Desde que Jorge Manrique escribiera las Coplas de pie quebrado a la muerte de su padre, la elegía es seguramente el género más aceptado de nuestro bagaje cultural. Los pueblos conjuran desde antiguo la muerte con el canto por los que se han marchado y hasta los animales tienen maneras que un zoólogo podría explicar para compartir ritualmente la muerte de sus iguales. En nuestra cultura contamos con grandes elegías-río que han pasado a formar parte de la literatura: el Arcipreste de Hita, Espronceda, García Lorca, Miguel Hernández, León Felipe o Luis Cernuda inmortalizaron a Trotaconventos, Teresa, Sánchez Mejías, Ramón Sijé y otros.
No existe idioma sin plantel elegíaco, no hay democracia que no cante a sus muertos de guerra, pues ellos sacralizan el espacio común. Por eso es triste que la elegía pendiente de nuestras víctimas del franquismo y su reparación por parte de la Justicia puedan acabar en un borrón que difumina ciento catorce mil nombres de desaparecidos en las cunetas de nuestra tierra, si se corta la mano -como en las tiranías que rechazamos cada día- de quien osó levantar el velo ignominioso. ¿Hay que exigirle a un juez que no se conmueva por tanto dolor infligido, que no mueva un folio y escriba, a su manera, la elegía? ¿Existe la fórmula jurídica que pueda enjugar las últimas lágrimas pendientes de los que se quedaron en el mayor desvalimiento, y reconocer en nombre de un Estado democrático el sacrificio de tantas vidas arrebatadas que permanecen en el más cruel anonimato? ¿Puede la Justicia encogerse de hombros cuando lee testimonios fehacientes relativos al robo de treinta mil menores arrancados a sus madres republicanas a lo largo de dos decenios, niños de ayer que hoy desconocen su identidad original cuando los saludamos en nuestro trabajo, en la peluquería o en el supermercado?
Si quienes velan por el Estado de Derecho entonan la “antielegía”, es decir, la negación documentada de la reparación, el olvido de las víctimas y el desprecio al dolor infligido, pervivirá la mutación histórica de una cadena de generaciones españolas crecidas en el engaño. ¿Es eso lo que se persigue? La magistrada Margarita Robles, vocal del Consejo del Poder Judicial, en un escrito oficial en que anuncia su inhibición del proceso de suspensión abierto al magistrado Baltasar Garzón que la recusa, utiliza licencias más propias de un ejercicio escolar que de un documento jurídico de inhibición, empleando un “tú más”, o “tú antes que yo” al llamar a la recusación por “enemistad manifiesta” de que es objeto, “especulaciones y disertaciones literarias”, es decir, boberías propias de escritores, profesores o críticos creadores de elegías.
Sin embargo, la Justicia es compatible con la práctica literaria, como sucede en el documento de la instrucción que da trámite a la querella contra Baltasar Garzón, donde se hacen referencias coloquiales al “artilugio jurídico montado” por el único juez que ha osado levantar el velo de la impunidad del franquismo. Baltasar Garzón es retratado en su celo profesional como si hubiese sido afectado por una suerte de bulimia hiperactiva. ¿Es lógico asombrarse de que el hoy querellado juez pida asesoramiento a un grupo de expertos? ¿Es por ello por lo que éste tiene “motivos ocultos”, o tal vez cierta bulímica actividad “pretendidamente investigadora”? En nuestro país, abundoso en elegías que honran a quienes ya no están, ¿pudiera caber, no obstante, el vilipendio añadido a un ciudadano cercado por alianzas contra-natura, adivinado inquisitorialmente en sus más íntimos pensamientos y acusado en su “momento culminante de antijuricidad”, como relata el documento inculpatorio?
No hacía falta referirse al franquismo como hecho barroco de “brutales efectos de aquel plan de los asesinos y torturadores”, cuando leemos todos los días que está probado por la justicia internacional que se llama, sencillamente, “crimen contra la humanidad”. Sin embargo, lo de “brutal efecto de aquel plan de asesinos y torturadores”, que el documento instruido por el magistrado Varela señala como propio de aquella detestable posguerra, nos aleja demasiado, por hiperbólico o truculento, de una realidad de la que parten desgraciadamente las terminales nerviosas de una compleja gama de españoles, situados entre el silencio y la exigencia de verdad, y en la que permaneceremos enrocados, per secula seculorum, si tiene lugar la “ejemplarizante” inhabilitación de un juez por un delito que el Ministerio Fiscal no reconoce.
A veces convendría retornar, de la novela negra tomada por los pelos al arte que conmueve, a los ojos abiertos de quienes, pese a lo peor, resistieron hasta el final dignificando la memoria de todos y a quienes el más alto tribunal de su país podría negar en breve el juez y la elegía.
Fanny Rubio es escritora y catedrática de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid.
