Le juge Garzón accusé par les avocats du franquisme

Espagne. Deux plaintes visant le magistrat, dont une contestant sa procédure contre l’ancien régime, risquent d’aboutir à sa suspension.

FRANÇOIS MUSSEAU – Libération – 13/02/2010

Le juge espagnol Baltasar Garzon, le 16 octobre 2009 à Madrid.

Le juge espagnol Baltasar Garzon, le 16 octobre 2009 à Madrid. (AFP Dominique Faget)

    Des écrivains de renom, des cinéastes engagés, des personnalités judiciaires (de l’ex-procureur de la Cour pénale internationale Carla del Ponte au juge chilien Juan Guzman), et même certains ministres du gouvernement Zapatero… Ils sont nombreux à gauche à se mobiliser au secours de Baltasar Garzón, icône de la justice sans frontières sur le point d’être suspendu de ses fonctions. Le plus célèbre magistrat espagnol, connu notamment pour avoir été à l’origine de l’arrestation de Pinochet en 1999 à Londres, est aujourd’hui sur le banc des accusés. Et le «juge star» risque bien d’être écarté de son poste à la tête du tribunal numéro 5 de l’Audience nationale, à Madrid, l’une des principales instances judiciaires du pays.

    A l’initiative d’un juge du Tribunal suprême, Luciano Varela, soutenu par une majorité du CGPJ (l’équivalent du Conseil de la magistrature), Baltasar Garzón est accusé de «prévarication» – acte de mauvaise foi – dans deux affaires. Pour au moins l’une d’elles, affirme-t-on dans les milieux judiciaires, il devra s’expliquer dans un tribunal.

    Banquier. Deux plaintes de Manos Limpias – Mains propres -, un syndicat judiciaire d’extrême droite, accusent le juge d’avoir archivé un dossier judiciaire en 2008 contre le puissant banquier Emilio Botin, patron de la banque Santander. Or, quelques mois plus tôt, en «année sabbatique», Garzón avait donné des cours à l’université de New York, grassement rétribués (environ 300 000 euros) par le même banquier. La deuxième affaire est bien plus politique. Le syndicat Mains propres estime que Garzón a agi «de mauvaise foi» lorsque, en 2009, le juge a ouvert une enquête contre Franco et le régime franquiste, selon lui «responsable d’au moins 100 000 disparitions» d’opposants politiques. Pour Mains propres, il y a eu prévarication, car Garzón a ouvert une enquête contre le Caudillo, tout en sachant que celui-ci est décédé ; d’autre part, il ne peut «en aucun cas» s’attaquer à l’ancien Régime sur la base des lois d’amnistie de 1977 – votées deux ans après la mort de Franco par le Parlement.

    «Vu hors d’Espagne, Il est incompréhensible que le premier juge espagnol osant s’en prendre au régime franquiste puisse être victime de la haute magistrature ! C’est immoral», s’est écrié le juge chilien Juan Guzman qui, à deux reprises, a poursuivi l’ancien dictateur Pinochet. Comme d’autres magistrats de renom, Guzman a proposé de témoigner en faveur de Garzón au cours de son procès.

    Ennemis. Il devrait suivre la principale ligne de défense de l’accusé : au vu des conventions signées par l’Espagne, les crimes contre l’humanité – dont la répression franquiste dans les années 40 – sont imprescriptibles. Dès lors, aucune loi d’amnistie ne peut protéger l’ancien régime espagnol. Ce drôle d’épisode judiciaire apporte en tout cas la preuve que Garzón, qui n’a jamais eu froid aux yeux dans ces enquêtes (ETA, partis politiques, mafias, délits économiques…) compte d’innombrables ennemis au sein de la magistrature.

    Varela da cinco días al fiscal y Manos Limpias para que contesten al recurso de Garzón

    El magistrado presentó la semana pasada su escrito de defensa en el que llamó a juristas internacionales para que testifiquen a su favor

    JULIO M. LÁZARO El País18/02/2010

    Luciano Varela, instructor de la querella contra Baltasar Garzón por supuesta prevaricación en la causa contra el franquismo, ha dado un plazo de cinco días al fiscal, Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS, para que presenten alegaciones al recurso de apelación del magistrado de la Audiencia Nacional.

    Garzón presentó la semana pasada su recurso en el que convocaba a destacados juristas internacionales para que testificaran en su favor y exigía que el auto de Varela, paso previo para que la Sala del Supremo decida sobre el futuro del juez, quede sin efecto.

    Garzón acusaba a Varela en su escrito de imputarle delitos de prevaricación sin base legal y haciendo uso sólo de una sucesión de calificativos “peyorativos”. La defensa del juez calificó el auto del instructor como “insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal”.

    El juez de la Audiencia Nacional dispone de diez días de plazo para formular alegaciones ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que decida si le suspende provisionalmente de sus funciones.

    El proceso contra Garzón en El País ayer y hoy

    “Conde-Pumpido apunta que la Fiscalía no apoyará la suspensión de Garzón

    El Fiscal General del Estado recuerda que su departamento no acusa al juez en ningún proceso.- El informe no es vinculante

    JULIO M. LÁZARO – El País – 10/02/2010

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    Garzón convoca a juristas internacionales para que declaren a su favor

    El magistrado recurre ante el Supremo el auto de procesamiento de Varela y pide que se acepten nuevas pruebas

    JULIO M. LÁZARO – El País – 10/02/2010

    El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha interpuesto este miércoles un recurso ante el Supremo contra la decisión de Luciano Varela -el instructor de la investigación contra el magistrado por supuesta prevaricación en la causa de la Guerra Civil y el franquismo- de pedir respaldo a la Sala de lo Penal para que siga adelante el proceso. En su auto Varela atribuía a Garzón un delito sancionado con inhabilitación de 12 a 20 años.

    Garzón ha solicitado que el auto de Varela quede sin efecto y ha convocado a varios magistrados internacionales y expertos en el proceso contra el franquismo para que declaren a su favor. Entre los jueces que solicita que comparezcan están Carla del Ponte -antigua fiscal jefe del TPI de la antigua Yugoslavia- , Eugenio Raúl Zaffaroni -uno de los jueces que declaró inconstitucional la ley de punto final en Argentina-, Juan Guzmán Tapia -quien abrió causa contra los responsables de la dictadura chilena-, Hugo Relva- coordinador de Justicia de Amnistía Internacional-, Sergio García Ramírez -magistrado de la Corte Internacional- y Eduardo Freile -presidente de la Cámara Federal de Buenos Aires y autor de resoluciones contra las leyes de punto final en Argentina-.

    Garzón pide además la declaración como testigos de los magistrados de la Audiencia Nacional Ricardo Prada, Ramón Sáenz Valcárcel y Clara Bayarri, que apoyaron la competencia del magistrado para investigar los crímenes del franquismo. Incluye también en la lista al antiguo fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, al fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza y a un grupo de expertos en el proceso contra el franquismo.

    El magistrado de la Audiencia Nacional considera en su recurso que los argumentos del juez Varela son “insostenibles”, “incomprensibles” y sin fundamento jurídico.

    Las posibilidades de que el recurso prospere son casi inexistentes, y si finalmente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no revoca la decisión, Varela preparará el juicio oral contra Garzón.

    Varela aseguraba en sus 54 folios de escrito que Garzón no pretendió investigar los “horrendos crímenes” de la dictadura franquista, sino que obró “con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de las víctimas”. De acuerdo con los argumento de Varela, Garzón se extralimitó tras aprobarse la ley de Memoria Histórica al hacerse cargo del control de las localizaciones y exhumaciones de los cuerpos sin vida de las víctimas de la dictadura y además “ignoró conscientemente” la Ley de Amnistía.

    La Sala de lo Penal que tendrá que decidir si respalda la petición de de Varela está formada por los jueces conservadores Juan Saavedra, Adolfo Prego, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo, y por el progresista Joaquín Jiménez, que admitieron a trámite las querellas contra Garzón del seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, de Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS.

    El juez ha interpuesto el recurso un día después de que la Comisión Permanente del Poder Judicial comenzara los trámites para suspenderlo de funciones. El fiscal General del Estado, Candido Conde-Pumpido, ha apuntado hoy que el dictamen del fiscal encargado de analizaresta solicitud será negativo.

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    Juristas internacionales se movilizan para testificar a favor de Garzón

    La defensa impugna el “insostenible” e “infundado” auto del juez Varela

    JULIO M. LÁZARO – El País – 11/02/2010

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    Uno de los argumentos que el instructor de la causa contra Garzón por investigar el franquismo, Luciano Varela, usa contra el juez de la Audiencia es la no aplicación de la Ley de Amnistía, que, según Varela, le obligaba a cerrar el caso. En su nuevo recurso, Garzón propone como testigos a siete juristas de prestigio internacional para demostrar que los crímenes contra la humanidad no son amnistiables conforme a tratados internacionales suscritos por España.[…]

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    Los fiscales progresistas también apoyan a Garzón

    El presidente de la Audiencia Nacional cree que la ideología de los jueces puede determinar el proceso

    El País – 11/02/2010

    El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzon, suma apoyos entre la judicatura ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo le impute por dos causas distintas y sea suspendido por el Consejo General del Poder Judicial. Si ayer el abogado del magistrado daba a conocer que juristas de gran prestigio internacional habían accedido a testificar a favor de Garzón y que la asociación Jueces para la Democracia le respaldaba, hoy ha sido la Unión Progresista de Fiscales quien ha defendido públicamente al juez.

    En un comunicado, la asociación ha querido “manifestar su solidaridad y apoyo” a Garzón. En su opinión, la investigación de los crímenes del franquismo “y su consideración como crímenes contra la humanidad” es “completamente ajustada a la legalidad nacional e internacional”, por lo que la actuación del magistrado “de ningún modo puede considerarse jurídicamente infundada o arbitraria”.

    Los fiscales, además, recuerdan que la iniciativa contra Garzón nace de “organizaciones relacionadas con la derecha más extrema de este país, herederas directas de algunas de las implicadas en los crímenes investigados” y finalizan: “Criminalizar la discrepancia jurídica en base a querellas palmariamente sospechosas pone en grave peligro la función jurisdiccional y la independencia judicial”.

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    La asociación del instructor de la causa contra Garzón apoya al magistrado

    Jueces para la Democracia expresa su “honda preocupación” por la decisión de Varela y consideran que el juez no prevaricó

    El País – 10/02/2010

    La asociación de Jueces para la Democracia, a la que pertenece Luciano Varela, el instructor de la causa penal contra el juez Baltasar Garzón por su actuación prevaricadora al investigar los crímenes del franquismo, ha mostrado su apoyo al magistrado de la Audiencia Nacional y ha expresado su “honda preocupación” por la decisión de Varela de pedir respaldo a la Sala de lo Penal para que siga adelante el proceso.

    A través de un comunicado, la asociación ha recordado que “la causa se abrió exclusivamente a instancias de asociaciones que podrían calificarse como de extrema derecha, herederas ideológicas del franquismo”, en alusión a Manos Limpias, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. Por ello, pese a su respeto a la independencia del Tribunal Supremo, Jueces para la Democracia ha manifestado su “opinión contraria” a que estas asociaciones utilicen el proceso penal para sentar en el banquillo al “único juez que, a instancias de familiares de desaparecidos durante la represión franquista, ha tratado de articular una respuesta procesal penal adecuada a las demandas de aquellos olvidadas durante décadas”.

    La asociación señala que en el seno de la propia sala de lo penal de la Audiencia que le declaró no competente hubo “discrepancias” al respecto, por lo que concluye que la actuación del juez es “jurídicamente discutible y, por lo tanto, no opuesta frontalmente a la legalidad”. Añade, además, que la investigación llevada a cabo por Garzón no perjudicó a nadie, ya que “no existe ninguna persona o grupo que haya visto limitados sus derechos por la instrucción”, y considera que no puede llamarse “prevaricadora” a una actuación que, “acertada o equivocadamente desde una perspectiva jurídica”, trata de dar respuesta a las demandas de “las víctimas de crímenes contra la humanidad, así declarados por las Naciones Unidas en 1946, por el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo”.

    Por último, la asociación ha reiterado su apoyo a las víctimas de la represión franquista y de sus familias y “a cuantas iniciativas ciudadanas se lleven a cabo para conseguir la más completa reparación de las mismas, y, en especial la apertura de las fosas diseminadas por todo el país”.

    La aberración

    Los crímenes del franquismo se vuelven contra el juez Garzón, que ha intentado investigarlos

    El País (editorial) – 08/02/2010

    La aberración histórica de que herederos ideológicos del franquismo sienten en el banquillo al juez que intentó investigar los crímenes de aquel régimen, a demanda de familiares de víctimas que todavía yacen en fosas comunes, lleva camino de consumarse. Como si entráramos en el túnel del tiempo o el pasado más oscuro retornara, el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, instructor de las querellas por prevaricación formuladas por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, ha concluido que hay motivos para enjuiciar a Baltasar Garzón por abrir una causa penal contra el franquismo. Ironía máxima: está pendiente de resolver otra del mismo tenor nada menos que de Falange Española.

    A Garzón le queda todavía la posibilidad de apelar a la sección de la Sala Segunda del Supremo que admitió a trámite las querellas. Pero visto el tono y el contenido del auto de Varela -que más parece una sentencia condenatoria que una resolución en fase instructora-, pocas dudas caben sobre el curso del procedimiento. Las consecuencias inmediatas serían la suspensión cautelar de Garzón y su extrañamiento de la Audiencia Nacional, en la que acumula a lo largo de 23 años un ingente balance de actuaciones en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia económica.

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    El Supremo ve motivos para juzgar a Garzón por investigar los crímenes franquistas

    El juez Luciano Varela rechaza el recurso del juez de la Audiencia contra la querella que presentó Manos Limpias y a la que se sumó Falange Española.- Cabe recurso ante la Sala

    JULIO M. LÁZARO El País04/02/2010

    El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra la admisión a trámite de la querella presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias que le acusaba de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. La Fiscalía pidió el archivo de la causa a la que se sumó posteriormente Falange Española por decisión del instructor, Luciano Varela.

    Varela aprecia un delito de prevaricación de los tipificados en el artículo 446.3 del Código Penal. Para este magistrado, el juez Garzón actuó “con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de las víctimas de los horrendos crímenes del franquismo, erigidos en aparente objeto del procedimiento, sabiendo que esto había sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar”. Añade que los móviles altruistas no eximen ni atenúan la eventual responsabilidad penal en que pudiera haber incurrido.

    En 2008, Garzón se convirtió en el primer magistrado español que atribuyó al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el régimen legalmente constituido de la República la puesta en marcha de un plan de exterminio sistemático de sus oponentes políticos y de una represión que acabó con al menos 114.266 personas desaparecidas, de las que no se ha dado razón de su paradero, y que a su juicio constituye un contexto de crímenes contra la humanidad.

    En su día, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, acusó al juez de formar una “causa general” para investigar y enjuiciar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, circunstancia que, a su entender, violenta las reglas y límites del proceso penal.

    Pese a ello, la Fiscalía se ha pronunciado en varias ocasiones contra la admisión a trámite de la querella y por su archivo. El ministerio Público alegó que la instrucción del juez del Supremo Luciano Varela ha sido “inquisitiva” e “injustificadamente retardada” y que veía “absolutamente sorprendente” que pudieran ser vehículos de una prevaricación judicial dos resoluciones “diametralmente opuestas”: el auto por el que Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo, y su contrario, es decir, aquel en el que decide inhibirse al entender que la competencia corresponde a los juzgados de las localidades donde se encuentran las fosas de fusilados de la Guerra Civil.

    El juez Varela recaba el respaldo del Supremo para liquidar a Garzón

    El instructor anticipa que le llevará a juicio para inhabilitarle hasta 20 años

    JULIO M. LÁZARO El País04/02/2010

    Luciano_Varela_Baltasar_Garzon

    Foto: El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En la foto superior, el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela.- I. IRAGO / S. SÁNCHEZ

    El juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela dio ayer el paso previsto y definitivo para acabar con la carrera del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En un auto de 54 folios, que tiene la textura de una genuina sentencia condenatoria, Varela atribuye a Garzón un delito de prevaricación (artículo 446.3 del Código Penal), castigado con inhabilitación de 12 a 20 años, por querer investigar los crímenes del franquismo. Y anticipa que si la Sala de lo Penal del Supremo no revoca su decisión, preparará el juicio oral. Aunque el auto de Varela se puede impugnar ante el propio instructor y ante la sala que admitió la querella de Manos Limpias, las posibilidades de que el recurso prospere son prácticamente nulas.

    La resolución desestima la petición de sobreseimiento formulada por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, y por el fiscal del Supremo, Luis Navajas. Pero, en contra de la práctica habitual, Varela declina transformar el procedimiento en abreviado y abrir la fase de juicio oral y se mantiene a la espera, hasta que el Supremo convalide su auto. Fuentes judiciales explicaron que con esa maniobra procesal, Varela persigue la complicidad de la Sala Penal a fin de compartir con otros cinco magistrados la gravedad de la medida que supone suspender de funciones al magistrado Baltasar Garzón y expulsarle de la Audiencia Nacional. El juez del Supremo tampoco ha resuelto aún sobre la efectiva incorporación de Falange Española de las JONS al procedimiento.

    Varela ha concluido sus ocho meses de investigaciones “sin encontrar datos que hayan alterado los hechos”, pero sostiene que Garzón no pretendió en realidad investigar los “horrendos crímenes” del franquismo, sino que “actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de las víctimas”.

    El “hecho justiciable” establecido por Varela consiste en que, una vez aprobada la ley de Memoria Histórica de 2007, Garzón decidió en 2008 superar la limitación que dicha ley imponía e intentó “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar” del franquismo. Según el instructor, Garzón sabía que los crímenes del franquismo habían sido objeto de amnistía “por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar”.

    El instructor del Supremo asegura que los “móviles altruistas” que hubiera podido tener Garzón, “como el encomiable deseo de paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos crímenes” -los crímenes son “horrendos” al menos en cuatro ocasiones- “no eximen, ni siquiera atenúan, la responsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido”.

    En su tono habitual, entre faltón y engolado, Varela descalifica la “ignorancia inexcusable” de Garzón sobre la Ley de Amnistía, “tan jurídicamente grosera que no merece mayor comentario”. Critica después que Garzón “enfatice” que nunca antes se habían investigado los crímenes del franquismo, como exigiría el marco jurídico internacional al que España pertenece. Como si nos encontráramos, apostilla Varela, “ante una conspiración de silencio de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el del ministerio fiscal…”.

    El auto también contiene errores, alguno de bulto: Varela atribuye a Garzón una providencia fechada el 29 de octubre de 2008 revolviendo sobre diversas peticiones de exhumaciones. En realidad, la providencia la dictó el juez Santiago Pedraz, porque Garzón se encontraba recuperándose de una intervención quirúrgica sufrida el día anterior.

    La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lamentó ayer la “resistencia” del Supremo a archivar la causa contra Garzón y criticó al instructor Luciano Varela por no asumir los postulados del Derecho Público Internacional que consideran inaplicables las leyes de Amnistía. La asociación subrayó que “más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo juraron los Principios del Movimiento y fidelidad al general Franco”.

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