Cerco a Garzón

La tercera querella contra el juez busca anular todas las actuaciones del ‘caso Gürtel’

26/02/2010 – El País (editorial)

No es una metáfora: el ataque judicial desencadenado contra Garzón se está produciendo por tierra, mar y aire. La Sala Segunda del Tribunal Supremo admitió ayer a trámite otra querella -la tercera- contra el juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por supuestas escuchas ilegales a abogados de la trama Gürtel de los que Garzón tenía fundadas sospechas de que actuaban como correos de sus clientes recluidos en la cárcel. Esta tercera querella se acumula a las otras dos que tramita la misma sala por el intento de abrir una causa penal al franquismo a instancias de familiares de víctimas de la Guerra Civil que yacen todavía en fosas comunes y por haber dirigido un curso en Nueva York patrocinado por el Banco Santander.

Las tres querellas buscan, cada cual desde su particular perspectiva, acabar con la carrera de Garzón, expulsarle de la judicatura y poner un colofón infamante a 23 años de servicio a la justicia y a los ciudadanos en ámbitos tan difíciles como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia económica. Pero la tercera y por ahora última querella apunta a un objetivo concreto: anular y dejar sin efecto la instrucción sumarial del caso Gürtel, un designio que vienen persiguiendo los dirigentes del PP, en concreto su responsable para asuntos de la justicia Federico Trillo-Figueroa, prácticamente desde que Garzón comenzó a tramitar las diligencias sobre dicho asunto.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo señala, según una fórmula estereotipada, que “las hipótesis incriminatorias planteadas por el querellante no parecen hasta tal punto absurdas y carentes de sentido que hayan de ser desestimadas”. Sin embargo, el ministerio fiscal las juzga algo más grave que absurdas y carentes de sentido y llega a considerar la querella como un fraude de ley que busca dejar sin efecto todo lo investigado hasta ahora sobre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, de acuerdo con una común estrategia defensiva de los 65 implicados en la causa. Se da la circunstancia de que al abogado del caso Gürtel que ha interpuesto la querella no se le ha intervenido ninguna comunicación carcelaria por la sencilla razón de que su cliente nunca ha estado preso.

Prescindir de la opinión informada del ministerio fiscal en según que casos es algo habitual del Tribunal Supremo. Pero da la casualidad de que esto es lo que ha sucedido precisamente en las tres querellas presentadas contra Garzón. En todas ellas se ha hecho caso omiso de su informe contrario a la admisión, con el añadido de que, en relación con las escuchas, Garzón cuenta con el aval del actual juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Madrid, que ha defendido en un auto motivado la legalidad de las intervenciones carcelarias ordenadas. Así, pues, “las hipótesis incriminatorias” del querellante son más absurdas y carentes de sentido de lo que presume el Supremo. Y el empeño del Supremo por desembarazarse de Garzón, evidente.

El Supremo deja en precario a Garzón y cuestiona las escuchas a la red Gürtel

La admisión de la tercera querella amenaza la continuidad del juez en la Audiencia

JULIO M. LÁZARO El País26/02/2010

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió ayer la querella del abogado Ignacio Peláez contra el juez Baltasar Garzón por los supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, al haber ordenado el juez la intervención de las comunicaciones en prisión de los implicados en la trama corrupta Gürtel con sus abogados. La admisión de esta tercera querella contra Garzón en menos de un año y, sobre todo, la unanimidad de 11 de los 15 magistrados titulares de la Sala, de todas las tendencias, amenaza seriamente la continuidad de Garzón como juez de la Audiencia Nacional.

El magistrado, que se esperaba ya la decisión de la Sala, declaró a EL PAÍS: “Voy a seguir mientras pueda trabajando por la justicia. No me voy a marchar. Soy absolutamente inocente y lo voy a demostrar”, remachó. De sus palabras se desprende que Garzón no va a rehuir la pelea en el Supremo, por más que esta decisión entraña que en breve será suspendido de funciones quizá durante años, y que se arriesga a que recaigan sobre él severas penas de inhabilitación como juez.

De haber optado por renunciar a su plaza en la Audiencia Nacional, perdería el fuero ante el Supremo y las tres causas que tiene abiertas pasarían a ser competencia de un tribunal superior de susticia, donde tendría muchas más posibilidades de salir indemne. En la propia Audiencia Nacional ya ha habido precedentes: los magistrados Carlos Cezón y Juan José López Ortega fueron suspendidos de funciones y sometidos a un calvario judicial por haber liberado al narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, 15 días antes de su juicio. A partir del momento en que renunciaron a su plaza en la Audiencia, las acusaciones se diluyeron como por ensalmo.

La querella admitida ayer es la primera que determina la incriminación de un juez por ordenar unas escuchas telefónicas. El Supremo ha invalidado centenares de procesos por escuchas irregulares, pero nunca hasta ayer había admitido una querella contra el juez que las ordenó, aunque también se habían invalidado escuchas en prisión.[leer todo el artículo]

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Las querellas contra el juez Baltasar Garzón

Investigación de los crímenes del franquismo. Fue presentada en el Tribunal Supremo por haber investigado los crímenes del franquismo. El instructor, el magistrado Luciano Varela, estima que Garzón ignoró la Ley de Memoria Histórica para asumir el control de la localización de las víctimas de la represión y que se saltó la Ley de Amnistía. Considera que eso puede ser prevaricación, castigada con inhabilitación de 12 a 20 años. Los querellantes son el pseudosindicato ultra Manos Limpias (que preside Miguel Bernard), la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. Está pendiente de una decisión de la Sala de lo Penal a fin de preparar el juicio oral.

Los honorarios de Nueva York y un patrocinio. Fue presentada por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón por supuestos cobros irregulares de Baltasar Garzón como profesor distinguido de la Universidad de Nueva York. El Supremo la admitió a trámite. Le acusan de haber obtenido del banco Santander 1,2 millones de euros y luego haber archivado una querella contra el presidente de la entidad bancaria Emilio Botín. El archivo luego fue ratificado por la Audiencia y el Supremo. Los 1,2 millones fueron en realidad 216.000 euros, y no fueron al bolsillo del juez, sino que sirvieron para patrocinar unos coloquios en la universidad. Es la tercera vez que el Supremo estudia el caso, que ya fue archivado por la propia Sala Penal y por el Consejo General del Poder Judicial.

Las escuchas en prisión a la trama Gürtel. El Supremo la admitió a trámite ayer. La presentó el abogado Ignacio Peláez, defensor del constructor José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel. En ese sumario constan datos sobre su amistad con Francisco Correa, jefe de la trama, y sobre el supuesto pago de comisiones a políticos para obtener concursos públicos. Peláez (ex fiscal en la Audiencia Nacional en los casos Sogecable y Pinochet, y que fue juzgado y absuelto en el caso de la carta falsa de Los Albertos) dice que Garzón habría prevaricado al autorizar la grabación de las conversaciones de los imputados con sus abogados en la cárcel. Su cliente, Ulibarri, no está entre ellos.

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La trama corrupta pide anular el proceso

Garzón, tras su tercera querella en el Supremo: “No me voy a marchar”

El Supremo imputa al magistrado de la Audiencia Nacional dos supuestos delitos por prevaricación y contra las garantías de la intimidad

JULIO M. LÁZARO El País25/02/2010

La Sala de lo Penal del Supremo se ha declarado competente para instruir la querella presentada por el abogado Ignacio Peláez contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por escuchas a abogados de presuntos implicados en el caso Gürtel que se encontraban en prisión.

La sala ha acordado imputar al magistrado los presuntos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, y ha designado instructor de la causa al magistrado Alberto Jorge Barreiro.

Tras recibir la notificación del Supremo, Garzón ha asegurado a EL PAÍS que va a seguir “trabajando por la justicia”. “No me voy a marchar. Soy absolutamente inocente y lo voy a demostrar”, ha remachado.

Es la tercera querella admitida por el Supremo contra Garzón después de las presentadas por la causa contra el franquismo y por supuesto cohecho al haber solicitado patrocinio del banco Santander en unos cursos que dirigió en Nueva York.

En esta nueva causa, al igual que las dos anteriores, ha sido admitida a trámite en contra del criterio de la Fiscalía, que pidió que se rechazara la querella al entender que los hechos no son constitutivos de delitos. En el auto hecho público este jueves, los magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal aseguran que existen “dudas que se proyectan cuando menos, sobre la legalidad” de las resoluciones adoptadas por Garzón y añaden que “las hipótesis incriminatorias planteadas por el querellante no parecen hasta tal punto absurdas y carentes de sentido que hayan de ser desestimadas”.

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El fiscal insiste en que Garzón no prevaricó y su defensa reclama la admisión de pruebas

Consulta el auto del Supremo que admite la tercera querella contra Garzón

El fiscal insiste en que Garzón no prevaricó y su defensa reclama la admisión de pruebas

JULIO M. LÁZARO El País25/02/2010

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha reiterado que el juez Baltasar Garzón no incurrió en el delito de prevaricación que le atribuye el instructor de las querellas de Manos Limpias y Falange Española de las JONS, Luciano Varela, según un escrito de alegaciones remitido a la Sala Penal del Supremo, informaron fuentes fiscales. El fiscal, sin embargo, pone distancia entre su escrito y el del defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, señalando que Varela actúa con corrección en la tramitación de esa querellas.

En su recurso, el abogado Martínez-Fresneda afirmaba que el auto de Varela era “insostenible” en la valoración de los hechos, “infundado” en la aplicación del derecho material y “sinceramente incomprensible” en la aplicación del derecho procesal. El fiscal no se muestra de acuerdo con estas valoraciones, como tampoco lo estuvo cuando la defensa de Garzón criticó la instrucción de Varela por “inquisitorial“, “prospectiva” e “infinita”.

Al margen de las alegaciones del fiscal, Martínez-Fresneda dirigió ayer un nuevo escrito al juez Luciano Varela en el que le pide que resuelva sin más demora sobre las pruebas que solicitó al impugnar la continuación del procedimiento contra su defendido. Entre éstas figura la declaración de relevantes juristas internacionales, como la fiscal del Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia Carla del Ponte y el juez chileno que abrió procesos contra Pinochet, Juan Guzmán. También ha propuesto a los magistrados de la Audiencia Nacional que respaldaron la postura de Garzón y al fiscal de jefe, Javier Zaragoza, que contradijo a Garzón pero declarará en su descargo.

El escrito de Martínez-Fresneda considera llamativo que Varela haya acordado tramitar su recurso de apelación ante la Sala Penal del Supremo pero haya dejado sin resolver sobre la petición de pruebas.

La actitud de Varela, según el abogado de Garzón, podría vulnerar el artículo 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ordena a los jueces “resolver siempre sobre las pretensiones que se formulen”. También podría vulnerar el artículo 198 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ordena que las diligencias judiciales se practiquen sin dilación.

El abogado de Garzón concluye que la causa por la investigación del franquismo sigue en fase de instrucción, por lo que la petición de pruebas es independiente del recurso de apelación contra el auto de Varela imputando a Garzón un delito de prevaricación.

Garzón insiste en negar a la dictadura la amnistía del 77

El juez espera el mismo trato judicial que cualquier ciudadano

Foto: El juez Baltasar Garzón, la semana pasada frente a la Audiencia Nacional. – GABRIEL PECOT

ANTONIO LAFUENTE – Público – 24/02/2010

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide que el Tribunal Supremo le trate con “los mismos principios y garantías” que a cualquier otro ciudadano en los casos que tiene abiertos contra él . Garzón hizo esa petición durante un debate sobre la Justicia Universal en Chicago al responder a una pregunta sobre si creía que él, que ha perseguido con éxito crímenes contra la humanidad perpetrados en otros países, podía perder su puesto por investigarlos en España.

“Yo creo firmemente en la Justicia, si no, no sería juez”, explicó el magistrado. “Llevo 29 años siendo juez. Es mi vida y, por tanto, creo firmemente en la Justicia. Dicho esto, yo soy un ciudadano más y, por tanto, si hay una acción judicial en mi contra debo asumir esa posición y lo único que se me debe es aplicar los mismos principios y garantías que a cualquier ciudadano”, añadió.

Confianza

Garzón expresó su confianza en qué así será y dijo no sentirse preocupado: “Voy a seguir creyendo en la Justicia”, aunque para ello tenga que “demostrar” que el principio de Justicia Universal rige tanto dentro como fuera de España.

Precisamente, la Justicia Universal fue el tema que Garzón debatió con David J. Scheff en una charla en el Instituto Cervantes en Chicago ante un auditorio de 170 personas. Schefffue embajador extraordinario para crímenes contra la Humanidad del Gobierno de BillClinton y es catedrático de Derecho y director del Centro Internacional de Derechos Humanos de EEUU. Tras recordar que la jurisprudencia sobre la Justicia Universal se remonta a principios del siglo XX y culmina con el Tribunal Penal Internacional, Garzón reconoció que ese principio “está sujeto a discusión y valoración jurídica”.

Apoyándose en la Justicia Universal, el juez Garzón atribuyó en 2008 al dictador Francisco Franco y otros 34 jefes militares españoles, que se rebelaron contra el régimen legalmente constituido de la República, la puesta en marcha de un plan de exterminio sistemático de sus oponentes políticos y de una represión que acabó con al menos 114.266 personas desaparecidas, de las que no se ha dado razón de su paradero, lo que a su juicio son crímenes contra la humanidad.

Scheff preguntó a Garzón si la Ley de Amnistía de 1977 impide investigar los crímenes del franquismo. Garzón explicó que no podía entrar en profundidad sobre el asunto, “por respeto al Tribunal Supremo”, pues la interpretación de esa ley es parte fundamental del proceso. No obstante, el magistrado español señaló que, en su opinión, los crímenes de Franco no quedarían cubiertos por esa ley por tratarse de crímenes contra la humanidad, como las de punto final y obediencia debida no cubrieron los de la dictadura argentina.

Contra la humanidad

“En ningún caso procede la amnistía cuando se trata de crímenes contra la humanidad”, respondió Garzón cuando el moderador le preguntó si se deben aplicar tales leyes para propiciar la paz en la transición de una dictadura a una democracia. El magistrado cree que quizá la Justicia Universal no deba aplicarse en el momento inmediatamente posterior a la dictadura, pues puede poner en peligro la normalización democrática, pero sí ejercerse pasado cierto tiempo. Y recordó que su aplicación “no es una facultad, sino una obligación”. En toda América, subrayó, se juzgan ahora los crímenes contra la humanidad perpetrados durante las dictaduras.

Sobre las restricciones a la Justicia Universal en España, Garzón optó por la ironía. Es “curioso”, destacó, que “PSOE y PP no se pongan de acuerdo para resolver la crisis económica” y en cambio lo hicieran para esa norma.

El juez Garzón no ha prevaricado

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO El País – 23/02/2010

En un reciente manifiesto de apoyo al juez Garzón se dice que sólo por “malevolencia” o “razones políticas” puede afirmarse que ha actuado “injustamente” en la causa por los crímenes del franquismo. Resulta obvio que es así: desde que el Tribunal Supremo (TS) admitió a trámite la querella de organizaciones ultraderechistas contra dicho juez, siempre con la oposición de la Fiscalía.

El TS se limitó a decir que “lo afirmado en la querella no es algo que ab initio pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación”. Criterio que podría aplicarse a multitud de resoluciones judiciales que se apartan, dentro del respeto a la Ley, de los criterios mayoritarios en la interpretación de las normas jurídicas. Pero la resolución del juez Varela del pasado 3 de febrero ha llevado los límites del delito de prevaricación y el concepto de resolución judicial “injusta” mucho más allá de lo permisible.

En primer lugar, hay omisiones inadmisibles en esa resolución. Por ejemplo, no citar la cifra de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y la dictadura, y de las que aún se ignora su paradero. Son 114.266, a las que habría que añadir los miles de menores que fueron arrebatados delictivamente a sus familiares, hecho que al juez Varela no le merece ninguna atención. Ignoramos si sabe, y resulta necesario saberlo para pronunciarse, que en el Valle de los Caídos aún quedan 12.530 restos de personas desaparecidas sin identificar.

Ante las denuncias formuladas por desapariciones forzadas durante aquel periodo, el juez Garzón obró como había que hacerlo, procedió a la “comprobación del hecho denunciado”. Y, desde luego, los hechos, frente al criterio del instructor Varela, tenían una evidente relevancia penal. No hace falta ser jurista para constatarlo. Como no es admisible que discuta si los denunciantes habían calificado delictivamente los hechos, a lo que no estaban legalmente obligados, ni menos aún que les atribuya, en términos que podrían considerarse ofensivos, que han buscado “atajos en el uso indebido del cauce penal”.

El juez Varela va más lejos y afirma que los hechos denunciados “han dejado de tener relevancia penal al tiempo de la denuncia” y que el juez Garzón, en consecuencia, no debería haber admitido aquellas denuncias y mucho menos darles trámite, ya que, además, también era evidente que no eran competencia de la Audiencia Nacional.

Pues no es tan evidente. Y el juez Garzón estaba obligado a otorgar tutela judicial suficiente y efectiva a unos denunciantes que describían, como resulta de los datos anteriores, un plan de exterminio sistemático de grupos sociales por razones ideológicas y políticas. La historia lo ha demostrado sobradamente. Pero el juez Varela, para comprender la magnitud de la masacre colectiva denunciada, debería examinar la moción del Grupo Parlamentario Socialista (Boletín del Congreso de Diputados, 8/9/2003) que se refiere a 150.000 fusilados por el franquismo y 500.000 presos políticos. Estamos ante crímenes contra la humanidad. Pese a dicha evidencia, para el instructor la apertura de las diligencias previas y las diligencias acordadas para la investigación de los hechos eran “objetivamente contrarias a Derecho” porque no estaban justificadas. Naturalmente que lo estaban, por varias razones que mencionaré brevemente.

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Carlos Jiménez Villarejo es fiscal de Sala jubilado.

Varela da entrada a la Falange en el juicio a Garzón

J. M. L. El País20/02/2010

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, instructor de la causa abierta al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, ha fijado una fianza de 6.000 euros a Falange Española de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista) para ejercer la acción popular “en defensa del derecho al honor de nuestro movimiento y sus miembros”, como proclaman. El instructor del Supremo ha fijado la fianza casi seis meses después de que Falange presentara su querella.

Varela fijó fianza de 6.000 euros al pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias y después hizo una rebaja del 50% a la también querellante Libertad e Identidad, cuya fianza dejó en 3.000 euros al tener que actuar bajo la dirección letrada del primer querellante.

El juez instructor del Supremo accede a que la Falange actúe con una representación letrada independiente, por lo que vuelve a elevar la fianza a 6.000 euros. Esta última decisión de Varela vuelve a perjudicar a Garzón, cuya defensa tendrá enfrente a dos acusaciones distintas en vez de una. El auto del instructor tampoco aclara si Garzón tendrá que defenderse de un supuesto delito de calumnias al que apunta la querella de Falange, además del de prevaricación que ya le ha atribuido el propio Varela.

Sobre el juez Garzón

JOSÉ M. TOJEIRA, (Rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, El Salvador) El País19/02/2010

A quienes hemos sufrido crímenes de lesa humanidad que han quedado impunes, nos agrede y duele el enjuiciamiento actual contra el juez Baltasar Garzón. En su defensa, el juez ha pedido que se consulte a jueces y juristas de América Latina. En mi calidad de testigo y, en su momento, parte ofendida en el juicio que consagró la impunidad de los autores intelectuales del asesinato de seis jesuitas en El Salvador y dos de sus trabajadoras, el 16 de noviembre de 1989, quisiera hacer una pequeña relación de lo que significó para nosotros la aplicación del principio de justicia universal del juez Garzón en el conocido caso del dictador Pinochet.

En primer lugar, nos dio ánimo y esperanza. El caso Pinochet abrió posibilidades inéditas. En El Salvador teníamos una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pidiendo al Gobierno de nuestro país que investigara con estándares internacionales el caso de los jesuitas en el nivel de la autoría intelectual, llevara a juicio a sus autores e indemnizara adecuadamente a las víctimas. El entonces presidente de El Salvador, Francisco Flores, dijo con toda tranquilidad que no iba a seguir las recomendaciones. Las recomendaciones siguen hoy pendientes, pero los dos últimos Gobiernos han abierto al menos conversaciones sobre el camino de cumplimiento de las mismas. Para nosotros no hay duda de que los esfuerzos del juez Garzón por aplicar el principio de justicia universal contribuyó tanto a darnos fuerza en la defensa de nuestros derechos como a darnos seguridad moral.

Al igual que Pinochet, quienes mataron a los jesuitas y sus dos trabajadoras están amnistiados. Y ambos casos se han abierto en España a pesar de las amnistías que en sus países los protegían. Acusar al juez Garzón de prevaricato porque los crímenes de la Guerra Civil que investigó están amnistiados no deja de escandalizarnos. Supone que las amnistías españolas son más respetables que las latinoamericanas. O que los criminales de lesa humanidad españoles son más dignos del perdón legal que otros criminales del mundo. Para quienes pensamos que la humanidad es una, en esa gran tradición que abrieron cada cual a su modo Francisco de Vitoria o Bartolomé de las Casas, perseguir ahora al juez Garzón es enfrentarse a una tradición, no siempre continuada ni defendida, pero que ennoblece al pensamiento español.

Si el juez existe para algo es para defender el derecho de la víctima y no del verdugo. Más aún, desde el uso del idioma, y más allá de los contenidos de las diversas legislaciones, podríamos llamar prevaricador a cualquier juez que se implique defendiendo a los verdugos. Y ciertamente no es éste el caso de Baltasar Garzón. Lamentaríamos, sin embargo, que fuera ése el caso de los jueces que en este momento están decidiendo sobre el juez Garzón.