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¿Garzón prevaricador?

CARLOS SLEPOY 02/03/2010

La inaudita y despiadada persecución judicial que está sufriendo Baltasar Garzón excede a su persona. Sin perjuicio del odio visceral que trasluce el dislate jurídico que contra él han puesto en marcha algunos magistrados, es el propósito de enterrar la posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo y de lanzar al mismo tiempo el mensaje urbi et orbi de que hay que acabar con esas exóticas ideas de justicia universal y lucha judicial contra la impunidad, lo que explica el desafuero que se está cometiendo, para pasmo y estupefacción de aquellos que creían que la judicatura española estaba en primera línea en la persecución de genocidios y crímenes de lesa humanidad.

Contraviniendo la Constitución española, el Derecho Internacional, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la doctrina de la que un día supo hacer gala el propio Tribunal Supremo, miembros de este tribunal se proponen inhabilitar a Garzón por cumplir lo que esas normas y esa doctrina establecen. Le imputan, nada más y nada menos, que el haber dictado a sabiendas resoluciones injustas por haber tenido la osadía de pretender investigar crímenes que sólo se justifica que aún no estén juzgados por la impunidad que se ampara en la Ley 46/1977 de 15 de octubre, de Amnistía, cuya declaración de nulidad ha sido instada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Esta ley, sostienen estos jueces, impediría investigar los crímenes del franquismo. Garzón, dicen, no podía ignorarlo. Pero lo no que pueden ignorar quienes desde la cúspide del Poder Judicial así opinan es que, si esta ley es entendida en el sentido de que impide el ejercicio de la acción penal contra quienes han cometido crímenes lesivos para la humanidad, vulneraría los artículos 10.2 de la Constitución, que establece que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, y 96.1, que señala que dichos tratados formarán parte del ordenamiento jurídico interno. También se opondría semejante interpretación de esta ley al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que determina que serán juzgados y condenados quienes cometan actos delictivos según los principios generales del Derecho Internacional; la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece que todo tratado obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, y que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado; la Convención contra el Genocidio; la Convención contra la Tortura; la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, todos ellos firmados por España. Éstos y otros acuerdos, principios y normas imperativas del Derecho Internacional establecen la imprescriptibilidad de estos crímenes y señalan que sus responsables no pueden en ningún caso beneficiarse de leyes de impunidad.

En el colmo del despropósito, el Tribunal Supremo juzgó y condenó al represor argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina sosteniendo que los mismos pueden y deben ser perseguidos por ofender a la comunidad internacional, siendo inhábiles cualesquiera leyes que los amparen. Ahora, cuando el mismo juez español que procesó a aquél pretendió investigar delitos del mismo tenor cometidos por españoles contra españoles en España, algunos de sus miembros lo tildan de prevaricador y pretenden juzgarlo.

La torcida interpretación que se hace de la Ley de Amnistía y la negativa a juzgar hechos ilícitos no sólo sumen en el descrédito y la vergüenza, nacional e internacional, a la Administración de Justicia española, sino que desamparan a los cientos de miles de víctimas que en su día lucharon por defender la legalidad republicana y por eso sufrieron muerte, desaparición y destierro, y a sus familiares que, pasados ya casi setenta años del comienzo de la acción criminal, todavía deben seguir reclamando reparación y justicia.

En Alemania, Francia e Italia se sigue juzgando a los responsables nazis por hechos cometidos antes de los que Garzón imputaba a los asesinos españoles. En Argentina, Chile y Uruguay se juzga a criminales que pretendieron ser amparados con leyes que los exoneraban de responsabilidad penal.

Hasta el presidente de la Audiencia Nacional, tribunal en su día admirado mundialmente por declarar la competencia de la justicia española para investigar y juzgar el genocidio cometido en el Cono Sur de América, se permite decir que lo de juzgar los crímenes franquistas es opinable. Nada hay opinable en esta materia: los crímenes contra la humanidad cometidos por el fascismo español pueden y deben ser juzgados.

Hay prevaricadores, pero Garzón no es uno de ellos. Los prevaricadores son los que se han opuesto a la investigación de los crímenes de la dictadura y los que contra este juez vienen dictando resoluciones manifiestamente injustas. A ellos debe serles aplicada la sanción que el Código Penal prevé para quienes lo hagan a sabiendas, lo que debe suponer, dadas sus altas investiduras, inhabilitación absoluta para todo empleo o cargo público de 10 a 20 años. A esta pena deberían enfrentarse cuando cese el desvarío y sean restablecidos el derecho y la justicia.

Carlos Slepoy, abogado argentino, es especialista en temas de Justicia Universal y premio internacional de Derechos Humanos 2008.

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Pedestal para el juez

SANTOS JULIÁ – El País – 28/02/2010

Como no teníamos bastante con la crisis económica y la desorientación política que afligen desde su comienzo a esta legislatura, las altas instancias judiciales han decidido entrar también en escena. En el centro de la nueva gresca, viejos conocidos: la magistrada Robles, el magistrado Garzón, los sindicatos vergonzantes de la carrera judicial, el Consejo, el Supremo, la Audiencia Nacional, y menos mal que por ahora la sangre no llega al río del Constitucional.

Todo comenzó con la trama narrativa urdida por Garzón para sentar en el banquillo a los culpables de un delito de insurrección militar contra los Altos Organismos de la Nación y todo debió haber concluido con el recurso de interpelación presentado por el fiscal de la Audiencia Nacional. No era posible procesar a los sublevados porque, como reconocía el auto de Garzón, todos y cada uno de los 35 mencionados en su lista estaban notoriamente muertos [ah, si hubieran estado vivos: ningún juez, ningún fiscal ha manifestado la necesidad de procesar a los culpables de la rebelión militar de 1936 hasta bien pasados 30 años de sus muertes]; ni cabía identificar a personas asesinadas hace seis décadas con el tipo penal de “detención ilegal sin dar paradero de la víctima”. Así lo entendió el mismo juez instructor sin más demora que la necesaria para ordenar determinadas diligencias a su mayor gloria y declararse no competente.

De manera que sólo metafóricamente puede decirse que Garzón es el primer juez que se ha atrevido en España a perseguir judicialmente los crímenes del franquismo. De lo que se trataba era de abrir un sumario contra los jerarcas del régimen que habían sido titulares de los ministerios militares, de Gobernación y de Justicia, o responsables de la estructura paramilitar de Falange. Para iniciar un procedimiento contra ese grupo, Garzón se basaba en las investigaciones sobre los crímenes del franquismo -realizadas, éstas sí, por decenas de historiadores que desde los años 80 vienen publicando listas de miles de asesinados- aunque sabía perfectamente que nunca entraría en la investigación de los crímenes vinculados a la sublevación militar por la sencilla razón de que el sumario habría de paralizarse en el mismo momento en que recibiera los certificados de defunción de los 35 muertos notorios.

El sumario se paralizó, pues, no porque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional esté formada por un hatajo de jueces herederos del franquismo o enfermos de amnesia, esa pócima letal que nos hartamos de beber desde 1976 hasta el día de hoy; o porque nadie en la carrera judicial, excepto Garzón, se atreve a procesar a los culpables de aquellos delitos. El sumario se paralizó porque era imposible mantenerlo abierto sobre el artificio de que los asesinatos fueron desapariciones forzadas con detención ilegal permanente en una acción coordinada y dirigida por las Juntas Militares y los gobiernos desde 1936 a 1951. Que todo esto era un dislate procesal quedó claro en el recurso del fiscal Zaragoza y en la cuestión de incompetencia resuelta por la Sala de lo Penal.

¿Por qué entonces esta especie de saña vengadora que se ha acumulado sobre la cabeza de Garzón? La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo da curso a unas querellas que debió haber desestimado de un simple manotazo; el instructor del Supremo, Luciano Varela, no satisfecho con rebatir el relato de Garzón, lo acusa de prevaricación sin ninguna evidencia de que haya cometido injusticia alguna durante el tiempo en que el sumario permaneció abierto. Y para colmo, y mostrando una vez más sus proverbiales dotes para la política, Margarita Robles, miembro de la comisión permanente del CGPJ, mueve hilos e influencias para conseguir que el Consejo suspenda al magistrado-juez antes de que sea efectivamente procesado por el Supremo.

Se diría que entre todos se han propuesto erigir un pedestal al juez perseguido por la santa inquisición. Y esto -por decirlo a la manera cínica- es peor que un crimen, es un error de alcance universal. Nada de qué sorprenderse, porque Robles es experta en la materia desde los tiempos en que, al alimón con el ministro Belloch, mostró a Garzón la puerta de salida de su frustrada aventura política. El problema es que los errores de jueces fracasados en política, y regresados a la judicatura como quien sube y baja del tranvía, los pagamos todos. Y todos vamos a pagar este nuevo rifirrafe entre jueces políticos que con sus enconos y querellas por el poder han logrado convertir aquellos polvos de 1994 en este lodazal de 2010.

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España al revés

AUGUSTO HOYO LAO – El País – 28/02/2010

A mis hijos les gustaba escuchar el cuento de Gloria Fuertes El mundo al revés. Varios años después me vuelve a la memoria al observar la situación de nuestro país.

Hace ahora 73 años, Augusto Lao García fue arrancado de su vivienda y de su familia y fusilado cuando contaba con 32 años de edad. Su delito era haber trabajado desde que tenía uso de razón y tener un espíritu comprometido, cofundando un partido político. Jamás empuñó un arma. Ellos formaron parte de los cientos de miles de víctimas de un plan criminal para acabar con la República y con sus valores. Más de 70 años después, el juez Baltasar Garzón vive un calvario y podría sentarse en el banquillo por haber promovido la justicia que las víctimas del franquismo reclaman y que, durante tanto tiempo, nadie se atrevió a instruir. La acusación parte, ni más ni menos, que de la Falange Española y otros grupos nostálgicos del franquismo.

Tras 32 años de democracia, las calles de nuestros municipios siguen homenajeando, con su denominación, a miles de falangistas y militares rebeldes. En las cunetas de nuestros campos se amontonan miles de restos que no tienen derecho ni a una digna sepultura.

La sombra del franquismo está resultando demasiado larga y su propaganda aún produce efectos. Algo en este país no va bien y no es sólo su economía. Esta España nuestra sigue al revés.

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Así son los querellantes

Ultraderechistas de Manos Limpias y de Falange, abogados enfrentados a Botín y empresarios e implicados en la Gürtel buscan acabar con Garzón

J. M. LÁZARO – Madrid – 28/02/2010

Caricatura de Baltasar Garzón- SCIAMMARELLA

Manos Limpias, el pseudo sindicato de Miguel Bernard, cabeza visible de la ultraderecha madrileña desde sus tiempos de delfín de Blas Piñar, ha tenido el honor de abrir el baile de querellantes contra el juez Baltasar Garzón, al que han concurrido con sus mejores galas la resucitada Falange Española de la JONS, abogados de querellas rechazadas y empresarios imputados en la trama corrupta vinculada al PP.

Bernard, de larga y conflictiva trayectoria nacionalsindicalista como funcionario del Ayuntamiento de Madrid, ha presentado centenares de querellas contra partidos nacionalistas o de izquierda, instituciones, homosexuales y hasta contra el programa infantil Los Lunis. La que interpuso contra el juez y la fiscal del 11-M casi le cuesta un disgusto, ya que el Supremo dedujo testimonio contra él por acusación y denuncia falsas al entender que esa querella entrañaba un “fraude procesal” y un “manifiesto abuso de Derecho”.

Pero entre los magistrados de la Sala Penal, Bernard también tiene su público: suplió la negativa del fiscal a acusar al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, que resultó condenado precisamente por desobediencia al Supremo. Ahora, con la imputación y posible condena del juez al que ha perseguido durante años por atreverse a indagar los crímenes del franquismo, ha logrado el premio gordo.

La querella de Manos Limpias fue admitida al segundo intento —primero se presentó como denuncia— por la Sala Penal, en un auto del que fue ponente Adolfo Prego, un magistrado ultraconservador que se ha significado como patrono de honor de la fundación para la Defensa de la Nación Española, (Denaes). Prego es hermano de la periodista Victoria Prego, adjunta a la dirección de El Mundo, el diario al que Garzón ha acusado de “denigrarle sistemáticamente”.

A esta querella se ha sumado ahora Falange, para lavar el “honor” de su “movimiento”.

El abogado Antonio Panea lleva persiguiendo Garzón desde que éste, en 2006, rechazó una querella del ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, contra Emilio Botín, presidente del Santander, adjudicatario del banco de Mario Conde tras su intervención y saneamiento.

Pérez Escolar había sido condenado a 10 años de prisión por estafa y apropiación de casi cinco millones de euros en la gestión de Banesto, pero dada su avanzada edad, no llegó a pasar ni dos meses en la cárcel. Panea pertenecía al grupo de seguidores de Pérez Escolar, cuyas intervenciones críticas contra Botín en las juntas de accionistas del Santander cosecharon todo tipo de desplantes y abucheos. Hasta su fallecimiento en 2007, Pérez Escolar interpuso una treintena de querellas contra Botín, casi todas archivadas y sin que ninguna concluyera en condena. Garzón archivó una de tantas, previo informe favorable del fiscal y el respaldo posterior de la Sala Penal de la Audiencia.

Fallecido Pérez Escolar, Panea tomó el relevo y trató de vincular el archivo de la querella de su colega con el supuesto cobro por Garzón de 1,7 millones de dólares que le habría pagado el banco durante su estancia en Nueva York. La acusación era tan burda que todas sus denuncias ante el Poder Judicial fueron archivadas. El magistrado Luciano Varela, que anduvo meses investigando los honorarios de Garzón en Nueva York, tuvo que archivar la querella por inexistencia de delito, no sin realizar un último intento, sin éxito, de que el Poder Judicial sancionase a Garzón supuestamente por no informar de que había percibido unos ingresos de 200.000 dólares.

Pese a estar la querella archivada, Panea acudió con otra que contiene supuestos “nuevos datos” que revelarían que Garzón solicitó personalmente a Botín el patrocinio de unos cursos que dirigió en Nueva York, con intervención de diversas personalidades. Por el momento, a Garzón de nada le han servido las explicaciones de la Universidad de Nueva York ni del banco, y la querella se ha admitido. En las últimas semanas, el Supremo ha respaldado a una magistrada de Cantabria que expulsó a Panea de un juicio por encararse con ella e interrumpir al letrado de la parte contraria.

La tercera querella admitida hasta ahora ha sido la del abogado Ignacio Peláez, defensor del empresario implicado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri. Éste no llegó a ingresar en prisión, pero Peláez visitó en la cárcel a los principales implicados de la red corrupta para “preparar la defensa” de su cliente. Garzón había ordenado grabar las conversaciones de los presos con sus abogados, sospechando que alguno podría incurrir en operaciones de blanqueo. Aunque, efectivamente, algún abogado ha resultado imputado, el Supremo entiende que el juez ha podido incurrir en prevaricación y vulneración de la intimidad.

Antes de ejercer de abogado, Peláez fue fiscal de la Audiencia Nacional y por tanto, compañero de Garzón. Desde que migró a la abogacía, su trayectoria no ha pasado desapercibida. Hace unos meses fue juzgado junto a sus clientes, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, Los Albertos, por el caso de la carta falsa con la que la pareja de empresarios intentó contrarrestar la condena del caso Urbanor, finalmente extinguida por prescripción. El tribunal que les juzgó en octubre expresó su “sorpresa” por la contratación de Peláez por Los Albertos, pero no encontró “prueba suficiente” que demostrara que conocía la falsedad de la carta. Peláez salió absuelto y Los Albertos, condenados a cuatro meses.

Hace unas semanas, Peláez fue investigado por la Audiencia Nacional por ayudar a entrar, sin permiso, a un periodista holandés y a la mujer de un preso en los calabozos del edificio. A los policías de servicio les dijo que sus acompañantes eran compañeros del despacho, pero los agentes desconfiaron y descubrieron que uno era periodista y la mujer era la esposa del recluso.

Contra Garzón ha anunciado también una querella el Colegio de Abogados de Madrid por las escuchas del caso Gürtel, que de momento ha quedado en la recámara. El decano, Antonio Hernández-Gil, afirmó que es la primera vez que el Colegio (una institución con más de 400 años de historia) se querella contra un juez. Aseguró que la querella se presentará “en el momento más adecuado” y cuando “sea más eficaz”. En la Junta que adoptó el polémico acuerdo se sienta el vicedecano Luis Rodríguez Ramos, que defiende, junto a varios de sus colaboradores, a varios de los imputados en de la trama.

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Están en manos de jueces conservadores

Camps, Bárcenas y Garzón dependen de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

JULIO M. LÁZARO – El País – 28/02/2010

Quince magistrados, la mayoría de tendencia conservadora y aupados por el PP a través del Consejo General del Poder Judicial, tienen en sus manos una buena parte del juego político de España. Las decisiones que deberán adoptar en las próximas semanas afectarán al futuro del PP o la carrera del juez que ha instruido los casos más importantes de la democracia: ETA, el terrorismo de Estado, la corrupción, las redes de narcotráfico y los delitos de lesa humanidad. Son los miembros de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo y tienen que dirimir el futuro de Baltasar Garzón, el recurso de Anticorrupción contra la exoneración del presidente valenciano Francisco Camps de sus vínculos con la trama Gürtel, o las acusaciones de cohecho contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas.

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IU exige una “reacción popular” que salve a Garzón de la “conjura” de la derecha

Cayo Lara pide al PSOE no se “inhiba”, porque sería “un esperpento” que se condenase a quien quiso juzgar el franquismo

Cayo Lara dice que 'inhabilitar a Garzón es inhabilitar a parte importante de España'

Foto: FEl coordinador general de IU, Cayo Lara. EFE/Archivo – EFE

Público – 26/02/2010

El coordinador general de izquierda Unida, Cayo Lara, afirmó hoy que la tercera querella admitida contra el juez Baltasar Garzón pone de manifiesto una “especie de conjura” que achaca a su intento por investigar la dictadura franquista y la corrupción de la red Gürtel. Frente a ello, exigió una “reacción popular” de apoyo al magistrado y a reclamó al PSOE que no se “inhiba” en este asunto.

En declaraciones en el Congreso, donde acudió a un acto organizado por su formación, Lara señaló que esa “conjura” promovida por “muchos” de los “adversarios” del magistrado tiene como objetivo “quitarse de en medio” a Garzón, al que considera “uno de los pocos jueces que se la lleva jugando muchísimo tiempo en el ejercicio de sus funciones”.

Así, destacó que “no le tembló el pulso” cuando tuvo que investigar crímenes de Estado, casos de corrupción o incluso los crímenes de la dictadura y que sería “un esperpento” que en democracia se condenase “al único juez que quiso juzgar los crímenes del franquismo”.

A juicio de Lara, “se quiere condenar a la democracia” y eso exige una “reacción popular, de apoyo, más fuerte todavía, al juez Garzón y a todo lo que representa en este país”.

En concreto, lanzó un mensaje al PSOE, al que advirtió de que no se puede “inhibir” ante esta “ofensiva” contra Garzón cuyo “detonante último” es, en su opinión, el intento del juez de juzgar el franquismo y haber destapado el ‘caso Gürtel’.

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En la cara de las víctimas

JUAN DIEGO BOTTO – Público – 27/02/2010

Pasará a la historia el juez Luciano Varela como el valedor de parte de las tesis del fascismo en España. Lo hará con el inestimable apoyo de los vocales de Consejo General del Poder Judicial, avales estos de las posiciones del juez instructor.

No pasará a la historia Santos, original de León, asesinado por el ejército franquista junto a otros seis hombres en las afueras de la ciudad. No pasará a la historia porque nunca nadie ha investigado ese fusilamiento extrajudicial. Ahora sabemos que, de triunfar esta sentencia que apoya las tesis de Falange Española y Manos Limpias, jamás nadie lo hará. Jamás nadie en España investigará ese crimen.

Porque lo que han dejado claro estos históricos jueces, y ésta es la cuestión central, es que la tortura, la desaparición forzosa de personas, el secuestro y robo de bebés y la eliminación sistemática de un grupo ideológico y político opuesto al poder son delitos sujetos a leyes de amnistía, delitos que prescriben y por lo tanto delitos que no deben ser investigados.

Comparten Luciano Varela, Margarita Robles y demás vocales del CGPJ las mismas tesis que los defensores de Videla en Argentina, de Pinochet en Chile, de Ríos Mont en Guatemala y de Franco en España; es decir, la validez suprema de las leyes de amnistía y el valor restrictivo de la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Todos se oponen a los avances que la Justicia Universal ha introducido en materia de Derechos Humanos y cierran la puerta a cualquier reparación, por nimia que sea, por parte de la judicatura.

Por ello pasarán a la historia. Se pueden buscar tecnicismos o motivaciones personales para Varela y el CGPJ, puede que las haya o puede que no, pero el hecho es que la interpretación de las leyes internacionales, de la legislación en materia de delitos de lesa humanidad y de los tratados contra la tortura es lo que está en el corazón del debate. Si se quiere abofetear a Garzón se está haciendo en la cara de las víctimas del franquismo.

Pasará a la historia el juez Baltasar Garzón como aquél que, al margen de otros aciertos y desaciertos, intentó dar a las víctimas del franquismo lo que la decencia les otorga: información, reparación y dignidad. Quienes no pasarán a la historia serán los bebés arrebatados a los perdedores y entregados a familias adeptas al régimen. Sus padres jamás recibieron reparación alguna. Ahora sabemos que nunca lo harán porque en España hay cosas que no se tocan y el franquismo es una de ellas.

La mayoría de los jueces del Supremo juraron lealtad a los principios del Movimiento: esto no pasará a la historia porque un amable manto de silencio se seguirá alzando sobre nuestra modélica transición. Tan modélica que con el tiempo ha logrado hermanar bajo una misma causa a la “progresista” Margarita Robles y el “progresista” Luciano Varela con Manos Limpias y Falange Española. Nombres que quedarán unidos para siempre en los libros de historia por haberse ocupado de que nadie desatara lo que estaba atado y bien atado.

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El fiscal cree que la continuidad de Garzón no daña la Justicia

Suspenderle ahora sería “contrario a la independencia”

JULIO M. LÁZARO – El País – 27/02/2010

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado al Consejo General del Poder Judicial que no procede la suspensión de funciones del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, porque de adoptarse ahora “sería contraria a las garantías de independencia e inamovilidad necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional”.

Este informe responde a un escrito instado por la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles para “ganar tiempo” y relevar al juez antes incluso de que el Tribunal Supremo le siente en el banquillo. El informe del fiscal, que no es vinculante para el Poder Judicial, se refiere a los procesos abiertos a Garzón por su investigación del franquismo y por el patrocinio de cursos en Nueva York por el banco Santander, ya que cuando se recabó aún no se había admitido la querella por las escuchas del caso Gürtel.

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Trillo pide a Garzón que reflexione sobre su posición de juez

Considera que Garzón “debería pensar si es una posición responsable” seguir instruyendo

Foto: Federico Trillo.

Público – 25/02/2010

El PP siente que la caída de Baltasar Garzón está cada vez más cerca. Miel sobre hojuelas. Es lo que perseguía desde el 9 de febrero de 2009, cuando interpuso su primer escrito contra el juez, apenas tres días después de que estallase el caso Gürtel. Así que ayer los conservadores tenían sobrados motivos para alegrarse de la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo (TS) de un tercer procedimiento contra el magistrado, en esta ocasión por las conversaciones intervenidas entre los cabecillas de la presunta trama corrupta y sus abogados. Federico Trillo-Figueroa, coordinador de Justicia del PP, estimó que Garzón se halla en una “situación imposible”, de forma que debe “reflexionar” y “meditar sobre su propia posición como juez”, puesto que “no se merece esto la carrera judicial”.

“Debería pensar si es una posición responsable seguir instruyendo causas trascendentales para el Estado y la sociedad mientras se han admitido nada menos que tres querellas criminales por el TS”, sostuvo, informa Europa Press.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, uno de los epicentros de la Gürtel hay 11 cargos públicos conservadores imputados no le pidió nada a Garzón. Se dirigió directamente al TS, para que actúe “con contundencia y rapidez” contra el juez. Así se pronunció Ignacio González, el número dos de Esperanza Aguirre, que calificó de “escándalo” y de hecho “de enorme gravedad” el auto del Alto Tribunal que ve “una posible causa de actuación contraria a derecho en las escuchas ilegales”.

El PP, “irresponsable”

El PSOE demandó al PP que no cante victoria tan pronto. Como recalcó el portavoz socialista en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, se trata de una mera admisión a trámite que no prejuzga una “posición formal” sobre el fondo. El diputado pidió “respeto” por las decisiones de los tribunales, eludió valorar la actuación del TS y denunció la “tremenda irresponsabilidad” del PP. Villarrubia reclamó al partido de Mariano Rajoy que deje de “presionar” a la Justicia cada vez que salta “un tema que le interesa políticamente”.

El PNV invocó una suerte de conspiración contra Garzón. “Es sorprendente que un juez que era casi intocable y gozaba de prestigio y predicamento en ciertos sectores, incluso fuera de España, de repente se vea incriminado de forma tan multiforme. Algo raro está pasando”, aseveró el portavoz nacionalista en la Comisión de Justicia, Emilio Olabarria. El diputado extendió la sospecha al PP, interesado en “reactivar” el caso Faisán que investiga un supuesto chivatazo policial a ETA y ser un “perjudicado directo” en la Gürtel. No obstante, el PNV mantiene sus “reservas” hacia un magistrado “peculiar”.

Con Trillo sí coincidió Rosa Díez. La diputada españolista atacó a Garzón, a quien le aconsejó “apartarse” de la judicatura para defender su propia trayectoria. Insistió en que todo lo que le rodea está “muy politizado” porque siempre ha sido un juez “muy político”.