La izquierda política y judicial se moviliza para apoyar a Garzón

Procesarle “sería el peor golpe desde el 23-F”, asegura un grupo de intelectuales

JULIO MARTÍNEZ LÁZARO – El País – 12/02/2010

La delicada situación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela está a punto de sentar en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo, multiplicó ayer las muestras de apoyo y solidaridad hacia el magistrado por parte políticos, juristas e intelectuales de izquierdas. El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, pidió respeto a las instituciones judiciales que tienen que decidir si expulsan a Garzón de la Audiencia Nacional, pero dijo que el magistrado es “un profesional decente” al que deseó “que le vaya lo mejor que le pueda ir en este trance”.

La reacción más contundente fue la del primer fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ya retirado, que en declaraciones a la cadena SER aseguró: “La extrema derecha española ha conseguido poner a su servicio a una parte de la magistratura. Es así. Seis magistrados del Tribunal Supremo y cinco vocales del Consejo General del Poder Judicial, lo cual ya es gravísimo en sí mismo”. Jiménez Villarejo atribuyó la situación de Garzón a actitudes “de recelo, de envidia, de venganza”. “Es el juez que más se ha enfrentado a ETA y a su entorno, el que más eficazmente ha combatido el narcotráfico y la delincuencia financiera. Desarticuló las cuentas secretas del BBVA en Jersey o el caso Pretoria, que alcanza a Prenafeta y Alavedra. Combatió la guerra sucia contra el terrorismo del GAL, el caso Gürtel de corrupción en el seno del PP, las dictaduras latinoamericanas… El factor determinante es que se atrevió a lo que nadie se había atrevido: a investigar las desapariciones forzadas, cien mil desapariciones”.

El coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, manifestó en nombre de toda la organización su “completa solidaridad” con el magistrado de la Audiencia Nacional y denunció la “terrible paradoja” que puede producirse si Garzón acaba siendo juzgado. Tras expresar su “escrupuloso respeto” al Tribunal Supremo, no dejó de “valorar” que se haya permitido “que llegue hasta aquí la persecución al magistrado”.

Un grupo de intelectuales, que integran escritores como Juan Goytisolo y José Manuel Caballero Bonald, entre otros, suscribieron un manifiesto de apoyo al juez Garzón en el que muestran su “preocupación” por los pasos dados por el Tribunal Supremo. El manifiesto, para el que solicitan adhesiones en la dirección de correo electrónico hemosconocidolanoticia@gmail.com, lo firman también la política y abogada Cristina Almeida, el cantautor Paco Ibáñez, los escritores Manuel Rivas y Fanny Rubio y catedráticos como el arabista Pedro Martínez Montávez o el filólogo Joan Oleza. También lo suscriben, entre otros, el sociólogo José Vidal Beneyto, el hispanista Ian Gibson, el coordinador del grupo para la recuperación de la memoria histórica Matías Alonso Blanco, el penalista Miguel Ángel Rodríguez Arias y Carmen Negrín, nieta del último presidente del Gobierno de la II República.

Los juristas e intelectuales dicen que se consideran “sentados en el mismo banquillo que el juez Garzón” y “tristemente convencidos” de que asistiremos, en palabras de Manuel Rivas, ‘al kafkiano proceso de un tribunal que encausa, en carne, a la Justicia, sufriendo con ello nuestra Democracia el peor golpe desde el 23-F”.

El juez chileno Juan Guzmán, que ha sido citado por Garzón como testigo, aseguró a la cadena SER que a él también podían haberle acusado de prevaricación, porque no aplicó un decreto de amnistía que dejaba sin investigar crímenes de lesa humanidad. “Técnicamente no podían reabrirse, pero consideré que eran ilegítimos. Así pude procesar a Pinochet en tres ocasiones y a numerosos agentes estatales y militares que hoy día cumplen pena porque hubo un juez que se atrevió a ir más allá de la normativa que impide a los jueces actuar”.

Guzmán encontró “increíble” que se quiera juzgar a jueces que investigan crímenes contra la Humanidad. “Es como una traición a la propia judicatura” prosiguió el magistrado chileno, a quien le hicieron renunciar a la carrera. “Me impidieron llegar a la Corte Suprema, el sueño de todos los magistrados para culminar su carrera judicial. Garzón es un juez de instrucción de selección, por no decir el mejor que ha habido en el mundo”.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) siguió la estela de Jueces para la Democracia y aseguró que sentar a Garzón en el banquillo por investigar los crímenes del franquismo supone “criminalizar la discrepancia jurídica”. La UPF respaldó la investigación de los crímenes contra la Humanidad porque “se ajusta completamente a la legalidad nacional e internacional”. Según los fiscales progresistas, la actuación de Garzón “de ningún modo puede considerarse jurídicamente infundada o arbitraria”, y su trayectoria profesional “no se hace acreedora a ser acusado y sentado en el banquillo por iniciativa de organizaciones relacionadas con la derecha más extrema de este país, herederas directas de algunas de las implicadas en los crímenes investigados”.

El Seminario Internacional de Derecho y Memoria Histórica de la Universidad Carlos III criticó ayer el auto del juez Luciano Varela “que desprecia la terrible realidad” de los crímenes de la dictadura franquista. “Denunciamos la resolución del juez Luciano Varela como acto contrario a la cultura democrática y a los derechos humanos”, terminan.

El proceso contra Garzón en El País ayer y hoy

“Conde-Pumpido apunta que la Fiscalía no apoyará la suspensión de Garzón

El Fiscal General del Estado recuerda que su departamento no acusa al juez en ningún proceso.- El informe no es vinculante

JULIO M. LÁZARO – El País – 10/02/2010

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Garzón convoca a juristas internacionales para que declaren a su favor

El magistrado recurre ante el Supremo el auto de procesamiento de Varela y pide que se acepten nuevas pruebas

JULIO M. LÁZARO – El País – 10/02/2010

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha interpuesto este miércoles un recurso ante el Supremo contra la decisión de Luciano Varela -el instructor de la investigación contra el magistrado por supuesta prevaricación en la causa de la Guerra Civil y el franquismo- de pedir respaldo a la Sala de lo Penal para que siga adelante el proceso. En su auto Varela atribuía a Garzón un delito sancionado con inhabilitación de 12 a 20 años.

Garzón ha solicitado que el auto de Varela quede sin efecto y ha convocado a varios magistrados internacionales y expertos en el proceso contra el franquismo para que declaren a su favor. Entre los jueces que solicita que comparezcan están Carla del Ponte -antigua fiscal jefe del TPI de la antigua Yugoslavia- , Eugenio Raúl Zaffaroni -uno de los jueces que declaró inconstitucional la ley de punto final en Argentina-, Juan Guzmán Tapia -quien abrió causa contra los responsables de la dictadura chilena-, Hugo Relva- coordinador de Justicia de Amnistía Internacional-, Sergio García Ramírez -magistrado de la Corte Internacional- y Eduardo Freile -presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones contra las leyes de punto final en Argentina-.

Garzón pide además la declaración como testigos de los magistrados de la Audiencia Nacional Ricardo Prada, Ramón Sáenz Valcárcel y Clara Bayarri, que apoyaron la competencia del magistrado para investigar los crímenes del franquismo. Incluye también en la lista al antiguo fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, al fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y a un grupo de expertos en el proceso contra el franquismo.

El magistrado de la Audiencia Nacional considera en su recurso que los argumentos del juez Varela son “insostenibles”, “incomprensibles” y sin fundamento jurídico.

Las posibilidades de que el recurso prospere son casi inexistentes, y si finalmente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no revoca la decisión, Varela preparará el juicio oral contra Garzón.

Varela aseguraba en sus 54 folios de escrito que Garzón no pretendió investigar los “horrendos crímenes” de la dictadura franquista, sino que obró “con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de las víctimas”. De acuerdo con los argumento de Varela, Garzón se extralimitó tras aprobarse la ley de Memoria Histórica al hacerse cargo del control de las localizaciones y exhumaciones de los cuerpos sin vida de las víctimas de la dictadura y además “ignoró conscientemente” la Ley de Amnistía.

La Sala de lo Penal que tendrá que decidir si respalda la petición de de Varela está formada por los jueces conservadores Juan Saavedra, Adolfo Prego, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo, y por el progresista Joaquín Jiménez, que admitieron a trámite las querellas contra Garzón del seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, de Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS.

El juez ha interpuesto el recurso un día después de que la Comisión Permanente del Poder Judicial comenzara los trámites para suspenderlo de funciones. El fiscal General del Estado, Candido Conde-Pumpido, ha apuntado hoy que el dictamen del fiscal encargado de analizaresta solicitud será negativo.

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Juristas internacionales se movilizan para testificar a favor de Garzón

La defensa impugna el “insostenible” e “infundado” auto del juez Varela

JULIO M. LÁZARO – El País – 11/02/2010

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Uno de los argumentos que el instructor de la causa contra Garzón por investigar el franquismo, Luciano Varela, usa contra el juez de la Audiencia es la no aplicación de la Ley de Amnistía, que, según Varela, le obligaba a cerrar el caso. En su nuevo recurso, Garzón propone como testigos a siete juristas de prestigio internacional para demostrar que los crímenes contra la humanidad no son amnistiables conforme a tratados internacionales suscritos por España.[…]

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Los fiscales progresistas también apoyan a Garzón

El presidente de la Audiencia Nacional cree que la ideología de los jueces puede determinar el proceso

El País – 11/02/2010

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzon, suma apoyos entre la judicatura ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo le impute por dos causas distintas y sea suspendido por el Consejo General del Poder Judicial. Si ayer el abogado del magistrado daba a conocer que juristas de gran prestigio internacional habían accedido a testificar a favor de Garzón y que la asociación Jueces para la Democracia le respaldaba, hoy ha sido la Unión Progresista de Fiscales quien ha defendido públicamente al juez.

En un comunicado, la asociación ha querido “manifestar su solidaridad y apoyo” a Garzón. En su opinión, la investigación de los crímenes del franquismo “y su consideración como crímenes contra la humanidad” es “completamente ajustada a la legalidad nacional e internacional”, por lo que la actuación del magistrado “de ningún modo puede considerarse jurídicamente infundada o arbitraria”.

Los fiscales, además, recuerdan que la iniciativa contra Garzón nace de “organizaciones relacionadas con la derecha más extrema de este país, herederas directas de algunas de las implicadas en los crímenes investigados” y finalizan: “Criminalizar la discrepancia jurídica en base a querellas palmariamente sospechosas pone en grave peligro la función jurisdiccional y la independencia judicial”.

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La asociación del instructor de la causa contra Garzón apoya al magistrado

Jueces para la Democracia expresa su “honda preocupación” por la decisión de Varela y consideran que el juez no prevaricó

El País – 10/02/2010

La asociación de Jueces para la Democracia, a la que pertenece Luciano Varela, el instructor de la causa penal contra el juez Baltasar Garzón por su actuación prevaricadora al investigar los crímenes del franquismo, ha mostrado su apoyo al magistrado de la Audiencia Nacional y ha expresado su “honda preocupación” por la decisión de Varela de pedir respaldo a la Sala de lo Penal para que siga adelante el proceso.

A través de un comunicado, la asociación ha recordado que “la causa se abrió exclusivamente a instancias de asociaciones que podrían calificarse como de extrema derecha, herederas ideológicas del franquismo”, en alusión a Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. Por ello, pese a su respeto a la independencia del Tribunal Supremo, Jueces para la Democracia ha manifestado su “opinión contraria” a que estas asociaciones utilicen el proceso penal para sentar en el banquillo al “único juez que, a instancias de familiares de desaparecidos durante la represión franquista, ha tratado de articular una respuesta procesal penal adecuada a las demandas de aquellos olvidadas durante décadas”.

La asociación señala que en el seno de la propia sala de lo penal de la Audiencia que le declaró no competente hubo “discrepancias” al respecto, por lo que concluye que la actuación del juez es “jurídicamente discutible y, por lo tanto, no opuesta frontalmente a la legalidad”. Añade, además, que la investigación llevada a cabo por Garzón no perjudicó a nadie, ya que “no existe ninguna persona o grupo que haya visto limitados sus derechos por la instrucción”, y considera que no puede llamarse “prevaricadora” a una actuación que, “acertada o equivocadamente desde una perspectiva jurídica”, trata de dar respuesta a las demandas de “las víctimas de crímenes contra la humanidad, así declarados por las Naciones Unidas en 1946, por el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo”.

Por último, la asociación ha reiterado su apoyo a las víctimas de la represión franquista y de sus familias y “a cuantas iniciativas ciudadanas se lleven a cabo para conseguir la más completa reparación de las mismas, y, en especial la apertura de las fosas diseminadas por todo el país”.

Cuánto cuento

MARUJA TORRES El País – 11/02/2010

Érase una vez un dragón muy malo, muy malo y muy pérfido. Se llamaba Garrzón, y con sus actuaciones tenía atemorizada a la gente más buena de un país muy bonito llamado Ehpaña. Esas bondadosas personas habitaban todas en la región Amnesia Bendita, que últimamente se les estaba poniendo perdida de agujeros, debido a que el dragón Garrzón usaba hollar con sus garras las calles de la ciudad, ahondando en los socavones urbanos en busca del pasado. Al dragón le acompañaba siempre en sus incursiones la pérfida bruja Memo Riaistórica, un pozo sin fondo de rencor cuyo único objetivo era sembrar el enfrentamiento y la discordia en el reino. Tampoco en el campo se veían tranquilos estos sencillos ciudadanos. Cuando salían a cazar pacíficamente jabalíes y cosas así, los antaño calmos montes, tan bucólicos -con sus fosas, comúnmente denominadas comunes, cubiertas de hierbas-, presentaban un aspecto amenazador.

Los afligidos súbditos no sabían qué hacer ni a quién acudir, y le rezaban a san Augusto Pinochet. ¿Habría algún guerrero lo bastante valeroso para oponerse al vil dragón Garrzón? ¿Podría un mercenario enfrentarse a la furia de la Bestia y de su cómplice, la Bruja? Sufrían mucho, los pobrecillos, y, por las noches, en sueños, veían un hueso por aquí, una calavera por allá, y se llevaban tremendos sustos. Habían perdido toda esperanza cuando, en el horizonte, cara al sol e impasible el ademán, aparecieron un grupo de héroes y heroínas legendarios: el justiciero Man O’Slimpias, las hermanas Liberty e Identity, y el prestigioso Falan Gespa Ñola. Mas no iban solos. Tras ellos caminaban airosamente Mary Provida, Mary Demagogia y el señor Odios, que también puede pronunciarse Ohdiós.

Las afligidas almas respiraron con satisfacción. Ahora sólo tenían que hallar, en la Justicia, a implacables justicieros como ellos. Lo más triste es que los encontraron.

Proceso exprés para suspender a Garzón

El Poder Judicial se salta los trámites habituales con el fin de acelerar el relevo del juez de la Audiencia Nacional, impulsado desde el Supremo por Luciano Varela

JULIO M. LÁZARO El País10/02/2010

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó ayer por unanimidad iniciar los trámites para suspender de funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Lo hizo sin esperar siquiera a la resolución de los recursos planteados por Garzón contra la decisión del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela de sentarle en el banquillo por investigar el franquismo y contra la admisión de una querella por no haber archivado un proceso contra el presidente del Santander.

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El Poder Judicial pregunta al fiscal si suspende a Garzón

Las dos causas que tiene el magistrado en el Tribunal Supremo podrían suponer su inhabilitación

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ El País09/02/2010

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado por unanimidad inciar el proceso de solicitud de suspensión presentada ayer contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por las causas abiertas contra él en el Tribunal Supremo referente a unas conferencias dadas en la Universidad Nueva York y la investigación de los crímenes perpetrados durante el franquismo.
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Si queréis saber más sobre la carrera y la personalidad de Baltasar Garzón, os recomiendo el reportaje de Luis Gómez y José Yoldi que salió en El País el 01/03/2009: “Van a por él“.

La aberración

Los crímenes del franquismo se vuelven contra el juez Garzón, que ha intentado investigarlos

El País (editorial) – 08/02/2010

La aberración histórica de que herederos ideológicos del franquismo sienten en el banquillo al juez que intentó investigar los crímenes de aquel régimen, a demanda de familiares de víctimas que todavía yacen en fosas comunes, lleva camino de consumarse. Como si entráramos en el túnel del tiempo o el pasado más oscuro retornara, el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, instructor de las querellas por prevaricación formuladas por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, ha concluido que hay motivos para enjuiciar a Baltasar Garzón por abrir una causa penal contra el franquismo. Ironía máxima: está pendiente de resolver otra del mismo tenor nada menos que de Falange Española.

A Garzón le queda todavía la posibilidad de apelar a la sección de la Sala Segunda del Supremo que admitió a trámite las querellas. Pero visto el tono y el contenido del auto de Varela -que más parece una sentencia condenatoria que una resolución en fase instructora-, pocas dudas caben sobre el curso del procedimiento. Las consecuencias inmediatas serían la suspensión cautelar de Garzón y su extrañamiento de la Audiencia Nacional, en la que acumula a lo largo de 23 años un ingente balance de actuaciones en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia económica.

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“Más de la mitad de los magistrados del Supremo juraron fidelidad a Franco”

Asociaciones de víctimas del franquismo aseguran que quienes prevarican son los jueces que no han investigado la aparición de restos humanos con signos de muerte violenta

NATALIA JUNQUERA El País04/02/2010

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), con representación en todas las comunidades autónomas, lamenta el auto del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, que ve motivos para juzgar a Baltasar Garzón por querer investigar los crímenes franquistas. “Se trata de una persecución que recuerda la aplicación de la ley de responsabilidades políticas con la que las autoridades de la dictadura franquista juzgaron y condenaron a miles de opositores”, aseguran en un comunicado. Y añaden: “Mienrtas el magistrado Luciano Varela continúa con su particular caza de brujas, miles de familiares de desaparecidos buscan ayuda en voluntarios”.

La ARMH cree que el Supremo puede estar a punto de causar “un gran daño a la justicia del Estado español y proyectando internacionalmente la persecución de un juez que junto a unos pocos ha tratado de investigar los crímenes de mayor gravedad que se han cometido en la historia reciente de España”. Y añaden: “Más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo juraron los principios del movimiento y fidelidad al general Franco”.

Según esta asociación, a la que los familiares de víctimas de la Guerra Civil acuden para que les ayuden a localizar a sus desaparecidos, los delitos del franquismo “no pueden considerarse amnistiados, entre otras cosas, porque antes de que se aprobara la Ley de Amnistía de 1977, el Gobierno español había ratificado el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que reconoce como derecho fundamental el acceso a la justicia para víctimas de delitos de tal gravedad” (desapariciones forzosas, torturas, ejecuciones…).

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inició hace 10 años la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Sus familiares llevaron al juez Garzón más de 130.000 nombres para pedirles que investigara las circunstancias de su muerte. A lo largo de la última década, explica la ARMB, “han sido numerosos los jueces que con evidencias han prevaricado en España al no abrir diligencia ante la aparición de restos humanos con signos de violencia”, a lo que, recuerdan, les obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. “En decenas de juzgados de distintas comunidades autónomas han incumplido conscientemente uno de sus deberes fundamentales sin que ello haya supuesto ningún tipo de sanción de los órganos de gobierno de los jueces”.

El Supremo ve motivos para juzgar a Garzón por investigar los crímenes franquistas

El juez Luciano Varela rechaza el recurso del juez de la Audiencia contra la querella que presentó Manos Limpias y a la que se sumó Falange Española.- Cabe recurso ante la Sala

JULIO M. LÁZARO El País04/02/2010

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra la admisión a trámite de la querella presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias que le acusaba de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. La Fiscalía pidió el archivo de la causa a la que se sumó posteriormente Falange Española por decisión del instructor, Luciano Varela.

Varela aprecia un delito de prevaricación de los tipificados en el artículo 446.3 del Código Penal. Para este magistrado, el juez Garzón actuó “con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de las víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, erigidos en aparente objeto del procedimiento, sabiendo que esto había sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar”. Añade que los móviles altruistas no eximen ni atenúan la eventual responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido.

En 2008, Garzón se convirtió en el primer magistrado español que atribuyó al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el régimen legalmente constituido de la República la puesta en marcha de un plan de exterminio sistemático de sus oponentes políticos y de una represión que acabó con al menos 114.266 personas desaparecidas, de las que no se ha dado razón de su paradero, y que a su juicio constituye un contexto de crímenes contra la humanidad.

En su día, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, acusó al juez de formar una “causa general” para investigar y enjuiciar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, circunstancia que, a su entender, violenta las reglas y límites del proceso penal.

Pese a ello, la Fiscalía se ha pronunciado en varias ocasiones contra la admisión a trámite de la querella y por su archivo. El ministerio Público alegó que la instrucción del juez del Supremo Luciano Varela ha sido “inquisitiva” e “injustificadamente retardada” y que veía “absolutamente sorprendente” que pudieran ser vehículos de una prevaricación judicial dos resoluciones “diametralmente opuestas”: el auto por el que Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo, y su contrario, es decir, aquel en el que decide inhibirse al entender que la competencia corresponde a los juzgados de las localidades donde se encuentran las fosas de fusilados de la Guerra Civil.

El juez Varela recaba el respaldo del Supremo para liquidar a Garzón

El instructor anticipa que le llevará a juicio para inhabilitarle hasta 20 años

JULIO M. LÁZARO El País04/02/2010

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Foto: El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En la foto superior, el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela.- I. IRAGO / S. SÁNCHEZ

El juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela dio ayer el paso previsto y definitivo para acabar con la carrera del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En un auto de 54 folios, que tiene la textura de una genuina sentencia condenatoria, Varela atribuye a Garzón un delito de prevaricación (artículo 446.3 del Código Penal), castigado con inhabilitación de 12 a 20 años, por querer investigar los crímenes del franquismo. Y anticipa que si la Sala de lo Penal del Supremo no revoca su decisión, preparará el juicio oral. Aunque el auto de Varela se puede impugnar ante el propio instructor y ante la sala que admitió la querella de Manos Limpias, las posibilidades de que el recurso prospere son prácticamente nulas.

La resolución desestima la petición de sobreseimiento formulada por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, y por el fiscal del Supremo, Luis Navajas. Pero, en contra de la práctica habitual, Varela declina transformar el procedimiento en abreviado y abrir la fase de juicio oral y se mantiene a la espera, hasta que el Supremo convalide su auto. Fuentes judiciales explicaron que con esa maniobra procesal, Varela persigue la complicidad de la Sala Penal a fin de compartir con otros cinco magistrados la gravedad de la medida que supone suspender de funciones al magistrado Baltasar Garzón y expulsarle de la Audiencia Nacional. El juez del Supremo tampoco ha resuelto aún sobre la efectiva incorporación de Falange Española de las JONS al procedimiento.

Varela ha concluido sus ocho meses de investigaciones “sin encontrar datos que hayan alterado los hechos”, pero sostiene que Garzón no pretendió en realidad investigar los “horrendos crímenes” del franquismo, sino que “actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de las víctimas”.

El “hecho justiciable” establecido por Varela consiste en que, una vez aprobada la ley de Memoria Histórica de 2007, Garzón decidió en 2008 superar la limitación que dicha ley imponía e intentó “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar” del franquismo. Según el instructor, Garzón sabía que los crímenes del franquismo habían sido objeto de amnistía “por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar”.

El instructor del Supremo asegura que los “móviles altruistas” que hubiera podido tener Garzón, “como el encomiable deseo de paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos crímenes” -los crímenes son “horrendos” al menos en cuatro ocasiones- “no eximen, ni siquiera atenúan, la responsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido”.

En su tono habitual, entre faltón y engolado, Varela descalifica la “ignorancia inexcusable” de Garzón sobre la Ley de Amnistía, “tan jurídicamente grosera que no merece mayor comentario”. Critica después que Garzón “enfatice” que nunca antes se habían investigado los crímenes del franquismo, como exigiría el marco jurídico internacional al que España pertenece. Como si nos encontráramos, apostilla Varela, “ante una conspiración de silencio de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el del ministerio fiscal…”.

El auto también contiene errores, alguno de bulto: Varela atribuye a Garzón una providencia fechada el 29 de octubre de 2008 revolviendo sobre diversas peticiones de exhumaciones. En realidad, la providencia la dictó el juez Santiago Pedraz, porque Garzón se encontraba recuperándose de una intervención quirúrgica sufrida el día anterior.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lamentó ayer la “resistencia” del Supremo a archivar la causa contra Garzón y criticó al instructor Luciano Varela por no asumir los postulados del Derecho Público Internacional que consideran inaplicables las leyes de Amnistía. La asociación subrayó que “más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo juraron los Principios del Movimiento y fidelidad al general Franco”.

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La vergüenza de la impunidad

Los crímenes del franquismo siguen sin castigo. Y aunque la Audiencia Nacional debería investigarlos, el Estado español sigue sin implicarse y continúa fomentando el olvido como la mejor forma de reconciliación

LYDIA VICENTE Y ALICIA MORENO El País – 01/02/2010

Haciendo uso del legítimo derecho de acceso a la justicia, los familiares de víctimas de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo presentaron denuncias ante la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 buscando una respuesta unitaria de los tribunales españoles que acabara con la inseguridad jurídica e indefensión que les suponía el peregrinaje al que estaban siendo sometidos por los juzgados territoriales. La propia Ley 52/2007, de la Memoria Histórica, a pesar de sus obstáculos, determina con claridad que los derechos y previsiones contenidas en la ley son plenamente compatibles con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia, conforme a las normas internas y los convenios internacionales suscritos por España. Y es que el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos a conocer la verdad pasa necesariamente -así lo dice el Derecho Internacional- por la existencia de un proceso judicial.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha resaltado, entre sus principales áreas de preocupación incluidas en su informe remitido al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2009, que en demasiados países las personas que tienen derecho a denunciar casos de desapariciones forzadas ante una autoridad independiente y competente todavía no han logrado que sus denuncias sean investigadas sin dilación y de forma imparcial y exhaustiva.

En España, la mayoría de los tribunales territoriales ha venido aplicando la Ley 46/1977, de Amnistía, la prescripción de los delitos y la irretroactividad de la norma penal para así no tener que investigar. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -que declaró la incompetencia de esa sede para conocer de los hechos denunciados- tuvo la inmejorable oportunidad para pronunciarse sobre tales cuestiones de fondo pero evitó hacerlo poniendo de relieve la incomodidad de aclarar si pueden o no aplicarse tales mecanismos de impunidad.

Por otro lado, la admisión a trámite por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de la querella por prevaricación que se sigue frente al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, el magistrado-juez Baltasar Garzón, por haber incoado aquellas diligencias, muestra no sólo una preocupante perturbación del derecho internacional (que forma parte del derecho español, ver art. 10, en relación con los art. 95 y 96 de la Constitución), sino que incide de lleno en la obligación de proteger a las víctimas e impartir justicia que intentaba abordar el juez querellado.

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