíamos reflexionar sobre ello”.

Sobre el debate parlamentario forzado por IU-ICV sobre la Ley de Amnistía, Caamaño ha abogado por interpretar esta norma “en su contexto histórico”, pues “cumplió su cometido” en la transición. Ahora, cree el ministro, hay que centrarse en el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica en lugar de en reformar la de Amnistía.

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El ‘caso Garzón’ desata en el Congreso una bronca colosal entre PP y PSOE

Los populares acusan al Gobierno de desestabilizar instituciones “como en el 11-M”

FERNANDO GAREA El País22/04/2010

Zapatero y Rajoy, ayer en el Congreso durante su intervención en la sesión de control al Gobierno.- ULY MARTÍN

“Ustedes son afligidos de conveniencia”, le dijo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, a un diputado del PP antes de recibir con un saludo casi torero los aplausos de los bancos socialistas. El ministro definía así la situación por la cual el PP se hace el ofendido y sale en defensa del Tribunal Supremo, después de haber arremetido contra jueces que investigan sus casos de corrupción y contra la policía, bajo la acusación de fabricar pruebas falsas. Seis ministros recibieron ayer preguntas sobre los actos de apoyo al juez Garzón cargadas de acusaciones de supuestos ataques al Supremo. Y desde el banco azul voló el argumento de que el PP lo hace para tapar sus casos de corrupción y para acabar con el juez que destapó la trama Gürtel, a costa de jalear que se juzgue a quien quiere investigar los crímenes del franquismo. Entre las ganas de hacer ruido del PP y la consigna de los ministros para responder sin miramientos, el resultado fue una de las sesiones más ásperas e irrespetuosas de los últimos años.

“Animan a la confrontación y desestabilizan instituciones para esconder su fracaso político y mantenerse en el poder a costa de lo que sea, como hicieron para llegar”, llegó a decir el diputado del PP, Juan José Matarí, equiparando las críticas al Tribunal Supremo por su proceso a Garzón con el 11-M. El intercambio de bofetadas políticas salpica al Tribunal Constitucional y al Supremo. Ayer se escuchó a diputados del PP asegurar que desde el Gobierno hay una “sucia campaña” de coacciones al Supremo. Y se oyó a ministros acusar al principal partido de la oposición de alinearse con Falange. De lado a lado del hemiciclo volaron las acusaciones de falta de respeto a la democracia y las instituciones cayeron sobre las cabezas de sus señorías. A la crisis económica la tapó la crisis institucional. El efecto placebo del Pacto de Zurbano ha hecho que el PP deje de centrarse en la economía como principal arma política. Sólo Rajoy siguió con el tema en su pregunta al presidente, pero con menos virulencia, y Sáenz de Santamaría dejó de lado a Salgado para volver a dirigir sus dardos sobre Fernández de la Vega por poner en marcha esa “acción, si no colectiva, sí coordinada”. El Gobierno respaldó reiteradamente al secretario de Estado de Política territorial, Gaspar Zarrías, que asistió a un acto de apoyo a Garzón en el que oradores descalificaron al Supremo.

De todos los ministros que respondieron el más duro fue José Blanco, que mantuvo que por ahora va ganando la Falange en el proceso contra Garzón y que el PP se pone de parte del partido ultraderechista. “No entiendo que ustedes levanten una cortina de humo cuando han emprendido una cruzada contra Garzón por haber destapado un escándalo que afecta a su partido”, dijo.

“Ustedes atacan a las instituciones democráticas básicas pero el caso Gürtel no es de la policía, ni de los jueces ni de los fiscales, sino del PP. Los que se saltan a la torera el Estado de derecho son los que meten la mano en la caja y cogen el dinero público que es de todos”, dijo Manuel Chaves.

Y los diputados del PP no se cortaron en acusar al Gobierno de complicidad en las calumnias: “Zapatero es incapaz de asumir el pacto constitucional de 1978”; y “el Gobierno es bravucón, irresponsable, radical y sectario y está obsesionado por resucitar el fantasma de las dos Españas“.

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LAS PERLAS DEL DEBATE:

PSOE

De la Vega: “No sólo respetamos las instituciones […] sino que […] las defendemos de sus ataques y de sus insidias. Los ciudadanos saben que ustedes, sólo ustedes, no han dejado ni un solo día de arremeter contra los jueces, contra los fiscales, contra la policía y contra todas las instituciones”.

Chaves: “Cuando hablan del respeto a la división de poderes en España, recuerde que una presidenta de una comunidad autónoma [Esperanza Aguirre] ha llamado a una rebelión contra una ley votada aquí [el Congreso].

Caamaño: “¿Cree que afirmar en público, un líder político de su partido, que la policía crea y fabrica pruebas o las manipula es defender y afianzar la dignidad del Estado?”.

Rubalcaba: “Cuando la policía persigue a presuntos delincuentes, viva la policía; y cuando persigue a sus presuntos delincuentes, a los delincuentes de su partido, la policía es una camarilla”.

PP

Sáenz de Santamaría: “La única institución que defienden contra viento y marea se llama Partido Socialista Obrero Español y no dudan en cuestionar y desprestigiar […] las instituciones del resto de los españoles”.

Ignacio Gil Lázaro: “Hay una sucia campaña contra la democracia y el Supremo, que pone en evidencia que el Gobierno es bravucón, irresponsable y sectario”.

Matarí: “Zapatero está ocupado en reabrir viejas heridas. [… ]Animan a la confrontación y desestabilizan instituciones para esconder su fracaso político y mantenerse en el poder a costa de lo que sea, como hicieron para llegar”.

Yo discrepo pero no prevarico

CLARA BAYARRI El País – 22/04/2010

Iva Zanicchi desgranaba con voz aterciopelada la letra de una canción en la que se describía el horror y lo absurdo de las guerras. A nada conduce el enfrentamiento crispado, el agrio exabrupto, la belicosidad visceral…. sólo a la involución. Yo no quiero volver a “la orilla blanca, la orilla negra” que cantaba en los años sesenta la bellísima italiana, ni quiero que se me adjudiquen banderas que limiten mi percepción del paisaje. Quiero poder discrepar, con honestidad, y con absoluto respeto a la opinión de los otros. Pero quiero también que se respete mi discrepancia con idéntica empatía.

En derecho, la discrepancia es algo normal y, hasta diría que útil, saludable y necesario. Hasta tal punto normal que los tribunales colegiados se han constituido por ley siempre en número impar para que, previendo las seguras discrepancias, nunca pueda producirse un empate que paralice la adopción de resoluciones. Tan previsto está en la ley que jueces y tribunales discrepemos entre nosotros sobre una determinada interpretación legal o respecto a la valoración de las pruebas que la figura del “voto particular” está detallada y expresamente regulada. Así, si el que discrepa del parecer de la mayoría es el designado ponente de la causa (el encargado del trámite y de redactar la sentencia), éste tiene obligación de formular un voto particular respecto de la resolución que se dicte: “Si… no se conformare con el voto de la mayoría, declinará la redacción de la resolución, debiendo formular motivadamente su voto particular” (artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Cuando el que discrepe de la opinión mayoritaria sea uno de los magistrados que no tiene encomendada la redacción de la sentencia, podrá firmar la sentencia, aunque no esté de acuerdo con ella, o formular voto particular en el que formule las razones de su discrepancia (artículo 260 LOPJ). En uso de este derecho, formulamos, otros compañeros y yo, un voto particular el 4 de diciembre de 2008 frente al auto de 2 de diciembre de 2008 del Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que declaró la incompetencia del magistrado juez de Instrucción Central nº 5, D. Baltasar Garzón, en el Sumario 53/2008 y ello, además de por razones procesales, por la firme convicción de que la Audiencia Nacional es la competente para la investigación de los delitos de lesa humanidad y genocidio que la sistemática y masiva eliminación de adversarios políticos que se verificó en nuestro país tras la Guerra Civil constituye.

Soy, sí, una discrepante. No estimo por ello que mis compañeros de tribunal sean unos ignorantes o unos prevaricadores: sencillamente, interpretan la ley de modo diferente al mío. Soy una discrepante, sí, pero no soy por ello una grosera ignorante de la legalidad ni una prevaricadora: el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los jueces y tribunales no aplicarán las leyes y normas contrarias a la Constitución, y el artículo 10.2 de la Constitución establece que las normas relativas a la interpretación de los derechos fundamentales (y el derecho a la tutela judicial efectiva lo es) se interpretarán conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y convenios internacionales ratificados por España. No soy un enemigo a abatir. Ni tan siquiera un adversario. Soy una discrepante. Nada más. Nada menos. Soy una discrepante, sí. Y a mucha honra.

Clara Bayarri, magistrada de la Audiencia Nacional, emitió un voto particular discrepante, junto a Ricardo de Prada y Ramón Sáez, en el que se mostraba partidaria de la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo.

Varela orienta a Falange sobre cómo corregir su acusación

JULIO M. LÁZARO El País22/04/2010

El juez instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, dictó ayer dos resoluciones insólitas en las que orienta y explica a Manos Limpias y Falange sobre cómo subsanar los defectos que contienen sus respectivos escritos de acusación contra el juez Baltasar Garzón por la causa contra los crímenes del franquismo. El magistrado da a ambas acusaciones “el término de una audiencia”, es decir, un día, para que subsanen los defectos y cumplan con los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fuentes jurídicas consultadas ayer sobre estas resoluciones las calificaron como “lo nunca visto” en un proceso: “El instructor se dedica a corregir y orientar los escritos de las partes”. Varela cita como precedente, sin más aclaraciones, el auto del Supremo de 19 de julio de 1997 que consideró “nulo e ineficaz” el escrito del abogado Juan Ramón Montero, y expulsó al Partido Popular como acusación del caso Filesa sobre financiación ilegal del PSOE. La nulidad fue automática, no se concedió al abogado ningún plazo de subsanación, y tuvo como efecto inmediato que quedaran fuera del proceso diez acusados.

Múltiples valoraciones

En esta ocasión, sin embargo, Varela advierte a Falange de que su escrito no se atiene “de manera notoria” a las obligaciones procesales, pues en vez de limitarse a la “descripción” de hechos, se extiende en múltiples “valoraciones”, hace “constantes referencias a circunstancias personales” del acusado, e incluye otras ajenas al proceso como el “derecho al honor” de los falangistas.

En vez de declarar directamente nulo el escrito de Falange, como se hizo en 1997 con el del PP, Varela sugiere que retire acusaciones como que “Garzón se erige en juzgador de la historia y redentor del bando vencido”, que su fundamentación estaba “cargada de un alto grado ideológico”, y que no investigó hechos de los que quedan “presuntos responsables vivos, como Santiago Carrillo”.

En el caso de Manos Limpias, la orientación de Varela es aún más notoria: les requiere para que retiren directamente “las páginas 2 a 7 de su escrito” por incluir hechos ajenos al objeto del proceso. Se trata del procedimiento relativo al archivo de la querella por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, que el propio Varela ordenó traer a la causa contra Garzón y que por eso Manos Limpias los incluyó en su escrito. También les pide retirar los folios 20 a 63 por resultar “extemporáneos”.

Parlamentarios chilenos repudian el “hostigamiento a Garzón”

46 legisladores de la oposición firman una declaración de rechazo al proceso abierto en España contra el magistrado que “lideró las investigaciones para juzgar a Pinochet”

El País22/04/2010

La Plataforma contra la Impunidad del Franquismo presenta firmas a favor de Garzón en la Audiencia Nacional de Madrid- Samuel Sánchez

46 parlamentarios chilenos han firmado una declaración pública de apoyo al juez Baltasar Garzón, que afronta tres causas por prevaricación en el Tribunal Supremo español, una de ellas por investigar los crímenes del franquismo. En el escrito, los parlamentarios, 44 diputados y dos senadores de la oposición, manifiestan su “solidaridad con quien ha velado de manera inagotable y ejemplar por el respeto de los derechos humanos incluso más allá de las fronteras de su propia nación”, con especial referencia a las investigaciones emprendidas por el magistrado para juzgar al dictador Augusto Pinochet por los “crímenes de lesa humanidad practicados durante 30 años de gobierno de facto en Chile”.

“Estamos convencidos del respeto y afecto que el juez Garzón se ha ganado entre la gran mayoría de los chilenos”, señala el documento, que “repudia” de forma categórica “el hostigamiento del que está siendo víctima el juez Garzón en su país”. En opinión de este grupo de legisladores chilenos, encabezados por los diputados Tucapel Jiménez, Hugo Gutierrez y Osvaldo Andrade, “resulta insólito que el mundo deba presenciar esta cruel paradoja, en que un grupo de personajes de dudosa calidad moral, reconocidos en su país por su férrea defensa de los más terribles horrores del franquismo, emprendan un juicio para perseguir a quien tanto ha dado a las víctimas de los derechos humanos”.

Finalmente, el escrito llama a “todos los diputados y demócratas de Chile a sumarse a este repudio, de manera de garantizar que esta farsa judicial quede en los anales de los episodios más vergonzosos de la historia reciente”.

Los parlamentarios chilenos se suman así a los múltiples actos internacionales de apoyo recibidos en las últimas semanas por el juez tras la causa por prevaricación abierta por el Tribunal Supremo, especialmente en Argentina, donde varias asociaciones han presentado una querella contra el juez Varela, instructor de la causa.

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Más de 100.000 firmas a favor de Garzón

Amnistía y memoria histórica

RAMÓN JÁUREGUI El País – 21/04/2010

No hablaré de Garzón. Simplemente diré que sus excesos procesales no debieran ser considerados como prevaricación y que espero su absolución. Pero su persecución judicial por los falangistas a propósito de los desaparecidos como consecuencia de la Guerra Civil, está removiendo los delicados mimbres de nuestra Transición y, por tanto, las bases de nuestra exitosa reconciliación nacional, además de suscitar un debate jurídico sobre nuestra Ley de Amnistía, de incierto y preocupante recorrido.

Algunas precisiones sobre el tema me parecen necesarias. El deseo de construir una democracia reconciliada sobre la base del perdón de todos y a todos, implícita en la Ley de Amnistía de 1977, responde a una voluntad inequívoca y unánime del pueblo español. Pretender revisar esa decisión en base a que fue tomada bajo la presión de poderes fácticos de aquel tiempo, equivale a cuestionar y deslegitimar gravemente todas las decisiones que nuestra democracia adoptó en aquellas fechas, incluida nuestra Constitución. Compararla con leyes de punto final de las dictaduras chilena o argentina, es equiparar situaciones muy diferentes, entre otras cosas, porque hubo una guerra civil previa a la cruel represión franquista.

Admitir la investigación judicial de nuestro pasado, aunque sólo sea como indagación de la verdad, tiene consecuencias jurídicas inevitables e imprevisibles y no es posible poner una raya que limite la retroactividad de los hechos perseguibles por su carácter de delitos contra la humanidad y, por tanto, imprescriptibles. Quienes defienden la nulidad de la Ley de Amnistía o su marginación jurídica a efectos de producir una investigación judicial sobre ese pasado, tienen que saber que la persecución penal del franquismo implica una causa general contra todas las responsabilidades penales de aquellos años.

No fue esa la voluntad democrática de los españoles en la Transición. Decidimos perdonar sin olvidar, aunque fuera cierto que perdonaban más quienes más sufrieron durante 40 años la represión de los vencedores y aunque sea evidente también que olvidamos demasiado, confundiendo durante demasiado tiempo, perdón con olvido.

A esa situación precisamente hizo frente la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, una ley que partía del hecho de reconocer que, aunque durante años la democracia española había ido compensando a las víctimas republicanas de la guerra y de la represión posterior con diferentes indemnizaciones, era evidente también que quedaban pendientes muchas situaciones inatendidas que golpeaban nuestra memoria y nuestro sentido de la justicia con reclamaciones inaplazables: las exhumaciones de los fusilados; la supresión de signos y símbolos franquistas; la devolución del honor a los condenados en consejos de guerra; la indemnización a las víctimas del tardo-franquismo que murieron en la defensa de derechos democráticos luego reconocidos por nuestra Constitución, etcétera. A todas ellas quisimos dar respuesta con una ley a la que, desgraciadamente, no se sumó el Partido Popular, pero que bien podría inscribirse entre las disposiciones que la democracia española ha ido adoptando en el contexto de nuestra reconciliación nacional.

Algunos círculos sociales y políticos de hoy se lamentan de este espíritu con el que la democracia española ha ido abordando este delicado asunto y lo cuestionan abiertamente. No son pocos los jóvenes que nos reprochan la Transición y nos exigen mayor severidad con los responsables de aquellos trágicos hechos. La aplicación de razonamientos actuales al pasado y a contextos olvidados y desconocidos produce lamentables conclusiones. No excluyo la autocrítica, pero lamento que olvidemos que el éxito de España en estos últimos 30 años se cimentó precisamente en la construcción de un espacio de convivencia en el que cabemos todos los españoles, al margen de nuestra adscripción ideológica y de nuestra procedencia de un pasado que nos había dividido tan trágicamente. Fue el reconocimiento de la existencia del otro, con los mismos derechos que los nuestros, lo que fundó la tolerancia de la libertad que disfrutamos. Como en el verso de Machado: “El ojo que ves no es / ojo porque tú lo veas / es ojo porque te ve”. Mantener viva nuestra memoria histórica, la de cada uno y la de todos y ser consecuentes con ella, no debiera ser incompatible con los principios que hicieron posible nuestra transición a la democracia, ni con los valores constitucionales sobre los que se construyó, ni con las leyes que la hicieron posible, incluida la de Amnistía por supuesto.

Ramón Jáuregui es diputado socialista al Parlamento Europeo.

IU-ICV fuerza el debate de la Ley de Amnistía en el Congre

F. G. El País21/04/2010

El Congreso tendrá que debatir sobre la reforma de la Ley de Amnistía de 1977. Los diputados de IU-ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, presentaron ayer una proposición de ley para reformar esta norma y evitar que se convierta en una ley de punto final del franquismo.

La iniciativa tiene por objeto dejar clara la primacía de los tratados internacionales que consideran que los delitos de genocidio o contra los derechos humanos no prescriben nunca. Es decir, dar base legal a investigaciones como la que intentó el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo. Según los dos diputados, se trata de que no se amnistíe a quienes cometieron crímenes en el franquismo y sí a los que lucharon contra la dictadura. No se debatirá hasta después del verano en el pleno.

Por otra parte, el pleno del Congreso aprobó ayer, finalmente, una iniciativa de ERC para dar mayor transparencia a la financiación de los partidos, controlando las fundaciones ligadas a ellas. Joan Ridao (ERC) logró en el último momento el voto de PSOE y PP para que se tramite la iniciativa.

“Habrá reclamaciones internacionales contra España por la causa a Garzón”

Un ex relator de la ONU vaticina “consecuencias nefastas” para procesos de paz

SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ El País21/04/2010

Leandro Despouy.-

“Estoy completamente seguro de que el eventual procesamiento del juez Garzón dará origen a reclamaciones internacionales contra España, porque es clarísimo que un juez no puede ser procesado por abrir una investigación sobre violaciones de derechos humanos, respaldada plenamente por el derecho internacional”, asegura el jurista argentino Leandro Despouy, que fue el Relator especial de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados y que ocupa actualmente la Auditoria General de la Nación (equivalente al Tribunal de Cuentas español).

Despouy está asombrado: “No se entiende muy bien si todo esto es una propuesta para echar al juez Garzón o para hacerle Premio Nobel”, ironiza. No sonríe, sin embargo, cuando advierte que España no objetó sino que respaldó el informe aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un documento histórico, en el que se establece el derecho inderogable de las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos a conocer la verdad sobre los hechos acaecidos. “Es una necesidad imperativa que dicho derecho se encuentre contemplado en el sistema jurídico de cada Estado (…) El derecho a la verdad garantiza el conocimiento de lo acaecido a través de la acción del poder judicial”, establece el documento.

El presidente de la Auditoría General expresa su profunda preocupación por la repercusión que puede tener el caso Garzón en todo el mundo. “Si yo siguiera siendo ahora mismo relator, reclamaría mucho cuidado porque los Estados tienen la obligación positiva, según el derecho internacional, de investigar las violaciones de derechos humanos y sancionar a un juez por ese motivo es inconcebible”.

Leandro Despouy lamenta que España, que ha sido origen de precedentes de gran trascendencia para el avance del derecho internacional, con sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional, de enorme importancia, se vea ahora en un camino de vuelta atrás. “Suena muy triste que todo ese prestigio atesorado pueda perderse”, vaticina. Despouy recuerda que la sentencia del Constitucional español que reconocía la competencia española para enjuiciar delitos de genocidio, tortura y terrorismo cometidos en Guatemala, ha sido y sigue siendo fundamental para la mejora institucional de ese país. “Si lo de España, a través del caso Garzón, termina mal, muchas dictaduras van a sentirse liberadas del peso jurídico y moral que ha significado la presión internacional para que se investiguen esos delitos”, explica.

Para el ex relator de Naciones Unidas la eventual suspensión de Garzón sería vista como “un frenazo terrible” en el avance del derecho internacional en su lucha contra la violación de los derechos humanos. Todo este tema va a traer consecuencias nefastas en muchos procesos de transición de dictaduras y conflictos donde la influencia de España había, hasta ahora, alentado procesos de paz fundados en la búsqueda de la verdad, se lamenta.

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Más de 1.000 personas rinden homenaje a Garzón en Barcelona

Los rectores de toda España salen en defensa de Berzosa contra Aguirre

Justicia

ROSA MONTERO – El País – 20/04/2010

Con esta innata propensión a la tolerancia y la mesura que nos caracteriza a los españoles, he aquí que estamos sumergidos una vez más en una batalla campal, ahora por Garzón. Nos encanta polarizarnos, dividirnos en hinchadas enemigas, helarnos el corazón unos a otros y escupirnos en los ojos, a ser posible.

Si fuéramos más normales, Garzón no tendría que ser tan puro como Juana de Arco o tan malo como Landrú. Por ejemplo, parece evidente que la Ley de Amnistía no ampara delitos de lesa humanidad. ¿Por qué no se van a poder perseguir los crímenes del franquismo? Hemos aplaudido actuaciones semejantes en otros países. Pero para mí también es evidente que un juez no debe mandar resbaladizas cartas al presidente de un banco: la prensa sacó fotos de esas cartas y, si no está falsificada, una dice adjuntar “la propuesta y el presupuesto” de un seminario. Y, aunque estoy segura de que él no se ha lucrado, creo que eso simplemente no se hace y que los favores, por pequeños que sean, crean lazos. Garzón, en fin, ha tenido actuaciones magníficas, y otras imprudentes y bastante torpes: recordemos las fotos de caza con el ministro Bermejo. Las cosas, como siempre, no son blancas y negras. Pero lo peor de todo este gorigori es la enorme sensación de arbitrariedad y sectarismo judicial que produce. Esta lluvia de causas contra Garzón, ¿tiene motivos políticos? Sin duda. Y la numantina defensa en torno a él, ¿es partidista? Pues también. Hay magistrados estupendos, pero la justicia española está bajo mínimos. Las asociaciones judiciales alardean de acaparar cargos para sus compañeros de ideología, el Constitucional está catatónico, los partidos crían a sus pechos lustrosos rebaños de dóciles jueces. El 65% de los españoles creen que la Justicia está politizada. Y cuando la justicia no parece justa, nada funciona.

Cuando las injusticias no prescriben

REYES MATE El País – 20/04/2010

“La memoria abre expedientes que el derecho considera archivados”,

Walter Benjamin

El recurso a la memoria, proclamado con rabia en plena guerra mundial cuando a los vencidos no les quedaba otra arma de lucha contra la barbarie, se ha convertido en clave interpretativa de los conflictos más agudos de nuestro tiempo, incluido el que afecta al juez Garzón.

Baltasar Garzón está siendo procesado, acusado de prevaricación, por intentar dar satisfacción a las víctimas del franquismo. El juez instructor, Luciano Varela, le echa en cara desconocer principios esenciales del Estado de derecho como “la irretroactividad de la ley y de leyes como la de amnistía”. La actual querella contra el franquismo está siendo abordada desde perspectivas muy diferentes: desde la técnica jurídica y ahí el problema es cuándo una interpretación de la ley deriva en prevaricación; desde el costado político y ahí la ironía es que grupos falangistas lleven al banquillo al juez que quiso juzgar al franquismo; o también desde la cultura que somete los planteamientos del derecho a las exigencias morales de la memoria. Estaríamos entonces ante un conflicto entre la memoria y el olvido.

Si hoy la memoria resulta, aquí y fuera de aquí, tan peligrosa es porque se ha ido cargando a lo largo del siglo XX, debido a las dos guerras mundiales, de una autoridad que escapa a los controles que durante siglos habían impuesto el derecho, la política y la ética. Esa autoridad procede de unos contenidos nuevos que hoy reconocemos como propios de la memoria. En primer lugar, que no es un sentimiento sino un conocimiento. La memoria ve algo que escapa a la historia o a la ciencia. Lo que la memoria ha descubierto en los últimos años es que las víctimas del colonialismo, de la esclavitud, de la conquista o de la guerra civil son significativas, tienen significación. Claro que víctimas ha habido siempre, pero eran insignificantes o invisibles porque entendíamos que eran el precio del bienestar presente o de la transición política. Había que asumirlo como irremediable y lo que tocaba era pasar página. Eso se ha acabado. Ahora son visibles y si queremos romper una lógica política que camina sobre víctimas, hay que hacer justicia a las víctimas de la historia. No podemos plantearnos el futuro del País Vasco al margen de la memoria de las víctimas y no podemos lograr la reconciliación sin la memoria de la guerra y de la postguerra.

El segundo componente consiste precisamente en entender la memoria como justicia y al olvido como injusticia. Primo Levi cuenta que una joven le preguntó, después de oír su testimonio, qué podrían hacer ellos, los oyentes. Y Levi, que no daba una puntada sin hilo, respondió con un escueto “los jueces sois vosotros”. Extraña respuesta porque ¿qué justicia puede impartir un oyente? Eso debería ser cosa de los tribunales o de la historia. Pero Levi lo tenía muy claro. Sabía que sin memoria de la injusticia no hay justicia posible. Sin memoria la injusticia deja de ser, como si lo que en su momento fue crimen, robo o infamia, nunca hubiera tenido lugar. Nadie lo sabe mejor que el propio criminal, por eso se afana, una vez cometido el crimen, en borrar las huellas, es decir, en quitar importancia al crimen, interpretándolo como inevitable dadas las circunstancias. Los supervivientes mantenían viva esa memoria de la injusticia mientras vivían, pero, una vez idos, el testigo pasaba a las generaciones siguientes. Lo que Levi pedía a la generación de la joven es que hiciera justicia bajo esa forma modesta, pero fundamental, que es la memoria de la injusticia. La forma más perversa de olvido consiste en privar de significación y de actualidad a la injusticia pasada.

El deber de memoria alcanza al derecho en el sentido de la frase del exordio: la memoria abre expedientes criminales que las leyes de punto final o de amnistía convinieron en dar por clausurados. Algunos de esos expedientes abiertos han sido muy sonados. Recordemos el Juicio de Nüremberg. Cayó de un plumazo el sacrosanto principio, mantenido durante milenios, de que hasta los crímenes más horrorosos prescribían con el tiempo. Pues no, hay crímenes, como los del franquismo, que no prescriben aunque se invoquen dos amnistías. Pero más allá de las anécdotas, lo importante es señalar que gracias a la moderna cultura de la memoria se ha creado una cultura moral que establece una relación indisoluble entre justicia y memoria de la injusticia, de suerte que las figuras del olvido son cómplices de la injusticia. Entre las variables que un juez, también si es del Tribunal Supremo, tiene que tener en cuenta en la interpretación de la ley, la atención a las injusticias pasadas olvidadas es prioritaria porque es un deber moral. En el caso de que esa inspiración moral no haya logrado aún cambiar las leyes en ese sentido, debe condicionar la argumentación jurídica siempre en favor de dar satisfacción a las víctimas que esperan se las haga justicia. En este caso el juez Garzón está del lado de la memoria y el juez Varela, del olvido.

Reyes Mate es profesor e investigador del CSIC, autor de La herencia del olvido, premio Nacional de Ensayo.