Month: May 2010

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Los abogados argentinos contra el franquismo piden más presión social

“Nuestro objetivo es que esta querella termine juzgándose en España”, afirman

NATALIA JUNQUERA – El País – 07/05/2010

“Nuestro objetivo al presentar esta querella en Argentina es que el franquismo termine juzgándose en España del mismo modo que Garzón abrió el camino a que se juzgara la dictadura argentina en Argentina. Esperamos que en todo el mundo, los españoles que sufrieron estos crímenes presenten querellas similares en distintos países de forma que se vayan recogiendo pruebas para ese proceso”, aseguró ayer Carlos Slepoy, abogado de la querella por genocidio interpuesta en Buenos Aires por familiares de víctimas del franquismo y una docena de asociaciones de defensa de los derechos humanos.

Reunidos en la Casa del Barrio de Carabanchel (Madrid) Slepoy, el abogado de la vía abierta en Argentina, y Fernando Magán, el de la vía cerrada en España, hablaron ayer de sus metas el primero, y de sus frustraciones el segundo. Magán atribuyó la paralización del proceso abierto por Garzón a la vicepresidenta De la Vega, “a través de la Fiscalía General del Estado” y al propio Zapatero, que a su juicio, “poco antes de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anulara las exhumaciones ordenadas por Garzón, lanzó un mensaje a los jueces al asegurar que “al franquismo ya lo había juzgado la historia”. Slepoy recordó que ya hay 60 condenados y más de 600 procesados por las dictaduras argentina y chilena. “En Argentina ya han sido juzgados todos los torturadores, todos los que apretaron el gatillo, y ahora se empieza a juzgar a los responsables económicos. En España aún hay responsables vivos de los crímenes del franquismo porque fueron crímenes que continuaron hasta las primeras elecciones democráticas en 1977”.

Silvia Carretero, viuda de José Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados del franquismo, explicó: “He acudido a la justicia argentina porque los guardias civiles que me torturaron estando embarazada de dos meses de mi hija y los miembros del pelotón de voluntarios que fusilaron a mi marido siguen vivos. Durante 35 años he estado callada, nunca presenté una querella aquí porque pensé que no obtendría justicia, pero cuando pedí la indemnización de la Ley de Memoria Histórica por el fusilamiento de mi marido y me la negaron diciéndome que era un terrorista y cuando después vi lo que le ocurrió a Baltasar Garzón, pensé: hasta aquí. Quiero que un juez interrogue a los que me torturaron y a los que fusilaron a mi marido y si decide que son culpables, los encierre”.

La querella en Argentina acaba de sufrir su primer revés. El fiscal se opone a que los hechos sean juzgados allí porque “aunque piensa que son imprescriptibles y que no se puede aplicar la Ley de Amnistía, están siendo juzgados en España”, aseguró Slepoy. El abogado, pese a todo, cree que la causa puede prosperar. “Este no es un proceso de españoles en Argentina, es un juicio de todo el mundo porque si esta querella sale adelante, Argentina estará lanzando un mensaje a la humanidad: que los crímenes de genocidio tienen castigo”.

Tanto Magán como Slepoy coincidieron en que en cualquier caso el proceso es imparable por la demanda de la sociedad civil. “En Argentina fueron las abuelas las que buscaban a sus nietos y en España son los nietos los que buscan a sus abuelos”, recordó el argentino.

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Perdonar no es olvidar

NATALIA RUPÉREZ – El País – 06/05/2010

Los sacaron de sus casas. Fueron vilmente asesinados sin ningún tipo de explicación ni juicio previo alguno y los sepultaron bajo tierra para que se los tragara el olvido. Eran gente normal, como cualquiera de nosotros, trabajadores, campesinos, padres de familia. Su único delito fue simpatizar con un régimen legal y democráticamente establecido por las urnas. No se dignaron tan siquiera ni a decirnos dónde estaban. Tuvimos que buscar para poder encontrarlos y desenterrarlos de cunetas y tapias de cementerios. A muchos hoy seguimos sin poderlos localizar. Pero un controvertido juez intenta ayudarnos a encontrar a los que todavía quedan desaparecidos. Él ha querido llegar adonde la Ley de Memoria Histórica no se atreve: a 70 años de silencio, de mentiras, de olvido de parte de la historia de nuestro país y de la nuestra. Pero este juez se ha tropezado con los herederos de aquellos asesinatos y ahora es a él al que quieren eliminar. Y nos piden que callemos por el bien de lo que se llamó “una buena y ejemplar transición”. Pero ¡perdonar no es olvidar!, ¡ni tampoco callar!

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El procedimiento en Derecho

Lo que desprestigia al Supremo no son tales o cuales declaraciones, sino la actuación infundada e incomprensible contra el juez Garzón. También en Derecho el fondo es más importante que la forma

ARACELI MANJÓN-CABEZA OLMEDA – El País – 06/05/2010

El día 27 de abril se publicaba en este periódico un artículo que, bajo el título El procedimiento en democracia, firmaban cinco magistrados, refiriéndose a la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra el juez Garzón por sus investigaciones relativas a los crímenes de la Guerra Civil y de la posguerra franquista. Reconociendo que en tal escrito se manejan argumentos nuevos y atractivos sobre la cuestión, no se pueden compartir, sin embargo, algunas de las afirmaciones que se hacen o algunos de los resultados interpretativos que se alcanzan.

Para empezar, se refieren los firmantes a la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, de 12 de diciembre de 2000, por la que se impide el recuento manual de votos que antes había sido ordenado por la justicia de Florida a la vista de que existían claros y razonables indicios de que unos 180.000 votos de aquel Estado no hubieran sido bien leídos por las máquinas. El resultado de tal sentencia del Supremo estadounidense es sabido: derrota de Al Gore y George W. Bush instalado en la Casa Blanca.

Los magistrados autores del artículo que me ocupa subrayan dos de los argumentos del fallo de la Corte Suprema: los tribunales no pueden inmiscuirse en el cómputo de los votos y no se garantiza que el recuento manual acabe antes del plazo que la ley otorga para dar por finalizado el cálculo. Pero todo ello se afirma tras reconocer la posibilidad de irregularidades en el cómputo mecánico y, con ello, de un resultado distinto -Al Gore, presidente- en caso de realizarse un nuevo recuento. Se concluye en el artículo que comento que la decisión de la Corte se fundamentaba en la idea de “que el procedimiento debía respetarse de forma estricta”, y, además, se califica tal decisión como “probablemente, (la) más trascendente de la historia, atendidas sus implicaciones”.

Dos consideraciones me vienen a la cabeza. Primera: procedimiento para decidir y justicia en la decisión no deben estar reñidos, máxime si para salvar el procedimiento -el plazo previsto para el fin del recuento-, se admite que el resultado electoral real podría haber llevado a Gore a la presidencia de Estados Unidos y no a Bush. Segunda: no sé si esta sentencia es la más importante de la historia, pero creo que es una de las más lamentables, precisamente, “atendidas sus implicaciones”, por llevar a la Casa Blanca a quien llevó (el “mejor” presidente de los Estados Unidos, que será recordado por su falta de preparación para el cargo y por sus errores imperdonables, que a todos nos han salpicado).

Y llevan razón los magistrados firmantes cuando afirman que la esencia del sistema constitucional no está solo en el reconocimiento de los derechos, sino también en la existencia de reglas y procedimientos para ejercer el poder, pero insisto, una y otra esencia no pueden ser antinómicas, y, en caso de chocar, siempre deberá primar el fondo sobre la forma. El incumplimiento del plazo del recuento es un mal menor y dar por válido un resultado electoral del que se duda es un mal enorme. Es posible que el sistema electoral americano adolezca de éste y otros defectos, pero la solución que se alcanzó ningunea el valor de la más básica regla de una democracia: que mandan los votos.

Otro argumento que aporta el artículo de referencia: el juez en el sistema político implantado con la Revolución Francesa es un burócrata funcionario, con un poder insignificante, mientras que el juez que sale de la Revolución Norteamericana tiene un importante papel de controlador de los otros poderes, lo que plantea la cuestión de cuáles son los límites del poder del juez. Para los magistrados firmantes esta cuestión no está resuelta.

Y así parece, porque lo que estaba claro hasta hace unos meses, hoy ha sido puesto en crisis desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Me explico: superada la figura del juez autómata de Montesquieu y Beccaria, al que se le prohibía interpretar la ley, que debía aplicar como si de una receta se tratase, surge el juez que aplica la ley tras interpretarla, seleccionando, de entre los entendimientos posibles, uno que es el que se impone, salvo que un tribunal superior, en vía de recurso corrija esa interpretación.

Y aquí se acaba la historia. Cualquier intento de criminalizar como prevaricador al juez que sostiene una tesis posible y defendible en Derecho es una aberración.

Siguen los magistrados autores diciendo que en el “caso Garzón I” es imprescindible respetar las reglas procedimentales y “aceptar la legitimidad de aquellos órganos de poder a los que la Constitución les otorga la última palabra”, lo que, a su entender, no está ocurriendo cuando se afirma que “las decisiones… de la Sala Segunda del Tribunal Supremo son un golpe de Estado perpetrado por togas fascistas, cómplices de la tortura”.

Expresiones como ésta pueden compartirse o no, pero son inocuas para poner en riesgo el sistema; el sistema no es tan débil y no resulta afectado por lo que no es más que una manifestación, afortunada o no, de la libertad de expresión.

Lo que pone en riesgo el sistema es la actuación infundada e incomprensible hecha desde dentro. Discrepo de la premisa de la que parten los magistrados de que en la causa contra Garzón haya suficientes motivos para investigar y proceder. Yo creo que, en origen, esta causa estaba huérfana de contenido penal y no hay ningún indicio para mantener este procedimiento por prevaricación porque no prevarica quien aplica una interpretación de la ley sostenible, sostenida y fundada. Y si en origen la investigación contra el juez carecía de fundamento, en su desarrollo ha llegado al “no va más” del esperpento jurídico: el instructor se ha convertido en tutor de las acusaciones, corrigiendo sus deberes mal hechos -por dos veces-, hasta obtener el aprobado y con ello una acusación “válida” para sentar a Garzón en el banquillo.

La perversión del procedimiento y de las reglas del juego es supina; el imputado ve cercenadas sus expectativas de defensa, pues pasa a oponerse a una acusación “admisible”, cuando, de no haber irrumpido el instructor Varela en la escena rompiendo la igualdad de armas, se habría confrontado con una acusación impresentable, rechazable de plano e ineficaz para abrir el camino al banquillo.

El proceso debido -al que se refieren los magistrados firmantes del texto que analizo- se ha roto porque el instructor se ha salido de su papel, inventándose un trámite contra-procesal, no previsto en el procedimiento, y tomando partido por la acusación, a cuyo servicio se ha puesto.

En este caso, las reglas de procedimiento -que han de respetarse siempre- no se han visto amenazadas por unas u otras manifestaciones, por duras o injustas que sean, sino que se ha prescindido de ellas desde dentro, lo que es grave, muy grave. Quiero decir, el sistema no está siendo desprestigiado sin motivo desde fuera; ni los muertos de las cunetas, ni las críticas más despiadadas, ni las opiniones de los más prestigiosos juristas del mundo son responsables de la que le está cayendo encima a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Más bien ocurre que algunos de sus integrantes están siendo víctimas del fuego amigo.

Concluyo tomando prestada una afirmación del artículo de referencia: es necesario “respetar las reglas de los procesos decisionales”. Reitero que estoy de acuerdo, pero ese respeto es exigible en primer lugar a los que protagonizan el procedimiento y, especialmente a quien lo dirige y no ocurriendo así, pedir respeto para el Tribunal Supremo y sus decisiones parece una broma. Cada palo que aguante su vela.

Araceli Manjón-Cabeza Olmeda es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.

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Los soldados de Tardi aguardan en el refugio

Badalona y el Salón del Cómic dedican una exposición al historietista francés y los horrores de la guerra

FERMÍN ROBLES – El País – 05/05/2010

Badalona y el Salón del Cómic dedican una exposición al historietista francés y los horrores de la guerra

El miedo para Jacques Tardi tiene cara de soldado raso, con el casco calado, la mirada perdida y el rostro cadavérico. En la obra del veterano historietista francés (Valence, 1946), las atrocidades de la I Guerra Mundial son un tema casi omnipresente. Porque más que las gestas militares, Tardi quiere retratar la absurdidad del conflicto y las historias a pie de trinchera en un cómic claramente antimilitarista y bien documentado gracias a la colaboración con el historiador Jean Pierre Verney, que hace ya más de 30 años que dura.

Sus personajes, los protagonistas de cómics como Puta guerra! -cuya versión integral presentará el autor en el Salón del Cómic que arranca mañana, donde será la principal atracción- o La guerra de las trincheras, han encontrado donde resguardarse estos días: la muestra que la sala de exposiciones El Refugi -situada en un antiguo refugio antiaéreo de la Guerra Civil- le dedica en Badalona hasta el 30 de mayo, en colaboración con el propio salón. Para la ciudad, que acogerá el futuro Museo del Cómic de Cataluña, es una gran ocasión para ir abriendo boca y reivindicar ya el noveno arte.

Tardi ha sido el encargado de presentar sus propias láminas. “Yo planteó preguntas porque no he encontrado respuestas sobre la guerra. ¿Por qué no había más combatientes que desertaban? Algunos historiadores presentan al soldado como alguien que lucha convencido por unos ideales. Se han inventado el concepto de sacrificio colectivo, que para mí es poesía pura”, señala irónico el autor, hijo de un militar. “Lo que yo quiero es mostrar al pobre tío que está en el frente, que pasa frío bajo la tempestad y quiere volver a casa. Nada de superhéroes, yo tengo más capacidad para identificarme con el que sufre. Por eso he querido mostrar la miseria del día a día en las trincheras”, explica Tardi ante sus viñetas, que en ocasiones no ahorran en realismo y muestran las ratas y el agua putrefacta en la que se hincaban las botas de los soldados. Esos a los que las balas sí alcanzaban. “Es un tema del que no intento huir, hace unos 40 años que me dedico”.

Las historietas de Tardi son una manera de volver a la Primera Gran Guerra. El dibujante cuenta en su trabajo con la ayuda del historiador Jean-Pierre Verney, que cuenta que a menudo viaja con Tardi sobre el terreno de las batallas. “Compartimos indignaciones comunes. La guerra del 14 fue la negación de los derechos humanos”, dice Verney. “Para dibujar sus viñetas, Jacques necesita fotografías, objetos, documentos… Eso es lo que procuro aportarle y así conseguimos reconstruir como era la estación de Berlín, por ejemplo, que quedó arrasada por los bombardeos”. Aunque más allá de la rigurosidad histórica del álbum, lo más estremecedor de libros como Puta guerra! es la mirada imborrable del soldado, algo común seguramente a muchos conflictos.

La guerra de las trincheras- TARDI

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Varela afirma que rectificó a los acusadores en defensa de Garzón

Falange dice que el instructor es “absolutamente imparcial”

JULIO M. LÁZARO – El País – 06/05/2010

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela, que instruye la causa abierta al juez Baltasar Garzón por su investigación del franquismo, ha asegurado que las resoluciones en las que asesoró a Falange Española de las JONS y a Manos Limpias sobre cómo debían rehacer sus escritos de acusación “estaban dirigidas, única y específicamente, a ordenar el debate procesal para garantizar mejor el derecho de defensa del imputado”, es decir, de Garzón.

Varela presentó ayer el preceptivo informe sobre la recusación instada por el juez Garzón contra él por tener “interés indirecto” en la causa, al haber dado a Manos Limpias y Falange la oportunidad de rectificar las incorrecciones de sus escritos, en vez de expulsarles directamente del procedimiento como hizo el Tribunal Supremo con el PP en el caso Filesa.

Varela sostiene en su informe que adoptó esas decisiones para garantizar mejor la defensa de Garzón, pese a que “resulta obvio”, dice, “que no es así como lo interpreta el juez querellado en su recusación”.

Respecto al escrito de acusación de Falange Española de las JONS, el juez Varela asegura que “era subsanable”, pero que “por no atender en plazo el requerimiento efectuado, acordé el pasado día 23 de abril el apartamiento de la causa de Falange Española de las JONS”.

Sin embargo, lo cierto es que Falange no sólo ha recurrido su expulsión de la causa, sino que sigue actuando en el procedimiento contra Garzón. De hecho, ayer el Supremo remitió al abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, el informe de Falange sobre la recusación de Varela.

En el mismo, los falangistas dicen no encontrar motivos de duda sobre la “absoluta imparcialidad” del juez instructor, Luciano Varela, y niegan que el auto en que les conminaba a subsanar los defectos y por lo que luego fueron expulsados del procedimiento contuviera “orientaciones o consejos”. Por el contrario, se apuntan también a la tesis de que lo que Varela pretendió fue la “protección del derecho de defensa” de Garzón. Falange considera además “poco menos que grotesco” que la defensa de Garzón se felicite por su expulsión del procedimiento y califica la recusación de Varela de “abuso de derecho”.

Volviendo al informe de Varela, el instructor del Supremo afirma que respecto al escrito de Manos Limpias la alternativa a mantener su escrito de acusación no exigía más que la “exclusión de excesos, inocuos para el contenido subsistente”.

No obstante, Varela no explica por qué, si los excesos eran “inocuos”, ordenó retirarlos en un plazo de un día, señalando además los folios que debían eliminarse y que constituían los dos tercios del escrito de Manos Limpias. Ni tampoco explica por qué Manos Limpias incorporó en un tercer escrito el añadido de que el acusado Garzón actuó dictando resoluciones “a sabiendas de su injusticia”, según especificaba la providencia de Varela.

El juez del Supremo concluye afirmando que no tiene “interés directo ni indirecto alguno en el conocimiento de la causa” y que sus decisiones cuestionadas por Garzón “no pueden ser objetivamente vistas como muestra de inclinación de ánimo alguno ni a su favor ni en su contra”. “He de manifestar que no admito ni comparto la apreciación de la causa de recusación invocada”.

Por otra parte, el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó ayer dos nuevos escritos en los que impugna sendos recursos de Falange Española de las JONS contra su expulsión del proceso por no haber presentado su escrito a tiempo.

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Cinco países piden a España en la ONU que investigue el franquismo

El Gobierno se examina por primera vez de derechos humanos en Naciones Unidas

NATALIA JUNQUERA – El País – 06/05/2010

Bajo la cúpula del artista Miquel Barceló en Ginebra y durante tres horas, España se sometió ayer a su primer Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos de la ONU. A la espera de la calificación final, que llegará en septiembre con un informe de recomendaciones elaborado por Chile, India y Sudáfrica, y según las intervenciones realizadas ayer por 55 países, sacó buena nota. Fue felicitada por las leyes de igualdad y contra la violencia de género, pero según la mayoría de Estados, necesita mejorar en el trato a los inmigrantes. El secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José de Francisco, salió “muy satisfecho” del examen.

De Francisco expuso primero los avances en la defensa de los derechos humanos, entre los que citó las leyes de dependencia y matrimonio homosexual, entre otras. Después, se sometió a las preguntas de los países, y al final, prometió que España estudiará la ratificación de la Convención de la ONU para los trabajadores migrantes -hasta ahora se había opuesto porque el documento no diferencia entre regulares e irregulares-, como le solicitaron más de una docena de países. España también se ha comprometido a publicar una estadística oficial sobre actos racistas.

Cinco países -Argentina, México, Colombia, Cuba y Perú- instaron a España a investigar los crímenes del franquismo y garantizar que los familiares de las víctimas recuperen sus restos. México recomendó que, “de conformidad con sus obligaciones internacionales investigue, sancione y repare los delitos de desaparición forzada, sin importar el tiempo que haya pasado”. El representante cubano aseguró que a España le queda una “asignatura pendiente: la necesidad de poner fin a la impunidad de que gozan los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista, que son imprescriptibles”. Argentina pidió que fortalezca los mecanismos contra la impunidad y Colombia, que avance en la ley de memoria para garantizar el “derecho a la verdad” de las víctimas de Franco.

Las ONG de todo el mundo que elaboraron un informe de recomendaciones para esta ocasión incidieron en “la amenaza a la independencia judicial” que supone el proceso al juez Garzón y “la falta de voluntad política” para asumir la localización de las víctimas del franquismo.

El Gobierno mantiene que la desaparición forzada está tipificada como delito, pero no es imprescriptible en este caso, y que “la ley de amnistía no puede considerarse una ley de punto final porque no fue impulsada por los herederos del franquismo, sino por la oposición al régimen”, señaló un portavoz.

El tono de las recomendaciones subió al llegar el turno del representante de Irán, que empleó la palabra “apartheid” para referirse a la situación de las niñas musulmanas que no pueden acudir a clase con el pañuelo.

El próximo lunes se presentará en el Senado el llamado Mecanismo Español de Prevención de la Tortura. Entre 2002 y 2009, más de 250 policías y funcionarios de prisiones fueron condenados por este tipo de delitos, según el informe que España envió a la ONU el pasado febrero.

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Garzón, la justicia y la memoria

Ignacio Ramonet – Le Monde diplomatique en español, no. 175 – Mayo 2010

La prensa mundial, las asociaciones de defensa de los derechos humanos y los más eminentes juristas internacionales no salen de su estupor. ¿Por qué la justicia española, que tanto hizo estos últimos años para reprimir los crímenes de lesa humanidad en distintas partes del globo, quiere sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, el juez que mejor simboliza el paradigma contemporáneo en la aplicación de la justicia universal?
Los medios internacionales recuerdan los méritos del “superjuez”: su trascendental papel en el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998; su denuncia de las atrocidades cometidas por los militares en Argentina, Guatemala y otras dictaduras latinoamericanas; su empeño en desmantelar a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y en enviar a los tribunales a Felipe González; su oposición a la invasión de Irak en 2003; y hasta su reciente viaje a Honduras para advertir a los golpistas de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
Como juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón ha encausado a unos mil activistas de la organización ETA (la derecha sugirió que se le concediera por eso el Premio Nobel de la Paz….). Lo que ha dado lugar a críticas, en particular su decisión de ordenar, en 1998, el cierre del diario Egin . O sus órdenes de detención, bajo régimen de incomunicación, de personas acusadas de terrorismo. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, reclaman la abolición de esa modalidad de detención. También se ha criticado la inmoderada afición del “juez estrella” por los primeros planos mediáticos.

En cualquier caso, Garzón ha demostrado ser un juez alborotador, independiente e incorruptible. Por eso ha acumulado tantos adversarios y se ve perseguido hoy por los corruptos de la trama “Gürtel” (1) y los herederos del franquismo. En el Tribunal Supremo hay, en efecto, tres denuncias contra él. Una sobre los honorarios que habría percibido por unas conferencias en Nueva York patrocinadas por el Banco Santander. Otra sobre unas escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la investigación sobre la red “Gürtel”. Y la principal: por investigar los crímenes del franquismo.
Dos organizaciones ultraconservadoras le acusan de “prevaricación” (2) por haber iniciado, en octubre de 2008, una investigación sobre las desapariciones de más de cien mil republicanos (cuyos restos yacen en las cunetas y fosas, sin derecho a un entierro digno) y sobre el destino de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles (3) para ser entregados a familias del bando vencedor durante la dictadura franquista (1939-1975).
Si le declararan culpable, Garzón se enfrentaría a una suspensión de entre diez y veinte años. Sería una vergüenza. Porque, en el fondo, este asunto gira en torno a una cuestión central: ¿qué hacer, desde el punto de vista simbólico, con la Guerra Civil? La decisión administrativa tomada en 1977, con la Ley de Amnistía (que, en lo inmediato, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierda), fue la de no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria.
Obviamente, a 71 años del final del conflicto, y al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables ante los tribunales. Éste no es sólo un asunto jurídico. Si tanto apasiona a millones de españoles es porque sienten que, más allá del caso Garzón, lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo en “museos consagrados a la Guerra Civil”, por ejemplo; en los manuales escolares de historia; en días de solemne homenaje colectivo, etc. Como se hace en toda Europa en solidaridad con las víctimas del nazismo.
Los partidarios de la “cultura del ocultamiento” acusan a Garzón de querer abrir la caja de Pandora y enfrentar de nuevo a los españoles. Insisten en que en el otro bando también se cometieron crímenes. No acaban de entender la especificidad del franquismo. Se comportan como un periodista que, deseando organizar un “debate equilibrado” sobre la Segunda Guerra Mundial, decidiese: “Un minuto para Hitler y un minuto para los judíos”.
El franquismo no fue sólo la guerra (en la que el general Queipo de Llano afirmaba: “Hay que sembrar el terror eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros.”) fue sobre todo, de 1939 a 1975, un régimen autoritario de los más implacables del siglo XX que usó el terror de forma planificada y sistemática para exterminar a sus oponentes ideológicos y atemorizar a toda la población. Afirmar esto no es una consideración política, sino una constatación histórica.
La Ley de Amnistía condujo a imponer, sobre la “banalidad del mal” franquista, una suerte de amnesia oficial, una “escotomización”, o sea un mecanismo de “ceguera inconsciente” (en este caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Hasta que un día regresan a borbotones, en un estallido de irracionalidad.
Es lo que ha querido evitar el juez Garzón. Revelar la naturaleza malévola del franquismo, para que la historia no pueda repetirse. Nunca más.

Notas:
(1) Que afecta a personalidades del Partido Popular, en especial al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.
(2) La prevaricación consiste en que una autoridad dicte una resolución, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
(3) Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas , Planeta, Barcelona, 2002. Ver el documental Els nens perduts del franquisme (Los niños perdidos del franquismo), de Montserrat Armengou y Ricard Belis.

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¿La amnistía contra la Constitución?

JAVIER PRADERA – El País – 05/05/2010

Cualesquiera que sean sus auténticas motivaciones (reivindicar sinceramente a las víctimas del franquismo o replantear hipócritamente las reglas de juego político), las iniciativas para invalidar la Ley de Amnistía de 1977 han pasado a formar parte de las corrientes revisionistas de la Transición. La teoría según la cual la amnistía habría sido la formalización jurídica de un pacto político de silencio sobre los crímenes del franquismo suscrito por la oposición, atemorizada y empequeñecida ante los herederos de la dictadura, no es sólo una vileza moral para los derrotados en la Guerra Civil y los opositores que poblaron las cárceles de la dictadura; también pone al descubierto la ignorancia de los forjadores de la fábula. Esa peregrina tesis sólo podría ser tomada seriamente en algún debate entre las dos ramas más frikis del revisionismo histórico sobre la Guerra Civil: la escuela de historiografía policial acaudillada hoy -nunca mejor dicho- por Pío Moa y la cuadra de publicistas que niegan el carácter democrático del sistema político actual y lo consideran franquismo disfrazado.

Al mismo registro de simplezas derogatorias pertenece la elevación a categoría jurídica de ley preconstitucional la obvia constatación cronológica de que la amnistía de 1977 abrió la actividad de las Cortes que se cerraron con la aprobación de la Constitución de 1978. La fraudulenta equiparación entre la Ley de Amnistía, promulgada por el primer Parlamento democrático elegido tras cuatro décadas de dictadura, y las auto-amnistías autocráticas (Franco amnistió en 1939 los delitos políticos por afinidad con el Movimiento Nacional entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936) injuria a los diputados que la votaron y falsea la historia de su elaboración. La amnistía fue una iniciativa de los partidos recién salidos de la clandestinidad boicoteada por los nostálgicos del franquismo. Sin la amnistía de 1977 no existiría la Constitución de 1978: forma parte de su génesis y empapa su articulado. La reconciliación entre vencedores y vencidos fue el cimiento de una Constitución que descansó por vez primera en la historia de España sobre el consenso social.

Otras circunstancias, fuera de la estupidez o la mala fe, ayudan a entender -aunque no a justificar- esa inesperada puesta en la picota de la Ley de Amnistía de 1977. Durante las dos décadas siguientes a la Transición española, en el marco de Naciones Unidas se aceleró el proceso de codificación de los instrumentos del Derecho Penal Internacional que castigan y consideran imprescriptibles las más graves violaciones de los derechos humanos. Los tribunales especiales sobre los crímenes en Ruanda y la antigua Yugoslavia anunciaron la Corte Penal Internacional. Los responsables de algunas feroces dictaduras latinoamericanas pagaron parcialmente sus culpas. De manera ilógica, los contornos aún brumosos de ese nuevo Derecho Penal Internacional convencional o consuetudinario en proceso de formación están siendo utilizados inadecuadamente para impugnar la validez de la Ley de Amnistía; la excelente monografía de la profesora Alicia Gil Gil sobre La justicia de transición en España. De la amnistía a la memoria histórica (Atelier, 2009) demuestra, sin embargo, la inaplicabilidad de esos recientes desarrollos a los hechos de la Guerra Civil española.

Los horrores de la primera mitad del siglo XX sensibilizaron a la opinión pública mundial a favor de la defensa de los derechos humanos. Entre el final de la II Guerra Mundial y el Estatuto de Roma fueron aprobados numerosos convenios preventivos y sancionadores de crímenes susceptibles de persecución universal. Los Estados firmantes de esos tratados vinculantes para el futuro están obligados, sin embargo, a respetar los principios de legalidad penal, prescripción de los delitos e irretroactividad de las normas desfavorables respecto a los hechos producidos con anterioridad al momento de la adhesión. En octubre de 1977, España no había tipificado penalmente ni declarado imprescriptibles en su derecho interno los delitos de lesa humanidad ahora incorporados al artículo 607 bis del Código Penal. Mal hubiese podido la Ley de Amnistía exceptuarlos de su ámbito pese a quienes desean derogarla precisamente por no haberlo hecho.

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Un procesado por la ‘Malaya’ restaura el Valle de los Caídos

Muferfi SL, de Ismael Pérez Peña, contribuyó a remozar la bóveda falangista. La abadía prepara un informe para explicar a Patrimonio los detalles de la obra

DIEGO BARCALA – Público – 05/05/2010

Las imágenes recuperadas gracias a los trabajos de la empresa Muferfi SL, del procesado en la operación Malaya' Ismael Pérez Peña. - DIEGO BARCALA

Las imágenes recuperadas gracias a los trabajos de la empresa Muferfi SL, del procesado en la operación Malaya’ Ismael Pérez Peña. – DIEGO BARCALA

Una de las cuatro empresas que restauró las imágenes falangistas de la bóveda del Valle de los Caídos, Muferfi SL, es propiedad de Ismael Pérez Peña, uno de los protagonista de la red de corrupción destapada en Marbella en la operación Malaya. El empresario madrileño está procesado por haber regalado a la ex alcaldesa andaluza Marisol Yagüe varios coches a cambio de lucrarse con los contratos municipales adjudicados a sus empresas por el líder de la trama, Juan Antonio Roca.

La abadía benedictina reconoce que pudo emprender la remodelación gracias “a un donante privado” y prepara un informe explicativo para dar cuenta a Patrimonio Nacional de los detalles de la restauración. “Estamos elaborando un folleto y próximamente contaremos a Patrimonio todo lo relacionado con aquello”, admite a este diario el abad benedictino, Anselmo Álvarez.

El empresario Pérez Peña no quiso explicar a este periódico en qué consiste su participación en la renovación de la cúpula, aunque un portavoz de Muferfi SL (especializada en mudanzas y almacenaje) admitió que las empresas que forman esa sociedad “hicieron la obra”. Las otras tres sociedades que trabajaron para remozar el techo del altar, bajo el que reposan los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, son Vamasa (grúas), Adriá (grúas y mampostería) y Eulen (limpieza).

Pérez Peña fue detenido en marzo de 2006 en el polígono industrial de Getafe donde tiene su sede Muferfi SL. La policía intervino varias conversaciones telefónicas de este empresario con Roca en las que se compromete a prestarle 1,8 millones de euros en dinero negro, según los datos del sumario. La red corrupta fue destapada en gran parte gracias a que Pérez Peña perdió la paciencia con el Ayuntamiento de Marbella por el impago de 1,4 millones de euros por la adjudicación de la grúa municipal. El empresario llegó a amenazar en 2005 al ex concejal de Transporte Victoriano Rodríguez con “tirar de la manta”.

La remodelación que llevó a cabo entre noviembre y diciembre pasados la empresa de Pérez Peña en Cuelgamuros tuvo como objeto recuperar los elementos dañados por una bomba de los GRAPO que explotó en 1999. La limpieza ha dejado a la vista de los visitantes las banderas falangistas y carlistas sobre un tanque de los generales sublevados en 1936.

Ley de la Memoria

Una comisión de expertos del Ministerio de Cultura visitó el pasado 26 de marzo el templo para comprobar si el mosaico debe ser retirado por incumplir el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica. Esta norma impide la exhibición en lugares públicos de “símbolos y monumentos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, protagonistas de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

El siguiente artículo de la ley, el 16, cita al Valle de los Caídos, y en su segundo punto, aclara: “En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”. También señala que será un lugar que “se regirá estrictamente” como un lugar de culto. El abad niega que se haga apología del franquismo en su basílica.