La vergüenza de la impunidad

Los crímenes del franquismo siguen sin castigo. Y aunque la Audiencia Nacional debería investigarlos, el Estado español sigue sin implicarse y continúa fomentando el olvido como la mejor forma de reconciliación

LYDIA VICENTE Y ALICIA MORENO El País – 01/02/2010

Haciendo uso del legítimo derecho de acceso a la justicia, los familiares de víctimas de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo presentaron denuncias ante la Audiencia Nacional en diciembre de 2006 buscando una respuesta unitaria de los tribunales españoles que acabara con la inseguridad jurídica e indefensión que les suponía el peregrinaje al que estaban siendo sometidos por los juzgados territoriales. La propia Ley 52/2007, de la Memoria Histórica, a pesar de sus obstáculos, determina con claridad que los derechos y previsiones contenidas en la ley son plenamente compatibles con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia, conforme a las normas internas y los convenios internacionales suscritos por España. Y es que el derecho de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos a conocer la verdad pasa necesariamente -así lo dice el Derecho Internacional- por la existencia de un proceso judicial.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias ha resaltado, entre sus principales áreas de preocupación incluidas en su informe remitido al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2009, que en demasiados países las personas que tienen derecho a denunciar casos de desapariciones forzadas ante una autoridad independiente y competente todavía no han logrado que sus denuncias sean investigadas sin dilación y de forma imparcial y exhaustiva.

En España, la mayoría de los tribunales territoriales ha venido aplicando la Ley 46/1977, de Amnistía, la prescripción de los delitos y la irretroactividad de la norma penal para así no tener que investigar. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -que declaró la incompetencia de esa sede para conocer de los hechos denunciados- tuvo la inmejorable oportunidad para pronunciarse sobre tales cuestiones de fondo pero evitó hacerlo poniendo de relieve la incomodidad de aclarar si pueden o no aplicarse tales mecanismos de impunidad.

Por otro lado, la admisión a trámite por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de la querella por prevaricación que se sigue frente al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, el magistrado-juez Baltasar Garzón, por haber incoado aquellas diligencias, muestra no sólo una preocupante perturbación del derecho internacional (que forma parte del derecho español, ver art. 10, en relación con los art. 95 y 96 de la Constitución), sino que incide de lleno en la obligación de proteger a las víctimas e impartir justicia que intentaba abordar el juez querellado.

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La Iglesia también abre las fosas de sus muertos

El arzobispado de Toledo impulsa una exhumación para beatificar a nueve curas

NATALIA JUNQUERA – El País – 23/01/2010

En una vieja mina romana, a 30 metros de profundidad, en el pueblo toledano de Camuñas, el médico forense Francisco Etxeberria dirige las labores de localización de víctimas de la Guerra Civil, el mismo trabajo que ha realizado en los últimos 10 años y de forma altruista con el equipo de técnicos de Aranzadi. Pero esta vez todo es distinto. Porque esta vez el forense no ha acudido a la llamada de familiares de fusilados que le piden que saque a los suyos de una cuneta para poner su nombre en una placa, sino a la del arzobispado de Toledo. Porque esta vez las víctimas no son republicanas, sino sacerdotes y gente adinerada y de ideología de derechas fusilada por el bando perdedor de la guerra. Y eso, aunque abajo, a 30 metros, para Etxebarria sea el trabajo de siempre, arriba lo cambia a todo.

Trabajos de localización de víctimas de la represión republicana en Camuñas, Toledo

Foto: Trabajos de localización de víctimas de la represión republicana en Camuñas, Toledo. CLAUDIO ÁLVAREZ

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Arriba, en la boca de la mina, los familiares de las víctimas claman contra la Ley de Memoria Histórica y la apertura de fosas. Cuentan que aquí hay miles, que esto es “el segundo Paracuellos” y hay quien dice que fueron arrojadas vivas ardiendo. Abajo, el equipo de técnicos sabe ya que hay unos 50 cuerpos, no más, y que cayeron muertos, porque tienen orificios de bala y tiros de gracia. “Decían que había 6.000 personas y no hay más de 60”, explica Jorge Teulón, del arzobispado. “Los familiares no tienen ningún interés en sacarlos. La Iglesia ha acudido a la ciencia en este caso para tener la certeza de que aquí hay nueve mártires, que son candidatos a la beatificación. Y parece que está confirmado porque los científicos nos han dicho que una de las víctimas lleva ropa negra extremadamente larga”, es decir, una sotana.

Teulón está hoy en la fosa para oficiar una misa por las víctimas. Dioni, familiar de tres de ellas, ha prestado una sábana para el improvisado altar. “Quiero que me amortajen con ella cuando me muera”, explica. “A mi abuelo lo mataron por ser cristiano. Y yo conocí a mi padre porque la guerra la ganó Franco”. No quiere recuperar los restos de los suyos y se opone a la apertura de fosas. Cuando se le pregunta por qué, si muchos de los familiares de las víctimas republicanas quieren dar sepultura cristiana a los suyos, añade: “¡Eso es mentira!”. El sacerdote arranca la misa: “Hemos venido a hablar de paz y reconciliación…”.

A 30 metros de profundidad, 10 expertos, entre arqueólogos, forenses, antropólogos y un dentista, continúan clasificando los huesos. “Algunos han aparecido carbonizados pero porque después de arrojarlos echaron maderos y gasolina para que ardieran”, aclara Etxebarria.

Los tribunales de Franco ejecutaron a los autores

Los asesinos de las personas que fueron arrojadas a esta fosa fueron juzgados y ejecutados por Franco. Toledo fue republicano hasta muy poco antes del fin de la guerra de esta mina de Camuñas no es la única fosa a la que los republicanos arrojaron a sus víctimas. “Gente de los pueblos de donde eran las víctimas nos han contado que en los años 40 se exhumaron fosas y que incluso hubo una familia que pidió que los restos de los suyos fueran llevados al Valle de los Caídos, aunque por la dificultad técnica de rescatar los cuerpos de esta mina, finalmente, le dijeron que no”, explica Francisco Ferrándiz, investigador del CSIC, que está elaborando un trabajo sobre diez años de exhumaciones de fosas de la Guerra.

Etxeberria, que ha llevado a cabo más de un centenar, cuenta que en el País Vasco tienen más de 600 peticiones y que sólo tres pertenecen a la represión republicana. “Víctimas hay en los dos bandos, pero uno de ellos ganó la guerra. Y por eso las únicas fosas olvidadas eran las de los republicanos porque las otras se estudiaron y se protegieron durante el franquismo. Esta está señalizada con una placa que recuerda: “Aquí yacen cristianos que dieron su vida víctimas de la guerra 1936-1939”.

Ferrándiz y la antropóloga María García Alonso lo saben porque en este caso contaban con mucha documentación. “En las fosas republicanas, la investigación parte de cero, o tienes que esperar dos años a conseguir el texto del consejo de guerra”, explican.

El obispo apoya la Ley de la Memoria

A última hora de la tarde el obispo auxiliar de Toledo, Carmelo Morobia, visita la fosa. Se acerca al director de la excavación, el médico forense Francisco Etxeberria, al que da las gracias por su trabajo. El sacerdote Teulón le enseña una medallita religiosa que los arqueólogos han encontrado entre los restos. Y a continuación se produce una escena única y quizá irrepetible porque, tras rezar un padrenuestro, el obispo pide: “Ojalá que esto nos sirva para no repetir nunca las barbaridades que hicimos en la guerra”. La Iglesia a la que pertenece, responsable de muchas de las atrocidades cometidas en el conflicto —algunos curas confeccionaban listas de rojos para entregarlas a los asesinos— nunca ha pronunciado una frase semejante incluyéndose como culpable.

Al contrario que los familiares de las víctimas y de la Conferencia Episcopal, Morobia apoya la Ley de la Memoria. “Es de todos. Claro que me parece bien que se abran fosas. Desgraciadamente, todos tenemos que pedir perdón por la guerra y todos tenemos derecho a la Ley de la Memoria”. Hace años este religioso impulsó otra exhumación para rescatar los cuerpos de 80 vecinos de su pueblo, fusilados por falangistas. El obispo pregunta al forense sobre las circunstancias de la muerte de los religiosos. “Me ha costado mucho llegar a este lugar”, responde Etxeberria. “Hemos tenido que sacar 12 toneladas de tierra. Hemos encontrado los restos de una mujer, de gente muy mayor, con artrosis, y de personas más jóvenes. Los huesos están muy fracturados por las colisiones en la caída”, añade. Abajo, la única diferencia respecto a las víctimas republicanas es que han aparecido un gran número de dientes de oro, lo que indica que pertenecían a las familias más ricas del pueblo.

Sólo comunidades socialistas participan en el mapa de fosas

El Gobierno amplía hasta diciembre de 2011 el plazo para que los familiares de exiliados soliciten la nacionalidad

N. JUNQUERA El País23/01/2010

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, firmará el lunes convenios de colaboración con ocho comunidades autónomas -País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura- para elaborar un mapa de fosas de la Guerra Civil y la dictadura. El Gobierno se dirigió a todas las comunidades en diciembre de 2008, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para pedirles que firmaran convenios de colaboración para poner en marcha el protocolo de apertura de fosas diseñado por el Ejecutivo y la elaboración de un mapa de enterramientos en todo el territorio nacional. Pero sólo las comunidades gobernadas o cogobernadas por los socialistas se han interesado.

Madrid, La Rioja, Murcia y Castilla y León (donde se concentran muchas fosas comunes) manifestaron en su día su disconformidad. El objetivo de la elaboración de este mapa -algo previsto en la Ley de Memoria Histórica, de diciembre de 2007-, es, según el Ministerio de Justicia, “atender la demanda de numerosos ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares desaparecidos y muertos durante Guerra Civil”.

Por otra parte, ante la avalancha de solicitudes, el Consejo de Ministros acordó ayer ampliar en un año, hasta el 27 de diciembre de 2011, el plazo para optar a la nacionalidad española para los hijos y nietos de quienes tuvieron que renunciar a ella a consecuencia del exilio. Las oficinas del Registro Civil Consular han recibido 161.463 peticiones en un año. El 95,5%, en las embajadas y consulados generales de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami

A Coruña fulmina a Millán Astray

El Ayuntamiento de la localidad retira la estatua ubicada en la plaza del mismo nombre

El Público 22/01/2010

astray coruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha retirado esta madrugada la estatua de Millán Astray, ubicada en la plaza del mismo nombre. Las autoridades han aprovechado el inicio de los trabajos de remodelación del entorno de la plaza de España para proceder a la retirada.

El concejal de Rehabilitación Urbana, Mario López Rico, ha detallado que la estatua ha sido trasladada al almacén municipal de A Grela. Fuentes municipales agregan que “lo más seguro es que después se reubique en el Museo Militar”, una posibilidad que el presidente de la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña, Manuel Monge, ha rechazado.

De esta manera, el Ayuntamiento coruñés inicia los trabajos de reordenación de todos los espacios del entorno de la plaza de España. Al mismo tiempo, da cumplimento a los acuerdos de la comisión, que el pasado mes de noviembre determinó los elementos vinculados a simbología franquista de la ciudad para su posterior retirada en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

El presidente de la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña ha calificado de “una buena noticia” el traslado de la estatua a un almacén, donde, en su opinión, debería permanecer.  Monge califica de una “dura batalla” las iniciativas impulsadas en los últimos años en la ciudad para la retirada de esta estatua, y en cuyo lugar miembros de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica colocaron esta mañana un cartel en el que se podía leer “Millán Astray era un fascista impresentable. No era un coruñés de pro”, en alusión al calificativo empleado en una ocasión por el portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, Carlos Negreira, al referirse a su figura.

Monge ha instado ahora al bipartito coruñés a “agilizar” la retirada de los 53 símbolos franquistas, entre ellos 23 nombres de calles, en la ciudad, en cumplimiento del acuerdo adoptado en pleno en septiembre del año pasado. “No entendemos el retraso por parte del gobierno municipal”, apunta, al tiempo que lamenta que la estatua de Millán Astray se retirase “con clandestinidad y nocturnidad”.

Fuentes municipales insisten en que este proceso ya se inició “con la retirada de una placa de la Falange” y recuerdan la aprobación del cambio de calles como la avenida de Alférez Provisional que pasará a denominarse avenida de la Diputación. Además, confirmaron que donde estaba la estatua de Millán Astray se ubicará una zona de juegos infantiles.

La cantinela del PP

Sobre la retirada de la estatua, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña y presidente de la formación popular en esta provincia, Carlos Negreira, ha acusado al gobierno local de estar “empeñado en seguir anclado en el pasado en vez del futuro” y de estar centrado “en estatuas inertes en vez de hablar de los problemas reales”, afirmó al sostener que con el bipartito el paro aumentó en la ciudad en un 40%.

Negreira ha responsabilizado también al gobierno municipal de “generar nuevos conflictos” y de dar la “espalda” a los problemas “reales” de los ciudadanos.