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Méndez: “Estamos ante una vergüenza histórica”

Más de mil personas asisten a un acto de UGT y CC OO en defensa de Garzón.- Cospedal acusa a los sindicatos de antidemocráticos y Jiménez Villarejo responde que las imputaciones son “un golpe brutal contra la democracia”

NATALIA JUNQUERA – El País – 13/04/2010

Acto en defensa del juez Garzón

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, saluda a Gervasio Puerta, presidente de la Asociación de Ex-presos y Represaliados Políticos Antifranquistas, durante el acto de defensa del juez Garzón.- ULY MARTIN

“Las querellas interpuestas contra Garzón persiguen injustamente al juez por otras actuaciones judiciales, como la instrucción del caso Gürtel. Es una vergüenza histórica”. Unas mil personas, más las que no han podido acceder por falta de espacio, han abarrotado el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid para asistir al homenaje UGT y CC OO han tributado al juez de la Audiencia Nacional, imputado en tres causas por el Tribunal Supremo. En una declaración conjunta, ambas centrales han dejado claro el trasfondo político, en su opinión, del acoso al juez.

Multitudinario acto de apoyo a Baltasar Garzón en la Complutense

Decenas de asistentes, entre los que se encuentran las Madres de la Plaza de Mayo, han apoyado a Garzón en la Complutense. Muchos ni siquiera han podido entrar al anfiteatro.- ULY MARTÍN

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, se ha mostrado sorprendido en su discurso de que las querellas contra el juez provengan “de organizaciones que deberían ser ilegales”. La declaración conjunta añade que los impedimentos judiciales que el Supremo impone al magistrado habrían hecho “imposible el proceso de Nüremberg contra los nazis”. Las reacciones políticas al acto no se han hecho esperar. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, lo ha calificado de”disparate” y “atentado contra la democracia” que trata de “presionar” al juez Luciano Varela, el magistrado del alto tribunal que ha firmado los autos más duros contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo y que, en opinión de la número dos del PP, “ejerce su magistratura de acuerdo con la ley”.

“Si estuviera afiliada a un sindicato”, ha continuado en una entrevista en Telemadrid, “para mí sería una vergüenza que mis representantes se dedicaran a actuar contra la democracia de esta manera tan absolutamente disparatada”. El acto ha arrancado a las 11.30 tras la inauguración de su rector, Carlos Berzosa, quien ha defendido vehementemente la convocatoria. Además, han asistido el coordinador general de IU, Cayo Lara, y su diputado, Gaspar Llamazares, el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, que encabeza el manifiesto Una memoria sin fronteras en defensa del juez, y el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que ha iniciado su intervención entre el aplauso cerrado de todos el público asistente. También han acudido el presidente del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Óscar Iglesias, y el embajador en misión especial para proyectos en el marco de la Unión Europea (UE), Carlos Carnero.

Respuesta a Cospedal

En su intervención, Villarejo ha acusado a los magistrados del Supremo de dar “un golpe brutal a la democracia española convirtiéndose en instrumento de expresión del fascismo español”. Antes de comenzar la protesta, Llamazares ha respondido a Cospedal al asegurar que “es un acto democrático y perfectamente lícito en defensa de la honestidad de un juez”. El político asturiano ha acusado a la secretaria general del PP de tener “su propia noción de la legalidad” y ha rematado: “Le encantaría vetar e incluso prohibir todo con lo que no está de acuerdo”.

El propio Berzosa se ha sumado a las críticas a Cospedal al asegurar que “el atentado sería que no pudiéramos celebrar este acto”. El rector de la UCM ha asegurado no que no entiende “por qué Cospedal dice que es un atentado a la democracia que la gente se reúna y exprese libremente”. Además, ha defendido que se celebre en la Universidad porque esta debe ser “un foro abierto a la libertad de expresión”. Por su parte, otro de los asistentes al acto, el historiador Ian Gibson, ha asegurado que la persecución que sufre Garzón es un “acto de cobardía que demuestra el miedo terrible a afrontar el genocidio”.

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Más movilizaciones

Con esta convocatoria se inicia una serie de movimientos en apoyo de Garzón que encabezará la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras asociaciones de memoria, que convertirán la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, en el número 49 de la madrileña calle de San Bernardo, en una especie de cuartel general desde el que defenderán al magistrado y su causa contra el franquismo.

A partir de esta tarde, y en principio hasta el día 22, cuando está previsto que se reúna el Consejo General del Poder Judicial para estudiar la posible suspensión del juez, el recinto académico acogerá conferencias sobre la memoria histórica, testimonios de familiares de víctimas y la proyección de varios documentales sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura.

Entre otras actividades, está previsto que familiares de desaparecidos y fusilados lean en voz alta el auto del 16 de octubre de 2008 por el que el juez Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. También se procederá a recoger firmas en apoyo del magistrado

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Más de 1.000 personas denuncian “la vergüenza histórica” del proceso a Garzón

Zapatero pide “respeto” para el Supremo y también para quienes expresan su apoyo a Garzón

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Cospedal arremete contra los sindicatos por apoyar a Garzón

UGT y CCOO convocan un acto para defender al magistrado con la presencia de la izquierda política y educativa.- Ian Gibson, sobre la persecución al juez: “es un acto de cobardía que demuestra el miedo terrible a afrontar el genocidio”

NATALIA JUNQUERA – El País – 13/04/2010

El acto de apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, imputado en tres causas por el Tribunal Supremo, que han convocado hoy los sindicatos UGT y CCOO ha sido tildado por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de”disparate” y “atentado contra la democracia” que trata de “presionar” al juez Luciano Varela, el magistrado del alto tribunal que ha firmado los autos más duros contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo y que, en opinión de la número dos del PP, “ejerce su magistratura de acuerdo con la Ley”.

“Si estuviera afiliada a un sindicato”, ha continuado en una entrevista en Telemadrid, “para mí sería una vergüenza que mis representantes se dedicaran a actuar contra la democracia de esta manera tan absolutamente disparatada”.

El acto tendrá lugar a las 11.30 de hoy en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, y lo inaugurará el propio rector, Carlos Berzosa. Además, asistirán el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, el coordinador general de IU, Cayo Lara, y su diputado, Gaspar Llamazares, así como el ex presidente de la Generalitar, Pasqual Maragall, que encabeza el manifiesto Una memoria sin fronteras en defensa del juez.

Antes de comenzar la protesta, el diputado de Izquierda Unida Gaspara Llamazares ha respondido a Cospedal al asegurar que “es un acto democrático y perfectamente lícito en defensa de la honestidad de un juez”. El político asturiano ha acusado a la secretaria general del PP de tener “su propia noción de la legalidad” y ha rematado: “Le encantaría vetar e incluso prohibir todo con lo que no está de acuerdo”.

El propio Berzosa se ha sumado a las críticas a Cospedal al asegurar que “el atentado sería que no pudiéramos celebrar este acto”. El rector de la UCM ha asegurado no entender “por qué Cospedal dice que es un atentado a la democracia que la gente se reúna y exprese libremente”. Además, ha defendido que se celebre en la universidad porque esta debe ser “un foro abierto a la libertad de expresión”.

Por su parte, otro de los asistentes al acto, el historiador Ian Gibson, ha asegurado que la persecución que sufre Garzón es un “acto de cobardía que demuestra el miedo terrible a afrontar el genocidio”.

Con esta convocatoria, se inicia una serie de movimientos en apoyo de Garzón que encabezará la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras asociaciones de memoria, que convertirá la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, en el número 29 de la madrileña calle de San Bernardo, en una especie de cuartel general desde el que defenderá al magistrado y su causa contra el franquismo.

A partir de esta tarde, y en principio hasta el día 22, cuando está previsto que se reúna el Consejo General del Poder Judicial para estudiar la posible suspensión del juez, el recinto académico acogerá conferencias sobre la memoria histórica, testimonios de familiares de víctimas y la proyección de varios documentales sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura.

Entre otras actividades, está previsto que familiares de desaparecidos y fusilados lean en voz alta el auto del 16 de octubre de 2008 por el que el juez Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. También se procederá a recoger firmas en apoyo del magistrado.

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Las vueltas de la historia

Mario Wainfeld- Página 12 -Martes, 13 de abril de 2010

“Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón”
Antonio Machado

Una vez ganada la guerra civil, el franquismo tomó una decisión brutal, apropiarse de los hijos de muchas mujeres republicanas presas, muertas o a punto de ser condenadas a muerte. La fundamentó en perversas teorías psicologistas: considerando a los marxistas “psicópatas antisociales”, “segregarlos de sus madres desde la infancia ahorraría una plaga a la sociedad”. Dicho y hecho, miles de familias fueron privadas de la patria potestad, que se endosó al Estado. Decenas de miles de niños, quizá centenares de miles, fueron “resocializados” en orfanatos creados al efecto y, eventualmente, entregados en adopción borrando todos los datos de su familia de origen. Todo se legisló, urdiéndose una pesada trama burocrática y pseudoasistencial.

En España, aún hoy día, poco se conoce sobre el asunto, memorablemente narrado en el libro Mala gente que camina, de Benjamín Prado. Es una novela inusual, que combina elementos ficcionales con una formidable investigación. Prado es novelista, ensayista, poeta, periodista. Hasta letrista, colaboró en las letras de las canciones del último disco de Joaquín Sabina. El año pasado presentó Mala gente… en la Feria del Libro de Buenos Aires. En varias entrevistas, burla burlando, dijo que una de sus finalidades era aliviar de culpas a los argentinos: “Quiero contaros que vuestra dictadura no inventó nada”.

Ironías (y diferencias de implementación) aparte, bastante de eso hay. La violación de derechos humanos es una constante expandida en varias latitudes, potenciada en el siglo XX. También el surgimiento de una justicia universal que saltea fronteras para impedir la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

Baltasar Garzón fue pionero en esa brega, aunque no su inventor. Para el movimiento de derechos humanos argentino, las causas abiertas por ese magistrado fueron un catalizador, un impulso llegado de ultramar que revitalizó la gesta contra la impunidad en nuestro territorio.

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Hiperactivo y bastante solitario, Garzón encarnó una proeza persiguiendo a represores de este rincón del mundo. Contaba con pocos “fierros”, siendo apenas juez de primera instancia. Pero su tarea movilizó a víctimas, organizaciones nobles y militantes, abogados tan comprometidos como creativos. Ese inesperado colectivo litigó en España, abriendo ventanas en la formidable lucha de los movimientos de derechos humanos argentinos.

En un alarde de coraje y prepotencia de trabajo, Garzón arrestó a Augusto Pinochet en Londres, tras escribir sus fundamentos con la sola cooperación de un empleado de su juzgado en una noche febril.

Las réplicas primeras de los gobiernos argentino y chileno fueron deplorables. Por acá, bajo el mandato de dos presidentes argentinos, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, brotó un nacionalismo de opereta, pretendiendo poner fronteras al derecho de gentes. Entre tanto, se glorificaba la globalización y se permitía el despliegue irrefrenable de los mercados del mundo. Los flujos financieros no requerían pasaporte ni aduana, pero eso sí: la Argentina devino un aguantadero para represores genocidas. Para colmo de inconsecuencias, se lo justificaba con una retórica chauvinista que apestaba a naftalina. Y a complicidad.

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Los escenarios han cambiado, en España y en Argentina. Tras vicisitudes (y con enormes bretes aún) se abrieron procesos por los crímenes de la dictadura. En su patria, Garzón está siendo asediado por una avanzada de la derecha, que tiene aliados transversales en cierta sedicente progresía. Como explicó con minucia y garbo el colega Martín Granovsky el domingo pasado en Página/12, el señor juez no se privó de nada. Puso en el banquillo a los criminales sudamericanos, a la ETA, a los GAL prohijadas por Felipe González, a terroristas islámicos. En los últimos tiempos pateó dos hormigueros domésticos. Uno fue la corrupción del Partido Popular, consagrada en el apodado caso Gürtel que está hoy día a punto caramelo, enlodando a la flor y nata del centroderecha hispano.

Además, consistente con su prédica para otras comarcas, Garzón interpretó que la Ley de Amnistía de su país no ampara los delitos contra la humanidad, imprescriptibles e imperdonables por vía de pretensas leyes. Develar los crímenes del franquismo fue un reto al silencio y a las componendas de décadas. Una coalición amplia y mediocre busca revancha: quiere juzgar al juzgador, condenarlo penalmente, privarlo de su cargo. Esa pelea está desplegándose y la solidaridad internacional tiene algo que hacer. Desde estas pampas, sumarse es un deber de gratitud.

La batida contra Garzón no es, tan solo, un ajuste de cuentas personal. Frena las causas contra los crímenes del franquismo. Los corsi y ricorsi de la historia validan la movida que se hará mañana, de la que se da cuenta en la nota central de estas páginas. La doctrina que ha recorrido el mundo se postulará ante los tribunales locales, a quienes se recabará que apliquen la ley universal.

Carlos Slepoy, el abogado argentino que representó a muchas víctimas en España, definió lo que se viene como “una devolución a Garzón”. Abrir los tribunales argentinos para evitar la inmunidad de crímenes afrentosos es un rizo de la historia, también un modo justo de pagar una deuda. ¿Encontrarán los demandantes un magistrado de la talla de Baltasar Garzón? Parece muy difícil, aun tomando en cuenta su personalismo y algunos errores, propios de quien hace tanto.

¿Encontrará el reclamo, al menos, jueces que se hagan cargo de lo que es legal y digno? No es seguro, no es imposible, sería justo y necesario.

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Canción de apoyo a Garzón

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=_Y796aK1qcw]

«Yo estoy con Garzón»: el juez ya tiene quien le cante

12 Abril 2010 – La Razón

    Un dúo madrileño compone una canción de apoyo al juez y a las víctimas de la dictadura. La letra de la canción apunta a que los cantantes están con Garzón “como el mundo entero” y tienen el corazón “con los que perdieron”.

    El dúo madrileño Unomasuna ha compuesto una canción en apoyo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y a las víctimas de la dictadura franquista titulada ‘Yo estoy con Garzón’. Su intención es rendir un “particular homenaje musical a las víctimas de la   dictadura, que muchos años después de la muerte de Francisco Franco   todavía no han logrado obtener justicia”, señalan.

    Se trata de una canción con tintes latinos compuesta para la ocasión por Unomasuna (formado por Rafael Sánchez y Carolina Muñoz). El estribillo de la canción apunta a que los cantantes están con Garzón “como el mundo entero” y tienen el corazón “con los que   perdieron”.

    Asimismo, la letra alude a la querella interpuesta contra el juez   por el sindicato Manos Limpias por prevaricación manifestando que ‘huelen mal’ “esas manos que dicen tener tan limpias”.  La letra completa de la canción es la siguiente: “La Falange y Manos limpias denuncian al juez Garzón el Supremo lo aprovecha delirante acusación  quieren cobrarse las deudas vengarse de quién metió  el dedo en la llaga infecta de un silencio que mató. Por los desparecidos y enterrados en las fosas  tornar olvido en recuerdo donde hay huesos sembrar rosas  así no se cura el odio ni se cierran las heridas que mal huelen esas manos que dicen tener tan limpias”.

    Estribillo

    “Yo estoy con Garzón como el mundo entero tengo el corazón ay mi niña con los que perdieron.  Lo siento por esos jueces honestos de este País  que hicieron de su carrera un camino pa construir  esto no se entiende fuera es un insulto a la razón a la memoria de tantas familias y a su dolor. Mi gente, los sueños  las luces que se apagaron un día en ti se prendieron  nos duele, da rabia  por eso ha nacido este canto que nuestra boca dispara”.

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    Efecto boomerang

    Página 12 – Oscar Guisoni – Martes, 13 de abril de 2010

    No está solo Baltasar Garzón en su batalla judicial por haber intentado juzgar a los responsables de la dictadura franquista. Los familiares de las víctimas del general Franco presentaron ayer una querella contra el juez Luciano Varela –que instruye la causa contra Garzón– y contra el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, el tribunal que lleva la causa y que ha rechazado todos los recursos interpuestos por la defensa del magistrado acusado. Los familiares creen que estos dos jueces están cometiendo el delito de prevaricación, el mismo del que está acusado Garzón, porque actúan a sabiendas de estar violando los tratados internacionales firmados por España que declaran imprescriptibles los delitos de lesa humanidad como los cometidos por la dictadura española que ensangrentó el país entre 1936 y 1975.

    Han sido precisamente dos las organizaciones de víctimas del franquismo las encargadas de presentar las querellas: las asociaciones de Memoria de Mallorca y de la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña. Y fue la coordinadora de Colectivos de Víctimas Franquistas, Llani Alvarez, quien se encargó de llevar la documentación ayer al alto tribunal madrileño y leer luego el comunicado a la prensa, en el que se afirma que sentar a Garzón en el banquillo de los acusados supone “un ataque frontal a las víctimas” de la dictadura. En la presentación judicial, las asociaciones sostienen que el juez Varela cometió delito, ya que comenzó el proceso a Garzón “a sabiendas de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y las Convenciones contra el genocidio y las desapariciones forzadas firmados por España impiden la aplicación de ningún tipo de amnistía a los crímenes de genocidio y lesa humanidad”. La querella contra Saavedra está amparada en que denegó a las víctimas presentarse en el juicio contra Garzón y rechazó todos los recursos interpuestos por la defensa del juez.

    Con este episodio recrudece la campaña legal y también política que se está desarrollando en torno del proceso contra Garzón, un escándalo judicial internacional del que no cesa de hablar la prensa mundial, para desconcierto de algunos españoles que parecen sorprendidos por la gran popularidad del juez en el extranjero. Un reflejo de la inquietud que el proceso está despertando en la ciudadanía es el crecimiento exponencial de las páginas que apoyan a Garzón en las redes sociales. Sólo en Facebook, una de ellas, Un millón de firmas para apoyar al juez Garzón, pasó de los 10 mil a los 98 mil adherentes en apenas cuatro días. Desde estas redes ha surgido una convocatoria independiente a manifestarse el próximo 24 de abril en las principales ciudades españolas. En YouTube apareció incluso un emotivo video grabado por un grupo musical llamado Unomasuna que ha registrado una pegadiza canción que dice “Yo estoy con Garzón/ como el mundo entero/ tengo el corazón, mi niña/ con los que perdieron”.

    En las webs de los grandes periódicos nacionales las noticias vinculadas con el proceso contra Garzón han sido las más comentadas y leídas durante las últimas semanas y son un verdadero muestrario de las opiniones encontradas que despierta el juez entre los españoles. Mientras una gran mayoría de los lectores se manifiestan sorprendidos por un proceso que huele demasiado a venganza política y a reafirmación de viejos poderes que se creían muertos y enterrados, una parte minoritaria pero significativa de la población sigue creyendo que el magistrado cometió un gran error al intentar juzgar al franquismo y reproduce algunos viejos clichés de la ultraderecha que despiertan verdadero pavor, como los que afirman que “el general Franco impidió que se instalara una dictadura comunista” y que “los rojos bien muertos están”.

    De hecho, una de las principales preocupaciones de las asociaciones de víctimas de la dictadura es la sensación de impunidad a la que han quedado expuestas y el recrudecimiento de los discursos ultraderechistas en la sociedad avalados por el status que el Tribunal Supremo les ha otorgado a Falange, JONS y al sindicato ultra Manos Limpias al reconocerlos como parte principal en la acusación contra Garzón, al tiempo que se les niega a las asociaciones de los represaliados ejercer su defensa. “No entendemos cómo es posible que un seudosindicato de extrema derecha y una organización, Falange –representantes ideológicos de aquellos que perpetraron la mayoría de los crímenes contra la Humanidad cometidos entre el 17 de julio 1936 y el 20 de noviembre de 1975–, puedan tener todavía representación legal ante las administraciones democráticas”, expresaron ayer en el comunicado con el que acompañaron el inicio de las querellas contra los jueces que están sentando a Garzón en el banquillo.

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    La justicia universal, ahora de Argentina a España

    Hace trece años, Baltasar Garzón hizo lugar a los planteos para juzgar los crímenes de las dictaduras argentina y chilena. El abogado Carlos Slepoy, que motorizó esa causa basado en la jurisdicción universal, impulsa que se devuelva el favor investigando al franquismo.

    Página 12 – Laura Vales – Martes, 13 de abril de 2010

    Elías García Holgado era alcalde y diputado provincial en Salamanca cuando, en 1936, fue encarcelado por el franquismo, que lo fusiló un año más tarde. Severino Rivas era también alcalde, de la localidad de Castro Rei, en Lugo; lo fusilaron en 1936 y su cuerpo permaneció desaparecido hasta el 2005, cuando su hijo, luego de larga búsqueda, consiguió que fuera identificado en una fosa común. Estos dos crímenes serán los casos iniciales con los que mañana, en los tribunales federales de Comodoro Py, se presentará una denuncia para que la justicia argentina, aplicando el principio de jurisdicción universal, investigue el genocidio cometido en España por el régimen de Francisco Franco.

    La demanda es la primera que busca que un tribunal argentino aplique el principio de justicia universal. Hasta ahora, la Argentina ha sido beneficiaria de esta herramienta, que permitió que jueces de España –como Baltasar Garzón– e Italia iniciaran investigaciones contra represores argentinos, abriendo allá causas que fueron claves para impedir la impunidad cuando acá los juicios estaban frenados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero todavía no se ha dado la situación inversa, es decir que en la Argentina se investiguen crímenes cometidos fuera del territorio nacional, pero que por su gravedad, por tratarse de crímenes contra la humanidad, habilitan el uso del principio de la jurisdicción universal.

    En apoyo a Garzón

    La idea de presentar en Buenos Aires una denuncia contra los crímenes del franquismo nació luego de que sectores de la derecha española lograron frenar la investigación que había iniciado el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes cometidos por la dictadura de Franco. Garzón terminó enfrentando además un proceso por prevaricato, ya que lo acusaron de haber dictado a sabiendas una resolución injusta. El argumento con el que fue acusado es que la amnistía dictada en España en el ’77 exoneró de responsabilidad penal a quienes durante el franquismo cometieron delitos con intencionalidad política. Garzón sostiene que ninguna amnistía puede amparar crímenes contra la humanidad, pero por el momento ha quedado no sólo frenado, sino bajo una ofensiva para destituirlo (ver aparte).

    La iniciativa de abrir en la Argentina una causa por los crímenes del franquismo –para evitar su impunidad y como modo de respaldo a Garzón– fue traída a Buenos Aires por el abogado Carlos Slepoy, argentino radicado en España y representante en Madrid de familiares de víctimas de la dictadura.

    Slepoy es uno de abogados que ha trabajado en la construcción del razonamiento jurídico que sostiene a la demanda. “Los tribunales de cualquier parte del mundo tienen legitimidad para juzgar a estos criminales”, dijo a Página/12. El abogado da la impresión de esperar que el camino sea fácil y sin tropiezos; sabe que el caso deberá encontrar un juez dispuesto a aplicar el principio de justicia universal. “Necesitamos un Garzón argentino”, sintetizó ante este diario en alusión a que un magistrado le ponga el cuerpo a la causa.

    El escrito, que ya está terminado, está caratulado como una denuncia “por genocidio y/o delitos de lesa humanidad” y “por la comisión de delitos de homicidio, torturas, privación ilegal de la libertad calificada y otros”. En su primera parte cuenta cómo sucedieron los crímenes de los alcaldes Rivas y García Holgado. Por estos dos casos, que funcionarán como el puntapié inicial, se presentarán dos familiares como querellantes. Uno es Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro Rey. Rivas, que vive en la Argentina, hoy tiene 91 años. La otra querellante es Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, que tiene otro tío abuelo fusilado y un tío desaparecido.

    Además de estos homicidios puntuales, la demanda pide que se tome como período de investigación a todo el franquismo, desde el 17 de julio de 1936 (un día antes del alzamiento de Franco) hasta el 15 de julio de 1977, cuando se realizaron las primeras elecciones democráticas en España. Es decir que solicita que se investigue el genocidio.

    Incluye también un relato sobre el contexto histórico y la interpretación de que ocurrió un genocidio, en el sentido de que la dictadura de Franco tuvo una planificación sistemática para eliminar a determinados grupos de la sociedad.

    “Habrá más denuncias”

    La pregunta es ¿hay imputados vivos? Eso parece imposible para crímenes cometidos, como con los alcaldes, en 1936. “Si se investiga hasta el ’77 hay criminales vivos. Ex ministros, jefes del ejército y de otras fuerzas armadas”, asegura Slepoy, quien confía en que por esto “mucha gente” va a presentarse “para traer su denuncia”.

    El equipo que patrocinará la querella se completa con los abogados locales David Baigún –director del posgrado de Derecho Penal de la UBA–, Máximo Castex, Ricardo Huñis y Beniuz Szmukler.

    El trabajo clave de este equipo será el de fundamentar por qué en la Argentina puede aplicarse el principio de la jurisdicción universal. Slepoy señala que “está en la Constitución Nacional, en su artículo 118”. Este artículo habla de los crímenes que se cometan “fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes”, y establece que el Congreso es quien debe decidir qué tribunal debe juzgarlos. “El Congreso ha establecido que sean los juzgados federales”, apunta Slepoy. También recordó que la Comisión Internacional de Derechos Humanos “dictó resoluciones en el ’98 y 2003 instando a los países de América a que ejerzan la jurisdicción universal”.

    “Son crímenes que están impunes, lo que habilita a otra nación que se sienta ofendida o que entienda la necesidad de que se haga justicia a pedir su investigación”, agregó ayer su colega Máximo Castex. “En el caso de Rivas, por ejemplo, es una persona grande que logró recobrar los restos de su padre en el año 2005, a través de una exhumación que hizo él por cuenta propia; él cada vez que viajaba a España sentía esta necesidad de lograr justicia. Hay que pensar que estamos frente a una historia de 110 mil desaparecidos; hay mucha gente que todavía no sabe dónde están los cuerpos de sus familiares”.

    Un dato impactante es el interés que mostraron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales argentinas para sumarse a la causa como querellantes. Entre los que quieren presentarse a querellar están la Central de Trabajadores Argentinos y la Federación Gallega y la mayoría de los organismos: Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la APDH, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Todavía no está claro si todos van a poder hacerlo, ya que depende de que en sus estatutos tengan un objetivo que los habilite legalmente. Desde España vendrán representantes de la Asociación para la Memoria Histórica de España, considerada la más importante de aquel país trabajando en el tema.

    La denuncia se presentara en los tribunales federales en la mañana del miércoles. Ese mismo día, los querellantes darán una conferencia de prensa en la Asociación de Abogados de Buenos Aires que ayer homenajeó a Slepoy (foto). Darío Rivas e Inés García Holgado, los dos primeros querellantes, estarán entre los presentes para contar la historia de sus familiares y pedir justicia, 74 años después.

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    Movilización en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo

    Una demanda plantea dos casos de asesinato en la Guerra

    SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ – El País – 13/04/2010

    La posibilidad de que la Cámara Federal aplique el principio de la jurisdicción internacional y acepte que se abra juicio por dos casos concretos de asesinatos cometidos durante la Guerra Civil española mantiene en vilo al mundo jurídico argentino y al relacionado con los derechos humanos. La demanda se presentará el miércoles, apoyada por decenas de organizaciones y pretende también servir de apoyo al magistrado español Baltasar Garzón.

    “Es inaudito e inexplicable que se pretenda inhabilitar a Garzón por haber intentado investigar en España hechos parecidos”, aseguró ayer uno de los abogados implicados en la preparación de la demanda, Carlos Slepoy. Garzón cuenta con la admiración y devoción de los grupos de defensa de los derechos humanos en Argentina, agradecidos por los procedimientos que abrió en España contra el dictador chileno Augusto Pinochet y contra varios acusados de torturas y desapariciones durante la dictadura militar argentina.

    La eventualidad de que un tribunal federal considere que los dos asesinatos cometidos durante el franquismo están comprendidos en la figura jurídica del genocidio y que, por tanto, no prescriben y pueden ser juzgados por los jueces de este país se presenta ante muchos argentinos como la posibilidad de “devolver” el favor a España. Un sector importante de la sociedad argentina mantuvo lazos históricos con la República española y el país acogió a miles de refugiados y exiliados al fin de la Guerra Civil.

    Los abogados que llevarán directamente el caso, entre ellos Beinusz Smukler, ex miembro del Consejo de la Magistratura Nacional, muy conocido por su implicación en organismos de recuperación de la memoria histórica, confían en que los dos casos concretos que van a presentar darán origen rápidamente a una auténtica bola de nieve, igual que ocurrió cuando el propio juez Garzón puso en marcha los procedimientos judiciales contra Pinochet. Según Smukler, ha sido la paralización en España de las actuaciones por los crímenes del franquismo lo que ha incentivado el avance de la querella ante la Justicia argentina.

    Esta sería la primera vez en que la Cámara Federal decidiera aplicar directamente el principio de jurisdicción internacional, lo que ya ha provocado una intensa polémica en medios jurídicos sobre la importancia de los precedentes existentes en otros países. Los impulsores de la demanda consideran que tanto la Constitución argentina como una ley posterior contienen fundamentos jurídicos que permiten juzgar un delito cometido fuera del territorio argentino.

    La demanda que se presentará mañana, en un acto que se espera sea multitudinario, pedirá que se investiguen crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 (un día antes del alzamiento militar organizado por el general Franco) y el 15 de julio de 1977, fecha en la que se celebraron las primeras elecciones democráticas de la Transición.

    En condiciones normales, el juez de la Cámara Federal que reciba el caso (distribuido por sorteo) podría tardar entre 20 y 30 días en decidir si acepta la demanda o no. Contra su fallo existiría la posibilidad de presentar recurso. Un fallo positivo sería acogido en los organismos de defensa de los derechos humanos con júbilo, no sólo por su importancia como precedente jurídico sino, y muy especialmente, por el respaldo simbólico que recibiría el juez Baltasar Garzón.

    “Nadie comprende en Argentina que se pretenda inhabilitar al juez que más ha hecho por perseguir los crímenes de las dictaduras”, asegura Slepoy. La mayoría de los medios de comunicación argentinos se han hecho eco estos días del desprestigio que puede estar sufriendo la Justicia española, sometida públicamente a todo tipo de presiones. “Esperamos que el juez Garzón sea exonerado de cualquier responsabilidad, pero si no fuera así plantearíamos la posibilidad de que los jueces del Tribunal Supremo español estuvieran cometiendo, ellos sí, prevaricación”, se indigna el abogado argentino.

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    Descendientes de españoles

    La demanda que se presentará mañana se centra en dos casos y estará firmada por dos descendientes de españoles, que nunca abandonaron la idea de encontrar los restos de sus deudos y de llevar ante la justicia a los responsables de sus asesinatos. Darío Rivas, de 91 años, hijo del que fuera alcalde de Castro de Rei (Lugo), fusilado el 29 de octubre de 1936 y enterrado en una cuneta de Portomarín, logró encontrar el cuerpo en 2005, y ahora reclama que se investigue su muerte. Inés García Holgado, abogada, responsable del blog Justicia y Memoria, nunca pudo hallar los restos de un tío suyo y pide que se abra una investigación sobre su desaparición.

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    Familiares de víctimas inician un maratón de apoyo al juez

    N. JUNQUERA – El País – 13/04/2010

    La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica convertirá la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense, en el número 29 de la madrileña calle de San Bernardo, en una especie de cuartel general desde el que defenderá al juez Baltasar Garzón y su causa contra el franquismo. A partir de mañana, y en principio hasta el día 22, cuando está previsto que se reúna el Consejo General del Poder Judicial para estudiar la posible suspensión del juez, el recinto académico acogerá conferencias sobre la memoria histórica, testimonios de familiares de víctimas y la proyección de varios documentales sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura.

    Entre otras actividades, está previsto que familiares de desaparecidos y fusilados lean en voz alta el auto del 16 de octubre de 2008 por el que el juez Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. También se procederá a recoger firmas en apoyo del magistrado.

    Hoy también se celebra en la Facultad de Medicina de la Complutense un acto en defensa de Garzón convocado por UGT y CC OO al que está previsto que asista el ex presidente catalán Pasqual Maragall, que encabeza el Manifiesto por una memoria sin fronteras contra el acoso al juez.

    La Asociación Libre de Abogados aseguró en un comunicado que el juez Garzón “cumplió con su obligación” y acusa el Supremo de “colocar a las víctimas a merced de los verdugos”. La ALA “muestra su repulsa contra el auto de procesamiento” del magistrado “por lo que conlleva de retroceso en la lucha contra la impunidad” de aquellos que violaron sistemáticamente derechos fundamentales.

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    “Imaginación creativa” o delito permanente de derecho internacional

    La Justicia europea ha restringido leyes de amnistía sobre crímenes universales

    NATALIA JUNQUERA – El País – 13/04/2010

    El instructor del caso por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, sostiene que fue la “imaginación creativa” del juez de la Audiencia la que le llevó a declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, cuarteando así “principios esenciales del Estado”. Pero el derecho y la jurisprudencia internacional de tribunales como el Europeo de Derechos Humanos muestra que Garzón no es, ni mucho menos, el único juez que ha restringido la aplicación de leyes de amnistía para juzgar delitos como las desapariciones forzadas, los asesinatos masivos o el secuestro sistemático de niños. Otros jueces han interpretado también que la inexistencia de los responsables de un crimen (por fallecimiento o porque se hallaran en otro país) no exime a la justicia del deber de ofrecer una tutela judicial a las víctimas

    Más de una treintena de Estados se han planteado este debate jurídico en los últimos años a la hora de revisar su pasado más trágico para destapar los crímenes cometidos en guerras o dictaduras, reparar a sus víctimas y condenar a sus verdugos.

    – Los argumentos de Garzón. El 16 de octubre de 2008, el juez Garzón se declara competente para investigar lo que considera un plan sistemático de exterminio de rojos por parte de Franco, es decir, un crimen contra la Humanidad. Argumenta que los secuestros con desaparición de personas -lo que hacían los falangistas cuando iban a buscar a sus casas a las víctimas para darles el paseo– son delitos permanentes hasta que no se averigüe su paradero y por tanto, ni prescriben ni pueden ser amparados por una ley de amnistía. Garzón considera responsables a Franco y a otros 34 generales y ministros y solicita sus certificados de defunción. Reclama al Ministerio del Interior la identificación de los máximos dirigentes de Falange entre 1936 y 1951 y autoriza 19 exhumaciones solicitadas por las asociaciones, entre ellas, la de la fosa de Lorca.

    – La ley de Amnistía (1977). El artículo primero de la ley afirma que quedan amnistiados: “Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976. Todos los actos de la misma naturaleza realizados entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, cuando en la intencionalidad política se aprecie además un móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de autonomías de los pueblos de España. Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en el párrafo anterior realizados hasta el 6 de octubre de 1977, siempre que no hayan supuesto violencia grave contra la vida o la integridad de las personas”.

    – El Derecho internacional. La desaparición forzada es un delito de ejecución permanente, que sigue cometiéndose mientras se mantenga la detención o desaparición. Así lo recoge Naciones Unidas en su Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada por España: “Todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. Y así lo ha aplicado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la hora de restringir leyes de amnistía cuando se ha ocupado de casos de desapariciones forzadas, por ejemplo cuando confirmó en 2009 la condena de la justicia francesa al mauritano Ely Ould Dah por torturas pese a que éste no estuvo presente en el proceso y pese a una ley de amnistía en Mauritania.

    – Argentina, Chile y Marruecos. Argentina anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto final (similares a una amnistía), juzgó y condenó a los represores de la dictadura (1976-1983). En Chile, los represores han sido juzgados y condenados. El Gobierno creó una comisión de investigación de los crímenes cometidos durante la época de Pinochet. Las primeras excavaciones de fosas comunes comienzan durante la dictadura de Pinochet (1973- 1990), lideradas por la Iglesia. Familiares de más de 3.000 ejecutados y de casi 30.000 torturados reciben pensiones económicas y servicios gratuitos. En Guatemala también han sido juzgados ex militares por desapariciones forzadas durante la guerra entre 1960 y 1996. El Estado corre con los gastos de las exhumaciones en cementerios clandestinos e indemniza a las víctimas. Cuenta con el apoyo de la Iglesia.

    En Marruecos, el rey Mohamed VI creó el equivalente a una comisión de la verdad para investigar las desapariciones, detenciones, torturas, violaciones y ejecuciones cometidas entre 1956-1999. La comisión recomendó en sus conclusiones pedir perdón a las víctimas, que sí fueron indemnizadas. Suráfrica reconoció los terribles crímenes en audiencias públicas. No juzgó a los culpables. Estableció medidas de compensación económica para las víctimas, difíciles de cumplir en el contexto de pobreza del país.