Tag: Ley de la Memoria

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Campaña para retirar la cruz de O Castro de Vigo

Un grupo por la memoria histórica recoge firmas para que se cumpla la ley

T. CUÍÑAS / P. OBELLEIRO – El País – 21/04/2010

La Asociación Viguesa pola Memoria do 36 lleva un mes recogiendo firmas para exigir al Ayuntamiento de Vigo la retirada de la cruz erigida durante la dictadura en la falda del monte de O Castro en honor a los caídos de la Guerra Civil. El colectivo, con algo más de un centenar de socios, ampara su petición en la Ley de Memoria Histórica que, en su artículo 15.1, establece que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos y menciones conmemorativas de exaltación personal y colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”.

“Es un monumento que debe ser retirado por su tamaño, su ubicación frente al Ayuntamiento y en un parque público, su sentido religioso en un Estado que se dice aconfesional, su impacto visual contaminante y especialmente por su significado político de exaltación del franquismo”, manifiesta la asociación en uno de los numerosos escritos dirigidos al alcalde vigués, el socialista Abel Caballero.

Al tiempo que se reavivaba la campaña y tras recibir la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio y el Obispado de Tui-Vigo, Caballero ha comenzado a dar cumplimiento a un acuerdo del gobierno local de abril de 2008 para la retirada de la simbología del régimen franquista en las fachadas de varias iglesias del municipio. “Con la cruz de O Castro lo tiene aún más fácil, puesto que se trata de un monumento que no está catalogado como bien artístico ni se encuentra en terreno eclesiástico; por tanto, se puede retirar sin necesidad de más permisos y en cumplimiento de una ley que faculta esa posibilidad”, aclara el presidente del colectivo, Telmo Comesaña, quien lamenta que el regidor sólo convocase una vez, en lo que lleva de mandato, el Consello Local da Memoria para tratar esta clase de asuntos.

La construcción de la cruz, de 12 metros de altura, fue un proyecto impulsado por la Jefatura Local de Falange en 1959 e inaugurado por Franco en 1961. Costó más de 900.000 pesetas en una época en la que el salario de un obrero de la factoría cercana de la panificadora no llegaba a las 800 pesetas semanales. En los años cohenta, el primer gobierno del entonces alcalde socialista, Manoel Soto, despojó al monumento de la simbología fascista y hace dos años se construyó una subestación eléctrica bajo el conjunto. “Hubiese sido el momento propicio para quitarla de ahí”, afirma el presidente de la Asociación Viguesa pola Memoria do 36.

Las adhesiones a la iniciativa se pueden formalizar a través de los miembros del colectivo, los tres sindicatos principales y la mayoría de las asociaciones de vecinos hasta el próximo 1 de mayo. La intención de los promotores, casi todos descendientes de víctimas de la represión franquista, es entregarlas en el registro municipal a finales del próximo mes. “Estamos comprobando que muchos ciudadanos acogen la propuesta con entusiasmo e interés, porque es necesaria para sacudirse la dictadura, así que esperamos que los políticos no desaprovechen este nervio”, dice Comesaña.

Al tiempo, ayer se presentó en A Coruña el recuento aún inacabado de asesinados durante la represión franquista, entre 1936 y 1977, en la capital coruñesa y nueve municipios de su entorno. El listado, elaborado por un equipo de historiadores en cumplimiento del convenio entre la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña y el proyecto interuniversitario Nomes e voces, alcanza los 600 nombres y excluye a los muertos partidarios de los sublevados militares. El informe, abierto para su ampliación, incluye a los ejecutados; a aquellos que fueron paseados y que, pese a su desaparición, han sido dados por muertos; e incluso a personas naturales de la comarca coruñesa que murieron lejos de sus casas, en algunos casos en campos de concentración de Francia y Alemania. También se sumaron víctimas que, siendo de fuera, murieron en esta zona.

La idea de la comisión y los historiadores es dar ahora mayor difusión a esta primera lista para completarla con la colaboración ciudadana a través de su web (www.memoriadacoruna.com) o vía telefónica (645029338). Gracias a exhaustivas pesquisas en registros civiles o de cementerios, actas de consejos de guerra y bibliografías, se logró poner nombre y apellidos a casi todas esas 600 víctimas entre las cuales sólo figuran 10 mujeres. Quedan 28 “desconocidos”.

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Ni vestigio del franquismo

Defensa ha eliminado de los cuarteles el 80% de los símbolos de la dictadura – Pendiente de Cultura la estatua de Franco en la base de la Legión en Melilla

MIGUEL GONZÁLEZ – El País – 04/04/2010

Más de tres horas de trabajo de una docena de operarios hicieron falta para trasladar a un almacén de la Armada, el pasado día 18, la estatua ecuestre del general Franco que, entre 1967 y 2002, presidió la Plaza de España de Ferrol, mal llamado de El Caudillo. Durante los últimos ocho años, la mole de seis metros de altura y siete toneladas aguardó en un patio del arsenal a que el Ayuntamiento, su legítimo propietario, decidiera su ubicación definitiva. También es de propiedad municipal el monumento que, de 1964 a 1983, se alzaba ante el Ayuntamiento de Valencia y al que Defensa tuvo que buscar acomodo en Capitanía. A muchos les parecía lógico que los cuarteles fueran el último reducto de los símbolos franquistas a medida que éstos desaparecían, con notable demora, de los espacios públicos de las principales ciudades españolas, casi siempre con el pretexto de una remodelación urbanística.

Esta situación ha cambiado radicalmente con la Ley de la Memoria Histórica de diciembre de 2007, cuyo artículo 15 obliga a todas las Administraciones Públicas a tomar “las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Aunque muchos lo dieran por sentado, incluidos algunos alcaldes, fuentes de Defensa subrayan que los cuarteles no son los lugares más adecuados para conservar símbolos incompatibles con los valores constitucionales que los militares están obligados a proteger, incluso con el sacrificio de su vida.

– 405 objetos en el inventario. El primer paso para aplicar la Ley de la Memoria Histórica fue la elaboración de un catálogo de símbolos franquistas en dependencias militares. En total, se han inventariado 405 objetos, “básicamente, escudos preconstitucionales, placas, bustos, estatuas, vidrieras e inscripciones”, según explicó el pasado día 10 en el Congreso el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez. La mayoría de estos vestigios (225) se encontraba en instalaciones del Ejército de Tierra, seguidas de las del órgano central (121), Armada (38) y Ejército del Aire (21).

– Más del 80% ejecutado. La eliminación de 321 vestigios (el 80% del total) ya ha concluido y está en ejecución la de otros 80. La solución técnica ha sido diferente en cada caso: el traslado cuando era posible (estatuas), la sustitución (lápidas, escudos) o, en casos extremos, su ocultación a la vista del público. Por ejemplo, se optó por tapar la placa de la fachada del Cuartel General del Ejército del Aire, en Madrid; y se zanjó el asunto suprimiendo la luz que iluminaba unas vidrieras con el escudo preconstitucional en la Academia de Infantería de Toledo.

– 11 objetos amnistiados. La Ley de la Memoria Histórica permite conservar aquellos vestigios que “sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”. Esto ha permitido a Defensa amnistiar 11 símbolos: un fresco en el Estado Mayor de la Defensa (Madrid); un conjunto escultórico en la Delegación de Defensa en Logroño; sendos escudos en la antigua prisión militar de Mahón, y las comandancias navales de Castellón y Tenerife; unas vidrieras en el Palacio de la Almudaina de Palma y en el cuartel La Rubia en Valladolid; y un grabado en la Escuela Militar de Marín. En la Capitanía de la Armada en San Fernando se salva un ventanal que reproduce el antiguo escudo de la Armada con la corona republicana; y en la base de submarinos de Cartagena, un mural que recuerda a todos los caídos, “con independencia del bando en que militasen”. Se ha descartado quitar el escudo de la antigua hípica de la Academia Militar de Zaragoza porque está previsto demoler el edificio.

– Cuatro consultas a Cultura. En otros cuatro casos, el Ministerio de Defensa ha optado por consultar a la comisión de expertos creada por el Ministerio de Cultura antes de tomar una decisión. Se trata de los escudos ubicados en las fachadas del antiguo Gobierno Militar de Valencia, de la Comandancia General de Melilla y de la Comandancia General del Miño, en Tuy; así como la estatua de Franco en el Acuartelamiento Millán Astray de Melilla. Esta última es la única escultura del dictador que queda en una unidad militar y su presencia se justifica por el hecho de que Franco (representado a caballo cuando era comandante) fue uno de sus fundadores. No parece, sin embargo, que esta razón sea suficiente para que el Ministerio de Cultura avale su valor artístico.

– Ahora, la nomenclatura. Una vez completada la retirada de objetos, el Ministerio de Defensa se propone revisar las denominaciones de instalaciones militares, bases y acuartelamientos. En el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid hay todavía unas dependencias dedicadas a Carmen Polo, esposa del dictador, y en la base aérea de Talavera la Real (Badajoz) existía una calle con el nombre de Legión Cóndor, un caso único en el mundo de homenaje a la unidad nazi que destruyó Gernika.

– Resistencia y colaboración. La eliminación de los símbolos de la dictadura ha tropezado con la resistencia pasiva de algunos mandos militares, los más apegados al franquismo, pero la tarea -realizada sin estridencias y con parsimonia, a lo largo de más de dos años- ha contado con la colaboración, por convencimiento o disciplina, de la mayoría. Sin ayuda de los cuarteles generales hubiera sido imposible completar ni siquiera el catálogo. “Todo ejército necesita símbolos y héroes a quienes honrar, pero deben ser símbolos de unión y no de división entre los españoles”, subraya un experto en historia militar. Si Franco levantara la cabeza, seguramente se caería del caballo.

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Los símbolos franquistas desaparecen de la Capitanía Militar de Barcelona 35 años después

El edificio del paseo de Colón luce desde hoy el escudo constitucional

JESÚS GARCÍA – El País – 23/03/2010

La fachada del Palacio de Capitanía Militar de Barcelona, en el paseo de Colón, luce el escudo constitucional- TEJEDERAS

La fachada del Palacio de Capitanía Militar de Barcelona, en el paseo de Colón, luce desde hoy el escudo constitucional. Los trabajos de instalación de la placa han durado tres meses y han permitido sustituir, 35 años después de la muerte de Franco, el escudo franquista con el águila, el yugo y las flechas y la leyenda “una, grande y libre”.

El escudo franquista, sin embargo, no ha desaparecido del todo: permanece oculto bajo el nuevo escudo, que ha sido superpuesto. Con esta actuación, el Ministerio de Defensa se ajusta a la ley.

Ahora ya sólo queda una instalación militar con emblemas franquistas: el edificio del Gobierno Militar de Barcelona, en el Portal de la Pau. El águila será sustituida en unos días.

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Una exaltación del franquismo menos

Defensa retira la estatua ecuestre del Arsenal Militar de Ferrol y la deposita en un almacén

Público – 18/03/2010

La estatua ecuestre del dictador Francisco Franco, que permanecía en el patio de Herrerías del Arsenal Militar de Ferrol, ha sido finalmente retirada esta tarde, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La figura ha sido trasladada en un camión a un almacén militar próximo a la escuela naval Antonio do Escaño de Caranza. Allí permanecerá en un almacén, oculta bajo una lona.

La maniobra, que fue bastante compleja por las dimensiones de la efigie de bronce, de más de ocho toneladas de peso y seis metros de altura, se inició a las cuatro de la tarde. Un arnés sujetaba tanto al jinete como a su montura, en el interior de una jaula construida para asegurar el transporte de la estatua.

Una grúa izó la estatua hasta un camión góndola, que la traslado a lo largo de un kilómetro y medio por el interior del recinto militar y del astillero ferrolano de Navantia, por un espacio restringido lejos de las miradas del público.

Fuentes militares calcularon que la maniobra podría completarse en aproximadamente tres horas y confirmaron que será el Ministerio de Defensa el que corra con los gastos del traslado. La estatua será depositada en el interior de una nave de repuestos de la Marina, en Caranza, dentro del recinto militar, donde la cubrirán con una enorme lona para mantenerla oculta.

Regalo de la ciudad al dictador

Una docena de trabajadores del Arsenal y operarios participaron esta tarde en la maniobra de traslado de la polémica estatua ecuestre entre fuertes medidas de seguridad para sujetar la pieza escultórica. La estatua fue un regalo de la ciudad al dictador en 1967, y pasó varias décadas en el centro de la plaza de España de Ferrol, puerta de la entrada a la ciudad natal de Franco.

En julio de 2002, un gobierno local encabezado por el BNG retiró la estatua para iniciar las obras de remodelación de este espacio y deposito la efigie en un lateral del patio de Herrerías, delante del Museo Naval de la ciudad.

Allí ha permanecido los últimos ocho años, y en enero el Ministerio de Defensa exigió al Ayuntamiento ferrolano la retirada de la estatua ecuestre. El 14 de enero, el alcalde de Ferrol, Vicente Irisarri, del PSOE, anunció que la corporación local, propietaria de la estatua, había acordado en Junta de Portavoces guardar la efigie en un almacén militar.

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El PP se abstiene de revocar honores a Franco en A Coruña

El Ayuntamiento quita distinciones a 18 miembros de la dictadura

PAOLA OBELLEIRO – El País – 02/03/2010

El Ayuntamiento de A Coruña, con la abstención del PP, aprobó ayer la retirada de los títulos honoríficos concedidos a Francisco Franco y otros 17 miembros de la dictadura. Previamente, socialistas y nacionalistas, que conforman el gobierno municipal, unieron sus votos para desestimar los recursos presentados por los descendientes de militares del franquismo que dan nombre a calles de la ciudad, como son Millán-Astray, Juan Canalejo, Arcadio Vilela y Barreiro Tejeiro. Ahora la oposición a la retirada de la simbología franquista en A Coruña seguirá batallando en los juzgados, como ya lo hicieron los veteranos de la Legión contra la reciente retirada de la imponente estatua del fundador de este cuerpo, Millán-Astray, en una plaza que aún lleva su nombre.

La obligada aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, que establece desde 2007 la retirada de los honores o monumentos que exalten la figura de participantes en la Guerra Civil o en la dictadura, es “justificación” suficiente para rechazar los recursos de familiares, arguyó el edil de Educación y Protocolo, Carlos González-Garcés. Las distinciones concedidas a Franco y sus colaboradores “no pueden estar por encima de la ley”, añadió. El dictador ha dejado de ser desde ayer hijo adoptivo y predilectísimo de la capital provincial, alcalde honorario y medalla de Oro. La concesión de esta última distinción ha sido revocada también para Luis Carrero Blanco, Millán-Astray, Gómez Zamalloa y Juan Canalejo, un falangista local que daba hasta hace año y medio su nombre al hospital de A Coruña.

Fraga, excluido

Del listado aprobado ayer quedó excluido Manuel Fraga. Conservará su título de hijo adoptivo de A Coruña otorgado por el pleno municipal en 1968 por su condición de entonces ministro de Información y Turismo. Sin embargo, a otros seis miembros del Gobierno franquista, la mitad en la misma época que Fraga, sí se les revocó ayer la misma distinción, como es el caso de Camilo Alonso o José Ibáñez.

“Se hace justicia con los represaliados”, se congratuló la edil nacionalista Margarida Vázquez. Y calificó de “cobarde” al PP por abstenerse en este asunto. “Deja bien clara su ideología”, reprochó. Los conservadores coruñeses se mostraron siempre en contra la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, aunque cada vez que el pleno, como ayer, adoptó acuerdos para cumplirla y retirar simbología franquista, optaron por abstenerse. “No nos sentimos concernidos”, argumentó el edil del PP Juan de Dios Ruano, “por el modo excluyente, sectario y antirreglamentario” con el que se llevó a cabo el proceso.

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El juez Garzón no ha prevaricado

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO – El País – 23/02/2010

En un reciente manifiesto de apoyo al juez Garzón se dice que sólo por “malevolencia” o “razones políticas” puede afirmarse que ha actuado “injustamente” en la causa por los crímenes del franquismo. Resulta obvio que es así: desde que el Tribunal Supremo (TS) admitió a trámite la querella de organizaciones ultraderechistas contra dicho juez, siempre con la oposición de la Fiscalía.

El TS se limitó a decir que “lo afirmado en la querella no es algo que ab initio pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación”. Criterio que podría aplicarse a multitud de resoluciones judiciales que se apartan, dentro del respeto a la Ley, de los criterios mayoritarios en la interpretación de las normas jurídicas. Pero la resolución del juez Varela del pasado 3 de febrero ha llevado los límites del delito de prevaricación y el concepto de resolución judicial “injusta” mucho más allá de lo permisible.

En primer lugar, hay omisiones inadmisibles en esa resolución. Por ejemplo, no citar la cifra de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y la dictadura, y de las que aún se ignora su paradero. Son 114.266, a las que habría que añadir los miles de menores que fueron arrebatados delictivamente a sus familiares, hecho que al juez Varela no le merece ninguna atención. Ignoramos si sabe, y resulta necesario saberlo para pronunciarse, que en el Valle de los Caídos aún quedan 12.530 restos de personas desaparecidas sin identificar.

Ante las denuncias formuladas por desapariciones forzadas durante aquel periodo, el juez Garzón obró como había que hacerlo, procedió a la “comprobación del hecho denunciado”. Y, desde luego, los hechos, frente al criterio del instructor Varela, tenían una evidente relevancia penal. No hace falta ser jurista para constatarlo. Como no es admisible que discuta si los denunciantes habían calificado delictivamente los hechos, a lo que no estaban legalmente obligados, ni menos aún que les atribuya, en términos que podrían considerarse ofensivos, que han buscado “atajos en el uso indebido del cauce penal”.

El juez Varela va más lejos y afirma que los hechos denunciados “han dejado de tener relevancia penal al tiempo de la denuncia” y que el juez Garzón, en consecuencia, no debería haber admitido aquellas denuncias y mucho menos darles trámite, ya que, además, también era evidente que no eran competencia de la Audiencia Nacional.

Pues no es tan evidente. Y el juez Garzón estaba obligado a otorgar tutela judicial suficiente y efectiva a unos denunciantes que describían, como resulta de los datos anteriores, un plan de exterminio sistemático de grupos sociales por razones ideológicas y políticas. La historia lo ha demostrado sobradamente. Pero el juez Varela, para comprender la magnitud de la masacre colectiva denunciada, debería examinar la moción del Grupo Parlamentario Socialista (Boletín del Congreso de Diputados, 8/9/2003) que se refiere a 150.000 fusilados por el franquismo y 500.000 presos políticos. Estamos ante crímenes contra la humanidad. Pese a dicha evidencia, para el instructor la apertura de las diligencias previas y las diligencias acordadas para la investigación de los hechos eran “objetivamente contrarias a Derecho” porque no estaban justificadas. Naturalmente que lo estaban, por varias razones que mencionaré brevemente.

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Carlos Jiménez Villarejo es fiscal de Sala jubilado.

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Defensa borra el recuerdo de Franco en los cuarteles de Ceuta

Retira de los cuarteles los nombres alusivos de calle alusivos a la época del dictador

Público – 21/02/2010

El Ministerio de Defensa ha procedido a la retirada en la Ciudad Autónoma de Ceuta de los nombres de calles alusivos a la época de Francisco Franco que había en el interior de varios acuartelamientos de la ciudad.

Según han informado fuentes militares, los acuartelamientos del Fiscer -sede el Regimiento de Regulares-, el del Coronel Galindo -donde está la unidad Logística- y el cuartel de Montesa 3 -donde tiene su sede Caballería- tenían vestigios de la época franquista.

En estos últimos días, la Comandancia General de Ceuta ha procedido a la retirada de los nombres de las calles y otros distintivos que había en el interior de estos cuarteles relativos a la época de la Dictadura.

La medida se ha llevado a cabo en cumplimiento de una orden del Ministerio de Defensa, coordinada a través de Sevilla, para la eliminación de los vestigios que estaban en el interior de las dependencias militares de Ceuta.

El proceso para la retirada de los monumentos de la época de Franco se había iniciado a principios de esta misma semana con la retirada de dos monumentos del conocido “Convoy de la Victoria”, que conmemora el paso del Estrecho de Gibraltar de varios navíos en el año 1936.

La Comandancia General de Ceuta ha cubierto con cemento los “Piés de Franco” -obra del escultor Bonifacio López Torvizco- así como ha procedido a la retirar del lugar del mástil del cañonero “Dato”, los cuales estaban en el Monte Hacho.

En el lugar únicamente queda ahora una explanada y el monolito, ya sin los Piés de Franco y sin las placas que hacían referencia a este monumento.

En la autonomía ceutí todavía quedan más vestigios como el monumento del “Llano Amarillo”, que fue traído piedra a piedra desde Marruecos para conmemorar unas maniobras militares el 12 de julio de 1936, así como otras placas y cerámicas repartidas por distintas zonas.

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El ‘número dos de Barberá’ acusa a Santiago Carrillo de tener muchos “muertos bajo su conciencia”

El político del PP dice que la memoria histórica es conocer las “atrocidades que cometieron” los comunistas en la Guerra Civil

El ‘número dos’ de Barberá, Miquel Domínguez, carga contra Carrillo.
JESÚS MORENO – Público – 16/02/2010

El teniente-alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Miquel Domínguez, ha responsabilizado directamente a Santiago Carrillo de la muerte de los presos fascistas en la cárcel de Paracuellos durante la Guerra Civil. El número dos de Rita Barberá parece que ha apostado por buscarle una utilidad a la Ley de Memoria Histórica, ya que considera que puede servir para reflejar las “atrocidades” que cometieron, en su opinión, tanto el ex secretario general del Partido Comunista de España (PCE) como “los comunistas” en general.

El mensaje de Domínguez no deja lugar a confusiones; no lo ha dicho en una entrevista que se haya podido descontextualizar ni se ha filtrado por descuido en un micrófono abierto: ha cargado contra Carrillo en una columna publicada en ABC con el único objeto de poner en cuestión la figura del veterano comunista: “Resurge el peor Carrillo”, ha titulado Domínguez.

En ella, el político valenciano cree que Carrillo está “nervioso” porque se está hablando de Paracuellos y de “todos los muertos que tiene bajo su conciencia”. Considera el conservador que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está haciendo “un flaco favor” a Carrillo y los comunistas porque repasar lo acontecido durante la Guerra Civil pone de relieve, bajo su punto de vista, “las atrocidades” del comunismo durante el levantamiento franquista contra la República.

“Un desbocado y beligerante ataque”

Hace unas semanas, Santiago Carrillo opinó ante los medios de comunicación que la izquierda había cambiado mucho desde 1936, pero que a la derecha y a los obispos los veía “exactamente igual”. Esto ha sido interpretado por el PP como un “desbocado y beligerante ataque”.

Comienza Domínguez loando la figura de Adolfo Suárez “por dar cabida” al PCE durante la Transición, ya que en su opinión fue acertado. Pero ahora parece no verlo tan claro: “Cuando pensábamos que estaba tranquilo [Carrillo], buscando su peluca y saboreando sus gloriosos años de la Transición, nos sale con un desbocado y beligerante ataque”, se ha mofado el político del PP.

Domínguez asegura “sentir lástima” por el nonagenario político porque “la piel de oveja se le ha caído” y le ha quedado una “piel curtida por las arrugas de la mala conciencia”.

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595, inventario oficial de fosas

La Junta concluye el mapa de las tumbas sin nombre del franquismo y la guerra. Los historiadores no se atreven a aventurar el número de cadáveres de las fosas

ISABEL PEDROTE – El País– 08/02/2010

595 es el número oficial de las fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura en Andalucía. Cinco años después de iniciarse los trabajos, la comisión de las universidades a la que la Junta encomendó la validación del inventario de las tumbas sin nombre esparcidas por el franquismo ha dado por concluido el estudio. Aunque una investigación histórica nunca puede considerarse cerrada (siempre es susceptible de sumar nuevos descubrimientos), el presidente de la comisión que engloba a las nueve universidades andaluzas, el catedrático Fernando Martínez López, certificó a finales del año pasado (22 de diciembre), el valor científico de este inmenso plano del horror de los represaliados, dibujado en cada provincia por las asociaciones de la memoria histórica, con las que la Consejería de Justicia había conveniado.

Con el mapa de fosas, en la actualidad en fase de localización detallada (coordenadas cartográficas) a cargo del Instituto Andaluz de Patrimonio, se cumple uno de los preceptos de la Ley de Memoria Histórica que, si bien fue aprobada en diciembre de 2007, hasta ahora ha sido un goteo lento de pequeñas acciones desperdigadas, aisladas, sueltas. La Asociación de la Memoria Guerra y Exilio ha investigado y recopilado los datos de las provincias de Almería, Jaén y Málaga; la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Cádiz, Huelva y Sevilla; el Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica, Córdoba; y la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Granada.La junta de coordinadores de las universidades andaluzas, nombre completo de la comisión de historiadores que ha visado los proyectos, recomendó unos parámetros para uniformar el futuro mapa. De esta forma, cada una de las ocho provincias incluye a su vez otro mapa con todos los municipios, una memoria de la represión pueblo a pueblo -cómo entraron las tropas, qué hicieron, cómo se fraguaron las detenciones y fusilamientos-, la ubicación de las fosas (fotos y coordenadas), el listado de los nombres de los muertos (en algunos casos), testimonios, documentación en archivos y las bibliografías.

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El juez Varela recaba el respaldo del Supremo para liquidar a Garzón

El instructor anticipa que le llevará a juicio para inhabilitarle hasta 20 años

JULIO M. LÁZARO – El País – 04/02/2010

Luciano_Varela_Baltasar_Garzon

Foto: El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En la foto superior, el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela.- I. IRAGO / S. SÁNCHEZ

El juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela dio ayer el paso previsto y definitivo para acabar con la carrera del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En un auto de 54 folios, que tiene la textura de una genuina sentencia condenatoria, Varela atribuye a Garzón un delito de prevaricación (artículo 446.3 del Código Penal), castigado con inhabilitación de 12 a 20 años, por querer investigar los crímenes del franquismo. Y anticipa que si la Sala de lo Penal del Supremo no revoca su decisión, preparará el juicio oral. Aunque el auto de Varela se puede impugnar ante el propio instructor y ante la sala que admitió la querella de Manos Limpias, las posibilidades de que el recurso prospere son prácticamente nulas.

La resolución desestima la petición de sobreseimiento formulada por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, y por el fiscal del Supremo, Luis Navajas. Pero, en contra de la práctica habitual, Varela declina transformar el procedimiento en abreviado y abrir la fase de juicio oral y se mantiene a la espera, hasta que el Supremo convalide su auto. Fuentes judiciales explicaron que con esa maniobra procesal, Varela persigue la complicidad de la Sala Penal a fin de compartir con otros cinco magistrados la gravedad de la medida que supone suspender de funciones al magistrado Baltasar Garzón y expulsarle de la Audiencia Nacional. El juez del Supremo tampoco ha resuelto aún sobre la efectiva incorporación de Falange Española de las JONS al procedimiento.

Varela ha concluido sus ocho meses de investigaciones “sin encontrar datos que hayan alterado los hechos”, pero sostiene que Garzón no pretendió en realidad investigar los “horrendos crímenes” del franquismo, sino que “actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de las víctimas”.

El “hecho justiciable” establecido por Varela consiste en que, una vez aprobada la ley de Memoria Histórica de 2007, Garzón decidió en 2008 superar la limitación que dicha ley imponía e intentó “asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar” del franquismo. Según el instructor, Garzón sabía que los crímenes del franquismo habían sido objeto de amnistía “por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar”.

El instructor del Supremo asegura que los “móviles altruistas” que hubiera podido tener Garzón, “como el encomiable deseo de paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos crímenes” -los crímenes son “horrendos” al menos en cuatro ocasiones- “no eximen, ni siquiera atenúan, la responsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido”.

En su tono habitual, entre faltón y engolado, Varela descalifica la “ignorancia inexcusable” de Garzón sobre la Ley de Amnistía, “tan jurídicamente grosera que no merece mayor comentario”. Critica después que Garzón “enfatice” que nunca antes se habían investigado los crímenes del franquismo, como exigiría el marco jurídico internacional al que España pertenece. Como si nos encontráramos, apostilla Varela, “ante una conspiración de silencio de la que serían protagonistas todos quienes le precedieron en el escalafón judicial y en el del ministerio fiscal…”.

El auto también contiene errores, alguno de bulto: Varela atribuye a Garzón una providencia fechada el 29 de octubre de 2008 revolviendo sobre diversas peticiones de exhumaciones. En realidad, la providencia la dictó el juez Santiago Pedraz, porque Garzón se encontraba recuperándose de una intervención quirúrgica sufrida el día anterior.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lamentó ayer la “resistencia” del Supremo a archivar la causa contra Garzón y criticó al instructor Luciano Varela por no asumir los postulados del Derecho Público Internacional que consideran inaplicables las leyes de Amnistía. La asociación subrayó que “más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo juraron los Principios del Movimiento y fidelidad al general Franco”.

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