El fiscal le ofrece un puesto de “asesor externo” para investigar crímenes masivos y de terrorismo – Su marcha le permitiría conservar su plaza en la Audiencia
Los que pretendían, a golpe de querella, que Baltasar Garzón abandonara la Audiencia Nacional, lo han logrado, aunque sólo temporalmente. El juez dio ayer un golpe de efecto y aceptó un puesto de asesor externo en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que dirige su amigo argentino Luis Moreno-Ocampo. Si el Consejo General del Poder Judicial acepta en los próximos días su paso a la situación de servicios especiales para incorporarse a ese tribunal trasnacional con sede de La Haya por los próximos siete meses, el magistrado habrá conseguido eludir su inmediata suspensión, aunque las tres causas que tiene abiertas en el Tribunal Supremo sigan su curso. En caso de que esos procesos terminen en nada, el juez podrá volver a ocupar su despacho como si nada hubiera ocurrido.
La última palabra la tiene ahora la Comisión Permanente del Consejo, que abordará el tema en su reunión de hoy. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que en la inmensa mayoría de los casos la petición del interesado se concede tras estudiar el cargo que pretende ocupar. Para ello, esa comisión deberá pedir un informe al Ministerio de Asuntos Exteriores que avale la petición del juez. Con él, el acuerdo podría adoptarse esta semana, y así Garzón dejaría en los próximos siete meses el Juzgado en el que ha trabajado los últimos 22 años.
Aunque en principio no parece posible que su petición sea rechazada, entre los vocales que deben decidir se encuentran algunos de sus principales adversarios, como la vocal progresista Margarita Robles, que forma parte de la permanente junto a Carlos Dívar (presidente), Almudena Lastra (progresista), Antonio Dorado (conservador) y Manuel Almenar (conservador).
En caso de que finalmente el Consejo acepte la petición de Garzón, el juez evitaría el escarnio de ser suspendido. Se espera que, en los próximos días, el instructor de la causa contra Garzón por haber investigado las atrocidades del régimen de Franco, Luciano Varela, abra juicio oral contra el juez de la Audiencia. Con esa resolución, el Poder Judicial no habría tenido más remedio que acordar su suspensión provisional hasta que hubiera sentencia. El artículo 384 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga al Consejo a apartar cautelarmente a los jueces y magistrados “cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”. Esa expresión literal fue incluida por Varela en uno de sus últimos autos.
Con la más que posible salida de Garzón, esa suspensión cautelar -destinada a no permitir ejercer sus funciones a un juez acusado de un delito en tanto que es procesado- deja de tener sentido ya que habría dejado motu proprio la jurisdicción. Pero, además, su marcha le permite conservar su destino en el Juzgado Central de Instrucción 5 mientras siguen su curso las tres causas contra él abiertas en el Tribunal Supremo: por investigar los crímenes de Franco, por ordenar la grabación de conversaciones de los abogados del caso Gürtel con sus clientes en prisión y por sus gestiones en el patrocinio por el banco Santander de unos cursos de la Universidad de Nueva York.
El fiscal jefe de la CPI, que le envió su oferta el pasado viernes, considera que Garzón será “un gran fichaje”. Moreno-Ocampo quiere que, con su experiencia, el juez de la Audiencia Nacional colabore con él aportando sus técnicas de investigación en el desarrollo de protocolos para la instrucción de crímenes masivos y en casos de crimen organizado y de terrorismo. El nuevo despacho del magistrado de la Audiencia Nacional estará en La Haya, aunque la oferta de Moreno-Ocampo incluye la posibilidad de desplazarse a los países de las investigaciones de la Corte para la recopilación de pruebas, según fuentes de su entorno.
