El Poder Judicial suspende a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo

Aplazada la Comisión Permanente que debe analizar la posible marcha del magistrado a la Corte Penal Internacional.- Jueces, fiscales y personal de la Audiencia le despiden entre lágrimas.- El Gobierno proclama su respeto a la decisión y recuerda que “el proceso no ha concluido”

J. M. LÁZARO / J. A. HERNÁNDEZ / M. ALTOZANO El País14/05/2010

Despedida emotiva

El juez de la audiencia nacional, Santiago Pedraz, abraza a su compañero Baltasar Garzón a las puertas de la Audiencia Nacional, tras ser suspendido por el CGPJ.- GORKA LEJARCEGI

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este viernes suspender al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón después de que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela abriera el miércoles juicio oral contra él por presunta prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Garzón acumula tres causas en el alto tribunal. Las otras dos querellas que tiene pendientes se refieren a unas escuchas ordenadas durante la instrucción del caso Gürtel y a la financiación de cursos organizados por el magistrado en la Universidad de Nueva York.

La decisión del pleno del CGPJ era obligada por la ley tras la apertura de juicio, pese a lo que los vocales han estado reunidos cerca de dos horas. En las horas previas a la reunión, se han vivido fuertes tensiones en el seno del organismo.

La portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, ha comparecido para informar de la decisión adoptada y ha confirmado que el escrito de argumentación se tramitará lo antes posible para hacérselo llegar al magistrado.

Posteriormente, el presidente, Carlos Dívar, ha anunciado la convocatoria de una Comisión Permanente, que ha concluido sin tomar ninguna decisión respecto a la incorporación de Garzón a la Corte Penal Internacional. La Comisión debía estudiar los informes que han llegado y determinar si después de la suspensión es factible y tiene cobertura legal enviarle a La Haya. Este mismo viernes, ha llegado al Poder Judicial el informe enviado por el propio fiscal de ese tribunal internacional, Luis Moreno-Ocampo, en el que se le requiere como asesor externo de la institución al ser experto en crímenes contra la humanidad.

A lo largo de la mañana, varios jueces, magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional pasaron por el despacho de Garzón para mostrarle su solidaridad. Entre ellos se encontraban Jose Ricardo de Prada y Clara Bayarri, los dos magistrados de la Sala Penal que votaron a favor de que Garzón conservara la competencia para investigar los crímenes del franquismo. También han estado allí los jueces Santiago Pedraz y Fernando Andreu, así como los fiscales Vicente González Mota, especializado en terrorismo, Daniel Campo, Ana Noé y María Dolores Delgado. También ha acudido a la Audiencia la esposa del magistrado, Rosario Molina.

La notificación de la suspensión se la comunicó telefónicamente el secretario general del CGPJ, Celso Rodríguez Padrón. La conversación se produjo a las 13.19, cuando Garzón interrumpió la declaración de Josep Singla, uno de los empresarios imputados en la trama de corrupción destapada por la Operación Pretoria.

Con todo, el momento más emotivo se ha vivido al filo de las dos de la tarde, cuando el magistrado abandonaba el tribunal. Decenas de compañeros han esperado en la puerta su salida para despedirle entre lágrimas propias y ajenas, abrazos y aplausos. De fondo, una veintena de ciudadanos gritaba: “Garzón, tranquilo, el pueblo está contigo”.

El Pleno del Consejo ha tomado la decisión por unanimidad de los 18 vocales presentes. Tres de los miembros se habían abstenido antes de que se iniciara la reunión. Se trata del vicepresidente y miembro del sector conservador Fernando de Rosa y de la progresista Margarita Robles: ambos ya habían anunciado su intención de no participar en las deliberaciones tras ser recusados por Garzón.

El tercer vocal que ha decidido abstenerse ha sido el también progresista José Manuel Gómez Benítez. Sin embargo, la juez Gemma Gallego sí participa en el pleno después de que el organismo rechazara la recusación presentada contra ella por Garzón. El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, exigió a los vocales presentes que dejasen fuera de la sala sus teléfonos móviles.

Las primeras reacciones políticas han venido del Ejecutivo. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que respeta la decisión del órgano de gobierno de los jueces, aunque ha recordado que “el proceso no ha concluido” y ha insistido en que respeta la “presunción de inocencia” del magistrado.

Nulos de pleno derecho

Antes del pleno, el abogado del juez de la Audiencia Nacional presentaba por la mañana un recurso de nulidad contra el auto de apertura del juicio oral dictado por el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela. La petición no paraliza su suspensión de funciones.

Gonzalo Martínez Fresneda afirma en su recurso que los tres escritos de acusación presentados por el pseudosindicato Manos Limpias son nulos de pleno derecho y, por tanto, el auto de apertura de juicio oral, que está basado en ellos, es nulo también.

Según el escrito, el juez Varela intervino en la confección de dichos escritos, que sometió a una labor de reelaboración argumental, al requerir a Manos Limpias que “excluyese” páginas y rúbricas enteras, e incluso que la presentación de un escrito alternativo, ante la invalidez del anterior.

El recurso de la defensa de Garzón esgrime la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que asegura que “la obligación del juzgador de no ser ‘juez y parte’ ni ‘juez de la propia causa’ supone que el juez no puede asumir funciones de parte ni mantener con las partes relaciones jurídicas”.

El pseudosindicato Manos Limpias quitó de su escrito un total de 53 folios siguiendo las instrucciones del juez Varela e incorporó la afirmación de que Garzón había actuado “a sabiendas”, tal como el juez le pidió, “en los términos dispuestos” por Varela. El recurso concluye pidiendo a Varela que declare nulo su auto de apertura del juicio oral y, en su lugar, archive la causa contra Garzón.

La noticia de la suspensión del magistrado ha provocado una respuesta inmediata de sus simpatizantes, que convocaron a través de Internet y de mensajes de móvil una manifestación frente a la Audiencia Nacional a las ocho de la tarde.

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Un juez ante la historia

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN El País – 14/05/2010

Algunas veces, la Historia entra en los Tribunales. Los crímenes del nazismo y del fascismo se sentaron en el banquillo de los acusados. La Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo han condenado el golpe militar que dio lugar a la guerra civil española y la instauración duradera de un régimen que, según declaran, tuvo el apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista.

La victoria de los rebeldes dio paso a doscientos mil Consejos de Guerra sumarísimos, con más de cien mil sentencias de muerte. Los vencedores exterminaron extrajudicialmente a gran número de vencidos. Algunos consiguieron encontrar asilo y muchos otros vivieron un exilio interior, despojados de sus bienes y expulsados de sus cargos. Nunca pudieron reclamar sus derechos ante los tribunales.

Muerto el Dictador, una Ley de Amnistía (1977) ponía fin a la responsabilidad de los vencedores por hechos que toda la comunidad jurídica internacional calificaba como crímenes contra la humanidad. Los que pretendieron la revisión y anulación de los consejos de guerra fracasaron porque, como dijo la Sala Militar del Tribunal Supremo, se ajustaban al “ordenamiento legal vigente en aquella época”.

La Ley de Amnistía (1977) y la llamada Ley de la Memoria Histórica (2007), verdadera Ley de Punto Final se esgrime como barrera infranqueable para restaurar los principios de justicia y reparación que propugna el propio legislador.

Los legisladores de la Ley de la Memoria Histórica abandonan la idea de la nulidad de los juicios franquistas, si bien conceden que sus tribunales eran ilegítimos, contrarios a derecho y vulneraban las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. El Comité de Derechos Humanos de Ginebra encargado de velar porque España cumpla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos recuerda la obligación de derogar la Ley de Amnistía y declarar la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad.

Con estos precedentes, un juez español, Baltasar Garzón, universalmente conocido por el caso Pinochet, estima que existe una base jurídica para realizar la revisión jurídica de una historia criminal. Abre una causa en la que incluye ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada como crímenes contra la humanidad y el secuestro y entrega a los vencedores de treinta mil niños arrebatados a sus madres y familias. A la vista de la reacción del Tribunal Supremo, el Juez Baltasar Garzón podría clamar como el príncipe Segismundo: ¿Qué delito cometí contra vosotros juzgando?

José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito Tribunal Supremo. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas.

El ala progresista del CGPJ no llega a un acuerdo para salvar a Garzón

Dívar descarta una reunión para autorizar la marcha del juez a La Haya antes de estudiar su suspensión

ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID – 14/05/2010 – Público

Garzón, este miércoles. REUTERS

Garzón, este miércoles. REUTERS

No habrá comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al menos no la habrá antes del pleno de hoy en el que se discutirá la suspensión cautelar de funciones del juez Baltasar Garzón. Los nueve vocales nombrados a propuesta del PSOE no llegaron ayer a un acuerdo para pedir formalmente al presidente del órgano de Gobierno de los jueces, Carlos Dívar, la convocatoria de una reunión de la comisión que debe autorizar la declaración de servicios especiales solicitada por el juez de la Audiencia Nacional para irse como asesor externo a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

No obstante, fuentes del Consejo señalaron que las conversaciones continúan y si cinco vocales muestran su conformidad, se solicitará. Y Dívar tendrá la última palabra. El límite son las 11.00 horas de este viernes, cuando está previsto que comience el pleno. En cualquier caso, la permanente puede estudiar la autorización, incluso, después de que Garzón sea suspendido.

Las mismas fuentes señalaron que los cinco vocales de la comisión permanente han encontrado hasta algún caso de jueces que no se encontraban en activo a los que se ha concedido esta situación. Este órgano del CGPJ tiene la última palabra y, para ello, estudiará la solicitud junto con toda la documentación que pidió el miércoles. En ella figura el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Pero si para conceder el permiso es indiferente que el juez esté suspendido, ¿por qué tanto revuelo en torno a la convocatoria de la comisión permanente? Por una cuestión de “matiz”. No es lo mismo conceder una comisión de servicios especiales a un juez que sigue en activo que concedérselo cuando está suspendido.

Si la declaración de servicios especiales se hubiera producido antes del pleno, probablemente no se suspendería a Garzón, pese al auto de apertura de juicio oral dictado por Luciano Varela por haber abierto la primera causa penal por los crímenes franquistas. Por lo menos el debate se mantendría en otros términos. Porque el juez al que, como prevención, se iba a apartar del juzgado, lo hacía por sí mismo.

Pendiente de recursos

Pero, seguramente, en el pleno que debe decidir sobre el expediente de suspensión cautelar iniciado el pasado mes de febrero apresuradamente se planteará la solicitud cursada por Garzón. Él mismo presentó ayer un escrito en el Consejo en el que argumenta que el auto de apertura de juicio oral dictado por Varela, pese a que no es recurrible, puede todavía quedar sin efecto. Se basa en que la Sala de lo Penal del Supremo puede aún estimar el recurso de apelación que ayer interpuso contra la denegación de los expertos en justicia universal que había solicitado. Dar la razón a Garzón supondría revocar el auto que le sienta en el banquillo.

Habrá que ver qué deciden Dívar y los 16 o 17 vocales que intervendrán en el pleno. Los siete nombrados por el PP que solicitaron su convocatoria extraordinaria son claros partidarios de la suspensión, aunque una de ellos, Gemma Gallego, podría quedar excluida del debate, si se estima la recusación que Garzón presentó. El que seguro se sumará a los recusados Margarita Robles y Fernando de Rosa será José Manuel Gómez Benítez, que pidió su abstención.

Desalojados del CGPJ varios defensores de la Memoria Histórica

Se habían concentrado en apoyo al juez Baltasar Garzón

Público – 14/05/2010

Agentes de la Policía Nacional desalojan a varios familiares de  víctimas del franquismo.

Agentes de la Policía Nacional desalojan a varios familiares de víctimas del franquismo.EFE

Una decena de miembros de asociaciones en favor de la Recuperación de la Memoria Histórica fueron desalojados esta mañana de las escaleras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde se habían concentrado en apoyo al juez Baltasar Garzón, coincidiendo con el Pleno extraordinario que estudia si procede su suspensión por investigar las desapariciones del franquismo.

Ante el órgano de gobierno de los jueces, los manifestantes lucían caretas con el rostro de Garzón mientras portaban pancartas en las que podía leerse ‘Tapan el Gürtel, echando a Garzón’, ‘Varela, avergüénzate’, y ‘España al revés: corruptos y fascistas hacen juzgar al juez’.

Pasadas las 11.30 horas, los simpatizantes comenzaron a corear consignas como ‘Que se juzguen los crímenes franquistas’ o ‘Vosotros franquistas, sois los terroristas’. En ese momento, los policías que cumplen las funciones de seguridad en el CGPJ desalojaron a la decena de personas congregadas ante las escaleras del organismo.

A esa hora, el Consejo comenzaba a debatir si procede o no suspender al juez de la Audiencia Nacional tras haberse abierto juicio oral contra él en el Tribunal Supremo por una presunta prevaricación que podría haber cometido al investigar las desaparicones del franquismo.

Comunicado urgente en apoyo a Garzón

VARIOS AUTORES El País – 13/05/2010

Esta carta está firmada por Edgar Morin, pensador; Alain Touraine, sociólogo; René Passet, economista; Juan Goytisolo, escritor; Carlos Fuentes, escritor; Gisèle Halimi, Abogada en el Tribunal de París, antigua embajadora de Francia, Oficial de la Legión de Honor, Comendadora de la Orden Nacional del Mérito

Con gran asombro contemplamos el proceso organizado en España contra el juez Baltasar Garzón. A los que hemos conocido sus valerosas iniciativas y su decisiva aportación a la legislación internacional de los Derechos Humanos nos parece inconcebible que se le quiera expulsar de la carrera judicial. Que sea un partido fascista el promotor de una querella incomprensiblemente aceptada por el Tribunal Supremo de España, ofende y desconcierta a los que hemos celebrado y compartido los logros de la democracia española. Con esta carta queremos dejar constancia de la urgencia con que debe suspenderse un proceso que nos alarma y avergüenza.

Un contraataque rápido que coincide con las maniobras de los vocales del PP

JOSÉ YOLDI El País13/05/2010

El último recurso del juez Garzón para eludir la suspensión de sus funciones, al solicitar que le concedan acudir como asesor a la Corte Penal Internacional, pareció esfumarse ayer en lo que tuvo la apariencia de una actuación coordinada.

Por un lado, el juez instructor del caso Garzón por los crímenes del franquismo, Luciano Varela, dictó auto de apertura de juicio oral, requisito imprescindible para lograr la suspensión en sus funciones del juez de la Audiencia Nacional. Lo curioso es que Varela dictó otras seis resoluciones -tres autos y tres providencias-, algunas con fechas posteriores a las del auto de juicio oral. La actuación de Varela, tras la solicitud de Garzón de que le permitan ir a la Corte Penal Internacional, más parece un contrataque que la actuación de un juez imparcial.

La celeridad del juez del Supremo, que inmediatamente remitió el auto en cuestión al Consejo del Poder Judicial para iniciar el trámite de la suspensión, se vio respaldado poco tiempo después con la solicitud de siete vocales elegidos a propuesta del PP para convocar un pleno extraordinario en el que se decida la suspensión cautelar de Garzón.

Curiosamente la maniobra de estos vocales coincidía con la notificación de que el caso Camps por el asunto de los trajes gratis total volvía a Valencia para ser investigado como corresponde.

A nadie se le escapa que Garzón fue el primer instructor del caso Gürtel, que ha salpicado a altos cargos del PP en Madrid, Valencia y otras comunidades y el Partido Popular no va a permitir la salida del juez de la Audiencia Nacional sin la humillación que supondría la suspensión cautelar de sus funciones.

El pleno ordinario está fijado para el día 19, pero eso hubiera permitido que se resolviera primero la petición de Garzón, dejando sin efecto la suspensión.

Ahora, aunque los trámites continúan, es poco probable que la Permanente del Consejo resuelva la petición de Garzón antes del viernes, cuando la suspensión será ineludible.

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Seis recusaciones por “amistad” y “enemistad” con el magistrado

El CGPJ convoca un pleno extraordinario el viernes para decidir si suspende a Garzón

El Consejo solicita información sobre la misión que desempeñará el magistrado en el Tribunal Penal Internacional

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ El País12/05/2010

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGJP) ha convocado un pleno urgente para el próximo viernes, día 14, a petición de siete vocales, con un único punto del día: decidir si suspende al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, según ha informado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo. Los miembros del pleno examinarán el auto que hoy ha dictado el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, en el que ordena la apertura de juicio oral contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo.

La decisión de Varela se ha interpretado como un intento de impedir que el magistrado de la Audiencia Nacional se traslade al Tribunal Penal Internacional durante los próximos siete meses, como solicitó ayer. Precisamente, los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ se habían reunido hoy para examinar la petición de Garzón, que finalmente han admitido a trámite.

Sin embargo, lo más probable es que Garzón sea suspendido antes de que la Comisión Permanente pueda estudiar la solicitud del juez. Durante la reunión, los miembros del CGPJ han acordado requerir información a la Corte de la Haya para que concrete la misión que ejercerá allí el magistrado como adjunto de la fiscalía. Además, han pedido al Ministerio de Asuntos Exteriores que valore la conveniencia para España del traslado de Garzón.

Preguntada sobre si se puede permitir el traslado de Garzón a la Haya si es suspendido, Gabriela Bravo ha contestado que todas estas cuestiones las tendrá que dilucidar el pleno.

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Auto de apertura de juicio oral contra Garzón (causa del franquismo)

Varela abre juicio oral a Garzón y le corta la retirada al Tribunal de La Haya

El juez instructor del Supremo dicta cuatro autos seguidos en los recursos que tenía pendientes, para evitar que el Poder Judicial de permiso a Garzón para ir a la Corte Penal Internacional

JULIO M. LÁZARO El País12/05/2010

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela ha decretado la apertura de juicio oral del juez central número 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo en un auto en el que rechaza aplicar la conocida como doctrina Botín que impide abrir juicio cuando no acusan ni el Ministerio Fiscal ni el ofendido o perjudicado por el delito y tras considerar válidos los escritos de las acusaciones que el propio Varela mandó corregir.

La decisión de Varela, adoptada la misma mañana en que el Consejo General del Poder Judicial examinaba la petición de traslado de Garzón a la Corte Penal Internacional, tiene por objeto cortarle esa retirada ya que el organismo tendrá que suspenderle inmediatamente de funciones y un juez suspendido no puede ser destinado a servicios especiales.

La decisión de Varela sorprendió relativamente ya que se esperaba una reacción así después de que Garzón le recusase por tener interés en el pleito. Para ello, Varela ha notificado otos tres autos, rechazando el recuso de reforma de Garzón contra la denegación de todas las pruebas solicitadas por su defensa y otros dos recursos de Falange contra su expulsión el procedimiento. Quedan pendientes de resolver por la Sala Penal el recurso de Garzón por nulidad de actuaciones en los escritos de acusación, que apoya el Ministerio Fiscal.

Una vez que Varela ha recibido otra vez la causa principal, ha despachado en un tiempo record los recursos que tenía pendientes para abrir el juicio oral y que Garzón sea fulminantemente suspendido de funciones y no pueda tramitarse su marcha como adjunto a la Fiscalía de la Corte de La Haya.

La resolución de Varela sobre la apertura del juicio oral a Garzón dedica varios folios a explicar sus propios votos particulares formulados a la doctrina Botín y la doctrina Atutxa, con los que, dice ahora, se “alegraba” porque con la nueva tesis del Supremo “los ciudadanos iban a poder, en muchos más casos, suplir las inhibiciones” del Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción penal.

Varela agrega que los hechos imputados en el escrito de acusación de Manos Limpias “no difieren ni desbordan” los de su auto en el que fijaba el objeto admisible para la acusación. Añade que el escrito se formula “sin cambio relevante” respecto al inicialmente presentado -al que ordenó quitar 53 folios y apostillar que el Garzón actuó “a sabiendas” de la injusticia-, por Manos Limpias.

Por último, señala que “procede ordenar, y ordeno” la apertura del juicio oral contra Garzón “por los hechos objeto de acusación en cuanto constitutivos del delito de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal. Este precepto castiga con pena de 10 a 20 años de inhabilitación al juez el delito de prevaricación judicial. Las acusaciones de Falange y Manos Limpias piden cada una la pena máxima de 20 años.

La última pirueta del juez

Garzón encuentra una salida airosa que le permitirá ir de asesor a la Corte Penal Internacional sin la mácula de haber sido apartado de sus funciones

JOSÉ YOLDI El País12/05/2010

Garzón se va. Hace un mes comentaba a sus íntimos: “Ahora, y así, no me puedo ir”, en referencia a que le llegaban mensajes de que todos sus problemas -tres procesos por prevaricación en el Tribunal Supremo- se solucionarían si se iba de la Audiencia Nacional. Pero fiel a su carácter consideraba que tirar la toalla no era propio de él, que muchos interpretarían que huía y él no da un paso atrás ni para tomar impulso.

Un mes después, y con la espada de Damocles de la inminente suspensión de sus funciones como juez sobre su cabeza, ha encontrado una salida airosa, que teóricamente le permite eludir muchos problemas y que se enfríen sus pleitos en el Supremo.

Garzón ha conseguido una invitación del fiscal de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, para que durante siete meses ejerza de asesor en tres investigaciones que ya tiene en marcha dicho organismo, una de ellas en Uganda, otra en Colombia y la última en la República Democrática del Congo.

Ni que decir tiene que uno no va a un puesto internacional sin el apoyo del Gobierno de su país, por lo que parece evidente que el magistrado cuenta con el beneplácito del Ejecutivo, aunque él niega que haya hablado con nadie a ese respecto. En todo caso, la postura del Gobierno se sabrá pronto, puesto que la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, que se reúne hoy, solicitará al Ministerio de Asuntos Exteriores el preceptivo informe sobre si la misión internacional a la que ha sido invitado Garzón es de interés para España. Si no lo fuera, la Permanente rechazaría la comisión para servicios especiales, pero si el informe fuera favorable a Garzón, la Permanente debería concederla debido a que no habría motivos objetivos para rechazarla puesto que su juzgado está al día.

Esa decisión de la Permanente del Consejo dejaría sin efecto la eventual suspensión de funciones que podría tramitarse en el pleno del próximo día 19 si finalmente el instructor del caso de los crímenes del franquismo, Luciano Varela, abriera juicio oral contra Garzón.

Varela podría intentar anticiparse a la decisión de la Permanente y forzar la suspensión del magistrado en un pleno extraordinario, antes de que se resolviera la solicitud de servicios especiales de Garzón.

Sin embargo, en medios del Consejo del Poder Judicial consideran que el presidente, Carlos Dívar, no es proclive a forzar las cosas. Puesto que la petición de servicios especiales ha llegado antes que la apertura de juicio oral, es partidario de que su tramitación se resuelva antes que algo que todavía no ha llegado. Si el informe de Exteriores es favorable, es muy difícil denegar la petición de Garzón. Y si el juez dejara su juzgado quedaría sin contenido la posible suspensión de sus funciones jurisdiccionales, puesto que ya no se encontraría ejerciendo como juez. Es decir, un problema menos.

No obstante, el proceso seguiría adelante y el juicio podría celebrarse en julio o en septiembre.