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PAOLO FLORES D’ARCAIS – El País – 18/02/2010

El ostracismo al que los sectores antidemocráticos de España quieren condenar al juez Baltasar Garzón no es una mera cuestión interna española, sino que atañe a Europa entera y a su porvenir: se debate si las perspectivas de futuro del viejo continente seguirán siendo las de la democracia liberal, o si sobre las ruinas de una división de poderes aborrecida por el establishment se afirmará cada vez más la tentación de un modelo neototalitario, al estilo de Putin o de Berlusconi.

Lo que está en juego en el caso Garzón es, en efecto, la propia autonomía de la judicatura. Sin una intransigente custodia de esa autonomía, y sin un sistema informativo realmente pluralista e imparcial (cuya estrella polar ha de ser el respeto por las “modestas verdades de hecho”, en las que Hannah Arendt veía el antídoto contra las tentaciones totalitarias de toda forma de poder), la democracia liberal corre serio peligro, al ver minada su propia esencia.

Pero los enemigos de Garzón (que en este caso coinciden con los enemigos de la democracia liberal) se defienden sosteniendo que son ellos los auténticos defensores de la autonomía del poder judicial, dado que es una instancia judicial, el Tribunal Supremo (TS), la que debe juzgar a Garzón y su supuesta prevaricación. Sin embargo, observando las cosas sin ira et studio y sobre todo recurriendo a la lógica de forma rigurosa (lo que en la actividad jurídica no puede ser nunca un extra), no resulta difícil apreciar el vuelco orwelliano que experimenta la expresión “autonomía de la magistratura”. Veámoslo con detenimiento.

Los Angeles Times – February 15, 2010

Spain’s world-famous magistrate, Baltasar Garzon, has made many enemies over the years. He has indicted Osama bin Laden. He has gone after Spanish paramilitaries, Basque separatists and members of drug mafias. On this side of the Atlantic, Garzon is best known as the judge who pushed the frontiers of international law, trying to extradite former Chilean dictator Augusto Pinochet from London and launching an inquiry into the suspected torture of detainees at the U.S. prison in Guantanamo.

After all that, it is perhaps ironic that the biggest threat to Garzon right now comes not from some hit man but from his own judiciary, which alleges that the judge has overreached at home by trying to probe Spanish Civil War atrocities that were covered by an amnesty the country’s parliament passed in 1977. Many of Garzon’s adversaries on the right and the left have come together in support of the case against him. It’s possible Garzon will be suspended from his duties in the coming days. If convicted, his career as a judge would be over.

Tens of thousands of Spaniards died or disappeared in the civil war, which ushered in the dictatorship of Gen. Francisco Franco in 1939. When Franco died in 1975, the amnesty was widely seen as essential for a transition to democracy. But many of the victims have never been accounted for, and the country has not fully come to terms with its violent past. Garzon opened the case on behalf of relatives who sought to exhume and identify the dead. After right-wing groups filed a complaint, an investigative judge concluded that Garzon “consciously decided to ignore” the will of parliament in pursuing the case, and now a five-judge panel must decide whether to put him on trial for criminal intent. Garzon denies wrongdoing; the disappearances, he says, were crimes against humanity and, therefore, cannot be covered by an amnesty.

We admire Garzon for a lifetime of pursuing criminals without regard to ideology or political bent, often at great personal risk. We also recognize that his outsized ego and appetite for attention have antagonized colleagues and politicians. Though we are in no position to judge the legal challenge against him, we worry about politicization of the Spanish legal system with this divisive case, and the haste with which events are unfolding: An administrative panel is considering Garzon’s suspension even before judges decide whether to allow charges to be filed.

We sincerely hope that the Spanish courts will put aside personal animosities and political vendettas, and that Garzon’s enemies will not use this case to bring down a judge they dislike. Love him or hate him, he deserves a fair hearing. And a democratic Spain deserves an upstanding judiciary.

JULIO M. LÁZARO – El País – 16/02/2010

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aceptado escuchar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón antes de que el Pleno del organismo decida si suspende o no provisionalmente al magistrado por las causas que tiene pendientes en el Tribunal Supremo.

La Comisión, la misma que la semana pasada decidió iniciar los trámites para dicha suspensión a instancias de la vocal progresista Margarita Robles, da un plazo de diez días para que formule alegaciones frente a los trámites iniciados.

Por otra parte, más de medio centenar de jueces, magistrados y fiscales, la mayoría de ellos de Jueces para la Democracia, la organización a la que pertenecen el instructor Luciano Varela y la vocal Margarita Robles, han firmado una Declaración a favor de la Libertad de Interpretación Judicial en la que afirman que calificar de “prevaricadora” la conducta de Garzón significa “criminalizar la deliberación, imponer los límites penales a la interpretación judicial e impedir el desarrollo libre y honesto de las ideas”. Este grupo de jueces asegura que “la tarea judicial es hoy un espacio de creación”. Además, 275 profesionales del mundo del Derecho ha firmado un escrito de solidaridad con Garzón.

El catedrático de la Universidad de Girona Hernán Hormazábal ha denunciado ante la Relatora Especial de Naciones Unidas que la causa contra Garzón constituye “una grave vulneración de la independencia de jueces y magistrados”.

Este apoyo se suma a otros que el juez ha recibido en los últimos días, como el de un grupo de intelectuales entre los que se encuentran Juan Goytisolo y José Manuel Caballero Bonald, el de la Unión Progresista de Fiscales o el de parte de la judicatura internacional.

El País – 15/02/2010

Uno de los compañeros de Luciano Varela -el instructor de la causa contra Baltasar Garzón- en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Antonio Martín Pallín, considera que la admisión a trámite de las querellas por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional puede responder “a la existencia de un espíritu de revancha”. En la misma línea, Carmen Negrín, nieta del presidente del Gobierno republicano Juan Negrín, aseguró que el proceso “trata de tapar un pasado que molesta”, lo que daña la imagen de la justicia española en el exterior.

En una entrevista en la Cadena SER, Martín Pallín aseguró que las querellas contra Garzón “nunca debieron admitise a trámite” en el Supremo porque la ley “obliga a los jueces a tutelar a los ciudadanos frente a denuncias infundadas permitiéndoles rechazarlas de plano cuando los hechos no tengan visos de delito sin necesidad de abrir una investigación”.

El magistrado de la Sala Penal del Supremo comparó la investigación del juez de la Audiencia Nacional ahora encausado con las que se desarrollaron en los países que perdieron la II Guerra Mundial. “Alemania e Italia tuvieron problemas exactamente iguales a los nuestros”, recordó Martín Pallín, que aseguró que la investigación del franquismo, por la que se enjuicia a Garzón, “trataba de investigar lo que en esos países se consideraron crímenes contra la humanidad”.

Respecto al reproche del instructor Varela sobre que Garzón no siguió el criterio del fiscal en su investigación sobre las fosas, Martín Pallín adujo que “no tiene ningún fundamento”, ya que el fiscal también se ha opuesto en varias ocasiones a la investigación contra Garzón que impulsa Varela.

Por todas esas razones, el magistrado considera que los ciudadanos pueden creer que el Supremo “actúa por espíritu de revancha” y que este proceso “puede deteriorar algo tan fundamental para el Estado de derecho como es el Tribunal Supremo”. “En el extranjero nadie comprende lo que está pasando en España con Garzón”, concluyó el magistrado.

También Carmen Negrín se mostró preocupada por la imagen que el caso pueda dar fuera de España. La nieta del ex presidente del Gobierno republicano, que fue parte en la causa contra Franco instruida por Garzón, aseguró que esa investigación “representaba una gran molestia, un peligro” para sectores de ultraderecha a los que “no interesa conocer lo que realmente pasó”.

Mala conciencia

Negrín apuntó también a otros factores que pudieran impulsar a suspender al magistrado de la Audiencia Nacional. “Quieren deshacerse de un juez eficaz y que se ha ocupado de temas de corrupción. También quieren tapar el pasado porque no quieren conocerlo, porque molesta, porque debería dar mala conciencia”, añadió.

Otro pronunciamiento destacado a favor del juez fue el del diputado de ICV, Joan Herrera, que consideró la posición del instructor Valera “indigna e indecente por querer sentar en el banquillo de los acusados a quien intenta juzgar los crímenes del franquismo”. Herrera hizo estas declaraciones durante un homenaje a siete fusilados catalanes durante la dictadura.

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“Malevolencia política”

Profesionales del Derecho y profesores universitarios hicieron públicos ayer dos nuevos manifiestos de solidaridad con Garzón. El primero, promovido por el abogado Ignacio Montejo, manifiesta “la convicción de que su actuación [la del juez de la Audiencia Nacional] ha estado siempre guiada desde la preocupación por el destino de las víctimas y lejos de una conciencia de actuar injustamente”.

Los firmantes, entre los que se encuentra el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Joan Josep Queralt, subraya que “la distancia entre unas resoluciones jurídicamente discutibles (…) y una actuación prevaricadora es tan grande que sólo puede colmarse desde la malevolencia o desde razones políticas que no deben afectar a la independencia judicial”.

También mostraron su apoyo al juez varios profesores andaluces que rechazan “una posible sanción” a Garzón, “máxime cuando se parte de una denuncia presentada por una asociación sobradamente conocida por su vinculación con el franquismo”. “No se puede acallar la voz de quienes sufrieron esa represión inhabilitando a un juez por pretender investigar aquellos sucesos”.