NATALIA JUNQUERA – El País – 16/05/2010
Llegó a la Audiencia Nacional cuatro años después que Baltasar Garzón, en 1990, desde un juzgado de instrucción de Bilbao. José Ricardo de Prada (Madrid, 1957) estuvo en los plenos de 1998 de Argentina y Chile y en el caso Pinochet. Llevó la ponencia del caso Scilingo. Y entre 2005 y 2007 fue magistrado para los crímenes de guerra de la Corte de Bosnia Herzegovina. Ahora participa en un proyecto de la UE para asesorar a jueces y fiscales en Colombia como experto en Derecho Penal Internacional.
El viernes salió a despedir a Baltasar Garzón a las escalerillas de la Audiencia y mañana, asegura, será el lunes más cuesta arriba de su carrera profesional. Votó a favor de la competencia de Garzón para investigar los crímenes del franquismo, la causa por la que su colega ha sido acusado de prevaricación. Acepta esta entrevista porque está preocupado “como juez y como ciudadano” por lo que resume como “la profunda capacidad de causar injusticia que tiene la justicia”.
Pregunta. ¿Cómo se siente?
Respuesta. Del enfado del viernes he pasado a la desolación. Me encuentro profundamente desmoralizado, no por mí, sino por mi profesión, que ha sido prácticamente toda mi vida en los últimos 25 años. Es por mucho más que Garzón. Todos sabemos que asumimos riesgos en nuestra profesión, pero esto va mucho más allá. Hay venganzas, luchas de poder por medio, que al final son las que se llevan todo por delante. Es la segunda vez que despido a compañeros queridos que son echados de mala manera de la Audiencia Nacional por razones semejantes y no creo que pueda resistir una tercera. No sé cómo me voy a vestir la toga el lunes, como si nada hubiera pasado, cuando lo que se siente en estos casos es la profunda capacidad de causar injusticia que tiene la justicia.
P. Como los jueces Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel, usted votó a favor de la competencia del juez Baltasar Garzón para investigar las atrocidades del franquismo. Si Garzón prevaricó, ¿usted también?
R. Voté en favor de la competencia de la Audiencia Nacional porque estoy totalmente convencido de que es así. Lo explicamos en un voto particular, creo que muy sólido, que me temo que muy poca gente se ha leído. Baltasar Garzón aplica un derecho que compartimos no sólo los tres magistrados que votamos en favor de su tesis, sino muchísimos otros magistrados y juristas de otros países, incluido nuestro Tribunal Constitucional, que están de acuerdo con ese valor del Derecho Internacional en la protección de los derechos humanos contra los ataques más graves. En una palabra, es un derecho contra la barbarie. Sorprendentemente, en los programas de formación para los jueces españoles no se enseña nada sobre ese derecho, de forma muy diferente a lo que ocurre en otros países de nuestro alrededor. Por ejemplo, en la escuela de la magistratura francesa forma parte de los programas de formación de jueces y en ocasiones invitan a jueces españoles y de otros países. En septiembre próximo habrá en París un curso sobre el Derecho contra la barbarie. Se trata de simplemente de una confrontación de opiniones, de formas de ver y entender el derecho y eso, lo diga quien lo diga, no es prevaricar. Es simplemente ejercer la libertad de interpretación de las normas jurídicas, y eso está en la esencia de la independencia de los jueces y es consustancial con nuestro modelo constitucional de Estado de derecho.
P. ¿Qué pierde la Audiencia Nacional sin Baltasar Garzón?
R. Sin duda a un buen juez, y los que estamos allí, a un magnífico compañero. Baltasar Garzón es una buena persona. La justicia española, en general, probablemente pierda mucho más. Se puede discrepar con él, pero también se le deben reconocer todos sus méritos, que son muchísimos. Ha protagonizado episodios únicos en la historia, no solo de la jurisdicción española, sino del mundo, en los que otros jueces y fiscales hemos tenido la suerte de acompañarle. Tuve la fortuna profesional de participar en el Tribunal que juzgó el caso Scilingo, referido a la dictadura Argentina, y de redactar la sentencia. Sin la instrucción llevada por este juez no hubiera sido posible. Espero sinceramente que el Tribunal Supremo termine sabiendo calibrar la situación y volver las cosas a su sitio.
P. Como juez, ¿ha detectado irregularidades en este proceso? ¿En la celeridad, en los procedimientos llevados a cabo para la suspensión de Garzón?
R. Se pueden tener opiniones. Las situaciones lo permiten, pero sinceramente no creo que las mías vayan a ningún lado. Respeto siempre el trabajo de los otros jueces y tribunales cuando aplican legal y éticamente el derecho.
P. ¿Cree que esta situación podría repetirse? ¿Que le puede pasar a otro juez? ¿Que la suspensión de Garzón afecta a la independencia judicial?
R. Se entiende mal lo que ha pasado. Lo que está pasando y sí, lo debo reconocer con sinceridad, que causa preocupación y desasosiego. No obstante, quiero pensar que los jueces españoles seguirán dictando sus resoluciones, no bajo el síndrome del miedo, llámese síndrome Garzón o Sección Cuarta, sino por aplicación estricta del derecho, aunque en un mundo como el actual, que evoluciona y se supone que se civiliza cada día más y donde por ello la protección de los derechos humanos debería tener cada vez más sentido, la interpretación del derecho nos exija más y más a los jueces y eso tenga sus riesgos. Actuar por miedo, plegándose a las presiones del poder, por comodidad o pensando en las ventajas que ello puede reportar, eso sí que es prevaricar.
P. ¿Considera que se pueden investigar unos crímenes incluso ante la posibilidad de que no existan culpables?
R. Se investigan delitos de los que se tienen constancia, se aseguran las pruebas y se busca a los culpables. Que se encuentren o no, no es lo esencial, es una mera circunstancia. En el 95% de los delitos que se denuncian no se encuentra a los culpables, y en ese caso es necesario sobreseer y por supuesto no se deja de investigar, porque eso sí que podría llegar a ser delictivo.
P. ¿Cree que las víctimas tienen alguna vía judicial abierta todavía para conseguir lo que piden?
R. El tema de las fosas, aunque es muy fácil de explicar -en el sentido de que resulta increíble que a estas alturas España sea prácticamente el único país del mundo en donde no se hayan acometido políticas públicas eficaces para solventar el tema de los desaparecidos y no se haya hecho frente al pasado de una vez por todas con valentía y arrojo, aunque sin ánimo de venganza ni de crispación-, desde la perspectiva judicial es tema es más complejo, en el sentido de que es necesario determinar de qué forma se hace, quién es el competente, qué ley se aplica, cómo opera la ley de amnistía, etcétera.
P. El principal argumento esgrimido contra la decisión de Garzón de abrir una causa contra el franquismo ha sido la Ley de Amnistía. ¿Cuál es su opinión sobre el alcance de esta ley?
R. Desde luego, mi opinión a este respecto es que la Ley de Amnistía tuvo su valor y su importancia en su momento. He tenido ocasión de analizar recientemente algunos casos y su aplicación o no aplicación entonces a ciertas situaciones causa cierta perplejidad en el momento actual. Su aplicabilidad en este momento a ciertas situaciones requiere un análisis muy cuidadoso. De todos modos, de ninguna manera se le puede dar el valor que algunos pretenden, de ley de punto final que blindaría e impediría cualquier investigación sobre los crímenes del pasado. Eso sería cuando menos inconstitucional. Mi opinión es que de ninguna manera es aplicable a determinados delitos. Me refiero especialmente al delito de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, que van mucho más allá de los meros delitos políticos que eran los previstos en la Ley de Amnistía. Pronunciarse jurisdiccionalmente en ese sentido creo que es perfectamente defendible y, de verdad, no creo que tenga nada que ver con prevaricar.
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