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Madrid. Ihmisoikeuksien kiivaana puolustajana tunnettu espanjalaistuomari Baltasar Garzon joutuu itse oikeuden eteen. Kolme oikeistoryhmää on valittanut Garzonin ylittäneen valtuutensa tutkiessaan Francisko Francon diktatuurin ajan rikoksia.

Korkeimman oikeuden tutkintatuomari Luciano Varela ilmoitti oikeudenkäynnistä keskiviikkona. Garzonia uhkaa viraltapano.

Yli 200 ihmisoikeusjärjestöä ja asianajajaa on allekirjoittanut Garzonia tukevan vetoomuksen. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International sanoi olevan omituista, että tuomari voi joutua oikeuden eteen “totuuden ja oikeuden etsimisestä”.

Garzonin tukijoiden mukaan Espanjan konservatiiviset voimat haluavat hiljentää tuomarin, koska he eivät halua että Francon ajan tapahtumia tongitaan.

Garzon on Espanjan tunnetuin tuomari. Hän on nostanut syytteet muun muassa Chilen entistä diktaattoria Augusto Pinochetia ja terroristijohtaja Osama bin Ladenia vastaan.

La causa a Garzón por el franquismo reviste una simbología insultante para la democracia

Se consumó. La decisión del juez del Tribunal Supremo Luciano Varela de proceder contra Baltasar Garzón como autor de un delito de prevaricación por su intento de investigar los crímenes del franquismo, a instancias de familiares de víctimas que yacen todavía sin identificar en fosas comunes, sitúa al juez de la Audiencia Nacional en el camino directo hacia el banquillo de los acusados. Y a un paso de ser suspendido en sus funciones, consecuencia última de la querella interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y Falange Española de las JONS.

Garzón tiene la posibilidad de recurrir a la Sala Segunda del Supremo. Pero se trata de la misma sala que admitió a trámite, por considerarla ab initio una hipótesis no arbitraria, ilógica o absurda, la querella por prevaricación contra el juez y que acaba de rechazar su recurso de sobreseer la causa. No parece probable que cambien de criterio.

Garzón se sentará en el banquillo por haber intentado, no desde una teorización meramente imaginativa del derecho sino desde el ejercicio jurisdiccional que corresponde al juez penal, dar satisfacción a familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura que no aceptan como normal y acorde con el Estado democrático que sus restos sigan sin identificar en fosas comunes. Algo que no dejará de causar preocupación y estupefacción en países europeos que también vivieron la terrible experiencia de regímenes dictatoriales en épocas todavía no lejanas.

Tras el ropaje jurídico que la envuelve, la causa contra Garzón reviste una simbología provocadora e insultante para la democracia española. Lo es, en primer término, para la memoria de las innumerables víctimas del franquismo, no pocas producidas en los años finales de la dictadura y de las que muchos españoles de hoy guardan un recuerdo vivo y directo. También, seguramente, para algunos magistrados del Supremo que vivieron en su juventud la cercanía de esos crímenes y lucharon por un régimen de libertades que los hiciera imposibles y una justicia que garantizase su no impunidad. ¿Cómo pueden permanecer impasibles ante el desatino de la causa contra Garzón?

Insiste el instructor Varela en que Garzón intentó asumir el asunto de las fosas, “dentro de un proceso penal cuya artificiosa incoación suponía desconocer principios esenciales del Estado de derecho, como los de legalidad penal e irretroactividad de la ley penal desfavorable, además de implicar el desconocimiento objetivo de leyes democráticamente aprobadas, como la de amnistía”. Pero es lo que está en discusión, no sólo en el ámbito de la teoría jurídica sino en la jurisdicción. Sorprende cada vez más, por ello, que el Supremo diera más valor desde el principio a la hipótesis prevaricadora para explicar la conducta de Garzón que a su contraria, no obstante estar avalada por el ministerio fiscal, y que con tan endeble fundamento diera curso a una querella cuya motivación ideológica es evidente.

El juez del Supremo le imputa asumir las exhumaciones sin tener competencia

El juez instructor del Tribunal Supremo Luciano Varela sentará al juez Baltasar Garzón en el banquillo de los acusados en las próximas semanas por “múltiples motivos opuestos al ordenamiento jurídico”, entre ellos el de “haber intentado asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas del franquismo”, lo que según Varela constituye un delito de prevaricación judicial.

En un auto dictado ayer, Varela utiliza un tono incendiario para descalificar la “imaginación creativa” de Garzón, acusarle de “desconocer principios esenciales del Estado de derecho” o “leyes democráticamente aprobadas, como la Ley de Amnistía”, y le imputa haber actuado por “objetivos no justificables”.

El instructor tampoco se priva de “calificar” antes que las acusaciones el supuesto delito de Garzón como el de prevaricación del artículo 446.3 del Código Penal -dictar a sabiendas una resolución contraria a derecho-, castigado con una pena de 10 a 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa a pagar durante dos años. Varela prefiere la calificación más grave a la de la modalidad imprudente del artículo 447 que reduciría la pena a un máximo de dos a seis años de inhabilitación.

En su auto, el instructor transforma las diligencias en procedimiento abreviado y da a las acusaciones de Manos Limpias y de Falange Española de las JONS un plazo común de 10 días para formular sus escritos de acusación. El fiscal tiene el mismo plazo para solicitar el sobreseimiento.

Pese a que Varela afirma que en este momento no le incumbe establecer “con certeza” la imputación, sino sólo “una veracidad probable”, en su exposición final de los hechos el juez parece querer evitar al Supremo el trabajo de dictar una sentencia condenatoria. Según su versión, tras aprobarse la Ley de Memoria Histórica, Garzón “intentó asumir el control de las localizaciones y exhumaciones” de las víctimas de la represión franquista, pero, “consciente de su falta de competencia”, construyó “una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento”.

Privado del control de las exhumaciones por decisión expresa de la Audiencia Nacional, Garzón puso fin a la tramitación del sumario, “lo que pretendió justificar por la acreditación del fallecimiento de los que él mismo había identificado como eventuales responsables criminalmente de los hechos”. Según Varela, además de no tener competencia para abrir la causa al franquismo, Garzón tampoco la tuvo “para declarar la extinción de responsabilidad en el marco del sumario que no concluyó”.

Previamente, el instructor rechaza todas las pruebas pedidas por Garzón, con una displicencia que apenas deja margen a que en su día pueda admitirlas la Sala de lo Penal cuando juzgue al magistrado. En concreto, deniega el testimonio de juristas internacionales que declaren sobre la perseguibilidad de los crímenes contra la Humanidad porque sería una “desconsideración” a la Sala Penal del Supremo y a los letrados de las acusaciones “acudir a la opinión de otros juristas”.

El juez del Supremo tampoco considera “útil?” la declaración como “experto” del que fuera primer fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, porque la defensa de Garzón no expone “qué tipo de experiencia ha puesto a contribución” en la causa sobre el franquismo. Tampoco admite la del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, cuyo criterio resulta “extensa y nítidamente expuesto” en sus dictámenes contrarios a la competencia de Garzón. Así, Zaragoza, que había aceptado ser testigo de descargo de Garzón, no tendrá opción a expresar su opinión sobre si el juez delinquió o no. Para Varela, tampoco es “pertinente” la declaración del testigo Ricardo Vinyes sobre lo horrendo de los crímenes del franquismo por cuanto “esa constatación en nada añadiría ni restaría”, a las razones para imputar a Garzón.

El instructor ni siquiera admite la propuesta del fiscal del Supremo para que declaren los magistrados de la Audiencia Nacional que respaldaron la competencia de Garzón para investigar los crímenes del franquismo, ya que “dichos magistrados han dicho en su voto particular cuanto estimaron conveniente”.

Varela se ufana de que la Sala Penal haya confirmado su decisión de denegar el sobreseimiento, e incluso llega a afirmar que la “intencionalidad” del juez imputado ha sido ya objeto de “valoración suficiente” por el propio instructor y “por la Sala Segunda del Supremo”. Según fuentes jurídicas, estas afirmaciones pueden poner en un brete la pretendida ausencia de “contaminación” de la Sala que pretende juzgar a Garzón.

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Cronología: Garzón y la causa por las desapariciones del franquismo