Varela orienta a Falange sobre cómo corregir su acusación

JULIO M. LÁZARO El País22/04/2010

El juez instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, dictó ayer dos resoluciones insólitas en las que orienta y explica a Manos Limpias y Falange sobre cómo subsanar los defectos que contienen sus respectivos escritos de acusación contra el juez Baltasar Garzón por la causa contra los crímenes del franquismo. El magistrado da a ambas acusaciones “el término de una audiencia”, es decir, un día, para que subsanen los defectos y cumplan con los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fuentes jurídicas consultadas ayer sobre estas resoluciones las calificaron como “lo nunca visto” en un proceso: “El instructor se dedica a corregir y orientar los escritos de las partes”. Varela cita como precedente, sin más aclaraciones, el auto del Supremo de 19 de julio de 1997 que consideró “nulo e ineficaz” el escrito del abogado Juan Ramón Montero, y expulsó al Partido Popular como acusación del caso Filesa sobre financiación ilegal del PSOE. La nulidad fue automática, no se concedió al abogado ningún plazo de subsanación, y tuvo como efecto inmediato que quedaran fuera del proceso diez acusados.

Múltiples valoraciones

En esta ocasión, sin embargo, Varela advierte a Falange de que su escrito no se atiene “de manera notoria” a las obligaciones procesales, pues en vez de limitarse a la “descripción” de hechos, se extiende en múltiples “valoraciones”, hace “constantes referencias a circunstancias personales” del acusado, e incluye otras ajenas al proceso como el “derecho al honor” de los falangistas.

En vez de declarar directamente nulo el escrito de Falange, como se hizo en 1997 con el del PP, Varela sugiere que retire acusaciones como que “Garzón se erige en juzgador de la historia y redentor del bando vencido”, que su fundamentación estaba “cargada de un alto grado ideológico”, y que no investigó hechos de los que quedan “presuntos responsables vivos, como Santiago Carrillo”.

En el caso de Manos Limpias, la orientación de Varela es aún más notoria: les requiere para que retiren directamente “las páginas 2 a 7 de su escrito” por incluir hechos ajenos al objeto del proceso. Se trata del procedimiento relativo al archivo de la querella por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, que el propio Varela ordenó traer a la causa contra Garzón y que por eso Manos Limpias los incluyó en su escrito. También les pide retirar los folios 20 a 63 por resultar “extemporáneos”.

Cuando las injusticias no prescriben

REYES MATE El País – 20/04/2010

“La memoria abre expedientes que el derecho considera archivados”,

Walter Benjamin

El recurso a la memoria, proclamado con rabia en plena guerra mundial cuando a los vencidos no les quedaba otra arma de lucha contra la barbarie, se ha convertido en clave interpretativa de los conflictos más agudos de nuestro tiempo, incluido el que afecta al juez Garzón.

Baltasar Garzón está siendo procesado, acusado de prevaricación, por intentar dar satisfacción a las víctimas del franquismo. El juez instructor, Luciano Varela, le echa en cara desconocer principios esenciales del Estado de derecho como “la irretroactividad de la ley y de leyes como la de amnistía”. La actual querella contra el franquismo está siendo abordada desde perspectivas muy diferentes: desde la técnica jurídica y ahí el problema es cuándo una interpretación de la ley deriva en prevaricación; desde el costado político y ahí la ironía es que grupos falangistas lleven al banquillo al juez que quiso juzgar al franquismo; o también desde la cultura que somete los planteamientos del derecho a las exigencias morales de la memoria. Estaríamos entonces ante un conflicto entre la memoria y el olvido.

Si hoy la memoria resulta, aquí y fuera de aquí, tan peligrosa es porque se ha ido cargando a lo largo del siglo XX, debido a las dos guerras mundiales, de una autoridad que escapa a los controles que durante siglos habían impuesto el derecho, la política y la ética. Esa autoridad procede de unos contenidos nuevos que hoy reconocemos como propios de la memoria. En primer lugar, que no es un sentimiento sino un conocimiento. La memoria ve algo que escapa a la historia o a la ciencia. Lo que la memoria ha descubierto en los últimos años es que las víctimas del colonialismo, de la esclavitud, de la conquista o de la guerra civil son significativas, tienen significación. Claro que víctimas ha habido siempre, pero eran insignificantes o invisibles porque entendíamos que eran el precio del bienestar presente o de la transición política. Había que asumirlo como irremediable y lo que tocaba era pasar página. Eso se ha acabado. Ahora son visibles y si queremos romper una lógica política que camina sobre víctimas, hay que hacer justicia a las víctimas de la historia. No podemos plantearnos el futuro del País Vasco al margen de la memoria de las víctimas y no podemos lograr la reconciliación sin la memoria de la guerra y de la postguerra.

El segundo componente consiste precisamente en entender la memoria como justicia y al olvido como injusticia. Primo Levi cuenta que una joven le preguntó, después de oír su testimonio, qué podrían hacer ellos, los oyentes. Y Levi, que no daba una puntada sin hilo, respondió con un escueto “los jueces sois vosotros”. Extraña respuesta porque ¿qué justicia puede impartir un oyente? Eso debería ser cosa de los tribunales o de la historia. Pero Levi lo tenía muy claro. Sabía que sin memoria de la injusticia no hay justicia posible. Sin memoria la injusticia deja de ser, como si lo que en su momento fue crimen, robo o infamia, nunca hubiera tenido lugar. Nadie lo sabe mejor que el propio criminal, por eso se afana, una vez cometido el crimen, en borrar las huellas, es decir, en quitar importancia al crimen, interpretándolo como inevitable dadas las circunstancias. Los supervivientes mantenían viva esa memoria de la injusticia mientras vivían, pero, una vez idos, el testigo pasaba a las generaciones siguientes. Lo que Levi pedía a la generación de la joven es que hiciera justicia bajo esa forma modesta, pero fundamental, que es la memoria de la injusticia. La forma más perversa de olvido consiste en privar de significación y de actualidad a la injusticia pasada.

El deber de memoria alcanza al derecho en el sentido de la frase del exordio: la memoria abre expedientes criminales que las leyes de punto final o de amnistía convinieron en dar por clausurados. Algunos de esos expedientes abiertos han sido muy sonados. Recordemos el Juicio de Nüremberg. Cayó de un plumazo el sacrosanto principio, mantenido durante milenios, de que hasta los crímenes más horrorosos prescribían con el tiempo. Pues no, hay crímenes, como los del franquismo, que no prescriben aunque se invoquen dos amnistías. Pero más allá de las anécdotas, lo importante es señalar que gracias a la moderna cultura de la memoria se ha creado una cultura moral que establece una relación indisoluble entre justicia y memoria de la injusticia, de suerte que las figuras del olvido son cómplices de la injusticia. Entre las variables que un juez, también si es del Tribunal Supremo, tiene que tener en cuenta en la interpretación de la ley, la atención a las injusticias pasadas olvidadas es prioritaria porque es un deber moral. En el caso de que esa inspiración moral no haya logrado aún cambiar las leyes en ese sentido, debe condicionar la argumentación jurídica siempre en favor de dar satisfacción a las víctimas que esperan se las haga justicia. En este caso el juez Garzón está del lado de la memoria y el juez Varela, del olvido.

Reyes Mate es profesor e investigador del CSIC, autor de La herencia del olvido, premio Nacional de Ensayo.

Falange pide 20 años de inhabilitación para Baltasar Garzón

El magistrado Varela aún no ha enviado al Poder Judicial su resolución sobre el juez de la Audiencia Nacional.- Creada la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo

J. Y. / N. J. El País19/04/2010

Falange Española de las JONS (FE-JONS) ha solicitado 20 años de inhabilitación en sus funciones de juez para el magistrado Baltasar Garzón, al que acusa de un delito de prevaricación supuestamente cometido al pretender “desde su juzgado hacer una causa política para la que sabía que no era competente”. Se refiere a la investigación de los crímenes del franquismo, que Garzón consideró un delito contra los altos organismos del Estado, en el contexto de crímenes contra la Humanidad.

FE-JONS -una de las tres acusaciones, junto al pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación conservadora Libertad e Identidad- estima que Garzón hizo caso omiso de “los principios de legalidad, imperio de la ley, prescripción de los delitos e irretroactividad de la ley penal”. Las otras dos acusaciones tienen de plazo hasta pasado mañana para presentar sus escritos; luego el juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela decretará la apertura de juicio oral.

A partir de ese momento, la suspensión en sus funciones del juez Garzón por parte del Consejo General del Poder Judicial será automática. Aunque en principio parecía que el pleno del CGPJ podría suspender al magistrado el próximo jueves 22, la fecha parece ahora demasiado próxima como para que el Supremo tenga tiempo para remitir la resolución del instructor.

Las asociaciones de la memoria histórica de Cataluña, Mallorca y Palencia han solicitado de nuevo personarse en la causa contra Garzón, a la vista de que el Supremo resolvió el pasado viernes posponer la cuestión de competencia sobre las fosas hasta que se resuelva el proceso.

Estas asociaciones, junto a familiares de víctimas y artistas como el director de cine Pedro Almodóvar, los actores Juan Diego Botto y Alberto San Juan, el cantante Pedro Guerra y los escritores Luis García Montero y Almudena Grandes, entre otros, se han unido hoy para crear la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo. Han convocado una marcha para el sábado 24 de abril en Madrid y otras ciudades españolas contra los crímenes del franquismo.

La protesta en la capital partirá a las 18.30 de la plaza de Cibeles; al final, Almodovar, Grandes y el activista Marcos Ana leerán un manifiesto. Entre los numerosos grupos que diariamente ofrecen su apoyo a Garzón, ayer se sumaron la Comisión Colombiana de Juristas y más de 350 profesores universitarios en Francia.

Mary Poppins

ALMUDENA GRANDES – El País –  19/04/2010

El juez Varela se asustó -¿en qué país vive el juez Varela?- y convocó a los corresponsales extranjeros para explicarles lo que ni ellos ni nosotros alcanzamos a entender. Luego, rectificó. Quizás, alguien le recordó a tiempo que eso mismo hizo el Gobierno de Aznar después del 11-M, para desautorizar a la sociedad civil. Por eso, quiero enunciar aquí mi propia explicación. Es muy sencilla, sobre todo para quienes hayan visto Mary Poppins.

Mary sale de paseo con los niños bajo un cielo acorazado de nubes negras y encuentra a su amigo Bart, pintando paisajes sobre las baldosas de la acera. Cuando empieza a tronar, los cuatro se cogen de las manos, cierran los ojos, saltan sobre el más bonito y… ¡Oh! Ahora están en un mundo de dibujos animados a todo color, donde los caballos vuelan y los peces bailan un fox-trot. ¿No es maravilloso?

Ese proceso, cerrar los ojos, cogernos de las manos y saltar sobre un paisaje de irreal felicidad, fue el precio del indiscutible éxito institucional de la Transición española. Es cierto que nos estaban apuntando desde las azoteas, pero lo que vale en una película, no funciona en la realidad. Renunciar a nuestra tradición democrática, omitir una ruptura oficial, expresa y contundente, con el golpe de Estado que causó la Guerra Civil, fingir que toda la sangre derramada durante 40 años no hizo mella en nuestras conciencias, produjo una democracia de colores, vistosa, fotogénica, pero congénitamente débil. Esa fragilidad de Estado sin memoria, sin raíces, edificado en el aire de su propia soberbia, se manifiesta en las grietas, las inconcebibles fisuras que consienten que un partido fascista, y orgulloso de serlo, siente en un banquillo al único juez que ha investigado los crímenes del franquismo. Basta ya. Porque Mary Poppins no era española. Y nunca es tarde para hacer las cosas bien.

El juez Varela presiona a Robles para que el Poder Judicial respalde al Supremo

El presidente de la Sala Penal cita a la prensa extranjera para rebatir las críticas

J. M. LÁZARO / J. YOLDI El País14/04/2010

El juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela exigió ayer un nuevo comunicado de apoyo a su actuación y a la de la Sala Penal del Tribunal Supremo frente a las críticas que vienen suscitando los procesos abiertos al juez Baltasar Garzón y en particular su próximo juicio por investigar los crímenes del franquismo. Durante la celebración de un almuerzo institucional en Granada, con motivo de la presentación de unas jornadas de comunicación, Varela llamó a su amiga la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles para quejarse de las “inadmisibles” manifestaciones del primer ex fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. En el acto de apoyo a Garzón celebrado ayer, Villarejo calificó la actuación de los jueces del Supremo como “golpe brutal a la democracia”.

Robles, visiblemente nerviosa, se llevó aparte al presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar y al vocal conservador Manuel Almenar, con el que negocia los nombramientos de altos cargos, para proponer una nota de protesta. La también vocal de la Comisión Permanente Almudena Lastra se descolgó de la iniciativa por considerar que las opiniones de Villarejo estaban amparadas por la libertad de expresión.

De regreso a la mesa, una Margarita Robles cada vez más alterada siguió recibiendo llamadas. El presidente, al abandonar el acto, dejó encargado el comunicado, que redactó Robles, y firmaron también Almenar y el vocal Antonio Dorado. En la nota, atribuida al Consejo, se expresa la “preocupación y tristeza” por los ataques al Supremo realizados por “personas con responsabilidades en instituciones básicas del Estado”, en alusión a Villarejo, que no resultan “tolerables”.

Fuentes del Poder Judicial criticaron un acuerdo adoptado sólo por la Comisión Permanente, con la abstención de la vocal Lastra, y con el que otros vocales se mostraron disconformes.

Por otra parte, el Tribunal Supremo, por primera vez en su historia, convocó ayer a los principales corresponsales extranjeros a una “reunión informativa”, que se realizará el viernes, para explicarles las peculiaridades de los tres procesos abiertos al juez Baltasar Garzón, en vísperas de su suspensión de funciones.

La convocatoria, a instancias del presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, se realiza después de que los principales diarios del mundo, entre ellos The New York Times, The Guardian, Le Monde o The Economist, criticaran la “parodia de justicia” en España a propósito de la “injusticia” del Supremo con el juez Garzón.

Dos asociaciones de la memoria histórica se querellan contra los magistrados Varela y Saavedra

Les acusan de prevaricación por procesar a Garzón tras las querellas de la ultraderecha por haber investigado los crimenes del franquismo.- Protesta ante las puertas del Tribunal Supremo

PERE RÍOS El País12/04/2010

Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y de Mallorca han presentado hoy en el Tribunal Supremo (TS) una querella por prevaricación contra el magistrado de este órgano Luciano Varela y contra el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra. Así lo ha explicado a los periodistas la portavoz de la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo, Llani Álvarez, en declaraciones a las puertas de la sede del tribunal, donde se han concentrado familiares de represaliados por la dictadura con pancartas en apoyo a la actuación del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Varela es el magistrado que instruye las querellas que el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las JONS presentaron contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, mientras que Saavedra preside la Sala que hasta ahora ha rechazado todos los recursos presentados por el juez.

Álvarez ha leído un comunicado en el que ha puesto de manifiesto que ambas asociaciones sienten una “profunda indignación” porque el Alto Tribunal haya abierto este procedimiento contra el juez de la Audiencia Nacional . Según sostienen, Varela habría incurrido en un delito de prevaricación por mantener la imputación contra Garzón “a sabiendas de que sus decisiones son objetivamente sostenibles en el plano jurídico, ya que lo único que ha intentado es interpretar el Derecho teniendo en cuenta cuál es el Derecho internacional aplicable”. También habría actuado “a sabiendas de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y las Convenciones contra el genocidio y las desapariciones forzadas firmados por España impiden la aplicación de ningún tipo de amnistía a los crímenes de genocidio y lesa humanidad”.

El comunicado añade que también dirigen su querella contra Saavedra porque es el presidente de la Sala de lo Penal, de la que forma parte Varela “y en cuyas decisiones se ha amparado éste para la desestimación de todas las pretensiones de Garzón” y, además, porque ha denegado la personación de las víctimas en el procedimiento. También consideran que Saavedra tendría que haber resuelto la cuestión de competencia en el asunto de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad planteada desde junio de 2009.

Según Alvarez, el proceso contra Garzón “es un ataque frontal contra las víctimas españolas de esas graves violaciones de los Derechos Humanos que esperaban que por primera vez los Poderes del Estado cumplieran con su obligación de investigar los crímenes contra la Humanidad cometidos por el fascismo durante la Guerra civil y la Dictadura posterior.” “No entendemos cómo es posible que un pseudosindicato de extrema derecha y una organización, Falange -representantes ideológicos de aquellos que perpetraron la mayoría de los crímenes contra la Humanidad cometidos entre 17 de julio 1936 y el 20 de noviembre de 1975- puedan tener todavía representación legal ante las administraciones democráticas”, ha añadido. Según ha explicado, las actuaciones de Varela y de Saavedra “no son acordes al Derecho”. Por su parte, el presidente de la asociación Memoria Viva, Pedro Vicente Romero de Castilla, ha dicho que el hecho de que se juzgue a Garzón le recuerda “un juicio en Nuremberg donde estaban sentados en el banquillo unos cuantos generales asesinos y había seis millones de víctimas reclamando Justicia”.

Dos asociaciones denuncian el rencor de Varela a Garzón

Hoy se querellan por prevaricación contra el magistrado del Supremo

PERE RÍOS El País12/04/2010

La querella por prevaricación que hoy presentarán en el Tribunal Supremo las asociaciones para la recuperación de la memoria de Cataluña y Mallorca acusa al magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela de falsear la realidad al atribuir al juez Baltasar Garzón unas resoluciones que no son suyas, ignorar el derecho y los tratados internacionales, y actuar por animadversión personal.

Arremeten también contra Juan Saavedra, presidente de la Sala del Supremo que ha avalado la instrucción de Varela durante estos meses, al considerar que ha actuado en estrecha colaboración con el magistrado y le ha facilitado datos del procedimiento al margen de sus competencias.

Varela es el instructor de una de las tres querellas que pesan contra Garzón; el juez de la Audiencia Nacional está a un paso de tener que sentarse en el banquillo, acusado de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. Las asociaciones querellantes creen que de esta manera se está imputando sin ninguna base al juez de un delito de prevaricación que sí cometió en su opinión Varela. El magistrado del Supremo dictó un auto el 3 de febrero ordenando la continuación del procedimiento por la querella presentada por Falange y el grupo ultraderechista Manos Limpias.

La querella de las asociaciones recuerda que la instrucción realizada por Varela contra Garzón “falsea un dato del cual se extraen graves consecuencias jurídico-penales” contra el magistrado, pues se le atribuye la autoría de una providencia firmada el 29 de octubre de 2008 acordando exhumaciones de las fosas del franquismo en diversos municipios de España cuando en realidad lo firmó otro juez. “Tal afirmación pone en evidencia la actitud malintencionada del querellado al inventar un hecho, dentro de lo que sería la teoría objetiva de la prevaricación”, se dice en la querella.

Del mismo modo, se asegura que Garzón reactivó la causa de las fosas del franquismo el 17 de noviembre de 2007 cuando las asociaciones de víctimas se quejaron al Consejo General del Poder Judicial, pero en realidad se produjo un mes después y al margen de lo que dijera la fiscalía sobre la competencia para investigar los hechos, puesto que su informe no era preceptivo para que Garzón se declarase competente.

Las asociaciones consideran “también paradógico” que Varela aluda a la falta de protección de las víctimas y se la atribuya a Garzón, cuando fue precisamente él quien no admitió que las asociaciones se personaran en el proceso contra el juez de la Audiencia Nacional.

“La incriminación del primer juez que se atrevió a investigar tales crímenes tendría un claro efecto de amedrentar a futuros y potenciales investigadores judiciales”, dice la querella. Y añade que quizá la única causa por la que no se permitió personarse a las asociaciones sea que “querían defender la legitimidad de la causa seguida por Baltasar Garzón, que no era otra que su causa”.

La querella recuerda la “notoria y pública animadversión” que desarrolló Varela por Garzón “cuando sus trayectorias profesionales se cruzaron en la carrera judicial”. Se trata de una “enemistad” que se remonta en su opinión a cuando “se urdió la operación para impedir” que Garzón accediera a la presidencia de la Audiencia Nacional, un movimiento en el que creen que Varela “tuvo una decisiva intervención”, según dice el escrito.

La querella insiste de manera reiterada en que no fue Garzón quién prevaricó, como pretende demostrar Varela, sino el propio magistrado del Supremo al imputarle un delito cuando no hizo otra cosa que interpretar la ley.

Querella contra Luciano Varela por prevaricación

Asociaciones por la memoria presentarán el escrito el lunes

Luciano Varela, a su llegada ayer al Tribunal Supremo. – EFE

PERE RUSIÑOL – Público – 09/04/2010 08:00

El proceso contra Baltasar Garzón por querer investigar el franquismo vivirá el lunes un capítulo imprevisto que aspira a alterar el final anunciado: varias asociaciones de víctimas presentarán ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el juez instructor, Luciano Varela. El escrito se basa en buena parte en la propia doctrina del magistrado.

Las asociaciones de víctimas habían explorado ya varias vías para tratar de influir en una causa que, de prosperar, no sólo supondría un mazazo para Garzón, sino sobre todo para sus aspiraciones de justicia y reparación.

Las víctimas han presentado ya recusaciones de magistrados como Adolfo Prego ponente del auto de admisión a trámite de la causa contra Garzón y firmante de un manifiesto contra la memoria histórica, han denunciado al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra y han acudido al Tribunal Constitucional pidiendo ampara para que se les acepte en la causa y la paralice mientras delibera al respecto. Pero todavía no habían ido contra el elemento central del proceso que ha armado todo el argumentario de la causa: el mismo juez instructor.

El lunes, sin embargo, las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña y Mallorca, presididas por Manuel Perona y Maria Antònia Oliver, respectivamente, tienen previsto registrar en el Tribunal Supremo una querella contra Varela por prevaricación. El escrito, de 40 folios, toma como base el auto del 3 de febrero redactado por el magistrado en el que mantiene abierta la causa contra Garzón y, aplicando los criterios definidos por el propio Varela en una sentencia de 2009, deduce que el magistrado ha prevaricado.

“Creemos que se está prevaricando y los efectos son terribles para nosotros: el proceso dejaría desamparados a las víctimas y a sus familiares”, advierte Perona. Y añade: “Estamos aterrorizados ante la posibilidad de que quiera cerrarse el periodo cuando aún hay miles de desaparecidos. Da la impresión terrible de que las víctimas vuelven a ser juzgadas”.

Errores en el auto

La querella, que quedará abierta a adhesiones de otras entidades, subraya algunos errores del auto de Varela que le sirvieron a éste para argumentar jurídicamente su decisión: por ejemplo, recalca que Garzón respondió a las quejas del Consejo General del Poder Judicial en una fecha distinta a lo que señala el auto. O insiste en que Garzón no firmó una providencia clave que en cambio el auto sí le atribuye.

El documento trata de demostrar que el juez instructor ya tenía tomada la decisión de ir adelante con el caso y que toda su argumentación sería consecuencia de esta determinación inicial. Por eso le atribuyen prevaricación: por desdeñar todo lo que no facilite su supuesto objetivo y amplificar lo que lo facilite, por irrelevante que sea desde el punto de vista jurídico.

En el primer caso se enumeran todos los tratados internacionales que España ha suscrito y que le obligan a investigar los crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio por mucho que aprobara en 1977 la Ley de Amnistía, además de interpretaciones sobre esta norma del propio Constitucional.

En el segundo, se señala entre otros el absurdo de basar parte de la argumentación contra Garzón en su disonancia con la fiscalía cuando ésta se opone igualmente a sentar en el banquillo al magistrado.

El juez Garzón no ha prevaricado

CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO El País – 23/02/2010

En un reciente manifiesto de apoyo al juez Garzón se dice que sólo por “malevolencia” o “razones políticas” puede afirmarse que ha actuado “injustamente” en la causa por los crímenes del franquismo. Resulta obvio que es así: desde que el Tribunal Supremo (TS) admitió a trámite la querella de organizaciones ultraderechistas contra dicho juez, siempre con la oposición de la Fiscalía.

El TS se limitó a decir que “lo afirmado en la querella no es algo que ab initio pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación”. Criterio que podría aplicarse a multitud de resoluciones judiciales que se apartan, dentro del respeto a la Ley, de los criterios mayoritarios en la interpretación de las normas jurídicas. Pero la resolución del juez Varela del pasado 3 de febrero ha llevado los límites del delito de prevaricación y el concepto de resolución judicial “injusta” mucho más allá de lo permisible.

En primer lugar, hay omisiones inadmisibles en esa resolución. Por ejemplo, no citar la cifra de personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y la dictadura, y de las que aún se ignora su paradero. Son 114.266, a las que habría que añadir los miles de menores que fueron arrebatados delictivamente a sus familiares, hecho que al juez Varela no le merece ninguna atención. Ignoramos si sabe, y resulta necesario saberlo para pronunciarse, que en el Valle de los Caídos aún quedan 12.530 restos de personas desaparecidas sin identificar.

Ante las denuncias formuladas por desapariciones forzadas durante aquel periodo, el juez Garzón obró como había que hacerlo, procedió a la “comprobación del hecho denunciado”. Y, desde luego, los hechos, frente al criterio del instructor Varela, tenían una evidente relevancia penal. No hace falta ser jurista para constatarlo. Como no es admisible que discuta si los denunciantes habían calificado delictivamente los hechos, a lo que no estaban legalmente obligados, ni menos aún que les atribuya, en términos que podrían considerarse ofensivos, que han buscado “atajos en el uso indebido del cauce penal”.

El juez Varela va más lejos y afirma que los hechos denunciados “han dejado de tener relevancia penal al tiempo de la denuncia” y que el juez Garzón, en consecuencia, no debería haber admitido aquellas denuncias y mucho menos darles trámite, ya que, además, también era evidente que no eran competencia de la Audiencia Nacional.

Pues no es tan evidente. Y el juez Garzón estaba obligado a otorgar tutela judicial suficiente y efectiva a unos denunciantes que describían, como resulta de los datos anteriores, un plan de exterminio sistemático de grupos sociales por razones ideológicas y políticas. La historia lo ha demostrado sobradamente. Pero el juez Varela, para comprender la magnitud de la masacre colectiva denunciada, debería examinar la moción del Grupo Parlamentario Socialista (Boletín del Congreso de Diputados, 8/9/2003) que se refiere a 150.000 fusilados por el franquismo y 500.000 presos políticos. Estamos ante crímenes contra la humanidad. Pese a dicha evidencia, para el instructor la apertura de las diligencias previas y las diligencias acordadas para la investigación de los hechos eran “objetivamente contrarias a Derecho” porque no estaban justificadas. Naturalmente que lo estaban, por varias razones que mencionaré brevemente.

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Carlos Jiménez Villarejo es fiscal de Sala jubilado.

Varela da entrada a la Falange en el juicio a Garzón

J. M. L. El País20/02/2010

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, instructor de la causa abierta al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, ha fijado una fianza de 6.000 euros a Falange Española de las JONS (Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista) para ejercer la acción popular “en defensa del derecho al honor de nuestro movimiento y sus miembros”, como proclaman. El instructor del Supremo ha fijado la fianza casi seis meses después de que Falange presentara su querella.

Varela fijó fianza de 6.000 euros al pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias y después hizo una rebaja del 50% a la también querellante Libertad e Identidad, cuya fianza dejó en 3.000 euros al tener que actuar bajo la dirección letrada del primer querellante.

El juez instructor del Supremo accede a que la Falange actúe con una representación letrada independiente, por lo que vuelve a elevar la fianza a 6.000 euros. Esta última decisión de Varela vuelve a perjudicar a Garzón, cuya defensa tendrá enfrente a dos acusaciones distintas en vez de una. El auto del instructor tampoco aclara si Garzón tendrá que defenderse de un supuesto delito de calumnias al que apunta la querella de Falange, además del de prevaricación que ya le ha atribuido el propio Varela.