El Poder Judicial estudiará suspender a Garzón el día 22

Fuentes judiciales creen que antes se debería abrir el juicio

JULIO M. LÁZARO MADRID El País – 09/04/2010

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ha decidido que sea directamente el Pleno del organismo, que se reunirá el próximo día 22, el que se pronuncie sobre la suspensión cautelar del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien el juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela ha decidido sentar en el banquillo para que sea juzgado por un supuesto delito de prevaricación.

El Consejo tendrá que valorar si el auto de transformación en procedimiento abreviado dictado por Varela -contra el que cabe recurso ante el propio instructor y ante la Sala Penal- es suficiente para decretar la suspensión de Garzón.

Varela concluyó su auto de transformación señalando que “ha lugar a proceder” contra Garzón, siguiendo el tenor del artículo 383 de la ley orgánica del Poder Judicial sobre suspensión de magistrados. Sin embargo, fuentes judiciales consideran más correcto esperar al auto de apertura de juicio oral, que es el que marca definitivamente el proceso al magistrado.

Según explicaron dichas fuentes, dado que el ministerio fiscal no va a ejercer la acusación, ésta se sustentará exclusivamente en los escritos de Manos Limpias y Falange Española de las JONS. Aunque no es verosímil que suceda, si en hipótesis se suspende a Garzón y luego dichas acusaciones populares desistiesen de presentar sus escritos, Garzón estaría suspendido de funciones sin que nadie le acusase, por lo que habría que sobreseer el proceso y reintegrarle a su juzgado. El hecho de que una acusación popular desista de acusar en el último momento no ha sido tan infrecuente en procesos a banqueros y empresarios. Aunque ese escenario no se contempla en la causa contra Garzón, las fuentes consultadas creen más correcto esperar a que las acusaciones presenten sus escritos y el instructor decrete la apertura de juicio oral, momento a partir del cual ya no hay vuelta de hoja para que Garzón sea juzgado por la Sala Penal del Supremo.

No obstante, antes de la suspensión del juez de la Audiencia Nacional, el Pleno del Consejo tendrá que resolver la recusación de la vocal Gemma Gallego, la juez del ácido bórico que fue recusada por Garzón por enemistad manifiesta. El Consejo también tendrá que decidir sobre la abstención del vocal José Manuel Gómez Benítez, que fue abogado de Garzón.

“¡España al revés: corruptos y fascistas juzgan al juez!”

500 personas cortan la calle Génova de Madrid en una concentración en defensa de Garzón

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 08/04/2010

El medio millar de manifestantes han cortado el acceso a la calle Génova de Madrid- ULY MARTÍN

Unas 500 personas acudieron este jueves, movilizadas por mensajes de móvil y foros de Internet, a la puerta de la Audiencia Nacional para demostrar su apoyo al juez Baltasar Garzón y condenar la decisión del Tribunal Supremo de sentarle en el banquillo por abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo. Al grito de “¡Garzón, estamos aquí!, “España al revés: corruptos y fascistas juzgan al juez” o “Justicia 0-Falange 1”, los manifestantes protestan por lo que consideran la inminente inhabilitación del magistrado. La concentración obligó a cortar la calle de Génova, entre la sede del Partido Popular y la Audiencia Nacional.

Manifestación por Garzón

Cartel de la convocatoria de la concentración de apoyo a Garzón-

“Me he enterado por un mensaje de móvil y se lo he dicho a más gente. Ha sido algo totalmente expontáneo”, explica Julián Rebollo, sobrino de fusilado y portavoz de la Plataforma por un centro para la paz y la memoria en la antigua cárcel de Carabanchel. “Estamos indignados. Es el colmo que vayan a juzgar al único juez que se ha atrevido a investigar los crímenes del franquismo”.

Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica acusan de prevaricación– el delito por el que está imputado Garzón- a todos los jueces de instrucción a los que se han dirigido y que no han investigado el hallazgo de restos humanos con signos de violencia. Desde el año 2000 sólo se ha abierto en España una fosa bajo supervisión judicial, en Santa Marta de Tera (Zamora).

Además, existe una convocatoria anónima, que se está extendiendo por Internet, para celebrar una gran concentración de apoyo al juez el próximo 24 de abril. “Ha sido una decisión espontánea que ha empezado con un grupo de apoyo en Facebook“, ha comentado el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva. Colectivos de memoria, familiares de víctimas del franquismo y partidos políticos de izquierda de toda España preparan esta macro concentración de apoyo al juez Baltasar Garzón. Ya tienen cartel e incluso un lema: “Investigar los crímenes del franquismo no es delito”.

“Únete. Hay que estar con la Justicia y la Verdad. Con la Memoria Histórica. No podemos olvidar tanta ignominia. Ya sabes, a las 20 horas el día que se produzca la suspensión, nos vemos junto a la Audiencia Nacional”, se lee en una de las convocatorias. Otras piden hacer lo mismo frente a los tribunales superiores de justicia de otras ciudades españolas.

En Teruel, por ejemplo, Izquierda Unida ha convocado otra concentración de apoyo a Garzón para el próximo 14 de abril. “Resulta bochornoso para los demócratas que los descendientes de los asesinos puedan sentar en el banquillo al juez”, declaró el coordinador del partido en Teruel, José María Martínez Marco.

No serán las únicas. “En Argentina, donde Garzón es muy querido, las organizaciones de defensa de los derechos humanos también están preparando manifestaciones de protesta para el día en que sea suspendido”, ha asegurado Silva. Desde que se abriera el proceso contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo todas las grandes organizaciones de defensa de los derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch…) han emitido comunicados de apoyo al juez.

¿Se quiere condenar a Garzón sin pruebas?

ANTONIO RATO El País – 08/04/2010

Dice el artículo 24 de la Constitución que “todas las personas tienen derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa”. Garzón ha propuesto el examen de varios juristas eminentes de reconocido prestigio y al parecer solo se va admitir que depongan aquellos magistrados que en el periplo procesal transcurrido ya han dado la razón al reo.

Sin entrar ahora en el desarrollo de lo hiperbólico que resultaría el aforismo antes mencionado si lo pusiéramos en relación con la realidad cotidiana de las sentencias que leemos en la prensa, baste decir que el mismo ni siquiera resulta de aplicación a los delitos concretos de prevaricación judicial. Porque en estos casos no se trata de determinar si la resolución judicial objeto de controversia debe o no estimarse correcta sino, simplemente, si aún discrepando de ella, los hechos que relata son ciertos y los argumentos que utiliza son defendibles con la lógica común.

Y esto es así, porque la prevaricación exige un dolo específico, el animus prevaricandi que, en castellano se diría actuar a sabiendas, y que resultaría paradójico estimar en el juez que ha utilizado una interpretación normativa compartida por los más prestigiosos juristas.

Las normas de derecho penal se interpretan siempre de forma restrictiva, y por lo tanto el ánimo de prevaricar no puede nunca presumirse ni deducirse por las retorcidas, indiciarias e inamistosas vías argumentales utilizadas por el magistrado Varela y asumidas después íntegramente por el magistrado Prego.

Cuando un juez interpreta las leyes debe atender principalmente a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.(artículo 3 del Código Civil). Y es indudable que esta realidad social no es vista de la misma forma por el magistrado Prego que por el magistrado-juez Garzón.

Pero, aunque la concepción ultraconservadora de Prego fuese la correcta, la calificación hecha por Garzón de delito contra la humanidad de los crímenes franquistas, que constituye el núcleo de su argumentación, no sería ningún disparate ni podría considerarse expresión de una voluntad maliciosa de prevaricar.

Por tanto, al derecho de Garzón le interesa probar que su interpretación normativa no es resultado caprichoso de esa soberbia de juez estrella que injustamente le atribuyen sus poderosos enemigos, sino que es la interpretación universalmente compartida por los juristas más prestigiosos del mundo. Por esta razón ha propuesto como testigos a un elenco internacional de juristas de primerísima línea para que demuestren que sus argumentos están en los antípodas del la voluntad maliciosa o dolo específico exigido al prevaricador.

Hasta el presente, nuestro derecho distinguía entre la prueba pericial y la testifical como entidades estancas. A los testigos no se les podían formular preguntas de naturaleza técnica. Pero en la actualidad, la nueva ley procesal básica admite la figura del testigo perito, que puede ser interrogado sobre sus conocimientos específicos. El dejar estos conocimientos fuera de la causa seguida contra Garzón nos expone a que en ulterior instancia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un tirón de orejas a los dignísimos magistrados de nuestro Tribunal

Antonio Rato es abogado

Francon aikaa tutkinut tuomari joutuu itse oikeuden eteen

Helsingin Sanomat – 7.4.2010

Espanjalaistuomari Baltasar Garzon poistumassa Espanjan  Korkeimmasta oikeudesta Madridissa tänään.

Espanjalaistuomari Baltasar Garzon poistumassa Espanjan Korkeimmasta oikeudesta Madridissa tänään. Juan Medina / REUTERS

Madrid. Ihmisoikeuksien kiivaana puolustajana tunnettu espanjalaistuomari Baltasar Garzon joutuu itse oikeuden eteen. Kolme oikeistoryhmää on valittanut Garzonin ylittäneen valtuutensa tutkiessaan Francisko Francon diktatuurin ajan rikoksia.

Korkeimman oikeuden tutkintatuomari Luciano Varela ilmoitti oikeudenkäynnistä keskiviikkona. Garzonia uhkaa viraltapano.

Yli 200 ihmisoikeusjärjestöä ja asianajajaa on allekirjoittanut Garzonia tukevan vetoomuksen. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International sanoi olevan omituista, että tuomari voi joutua oikeuden eteen “totuuden ja oikeuden etsimisestä”.

Garzonin tukijoiden mukaan Espanjan konservatiiviset voimat haluavat hiljentää tuomarin, koska he eivät halua että Francon ajan tapahtumia tongitaan.

Garzon on Espanjan tunnetuin tuomari. Hän on nostanut syytteet muun muassa Chilen entistä diktaattoria Augusto Pinochetia ja terroristijohtaja Osama bin Ladenia vastaan.

La mujer en el franquismo: santa o puta

Cuarenta años de represión política, religiosa y, por supuesto, sexual.
La UNED y el Museo Reina Sofía recuerdan, durante esta semana, las injusticias de la dictadura con lesbianas o prostitutas.

RAFA VIDIELLA – 20minutos.es – 06.04.2010

En nombre de la memoria histórica se han desenterrado muertos y buscado el cadáver de poetas. Sin embargo, no ha recibido tanta atención el maltrato femenino durante el franquismo. Coartadas física y psicológicamente y obligadas a un determinado rol, cualquier mujer liberal era denigrada. Injusticias y víctimas recordadas ahora en Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, seminario organizado por el Museo Reina Sofía y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) que concluirá el 11 de abril.

Raquel Osborne, profesora de sociología de la UNED, comenzó a organizar el seminario en 2007. Junto a un grupo de especialistas, se dio cuenta de que el proceso de recuperación de la memoria histórica arrojaba poca luz sobre sectores femeninos marginados en la dictadura.

Amores ocultos

“Los homosexuales”, explica Osborne, “han recuperado su historia con facilidad. No es casual: la homosexualidad masculina se reprimió con dureza y claridad: leyes de peligrosidad social, listas de maleantes, detenidos… Pero el lesbianismo no se contemplaba. El franquismo silenciaba y negaba su existencia”.

Si algo se ignora o se niega, no existe: así pensaba el régimen. Pero existía. Matilde Albarracín, técnica social e investigadora, explica cómo esas mujeres “desarrollaron hasta redes económicas para no depender de los hombres. Eran solidarias y crearon increíbles espacios de libertad: desde acampadas hasta zonas bohemias, como el Paralelo o las Ramblas de Barcelona”. Sus relaciones eran clandestinas, pero disimulables: nadie podía imaginarse que dos amigas del brazo podían llegar a tener una relación “tan subversiva”, y hasta podían desarrollar estrategias relacionales con amigos gays, como falsos matrimonios y la concesión de apellidos a hijos.

Comenzando por el lesbianismo, los responsables del seminario desenredaron el ovillo de las distintas (y ocultas) opciones sexuales femeninas de la época. Como afirma Dolores Juliano, profesora en la Universidad de Barcelona, “la sexualidad femenina no era aceptada por el franquismo, que asumía e imponía unos valores al respecto. El sexo femenino se reducía a los estrictos límites de la procreación en el matrimonio. Las que lo desarrollaban en otro contexto eran denigradas, consideradas putas”.

Dudosa moral

Individuas de dudosa moral: así se titula un libro de la historiadora Pura Sánchez, que investiga la represión sufrida por las mujeres andaluzas durante la Guerra Civil y el franquismo. “El cuerpo femenino”, explica Sánchez, “fue un elemento contaminado y pecaminoso, un ámbito sobre el que actuar. Fue sometido a base de negar su sexualidad, tanto de forma directa (a través de vejaciones) como por tribunales militares. La mujer no era dueña de su cuerpo, sino que éste era un objeto jurídico propiedad del Estado y del varón”.

Para controlar el cumplimiento de esas normas se establecieron mecanismos que, amparados en un discurso de protección, recogían y reeducaban a mujeres descarriadas. El más destacado era el Patronato de Protección de la Mujer, creado en 1942 y presidido por Carmen Polo, la mujer del Caudillo. Su objetivo: “velar por todas aquellas mujeres que, caídas, desean recuperar su dignidad”.

Esa redención terminaba, muchas veces, en manicomios como el de Ciempozuelos o cárceles como la de Calzada de Oropesa, Toledo, donde acababan algunas de las miles de mujeres que, víctimas de la miseria, se prostituyeron para sobrevivir o alimentar a sus hijos.

Burdeles, casas de tolerancia, casas de citas, meublés… Hasta 1956, la prostitución era legal en España. En los lugares nombrados las mujeres podían prostituirse y eran sometidas a controles sanitarios y policiales. No era legal, en cambio, la prostitución callejera, reprimida y perseguida con dureza. Como explica Osborne, esa confusa situación cambió en 1956, cuando la prostitución pasó a ser alegal. “Quedó en un limbo, en el que se perseguía más el proxenetismo. Una situación similar a la actual”, afirma.

Escritora en la cárcel

Otra de las protagonistas del seminario será la periodista Carlota O’Neill. Nacida en Madrid en 1905, empezó a publicar libros con 18 años. Ejemplo de mujer moderna, disfrutó de la libertad que le concedía la República y fue madre soltera. Sin embargo, y por ventajas legales, terminó casándose con el padre de sus hijas, Virgilio Leret, capitán de Aviación. Su matrimonio duró poco: en julio de 1936, y cuando O’Neill y sus dos hijas visitaban a Leret en Melilla, estalló la Guerra Civil.

Su esposo fue fusilado y O’Neill pasó unos años en la cárcel, considerada “peligrosa en extremo”. En 1949, cuando salió, emigró a Venezuela para terminar afincándose en México, donde publicó Una mujer en la guerra de España, en el que detalla las relaciones de poder y sexo entre las presas de la dictadura. Una crónica de esos tiempos que también será recordada en el Reina Sofía y las Escuelas Pías.

La verdades del doctor Vicéns

Aunque casi desconocido, Ramón Serrano Vicéns (1908-1978) fue el mayor estudioso de la sexualidad femenina durante el franquismo. Entre 1940 y 1961 estudió a casi 1.500 mujeres, lo que le permitió llegar a datos tan reveladores como, por esa época, escandalosos: casi un tercio de las mujeres casadas eran infieles, más de un tercio de las españolas habían tenido alguna experiencia homosexual y, aunque sólo ocho de cada cien lo reconocían, un 84% se masturbaba. Serrano no pudo publicar un libro con sus estudios hasta 1971.

Cuatro generaciones analizan la historia reciente en el Lliure

Seis directores presentan una obra coral en Dictadura-Transició-Democràcia

Cuatro generaciones analizan la historia reciente en el Lliure

Los directores de la obra. – DAVID DUSSTER

DAVID DUSSTER – Público – 08/04/2010 08:10

El Teatre Lliure de Barcelona estrena hoy Dictadura-Transició-Democràcia, una obra coral arriesgada creada por seis directores y un espectáculo que ofrece la visión de la historia más reciente a través de cuatro generaciones y cuatro poéticas teatrales.

El triunfo de Raphael en el Festival de Benidorm en 1962, un concierto de Raimon en Madrid en 1968, la censura televisiva que aún se practicaba en 1978 antes de aprobarse la Constitución española, y el escándalo de los GAL en 1989 son los acontecimientos elegidos para articular esta reflexión compuesta de cuatro obras breves.

Espectadores en movimiento

La puesta en escena también respeta el atrevimiento de reunir a directores diferentes que sólo tuvieron el derecho a escoger a dos actores cada uno. La sala Fabià Puigserver estará dividida en tres espacios, donde se montarán cuatro escenarios diferentes y serán los espectadores los que deberán desplazarse a cada uno de los ambientes conforme se vaya desarrollando la acción.

Pese a la carga política del nombre y de los argumentos, la obra oscila entre la sátira social de la dictadura y la reflexión ante el abismo del vacío ideológico, pero no pretende ser un instrumento de denuncia o de movilización. “Aunque todo teatro es política, el teatro político forma parte de otra época”, valoró Xavier Albertí, director del primer acto, ambientado en la dictadura, y un habitual en la cartelera del Lliure.

Como Albertí, responsable del capítulo de 1962 junto a Lluïsa Cunillé, los otros directores (Roger Bernat, Jordi Casanovas, y Nao Albert y Marcel Borràs) recibieron el encargo de explicar una historia del año de su nacimiento para garantizar el enfoque multigeneracional.

La obra, que se representará hasta el próximo 2 de mayo, supone también “una oportunidad de descubrir cuatro maneras diferentes de ver el teatro”, según Àlex Rigola, director del Lliure. El espectáculo, que recupera una cinta inédita de un recital de Raimon, se complementa con dos sesiones de lectura de versos de esas épocas.

Camino del banquillo

La causa a Garzón por el franquismo reviste una simbología insultante para la democracia

El País – 08/04/2010  (Editorial)

Se consumó. La decisión del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela de proceder contra Baltasar Garzón como autor de un delito de prevaricación por su intento de investigar los crímenes del franquismo, a instancias de familiares de víctimas que yacen todavía sin identificar en fosas comunes, sitúa al juez de la Audiencia Nacional en el camino directo hacia el banquillo de los acusados. Y a un paso de ser suspendido en sus funciones, consecuencia última de la querella interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las JONS.

Garzón tiene la posibilidad de recurrir a la Sala Segunda del Supremo. Pero se trata de la misma sala que admitió a trámite, por considerarla ab initio una hipótesis no arbitraria, ilógica o absurda, la querella por prevaricación contra el juez y que acaba de rechazar su recurso de sobreseer la causa. No parece probable que cambien de criterio.

Garzón se sentará en el banquillo por haber intentado, no desde una teorización meramente imaginativa del derecho sino desde el ejercicio jurisdiccional que corresponde al juez penal, dar satisfacción a familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que no aceptan como normal y acorde con el Estado democrático que sus restos sigan sin identificar en fosas comunes. Algo que no dejará de causar preocupación y estupefacción en países europeos que también vivieron la terrible experiencia de regímenes dictatoriales en épocas todavía no lejanas.

Tras el ropaje jurídico que la envuelve, la causa contra Garzón reviste una simbología provocadora e insultante para la democracia española. Lo es, en primer término, para la memoria de las innumerables víctimas del franquismo, no pocas producidas en los años finales de la dictadura y de las que muchos españoles de hoy guardan un recuerdo vivo y directo. También, seguramente, para algunos magistrados del Supremo que vivieron en su juventud la cercanía de esos crímenes y lucharon por un régimen de libertades que los hiciera imposibles y una justicia que garantizase su no impunidad. ¿Cómo pueden permanecer impasibles ante el desatino de la causa contra Garzón?

Insiste el instructor Varela en que Garzón intentó asumir el asunto de las fosas, “dentro de un proceso penal cuya artificiosa incoación suponía desconocer principios esenciales del Estado de derecho, como los de legalidad penal e irretroactividad de la ley penal desfavorable, además de implicar el desconocimiento objetivo de leyes democráticamente aprobadas, como la de amnistía”. Pero es lo que está en discusión, no sólo en el ámbito de la teoría jurídica sino en la jurisdicción. Sorprende cada vez más, por ello, que el Supremo diera más valor desde el principio a la hipótesis prevaricadora para explicar la conducta de Garzón que a su contraria, no obstante estar avalada por el ministerio fiscal, y que con tan endeble fundamento diera curso a una querella cuya motivación ideológica es evidente.

Varela lleva a Garzón al banquillo por su “imaginación creativa” con el franquismo

El juez del Supremo le imputa asumir las exhumaciones sin tener competencia

JULIO M. LÁZARO El País08/04/2010

El juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela sentará al juez Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados en las próximas semanas por “múltiples motivos opuestos al ordenamiento jurídico”, entre ellos el de “haber intentado asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas del franquismo”, lo que según Varela constituye un delito de prevaricación judicial.

En un auto dictado ayer, Varela utiliza un tono incendiario para descalificar la “imaginación creativa” de Garzón, acusarle de “desconocer principios esenciales del Estado de derecho” o “leyes democráticamente aprobadas, como la Ley de Amnistía”, y le imputa haber actuado por “objetivos no justificables”.

El instructor tampoco se priva de “calificar” antes que las acusaciones el supuesto delito de Garzón como el de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal -dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho-, castigado con una pena de 10 a 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa a pagar durante dos años. Varela prefiere la calificación más grave a la de la modalidad imprudente del artículo 447 que reduciría la pena a un máximo de dos a seis años de inhabilitación.

En su auto, el instructor transforma las diligencias en procedimiento abreviado y da a las acusaciones de Manos Limpias y de Falange Española de las JONS un plazo común de 10 días para formular sus escritos de acusación. El fiscal tiene el mismo plazo para solicitar el sobreseimiento.

Pese a que Varela afirma que en este momento no le incumbe establecer “con certeza” la imputación, sino sólo “una veracidad probable”, en su exposición final de los hechos el juez parece querer evitar al Supremo el trabajo de dictar una sentencia condenatoria. Según su versión, tras aprobarse la Ley de Memoria Histórica, Garzón “intentó asumir el control de las localizaciones y exhumaciones” de las víctimas de la represión franquista, pero, “consciente de su falta de competencia”, construyó “una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento”.

Privado del control de las exhumaciones por decisión expresa de la Audiencia Nacional, Garzón puso fin a la tramitación del sumario, “lo que pretendió justificar por la acreditación del fallecimiento de los que él mismo había identificado como eventuales responsables criminalmente de los hechos”. Según Varela, además de no tener competencia para abrir la causa al franquismo, Garzón tampoco la tuvo “para declarar la extinción de responsabilidad en el marco del sumario que no concluyó”.

Previamente, el instructor rechaza todas las pruebas pedidas por Garzón, con una displicencia que apenas deja margen a que en su día pueda admitirlas la Sala de lo Penal cuando juzgue al magistrado. En concreto, deniega el testimonio de juristas internacionales que declaren sobre la perseguibilidad de los crímenes contra la Humanidad porque sería una “desconsideración” a la Sala Penal del Supremo y a los letrados de las acusaciones “acudir a la opinión de otros juristas”.

El juez del Supremo tampoco considera “útil?” la declaración como “experto” del que fuera primer fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, porque la defensa de Garzón no expone “qué tipo de experiencia ha puesto a contribución” en la causa sobre el franquismo. Tampoco admite la del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, cuyo criterio resulta “extensa y nítidamente expuesto” en sus dictámenes contrarios a la competencia de Garzón. Así, Zaragoza, que había aceptado ser testigo de descargo de Garzón, no tendrá opción a expresar su opinión sobre si el juez delinquió o no. Para Varela, tampoco es “pertinente” la declaración del testigo Ricardo Vinyes sobre lo horrendo de los crímenes del franquismo por cuanto “esa constatación en nada añadiría ni restaría”, a las razones para imputar a Garzón.

El instructor ni siquiera admite la propuesta del fiscal del Supremo para que declaren los magistrados de la Audiencia Nacional que respaldaron la competencia de Garzón para investigar los crímenes del franquismo, ya que “dichos magistrados han dicho en su voto particular cuanto estimaron conveniente”.

Varela se ufana de que la Sala Penal haya confirmado su decisión de denegar el sobreseimiento, e incluso llega a afirmar que la “intencionalidad” del juez imputado ha sido ya objeto de “valoración suficiente” por el propio instructor y “por la Sala Segunda del Supremo”. Según fuentes jurídicas, estas afirmaciones pueden poner en un brete la pretendida ausencia de “contaminación” de la Sala que pretende juzgar a Garzón.

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Cronología: Garzón y la causa por las desapariciones del franquismo