El 61% cree que se persigue al juez Garzón

El 64% dice que la Justicia está politizada – Sólo un 11% piensa que las designaciones del Poder Judicial siguen criterios de mérito y capacidad – Los votantes del PP apoyan el proceso al magistrado

F. G. El País07/03/2010

Si los ciudadanos no ocultan su desafección hacia los políticos, no es menor el descrédito del poder judicial. La mayoría de los ciudadanos ve clara la politización de la Justicia y considera que hay en marcha una persecución personal contra el juez Baltasar Garzón, según el resultado de un sondeo de Metroscopia para EL PAÍS.

Un 61% de los ciudadanos considera que se persigue al magistrado con las tres causas que hay abiertas contra él en este momento en el Tribunal Supremo: la que investiga el patrocinio de unos cursos en Nueva York; la que surgió de una denuncia de un grupo ultraderechista por intentar investigar los crímenes del franquismo y la de las escuchas de las conversaciones entre imputados y abogados del caso Gürtel. El resultado podría ser la suspensión de funciones del juez más conocido de España y que ha marcado la agenda política con sus actuaciones desde hace 20 años. Sólo el 25% rechaza que haya una persecución y asegura que es un asunto normal, sin nada especial.

En general, la mayoría apoya al magistrado, en un contexto de crítica general a la Justicia y una impresión arraigada de politización excesiva del sistema judicial. Que la administración de Justicia está politizada lo piensa el 64% de los ciudadanos encuestados. Y sólo el 28% asegura que está poco o nada politizada. Ese descrédito se refleja también en la imagen que los ciudadanos tienen del Consejo General del Poder Judicial. Sólo un 11% asegura que sus nombramientos para cubrir cargos en los tribunales siguen criterios de mérito y cualificación de los aspirantes. Para el 73% se siguen criterios políticos y de amiguismo, en línea con las acusaciones que ha hecho públicas desde dentro del Consejo el vocal José Manuel Gómez Benítez. También son más críticos los votantes del PP.

Desglosando las causas abiertas contra Garzón, la que genera más rechazo de los ciudadanos es la que tiene que ver con la acusación de prevaricación por querer investigar los crímenes del franquismo. El 58% está en desacuerdo y sólo el 30% apoya el proceso abierto en el Supremo. Hay diferencias notables en función del recuerdo de voto, porque el 58% de los que apoyaron al PP está a favor de esta causa contra Garzón.

También tiene Garzón respaldo ciudadano en el procedimiento por haber ordenado escuchas a imputados con sus abogados en el que está personado hasta Francisco Correa, presunto cerebro de la trama Gürtel. A la pregunta de si habría que grabar conversaciones con abogados que vayan más allá del derecho de defensa, el 58% cree que sí y el 34% que no. La mayoría de los votantes del PP critica la actuación de Garzón, y sus dirigentes pretenden anular el proceso con este argumento.

Crucifixión

MARÍA AGUSTÍN El País02/03/2010

Es desesperante ver cómo jueces ejercientes en el Tribunal Supremo (TS) tratan de inhabilitar al juez Garzón con tres querellas aceptadas, y a sabiendas de su improcedencia: se le imputa prevaricación y no dictó sentencia alguna, aunque reconoció crímenes contra la humanidad sobre los españoles, adultos y niños desaparecidos durante el franquismo. Se le imputan cobros indebidos en el caso de los cursos en Estados Unidos, cuando el propio TS lo ha desestimado dos veces. Se le imputa haber ordenado escuchas ilegales que invalidarían el caso Gürtel, cuando la propia fiscalía sostiene que esta imputación es contraria a derecho. No obstante, si Garzón renunciase a su cargo en la Audiencia, se diluirían misteriosamente todas las imputaciones y se anularía el caso Gürtel.

¿Tanto miedo tienen el PP y sus amigos del caso Gürtel? ¿Por su miedo son capaces de sojuzgar a un inocente, pagar con fondos del PP el abogado defensor de su tesorero y echar arena sobre la presunta financiación irregular de su partido? Nuestra situación económica se resolvería, en parte, si se pudiesen recuperar las decenas de millones de euros exportados ilegalmente de España y puestos de manifiesto con el caso Gürtel. ¿Asistiremos impasibles a la crucifixión del juez Garzón y a que ensucien nuestra democracia unos señores que, presuntamente, sólo defienden España para expoliarla.

El PP se abstiene de revocar honores a Franco en A Coruña

El Ayuntamiento quita distinciones a 18 miembros de la dictadura

PAOLA OBELLEIRO El País02/03/2010

El Ayuntamiento de A Coruña, con la abstención del PP, aprobó ayer la retirada de los títulos honoríficos concedidos a Francisco Franco y otros 17 miembros de la dictadura. Previamente, socialistas y nacionalistas, que conforman el gobierno municipal, unieron sus votos para desestimar los recursos presentados por los descendientes de militares del franquismo que dan nombre a calles de la ciudad, como son Millán-Astray, Juan Canalejo, Arcadio Vilela y Barreiro Tejeiro. Ahora la oposición a la retirada de la simbología franquista en A Coruña seguirá batallando en los juzgados, como ya lo hicieron los veteranos de la Legión contra la reciente retirada de la imponente estatua del fundador de este cuerpo, Millán-Astray, en una plaza que aún lleva su nombre.

La obligada aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, que establece desde 2007 la retirada de los honores o monumentos que exalten la figura de participantes en la Guerra Civil o en la dictadura, es “justificación” suficiente para rechazar los recursos de familiares, arguyó el edil de Educación y Protocolo, Carlos González-Garcés. Las distinciones concedidas a Franco y sus colaboradores “no pueden estar por encima de la ley”, añadió. El dictador ha dejado de ser desde ayer hijo adoptivo y predilectísimo de la capital provincial, alcalde honorario y medalla de Oro. La concesión de esta última distinción ha sido revocada también para Luis Carrero Blanco, Millán-Astray, Gómez Zamalloa y Juan Canalejo, un falangista local que daba hasta hace año y medio su nombre al hospital de A Coruña.

Fraga, excluido

Del listado aprobado ayer quedó excluido Manuel Fraga. Conservará su título de hijo adoptivo de A Coruña otorgado por el pleno municipal en 1968 por su condición de entonces ministro de Información y Turismo. Sin embargo, a otros seis miembros del Gobierno franquista, la mitad en la misma época que Fraga, sí se les revocó ayer la misma distinción, como es el caso de Camilo Alonso o José Ibáñez.

“Se hace justicia con los represaliados”, se congratuló la edil nacionalista Margarida Vázquez. Y calificó de “cobarde” al PP por abstenerse en este asunto. “Deja bien clara su ideología”, reprochó. Los conservadores coruñeses se mostraron siempre en contra la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, aunque cada vez que el pleno, como ayer, adoptó acuerdos para cumplirla y retirar simbología franquista, optaron por abstenerse. “No nos sentimos concernidos”, argumentó el edil del PP Juan de Dios Ruano, “por el modo excluyente, sectario y antirreglamentario” con el que se llevó a cabo el proceso.

Están en manos de jueces conservadores

Camps, Bárcenas y Garzón dependen de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

JULIO M. LÁZARO El País28/02/2010

Quince magistrados, la mayoría de tendencia conservadora y aupados por el PP a través del Consejo General del Poder Judicial, tienen en sus manos una buena parte del juego político de España. Las decisiones que deberán adoptar en las próximas semanas afectarán al futuro del PP o la carrera del juez que ha instruido los casos más importantes de la democracia: ETA, el terrorismo de Estado, la corrupción, las redes de narcotráfico y los delitos de lesa humanidad. Son los miembros de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo y tienen que dirimir el futuro de Baltasar Garzón, el recurso de Anticorrupción contra la exoneración del presidente valenciano Francisco Camps de sus vínculos con la trama Gürtel, o las acusaciones de cohecho contra el tesorero del PP, Luis Bárcenas.

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Trillo pide a Garzón que reflexione sobre su posición de juez

Considera que Garzón “debería pensar si es una posición responsable” seguir instruyendo

Foto: Federico Trillo.

Público – 25/02/2010

El PP siente que la caída de Baltasar Garzón está cada vez más cerca. Miel sobre hojuelas. Es lo que perseguía desde el 9 de febrero de 2009, cuando interpuso su primer escrito contra el juez, apenas tres días después de que estallase el caso Gürtel. Así que ayer los conservadores tenían sobrados motivos para alegrarse de la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo (TS) de un tercer procedimiento contra el magistrado, en esta ocasión por las conversaciones intervenidas entre los cabecillas de la presunta trama corrupta y sus abogados. Federico Trillo-Figueroa, coordinador de Justicia del PP, estimó que Garzón se halla en una “situación imposible”, de forma que debe “reflexionar” y “meditar sobre su propia posición como juez”, puesto que “no se merece esto la carrera judicial”.

“Debería pensar si es una posición responsable seguir instruyendo causas trascendentales para el Estado y la sociedad mientras se han admitido nada menos que tres querellas criminales por el TS”, sostuvo, informa Europa Press.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, uno de los epicentros de la Gürtel hay 11 cargos públicos conservadores imputados no le pidió nada a Garzón. Se dirigió directamente al TS, para que actúe “con contundencia y rapidez” contra el juez. Así se pronunció Ignacio González, el número dos de Esperanza Aguirre, que calificó de “escándalo” y de hecho “de enorme gravedad” el auto del Alto Tribunal que ve “una posible causa de actuación contraria a derecho en las escuchas ilegales”.

El PP, “irresponsable”

El PSOE demandó al PP que no cante victoria tan pronto. Como recalcó el portavoz socialista en la Comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarrubia, se trata de una mera admisión a trámite que no prejuzga una “posición formal” sobre el fondo. El diputado pidió “respeto” por las decisiones de los tribunales, eludió valorar la actuación del TS y denunció la “tremenda irresponsabilidad” del PP. Villarrubia reclamó al partido de Mariano Rajoy que deje de “presionar” a la Justicia cada vez que salta “un tema que le interesa políticamente”.

El PNV invocó una suerte de conspiración contra Garzón. “Es sorprendente que un juez que era casi intocable y gozaba de prestigio y predicamento en ciertos sectores, incluso fuera de España, de repente se vea incriminado de forma tan multiforme. Algo raro está pasando”, aseveró el portavoz nacionalista en la Comisión de Justicia, Emilio Olabarria. El diputado extendió la sospecha al PP, interesado en “reactivar” el caso Faisán que investiga un supuesto chivatazo policial a ETA y ser un “perjudicado directo” en la Gürtel. No obstante, el PNV mantiene sus “reservas” hacia un magistrado “peculiar”.

Con Trillo sí coincidió Rosa Díez. La diputada españolista atacó a Garzón, a quien le aconsejó “apartarse” de la judicatura para defender su propia trayectoria. Insistió en que todo lo que le rodea está “muy politizado” porque siempre ha sido un juez “muy político”.