Familiares de víctimas piden a la justicia argentina que juzgue los crímenes de Franco

Presentarán una querella por genocidio en un tribunal de Buenos Aires.- Asociaciones de memoria se querellarán el lunes contra el juez Varela por prevaricación

NATALIA JUNQUERA El País 09/04/2010

No se conforman. Paralizada su causa en la Audiencia Nacional y procesado por prevaricación el juez que la abrió, Baltasar Garzón, los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo están dispuestos a pedir justicia en Argentina. Esta tarde se reunirán con asociaciones de defensa de los derechos humanos, como las Abuelas de la Plaza de Mayo, y con abogados en Buenos Aires para perfilar la querella que presentarán el próximo miércoles en los juzgados federales de Argentina por genocidio y crímenes contra la humanidad.

“Nos basamos en los mismos principios por los que Garzón juzgó desde España la dictadura argentina y la chilena: la jurisdicción universal”, ha explicado a EL PAÍS Carlos Slepoy, abogado argentino, especialista en temas de Justicia Universal y premio internacional de Derechos Humanos 2008. “En España se han paralizado las investigaciones sobre los crímenes del franquismo y los tribunales argentinos pueden intervenir para frenar esa impunidad”.

La querella abarca el periodo comprendido entre la Guerra Civil y el último día de la dictadura de Franco. De ser admitida a trámite, los querellantes solicitarían un listado completo de todos los dirigentes de Falange -uno de los grupos que ha sentado a Garzón en el banquillo-, la Guardia Civil, el Ejército y los Gobiernos franquistas que continúan vivos para depurar responsabilidades. Además, pedirían a modo de pruebas el censo de víctimas y desaparecidos, el mapa de fosas comunes halladas en España y toda la documentación recabada por el juez Baltasar Garzón cuando decidió investigar los crímenes del franquismo.

De momento acuden a los tribunales argentinos Darío Rivas, un gallego exiliado en Buenos Aires, hijo de fusilado durante el franquismo, a modo particular, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica o las Abuelas de la Plaza de Mayo, entre otros, pero Slepoy cree que la presentación de la querella el miércoles será una especie de convocatoria “para que se sumen muchas personas más”.

En Argentina hay muchos familiares de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, hijos de exiliados, que pueden sumarse a esta iniciativa, aunque asociaciones argentinas de defensa de derechos humanos están dispuestas a presentarla aunque no los hubiera, como acusación particular, porque la legislación argentina permite esta fórmula.

“Creemos que tenemos muchas posibilidades de que esta querella sea admitida a trámite, porque se basa en los mismos principios que permitieron juzgar la dictadura argentina. Muchos familiares de desaparecidos, fusilados y torturados podrían venir a declarar ante el juez”, ha añadido Slepoy.

Querella contra el juez Varela

Por otra parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y la de Baleares han anunciado que el lunes presentarán una querella criminal por prevaricación contra el magistrado Luciano Varela, instructor del proceso contra el juez Garzón. Basándose en las resoluciones de Varela denuncian su “falta de imparcialidad”, su “animadversión a Garzón” y “la vulneración de leyes internacionales basándose en la Ley de Amnistía”, según ha explicado Manuel Perona, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña.

Martín Pallín: “Es asombroso que los genocidas persigan al juez”

Familiares de víctimas del franquismo aplauden a Garzón en un homenaje a los 3.000 fusilados en la tapia del cementerio de La Almudena

NATALIA JUNQUERA El País10/04/2010

El magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín en el acto por las víctimas del franquismo- CRISTÓBAL MANUEL

Cerca de 200 familiares de víctimas del franquismo han homenajeado esta mañana a los 3.000 fusilados del cementerio de La Almudena, en Madrid, frente a la tapia donde fueron ejecutados. Lo han repetido en los últimos cuatro años, pero este, explicaban, ha sido el aniversario más triste, por el procesamiento del juez que quiso investigar los crímenes que muchos de ellos habían denunciado: la tortura, asesinato o desaparición de sus seres queridos.

“No sé si voy a poder superar la emoción”, advertía, al iniciar su intervención, el magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. No pronunció su nombre, pero todos entendieron que se refería al juez Baltasar Garzón. “Estamos ahora ante un episodio judicial triste, pero pase lo que pase, han conseguido el efecto contrario. Yo viajo mucho: a Bolivia, Ecuador, México, Ginebra, Argentina… y en todos esos sitios me preguntan: ¿Qué pasa en España? Están asombrados. Y no sólo ellos, que pueden ser cercanos a nuestros ideales. Editoriales de los periódicos de otros países también llaman la atención sobre algo asombroso: cómo los genocidas están tratando de perseguir al juez que pretendió poner en marcha los mecanismos del derecho internacional. Esperemos que lo que ha empezado mal sólo termine regular”, dijo, visiblemente emocionado.

Tomás Montero, coordinador de la asociación Memoria y Libertad, ha leído un manifiesto en nombre de los familiares de las víctimas del franquismo en Madrid en el que advertía: “Estamos aquí para recordarle a la sociedad que tiene una deuda pendiente con quienes defendieron sus valores más nobles, pero también para distinguirnos de quienes hoy comparten la irracionalidad de sus asesinos”. Los familiares han agradecido “la confianza, la mirada generosa y firme” del juez Garzón y añadido que “resulta imprescindible juzgar el genocidio franquista para conquistar nuestro futuro”.

El acto ha arrancado con versos del poeta Miguel Hernández recitados por la actriz Amparo Climent y concluido con el canto de la Internacional. Al terminar, los familiares se despedían recordándose unos a otros la necesidad de acudir a los próximos actos de apoyo al juez Baltasar Garzón.

Garzón recurre su proceso, en el que ve motivaciones ideológicas

El juez asegura que la doctrina expuesta por el magistrado del Supremo es contraria a Derecho

NATALIA JUNQUERA El País10/04/2010

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recurrido hoy ante el Tribunal Supremo (TS) el auto del magistrado del Alto Tribunal Luciano Varela del pasado miércoles por el que le anticipaba que le sentará en el banquillo por su “imaginación creativa” al declararse competente para juzgar los crímenes del franquismo. El recurso, que el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha presentado ante la sala de lo penal del TS, alega que la doctrina expuesta en el último auto de Varela “es contraria a Derecho e impone un serio riesgo para la independencia judicial”.

“El espíritu del auto” de Varela, según Garzón, “tiene más que ver con el intento de imponer a unos subordinados jerárquicos una determinada interpretación normativa”. “Parece como si lo que se quisiera es zanjar el inocultable debate jurídico de fondo [si la ley de amnistía impide juzgar los crímenes del franquismo] con una decisión que, de paso, termine con la tentación de abrirlo en el futuro”, añade.

El magistrado alega que “han sido motivaciones ideológicas las que han movido a ciertas organizaciones y grupúsculos marginales [en referencia Falange y Manos Limpias] a ejercer una acción penal” contra él “para denunciar un delito que ni la Fiscalía ni la sala de lo penal en pleno de la Audiencia Nacional habían advertido”. Y añade: “Habríamos esperado que este excelentísimo tribunal valorarse estas espurias motivaciones a la hora de no prestar crédito a tal persecución ideológica.”

Garzón acusa al juez instructor de “vulnerar clara y decisivamente” su derecho a la defensa al denegar todas las diligencias de prueba que ha solicitado, como la declaración de los jueces de Granada y El Escorial que, como él, entendieron que la Audiencia Nacional era la competente para juzgar los crímenes del franquismo; la del historiador Ricardo Vinyes, para constatar la existencia de la denuncia sobre el secuestro organizado de niños; la de los propios denunciantes o la petición de antecedentes de otros procesos penales similares en Argentina, Alemania, Italia, Francia o Estados Unidos…

Con estas pruebas, el magistrado pretende demostrar que cuando decidió investigar los crímenes del franquismo lo hizo “con la ley en la mano”, amparado por normas como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (suscrito y vigente en España) que aplica, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando impone la interpretación restrictiva de las leyes de amnistía.

Por todo esto reclama al juez instructor que admita las diligencias solicitadas en su pasado escrito del 9 de febrero y que acuerde seguidamente el archivo de la causa por prevaricación.

Cospedal sobre Garzón

Sin citar explícitamente al juez Garzón, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha subrayado que “los primeros que tienen obligación de cumplir la ley son los jueces” y ha instado al Gobierno “a no intentar engañar a los ciudadanos” explicando “de quién viene o va a venir una demanda”, informa Efe.

Recurso del juez Garzón ante el Supremo

DOCUMENTO (PDF – 56,89Kb) – 10-04-2010

La prensa internacional muestra su estupor

El País – Madrid – 10/04/2010

La prensa extranjera dedica grandes titulares y editoriales a Garzón. Éstos son algunos de ellos.

The New York Times: “Una injusticia”. “Los verdaderos delitos son las desapariciones, no la investigación del juez. Si, como parece, se trataban de crímenes contra la humanidad, la amnistía de 1977 no podía absolverlos”, dice el diario estadounidense en su editorial Una injusticia en España. Describe a Garzón como un juez “valiente y controvertido” que “se ha creado muchos enemigos”. “Su objetivo sistemático ha sido rechazar la impunidad de los poderosos y expandir los derechos humanos”, por lo que “debe retomar el trabajo lo antes posible”. “España necesita una explicación de su problemático pasado y no una persecución de aquellos que tienen el valor de reclamarla”.

The Economist: “Franco debe estar riendo en su tumba”. “Francisco Franco debe estar riéndose en su tumba. El intento de Baltasar Garzón, famoso por sus cruzadas contra las violaciones de los derechos humanos, de investigar las atrocidades de Franco va a acabar en juicio, pero contra el propio Garzón”, recoge el semanario británico.

Le Monde: “Admirado mundialmente”. El diario francés también recoge la noticia del procesamiento del juez, “conocido y admirado mundialmente desde que ordenó en noviembre de 1998 el arresto del ex dictador Augusto Pinochet”. Y recuerda que entre los asuntos que ha seguido el juez “se encuentran los más sensibles, como el terrorismo de ETA o la corrupción”.

The Guardian: “La justicia española, a juicio”. El diario británico cree que la causa refleja “dos serios defectos de la España contemporánea”. El primero: “La existencia de una justicia muy politizada y profesionalmente incompetente”. El segundo: “La eterna y no resuelta cuestión del puesto de Franco en la memoria colectiva española”.

Jueces, fiscales y víctimas de Franco se movilizan contra el proceso a Garzón

Familiares de desaparecidos quieren reabrir en Argentina el caso de la memoria

MANUEL ALTOZANO / NATALIA JUNQUERA El País10/04/2010

Demostrar que la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar las atrocidades del franquismo es una cuestión jurídicamente discutible, pero en ningún caso un delito de prevaricación. Ése es el objetivo del comunicado difundido ayer por las dos principales asociaciones de la izquierda judicial española -Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales-, que consideran “doloroso e injustificable” el proceso abierto al juez Garzón por investigar los crímenes de la dictadura. Esa investigación, además, podría reactivarse en los próximos días. Pero no en España, sino en Argentina. Familiares de víctimas quieren reabrir la causa en los tribunales de Buenos Aires, hacer “lo mismo que hizo Garzón en España con las dictaduras argentina y chilena”, aclara el abogado que les representa, Carlos Slepoy.

El comunicado de jueces y fiscales progresistas -suscrito también por Magistrados Europeos para la Democracia y las Libertades y por la Federación Latinoamericana de Jueces por la Democracia- señala a la Sala Penal del Supremo como responsable del “resurgir de los valores del franquismo” y sostiene, en contra de lo defendido por el juez Varela, instructor del caso contra Garzón, que “cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional no puede ser un hecho delictivo”.

“Hoy se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo y los defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados a un juez que se había comprometido en la lucha por los derechos humanos”, sostiene el comunicado, que recuerda que la democracia “no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la dictadura”. El hecho de que esos crímenes no hayan tenido respuesta judicial, continúa, “resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países mientras miraba hacia otro lado respecto de los crímenes cometidos en España”.

Respecto de la ley de memoria histórica -el Supremo afirma que Garzón intentó orillarla- aseguran que “no ofrece una solución satisfactoria para las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, como así fue denunciado por aquellos a quienes se dirigía”.

La nota la suscriben a título particular algunos de los jueces que ratificaron la competencia española para investigar el franquismo, como el magistrado de la Audiencia Nacional Ramón Sáez; la única juez que ordenó la apertura de una fosa, Tania Chico; o Miguel Ángel Martín, juez de Palencia que siguió adelante con la investigación una vez que Garzón cedió la causa a juzgados locales.

En Argentina, Slepoy presentará el miércoles una querella por genocidio y crímenes contra la humanidad que abarca el periodo entre la Guerra Civil y el final de dictadura y se basa en los principios de jurisdicción universal. “La ley nos permite que pidamos frenar la impunidad en España”, aseguró el letrado, que tiene intención de pedir un listado “de todos los dirigentes de Falange [una de las querellantes contra Garzón], de la Guardia Civil, el Ejército y el Gobierno franquistas que continúan vivos para depurar responsabilidades”. También reclamarán, a modo de prueba, el censo de víctimas y desaparecidos, y el mapa de fosas comunes halladas en España, así como toda la documentación recabada por Garzón en su investigación.Entre los querellantes está Darío Rivas, un gallego de 90 años exiliado en Buenos Aires e hijo de un fusilado por el franquismo.

Además, la Asociación para la Recuperación Histórica de Cataluña y la de Baleares presentarán el lunes ante el Supremo una querella por prevaricación contra el magistrado Luciano Varela. Denuncian, apoyándose en las propias resoluciones de Varela, su “falta de imparcialidad”, su “animadversión a Garzón” y la vulneración de leyes internacionales.

El martes se celebrará en la Facultad de Medicina de la Complutense un acto de apoyo al juez convocado por CC OO y UGT, al que asistirá, entre otros, Pasqual Maragall. El ex presidente catalán, enfermo de alzheimer, encabeza el Manifiesto por una memoria sin fronteras.

El ministro de Fomento, José Blanco, declaró ayer sobre el proceso a Garzón que no le gustaría que “los falangistas ganaran de nuevo la batalla”.

Apoyo a Garzón

Lunes 12. Querella contra el juez Varela por prevaricación.

Martes 13. Acto de apoyo convocado por CC OO y UGT en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense (11.30 h.)

Miércoles 14. Querella en Argentina contra el genocidio franquista.

Jueves 15. Encierro de familiares de víctimas.

An Injustice in Spain

The New York Times – Editorial – 08/04/2010

Spain’s best-known investigative magistrate, Baltasar Garzón, is now being prosecuted in a politically driven case that should have been thrown out of court.

Judge Garzón is charged with ignoring a 1977 amnesty law when he decided to investigate the disappearances of more than 100,000 people during Spain’s 1930s civil war and the decade of Francoist repression that followed. The charges were brought by two far-right groups who fear an open investigation of the Franco-era record. Unfortunately, one of Mr. Garzón’s fellow magistrates sustained the complaint and brought formal charges this week.

As a result, he will now be suspended from his duties pending trial. If convicted, he could be barred from the bench for up to 20 years, effectively ending a career dedicated to holding terrorists and dictators accountable for their crimes. That would please his political enemies, but it would be a travesty of justice.

The real crimes in this case are the disappearances, not Mr. Garzón’s investigation. If, as seems likely, these were crimes against humanity under international law, Spain’s 1977 amnesty could not legally absolve them. The suspected perpetrators are all dead, and Mr. Garzón long ago halted his investigation, passing jurisdiction to local Spanish courts in the areas where the victims were exhumed.

Mr. Garzón is a fearless and controversial prosecutor who has made many enemies over the years. He has brought cases against Basque and Al Qaeda terrorists, powerful Spanish politicians, Latin American dictators and Russian mafia thugs.

High-profile cases, like his bid to try the former Chilean dictator Augusto Pinochet, appeal to him, and sometimes he overreaches. But his consistent goal has been to deny impunity to the powerful and expand the scope of international human rights law.

Mr. Garzón should be allowed to resume that work at the earliest possible date. Spain needs an honest accounting of its troubled past, not prosecution of those who have the courage to demand it.

Garzón, Prego y el Valle de Franco

Félix PoblaciónPúblico – 08/04/2010

Ahora que ante la perplejidad y reprobación de los más cualificados medios de información internacionales tenemos al juez Baltasar Garzón camino del banquillo por haber intentado investigar los crímenes del franquismo, a requerimiento de los familiares de las víctimas enterradas sin sepultura en las fosas comunes y cunetas de España, es momento de recordar al magistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego Olvier, ponente del auto que admitió a trámite la querella de Falange Española contra el juez.

Sabemos, porque se publicó en su día, que Prego fue patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española, que puso a caldo el Estatut de Cataluña y la política antiterrorista de Zapatero durante la primera legislatura. Que Prego firmó asimismo un manifiesto en contra de la Ley de Memoria Histórica, en consonancia con su criterio de que la Guerra Civil no la motivó la sublevación franquista sino la llamada Revolución de Octubre de 1934, por lo que el golpe franquista fue una contrarrevolución.

Pero lo que más nos debe llamar la atención, ahora que una inhabilitación de hasta veinte años puede pesar sobre Baltasar Garzón, son los artículos suscritos por don Adolfo en la revista Altar Mayor de la Hermandad del Valle de los Caídos, en cuyo faraónico escenario, construido por presidarios republicanos en durísimas jornadas de trabajo, están enterrados el general dictador y el máximo dirigente de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.

La Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura cifra en 33.847 los restos documentados de víctimas del conflicto, todos pertenecientes al bando sublevado. Junto a ellos pueden hallarse entre 15.000 y 40.000 víctimas republicanas sin identificar, cuyos huesos fueron trasladados en los años sesenta a Cuelgamuros, sin permiso de sus familiares, después de haber sido desenterrados de las fosas comunes en que se encontraban.

Lo que el juez Baltasar Garzó ha pretendido, y por lo que se le va a sentar en el banquillo, es reparar la dignidad y la memoria de tantos muertos sin nombre, muchos de ellos víctimas de la vesania falangista, a quienes los vencedores propinaron como última y más grave ofensa la de ser enterrados junto a los máximos cabecillas de sus verdugos.

Sobre esa oscura memoria, insólita en el mundo, ¿cómo se puede pregonar, según reza el artículo primero de la Hermandad del Valle de los Caídos, que su fundación obedece al propósito de mantener vivo el mensaje de paz y reconciliación que pregona el grandioso símbolo cristiano erigido en Cuelgamuros? ¿Será porque visitó la basílica el cardenal Joseph Ratzinger en 1989?

Un caso para la historia universal de la infamia

Marco Schwartz – Público – 08/04/2010

En unos hechos que pasarán a la historia universal de la infamia, un magistrado del Supremo, Luciano Varela, pide sentar en el banquillo al juez Baltasar Garzón por haber intentado abrir una causa contra los crímenes del franquismo. El magistrado considera que Garzón cometió prevaricación y, para que no queden dudas sobre la gravedad de la ‘ofensa’, tipifica el delito en su vertiente más severa (artículo 446.3 del Código Penal), que supondría la inhabilitación del juez por 12 a 20 años, en lugar de aplicar el artículo 447, de “imprudencia grave”, que reduce el castigo a entre dos y seis años.
El verdadero delito de Garzón fue intentar desanudar el legado franquista del “atado y bien atado”, para lo cual utilizó todos los recursos y plazos jurídicos a su alcance hasta que, atendiendo las órdenes de la Audiencia, se inhibió de la causa y remitió el expediente a los juzgados ordinarios concernidos. Con posterioridad, dos organizaciones de ultraderecha promovieron contra el juez la querella que ahora amenaza con hundir su carrera. Y esto sucede mientras la Falange, uno de los acusadores, continúa montando con total impunidad actos de enaltecimiento de la dictadura.

El auto del magistrado Varela constituye una advertencia tajante a todo juez que pretenda husmear en los crímenes del franquismo: en la España del siglo XXI existen aún líneas rojas que no se pueden cruzar. Alemania pudo juzgar el nazismo porque Hitler perdió la guerra. En España, Franco ganó, mandó durante casi cuatro décadas y, por lo visto, continúa victorioso 35 años después de su muerte. Una ley preconstitucional de aministía aún funciona como muro contra la verdad y la justicia. Algo falla en una democracia donde cabe semejante afrenta y humillación.

Querella contra Luciano Varela por prevaricación

Asociaciones por la memoria presentarán el escrito el lunes

Luciano Varela, a su llegada ayer al Tribunal Supremo. – EFE

PERE RUSIÑOL – Público – 09/04/2010 08:00

El proceso contra Baltasar Garzón por querer investigar el franquismo vivirá el lunes un capítulo imprevisto que aspira a alterar el final anunciado: varias asociaciones de víctimas presentarán ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el juez instructor, Luciano Varela. El escrito se basa en buena parte en la propia doctrina del magistrado.

Las asociaciones de víctimas habían explorado ya varias vías para tratar de influir en una causa que, de prosperar, no sólo supondría un mazazo para Garzón, sino sobre todo para sus aspiraciones de justicia y reparación.

Las víctimas han presentado ya recusaciones de magistrados como Adolfo Prego ponente del auto de admisión a trámite de la causa contra Garzón y firmante de un manifiesto contra la memoria histórica, han denunciado al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra y han acudido al Tribunal Constitucional pidiendo ampara para que se les acepte en la causa y la paralice mientras delibera al respecto. Pero todavía no habían ido contra el elemento central del proceso que ha armado todo el argumentario de la causa: el mismo juez instructor.

El lunes, sin embargo, las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña y Mallorca, presididas por Manuel Perona y Maria Antònia Oliver, respectivamente, tienen previsto registrar en el Tribunal Supremo una querella contra Varela por prevaricación. El escrito, de 40 folios, toma como base el auto del 3 de febrero redactado por el magistrado en el que mantiene abierta la causa contra Garzón y, aplicando los criterios definidos por el propio Varela en una sentencia de 2009, deduce que el magistrado ha prevaricado.

“Creemos que se está prevaricando y los efectos son terribles para nosotros: el proceso dejaría desamparados a las víctimas y a sus familiares”, advierte Perona. Y añade: “Estamos aterrorizados ante la posibilidad de que quiera cerrarse el periodo cuando aún hay miles de desaparecidos. Da la impresión terrible de que las víctimas vuelven a ser juzgadas”.

Errores en el auto

La querella, que quedará abierta a adhesiones de otras entidades, subraya algunos errores del auto de Varela que le sirvieron a éste para argumentar jurídicamente su decisión: por ejemplo, recalca que Garzón respondió a las quejas del Consejo General del Poder Judicial en una fecha distinta a lo que señala el auto. O insiste en que Garzón no firmó una providencia clave que en cambio el auto sí le atribuye.

El documento trata de demostrar que el juez instructor ya tenía tomada la decisión de ir adelante con el caso y que toda su argumentación sería consecuencia de esta determinación inicial. Por eso le atribuyen prevaricación: por desdeñar todo lo que no facilite su supuesto objetivo y amplificar lo que lo facilite, por irrelevante que sea desde el punto de vista jurídico.

En el primer caso se enumeran todos los tratados internacionales que España ha suscrito y que le obligan a investigar los crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio por mucho que aprobara en 1977 la Ley de Amnistía, además de interpretaciones sobre esta norma del propio Constitucional.

En el segundo, se señala entre otros el absurdo de basar parte de la argumentación contra Garzón en su disonancia con la fiscalía cuando ésta se opone igualmente a sentar en el banquillo al magistrado.