El magistrado del Supremo, que deniega las pruebas solicitadas por el juez, sugiere a la Sala Penal una condena de hasta 20 años de inhabilitación
JULIO M. LÁZARO – El País – 07/04/2010
El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela sentará al juez Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación que habría cometido al abrir una causa por las desapariciones del franquismo sin contar con competencias legales. Varela ha transformado las diligencias en un procedimiento abreviado y da un plazo a las partes (Manos Limpias, Falange Española de las JONS y Libertad e identidad) para formular un escrito de acusación. El auto admite recurso, aunque todos los presentados hasta la fecha han sido rechazados por el Supremo y su interposición no paralizaría el proceso.
En su resolución, el juez instructor Varela no se priva incluso de “calificar”, anticipándose a las partes, el delito de Garzón como el de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal -dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho-, con lo que viene a sugerir a la Sala Penal del Supremo que imponga una condena de 10 a 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y hasta dos años de multa. Varela prefiere la calificación más grave a la de la modalidad imprudente del artículo 447 que reduciría la pena a un máximo de dos a seis años de inhabilitación. En un apartado final de su escrito, Varela describe de la forma más parecida posible a los fundamentos de una sentencia los “múltiples motivos” que califican de “opuestas al ordenamiento jurídico” las decisiones de Garzón.
“Intentó asumir el control de las exhumaciones”
Según este anticipo de sentencia, Garzón, tras recibir siete denuncias de asociaciones de víctimas del franquismo, decide incoar un procedimiento criminal “sin determinar su concreto objeto y congelando de facto su tramitación”. Tras aprobarse la Ley de Memoria Histórica, y pese al informe en contra del Ministerio Fiscal -toda la instrucción de Varela ha contado también con la oposición del fiscal-, Garzón “intentó asumir el control de las localizaciones y exhumaciones” de las víctimas del franquismo. “Consciente de su falta de competencia”, insiste Varela, “construyó una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento penal”, que fue rechazado por la Audiencia Nacional. “Privado, por decisión expresa de la Audiencia Nacional, del control de las exhumaciones, el querellado puso fin a la tramitación del sumario, lo que pretendió justificar por la acreditación del fallecimiento de los que él mismo había identificado como eventuales responsables criminalmente de los hechos”.
Antes de dictar sentencia, el instructor rechaza toda las pruebas pedidas por Garzón, como las declaraciones de juristas internacionales y de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional. En concreto, deniega el testimonio de juristas internacionales que declaren sobre la perseguibilidad de los crímenes contra la Humanidad al porque sería una “desconsideración” a la Sala Penal del Supremo y a los letrados de las acusaciones “acudir a la opinión de otros juristas”.
El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha manifestado que recurrirá la transformación del procedimiento en abreviado directamente en apelación ante la Sala por considerar inútil hacerlo ante el propio instructor. En su recurso impugnará la denegación de las pruebas, insistirá en que la sala no ha contestado a los argumentos de su anterior recurso de apelación y discutirá que la sala no contestase a sus argumentos para no contaminarse, puesto que, en su opinión, ya está “contaminada”.
A partir del momento en que las partes reciban todas las actuaciones, disponen de un plazo común de diez días para solicitar la apertura del juico oral. El recurso de Martínez-Fresneda no interrumpe la tramitación de la causa, por lo que Falange Española de las JONS y Manos Limpias ya pueden ir presentado sus escritos de acusación. Si la sala rechaza, como es previsible, el recurso de Martínez-Fresneda, éste dispondrá de un corto plazo para formular su escrito de defensa y después será Varela quien decrete la apertura del juicio oral, a solicitud de las acusaciones. Una vez se abra el juicio oral, sería el momento en que el Consejo del Poder Judicial decrete la suspensión de funciones del juez.
La defensa de Garzón estima que el proceso irá más rápido a partir de ahora, para aprovechar que están “vivos” los otros dos procedimientos contra el magistrado. En principio, el recurso que formule ahora puede estar resuelto en un par de semanas, y en un mes podría haber ya fecha para celebrar el juicio contra el magistrado de la Audiencia Nacional, al tiempo que se recrudecen los procedimientos por los cursos impartidos en Nueva York y las escuchas telefónicas del caso Gürtel. La decisión Varela de sentar en el banquillo a Garzón ha coincidido precisamente con el levantamiento del secreto del caso Gürtel .
Querella ultraderechista
El jueves 16 de octubre de 2008, Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo en tanto que crímenes contra la Humanidad. Sin embargo, el 27 de mayo de 2009 el Tribunal Supremo admitía a trámite una querella presentada contra el magistrado por el sindicato ultraderechista Manos Limpias en la que le acusaba de prevaricación por excederse en sus competencias, querella a la que luego se han sumado, con el beneplácito del tribunal, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS.
En este caso, los fiscales han mostrado dos caras. Por un lado, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional se opuso contundentemente a que Garzón investigara los crímenes cometidos durante el franquismo. Sin embargo, cuando el Supremo admitió a trámite la querella de Manos Limpias la fiscalía del alto tribunal se posicionó en contra de la denuncia.
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Los grupos de derechos humanos de Argentina renuevan su apoyo a Garzón
La decisión de la justicia española de sentar en el banquillo de los acusados al juez Baltazar Garzón por investigar los crímenes del franquismo apenas repercutió en los medios de comunicación de Argentina, pero los organismos de derechos humanos de este país recordaron su solidaridad con quien investigó los delitos de la última dictadura argentina (1976-1983) a fines de los 90, en tiempos en que los tribunales locales apenas se ocupaban de ellos. En los últimos meses, se habían acumulado los respaldos de estas entidades a Garzón.
El premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, escribió un artículo titulado Garzón, un Juez cuestionado por una pandilla de jueces, en la que manifestaba que “el juez Garzón es incómodo para quienes pretenden ocultar la verdad y mantener la impunidad jurídica, y buscan destituirlo para evitar que investigue los crímenes de lesa humanidad provocados por el franquismo”.
Las Abuelas de Plaza de Mayo expresaron en un comunicado “su adhesión a la actuación profesional” del juez de la Audiencia Nacional. Señalaron la investigación del terrorismo de Estado “conforma una asignatura pendiente del Estado español” y destacaron que Garzón “desde hace años colabora en el avance de la conciencia de la humanidad respecto de la necesidad de sanción de esta clase de crímenes, sean cuales fueren el territorio y la época en que se cometieron”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recordó la carta abierta que recientemente había redactado junto a juristas, abogados, jueces, académicos y defensores de derechos humanos de distintas nacionalidades en defensa de Garzón. La misiva concluía así: “Esperamos que la máxima de Quevedo ‘donde hay poca justicia es un peligro tener razón’ pueda ser invertida para que haya en España mucha justicia y mucha razón, que permita a las víctimas ser resarcidas en sus derechos y jueces como Baltasar Garzón ser apoyados en sus actuaciones a favor del cumplimiento de las obligaciones de España frente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para bien del pueblo Español, pero de la humanidad en su conjunto”.
A. REBOSSIO
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Auto del juez Varela por el que abre procedimiento abreviado a Garzón
